Protección contra Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, Teniente Coronel, de la planta de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, quien interpone Recurso de Protección en contra del Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, don Sebastián Salvador Urra Palma, o quien lo subrogue o reemplace, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en haber dictado y suscrito la Resolución Exenta D.N. N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022, que rechaza solicitud de invalidación en contra de la Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020, de 30 de octubre de 2020, que dispone su Retiro Absoluto a contar del 01 de noviembre de 2020, por la causal de necesidades fundadas del Servicio, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N°s 2, 3 incisos 4° y 5°, 24 y 26.

Funda el recurso señalando, como acto administrativo cuya impugnación solicita, la Resolución Exenta D.N N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022, que dispuso el Rechazo de la Solicitud de Invalidación en contra de la Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020, de 30 de octubre de 2020, la cual dispone su Retiro Absoluto a contar del 01 de diciembre de 2020, por la causal de necesidades fundadas del Servicio (Art. 7° letra e) Ley N° 21.209, de 2020).

Agrega que por Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020, se dispuso su retiro absoluto, por lo que interpuso la Solicitud de Invalidación con fecha 17 de octubre de 2022, la cual fue rechazada según Resolución Exenta D.N N°6934/2022, que corresponde al acto impugnado, que considera arbitrario e ilegal. Al efecto, formula “objeciones de forma y fondo respecto a la resolución exenta D.N 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022”.

En primer término, citando los artículos 8, 11, 41 inciso 4 de la ley 19.880 manifiesta que mediante la resolución impugnada se violan las atribuciones que le entrega la Constitución Política de la República a la recurrida, como también las normas legales que cita, ya que Resolución Exenta D.N N°6934, “se extralimita al plantear argumentos de carácter subjetivos, sin fundamentación y con justificaciones deliberas que corresponden de acuerdo al mandato constitucional y legal.”. Además, cuestiona que la Resolución recurrida “no contempla la fundamentación que exige el legislador, incurriendo en opiniones claramente personales”, remitiéndose al contenido de su considerando DÉCIMO. Afirma que la recurrida no consignó razones objetivas y no dio referencia alguna a lo que exige el legislador para fundar su resolución, por lo que estima que el acto administrativo no dio cumplimiento a los aspectos reglados que impuso el legislador, faltando motivación, mutando, de esta manera, en un acto arbitrario e ilegal.

En segundo término, expone consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias relativas al deber de fundamentación o motivación de los actos administrativos que pesa sobre la Administración, señalando requisitos que, conforme a la doctrina que cita, deben concurrir al efecto. Concluye que el acto impugnado carece de motivación, “puesto que No menciona ni realiza un análisis circunstanciado de cada uno de los elementos de forma señalados en el numeral anterior, los que son esenciales para decretar el rechazo de la solicitud de Invalidación”. Considera que, el análisis e incorporación de dichos elementos de hecho, esenciales a su juicio, no se tuvieron a la vista al momento de dictar la Resolución recurrida. Citando dictámenes de la Contraloría General de la República, afirma que, tanto los tribunales de justicia como la jurisprudencia administrativa, han sido enfáticos en destacar importancia de motivar los actos administrativos.

Prosigue argumentando que, “en cuanto a la infracción de los aspectos reglados mencionados en la Resolución Exenta D.N. N°6934/2022. Como bien se señala en el “considerando décimo” de la Resolución recurrida, en forma antojadiza se realiza un análisis fuera de la competencia que el legislador le ha encomendado, toda vez que expresa un argumento improcedente al intentar explicar que debido a mi comportamiento pasivo, esto es por la no interposición de los recursos que la ley me faculta en el tiempo correspondiente, el órgano de la administración entiende que mi actuar supone una “aceptación de los hechos” como también de lo que dispuso la Resolución Exenta 142/2592/2020, la cual resolvió mi retiro absoluto de mis funciones y por lo tanto se implicaría la conservación de la coherencia en la actuación que mantuve, toda vez que no ejercí lo recursos específicos y que dejaba entrever la conformidad sobre la decisión adoptada y que ésta a su entender la legalidad del acto no resultaba ser un asunto cuestionado, opinión que es absolutamente arbitraria e ilegal.”

