nombre reservado con LA PLAZA S.A

C. A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 14 de noviembre de 2023, comparece don Rodrigo Lezana Toledo, abogado, en representación de doña