Aduce que el principio de eficiencia se relaciona con el comportamiento eficiente y económico de la Administración, en cuanto se ha señalado que “la eficiencia es el parámetro que relaciona el coste de los recursos empleados con los objetivos alcanzados.” Considera curioso de la Resolución Exenta D.N. N° 6934/2020, del 02 de noviembre de 2020, no solo no realiza un análisis de estos elementos, sino que se extiende a otros aspectos, que dicen relación con situaciones que debieron ocurrir según su criterio, esto es, la presentación de los recursos que la legislación franquea, lo que significaría aceptación frente a la decisión adoptada por la Administración y, al no manifestar su desacuerdo al poco tiempo de la dictación y notificación de la resolución que resolvió poner término a sus funciones, la Administración resuelve arbitrariamente y de manera ilegal la solicitud de invalidación.

Adiciona que el acto reprochado adolece de diversas falencias tanto de forma y fondo, que la tornan en un acto arbitrario e ilegal, siendo estas las siguientes:

“1) De forma:

a. La falta de legislación para adoptar la decisión de rechazar la solicitud de invalidación.

b. La falta de los antecedentes fácticos, que dieron origen a la Resolución que dispuso mi retiro absoluto de mis funciones, tales como: el número de cupos, promoción y nómina de postulantes beneficiados y rechazados en el presente año 2021.

c. La Resolución que sancionó lo anteriormente señalado.

d. La Resolución que aprobó el ESCALAFÓN VIGENTE AÑO 2021, instrumento de evaluación esencial para descartar la aplicación de los criterios contemplados en las letras a) c) y d) del mencionado artículo 7°.

2) De fondo:

a. La falta de motivación en la Resolución Exenta D.N N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022.

b. La infracción de los aspectos mencionados en el artículo 8,11 y 41 de la Ley N° 19.880, artículo 2 de la Ley N° 18.575.”

Afirma que se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales. En primer término, la de igualdad ante la ley, pues considera que el acto reclamado fue dictado sin “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”, sino que se refiere a circunstancias que no le eran lícitas analizar en razón del tiempo y plazo que el legislador le estableció para realizar su evaluación, mientras que omite una serie de antecedentes facticos esenciales para fundar la decisión, cuestionando si Gendarmería de Chile está aplicando o no el mismo estatuto jurídico a todos los Oficiales de la institución de la misma manera, o sólo lo está haciendo con algunos de ellos; considera que se la ha discriminado.

A su vez, señala como vulnerada la garantía del debido proceso, argumentando que, en el caso concreto, la autoridad, que ejerce una facultad “apartada del Derecho a Contradictorio de que goza cualquier ciudadano chileno, en mérito de lo dispuesto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso “Palamara Iribarne versus Chile”. Es la propia Corte citada, quien señala que cuando un órgano adopta decisiones que violan los derechos establecidos en la Convención Americana y en los fallos de Corte Interamericana, tal órgano se convierte en una Comisión Especial; tal es el caso de lo obrado por del Director de Gendarmería, quien sin respetar el debido proceso, el derecho a contradictorio, el derecho a defensa y el derecho a la verdad, dicta un acto que es nulo a la luz de los tratados internacionales que obligan a nuestro Estado”. Aduce que Corte “está compelida a realizar Control Difuso de Convencionalidad, y en caso duda o discrepancia a lo planteado por este recurrente, y con el objeto de evitar violaciones al Corpus Iuris Interamericano, corresponde que se realice el correspondiente Requerimiento de Opinión Consultiva, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, al Sistema Interamericano (como lo exige el fallo de la Corte I.D.H., en el caso “El Amparo versus Venezuela”).”

Considera que dictar el acto impugnado “sin obedecer el procedimiento reglado establecido por el legislador, transformaría al Director Nacional de Gendarmería, a nuestro juicio en una “comisión Especial”, toda vez que dicho Director no cumplió con las normas legales establecidas por el legislador en nuestro caso, tal como ya se dijo”. Cita jurisprudencia y sostiene que la “arbitrariedad e ilegalidad” está dada, en la especie, por la carencia de razonabilidad, la falta de motivación, fundamentos, lógica y prudencia de la Dirección Nacional de Gendarmería.

Además, considera lesionado su derecho de propiedad, argumentando que “el recurrido con su actuar me privará definitivamente de mi cargo como Teniente Coronel de Gendarmería y de mis remuneraciones, beneficios que han sido incorporados a mi patrimonio y que son de mi propiedad, al cumplir yo con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la ley, para ostentar dicho puesto, afectándose de este modo lo que jurisprudencialmente ha sido entendido como el derecho sobre la función (Fallo de la Excma. Corte Suprema en autos Rol Nº 2855- 2004).” . También, considera vulnerada la garantía del artículo 19 N° 26 del texto constitucional, señalando que “la autoridad administrativa, con su Resolución me está impidiendo el libre ejercicio de mi derecho a ejercer un cargo al cual fui designado y consecuentemente con ello afecta mí libertad de trabajo, consagrada en el numeral 16 del citado artículo 19 de la C.P.R. al disponer en la Resolución impugnada Rechazar el Recurso de Invalidación en contra de la Resolución Exenta RA N° 142/2592/2020, que dispuso mi retiro absoluto de mis funciones como Teniente Coronel en Gendarmería de chile a partir del 01 de diciembre del 2020, cese de funciones por aplicación de la causal contenida en la letra e) del artículo 7 de la Ley N° 21. 209 de 2020, a pesar de que dicho acto no cumple con las exigencias impuestas por el legislador en cuanto a su forma y fondo, tal como ya se relató”

Finalmente, solicita se acoja el recurso y, “en particular, se resuelva lo siguiente:

a) Se deje sin efecto la referida Resolución Exenta D.N. N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022, que dispone Rechazar de la Solicitud de Invalidación en contra de la Resolución Exenta RA N° 142/2592/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, que dispone el Retiro Absoluto de mis funciones a contar del 01de diciembre de 2020, por la causal de necesidades fundadas del Servicio (Art.7° letra e) Ley N° 21.209, de 2020), por ser arbitraria e ilegal y vulnerar los derechos ya mencionados;

b) Se ordene al Sr. DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, o quien lo subrogue o reemplace, que dicte y suscriba una nueva Resolución Exenta, disponiendo Se deje sin efecto la referida Resolución Exenta RA N° 142/2592/2020, del 30 de octubre de 2020, la que disponía el Retiro Absoluto de mis funciones a contar del 01 de diciembre de 2020, por la causal de necesidades fundadas del Servicio (Art. 7° letra e) Ley N° 21.209, de 2020) por ser arbitraria e ilegal y vulnerar los derechos ya mencionados;

c) En su defecto, se adopten las medidas que Us. Iltma., estimen necesarias a fin de asegurar la debida protección de mis derechos y restablecer el imperio del Derecho, el que fue vulnerado por la dictación de la Resolución Exenta D.N. N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022, que Rechaza la solicitud de Invalidación en contra de la Resolución Exenta RA N° 142/2592/2020 de fecha 30 de octubre de 2020, que dispone el Retiro Absoluto de mis funciones a contar del 01 de diciembre de 2020, por la causal de necesidades fundadas del Servicio (Art. 7° letra e) Ley N° 21.209, de 2020);

d) Se ordene al Sr. DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, o quien lo subrogue o reemplace, que dicte y suscriba una nueva Resolución Exenta, disponiendo, decretar o disponer la reincorporación inmediata a mis funciones.

e) Se resguarden mis derechos funcionarios conforme lo previsto en los artículos 98, 99 y 161, de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.- f) Se condene en costas a la recurrida en caso de oposición.”

SEGUNDO: Que, informando, don nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile, solicita el rechazo del recurso.

En primer término, se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley 21.209 que moderniza la carrera funcionaria de Gendarmería de Chile. Luego, expone antecedentes funcionarios del recurrente.

Expresa que don nombre reservado, Ex Teniente Coronel Grado 6º E.U.S., de la Planta I de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, con última dotación en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado de Antofagasta, ingresó a cumplir funciones el día 16 de enero de 1998, siendo llamado a retiro absoluto a contar del 01 de diciembre del año 2020. Durante su carrera funcionaria fue siempre incorporado en Lista N°1, a excepción del periodo calificatorio años 1999 - 2000, en que fue clasificado en Lista N°2.

Adiciona que, en su permanencia en Gendarmería de Chile el referido ex servidor público registra los siguientes procesos disciplinarios en su contra; a saber: a) Proceso disciplinario ordenado instruir a través de la Resolución Exenta N° 523 del 28 de diciembre de 2000, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Antofagasta, incoado en Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, destinado a establecer la responsabilidad administrativa que podría asistir a nombre reservado, Gendarme Grado 22º E.U.S. ,en el que se vio involucrado el protegido Sr. nombre reservado, resultando aplicada a éste la medida disciplinaria de "multa del 5% de su remuneración mensual", por medio de la Resolución Trámite N° 540 del 25 de agosto de 2005; y, b) Investigación administrativa ordenada incoar en el Complejo Penitenciario de Arica por Resolución Exenta N° 1.271 del 02 de octubre de 2009, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Arica, por hechos de carácter delictual -detención por estado de ebriedad- por medio de cual se aplicó al ex servidor público antes aludido la medida disciplinaria de "censura", a través de la Resolución Trámite N° 015 del 04 de abril de 2013, de la citada autoridad regional En cuanto al acto impugnado, como cuestión previa, indica que, por Resolución Exenta RA N° 142/2592/2022 del 30 de octubre del año 2020, la Jefatura Nacional de la época, en uso de la prerrogativa que el ordenamiento jurídico vigente otorga, procedió a llamar a Retiro Absoluto al ex servidor público nombre reservado, en aplicación de lo establecido en la letra e) del artículo 7º de la Ley N° 21.209, de 2020, del Ministerio de Justicia, que Moderniza Gendarmería de Chile, en el ejercicio de una manifestación de una facultad legal que se funda en las razones expuestas en el acto administrativo antes señalado, motivaciones que fueron debidamente ponderadas por la Autoridad Superior y que se enmarca en el ejercicio de la correcta administración del Servicio y de las funciones institucionales, de conformidad a las atribuciones que el ordenamiento jurídico confiere.

Agrega que, el 14 de octubre del año pasado el exfuncionario de marras presentó en la Dirección Nacional un recurso de invalidación en contra del Resolutivo antes anotado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, basado en una supuesta ilegalidad y arbitrariedad en la dictación del acto administrativo que llamó a retiro absoluto al Sr. nombre reservado alegando la existencia de vicios de forma y de fondo.

En respuesta a tal petición, la Jefatura Nacional, una vez efectuado un exhaustivo análisis y estudio de los argumentos vertidos en su presentación, procedió a la dictación del resolutivo exento impugnado por esta acción cautelar, destacando, entre otros aspectos, que el Sr. nombre reservado no controvirtió lo consignado en la Resolución Exenta RA N° 142/2592/2020 del 30 de octubre de 2020, luego de su dictación y notificación, no manifestando reparo alguno ante la propia Administración o mediante la interposición de recursos jurisdiccionales. Sostiene que hubo ausencia del ejercicio de mecanismos de impugnación por el actor, en particular, los recursos de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N° 19.880 y la reclamación contemplada en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, dejando entrever la conformidad del ex servidor público con la decisión adoptada, sobre la base de la aplicación del artículo 8º de la Ley N° 19.880, de manera que la legalidad de tal medida no resultaba ser un asunto cuestionado, siendo debidamente notificado del acto.

Prosigue señalando que el acto administrativo cuestionado -Resolución Exenta N° 6934 del 02 de noviembre de 2022- se encuentra motivado y en plena concordancia con la exigencia contenida en los diversos dictámenes de la Contraloría General de la República. En este entendido, aborda el contenido de la Ley N° 21.209 de 2020, en atención a la cual el protegido de autos fue llamado a retiro absoluto del Servicio, como asimismo los fundamentos por los cuales la invalidación del resolutivo exento RA N° 142/2592/2020 del 30 de octubre del año 2020, por el protegido solicitada, fue desestimada por la Jefatura de Servicio.

Aduce que, en primer término, el procedimiento de desvinculación del protegido Sr. nombre reservado se realizó con estricto apego a las normas establecidas, dentro de las facultades otorgadas al Director Nacional y fundado en los antecedentes de hecho y derecho que en la respectiva resolución se señalan, por lo que no se advierte de haya habido ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación del acto administrativo primigenio, ni tampoco aquél que motiva esta acción cautelar.

Que, así las cosas, hace presente que la acción establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- o ilegal - contrario a la Iey, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- que impida, amague o moleste ese ejercicio, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas.

Enseguida, se puede colegir que en relación a las alegaciones del actor ante la supuesta existencia, en un primer término de vicios de forma del Resolutivo Exento impugnado, es dable indicar que éste no es arbitrario ni ilegal por cuanto éste fue dictado por esta Jefatura de Servicio en el ejercicio de las facultades establecidas en el inciso primero del artículo 6º y artículo 7 de la Constitución Política de la República el artículo 6º del D.L. N° 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica Institucional.

En cuanto a la falta de motivación o razonamiento del acto administrativo impugnado alegada, expresa que, de la simple lectura de los motivos signados en los considerandos décimo a duodécimo de la Resolución Exenta N° 6934 del 02 de noviembre de 2022, se puede constatar que éste se encuentra debidamente fundamentado y en plena concordancia con las disposiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley N° 21.209, exponiendo el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya la decisión de rechazar el recurso de invalidación impetrado por la defensa del Sr. nombre reservado en contra de la Resolución Exenta RA N° 142/2592/2022 del 30 de octubre de 2022.

Finalmente, controvierte la afectación de las garantías invocadas, destacando que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal del Director Nacional de Gendarmería de Chile que vulnere derecho constitucional alguno del protegido de marras, por lo que la presente acción cautelar debe ser rechazada, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, son hechos establecidos, conforme a los documentos acompañados por ambas partes, así como lo expuesto tanto en el recurso como en el informe, los siguientes:

a) Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020, de 30 de octubre de 2020, que dispone el Retiro Absoluto del recurrente a contar del 01 de noviembre de 2020, por la causal de necesidades del Servicio, establecida en la letra e) del artículo 7°, de la Ley 21.209, Del Ministerio de Justicia, que moderniza Gendarmería de Chile.

b) Resolución Exenta D.N. N° 6934/2022, del 02 de noviembre de 2022, que rechaza solicitud de invalidación en contra de la Resolución Exenta Ra N° 142/2592/2020 (emitida por la recurrida)

QUINTO: Que al momento de resolver, conviene dejar establecido el marco jurídico que regula la decisión del presente asunto, que se basa en la ley 21.209, que moderniza Gendarmería de Chile, es decir en el ejercicio de una manifestación de una facultad legal que se funda en las razones expuestas en el acto administrativo que por esta vía constitucional se pretende invalidar.

SEXTO: Que lo anterior, está en concordancia con lo que regula la Ley N°19.880, específicamente, el artículo 11 que dispone: “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, lo que debe interpretarse en concordancia con el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, la que será fundada.

En consecuencia, tratándose de un acto administrativo, este debe estar necesariamente fundado.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo que se viene razonando, debe concluirse que la recurrida, se encontraba debidamente facultada para llamar a retiro absoluto de sus funciones al Teniente Coronel nombre reservado, en uso de la prerrogativa que le confiere la ley 21.209, de 2020, del Ministerio de Justicia, que moderniza Gendarmería de Chile, en el artículo 7, que permite llamarlo a retiro, de la misma forma que a sus pares que se han encontrado en su misma condición; y, en cuanto a la motivación del acto, basta leer la Resolución Exenta para constatar que este se encuentra debidamente fundada, tanto en cuanto a los hechos como en el derecho; situación diferente es que no se compartan las razones expuestas en la Resolución que dispuso el retiro de la institución al recurrente, a contar del 01 de noviembre de 2020, que sin hacer distinción o exigencia adicional alguna, hizo uso de sus facultades legales para decretar el retiro del recurrente.

En efecto, aparece un proceso disciplinario ordenado instruir a través de la Resolución Exenta N° 523 del 28 de diciembre de 2000, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Antofagasta, incoado en Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, destinado a establecer la responsabilidad administrativa que podría asistir a nombre reservado, Gendarme Grado 22º E.U.S. ,en el que se vio involucrado el protegido Sr. nombre reservado, resultando aplicada a éste la medida disciplinaria de "multa del 5% de su remuneración mensual", por medio de la Resolución Trámite N° 540 del 25 de agosto de 2005; y, la investigación administrativa ordenada incoar en el Complejo Penitenciario de Arica por Resolución Exenta N° 1.271 del 02 de octubre de 2009, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Arica, por hechos de carácter delictual -detención por estado de ebriedad- por medio de cual se aplicó al ex servidor público antes aludido la medida disciplinaria de "censura", a través de la Resolución Trámite N° 015 del 04 de abril de 2013, de la citada autoridad regional, elementos de juicio que permitieron, llamar a retiro absoluto de sus funciones al Teniente Coronel nombre reservado, en uso de la prerrogativa que le confiere la ley 21.209, de 2020, del Ministerio de Justicia, que moderniza Gendarmería de Chile, en el artículo 7, que permite llamarlo a retiro, de la misma forma que a sus pares que se han encontrado en su misma condición.

OCTAVO: Que, al no existir un acto arbitrario e ilegal no resulta necesario emitir pronunciamiento si se han quebrantado o no las garantías constitucionales denunciadas en el arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor y en nombre de don nombre reservado en contra del Servicio de Gendarmería de Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte N° 160732-2022 No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Gómez, por ausencia.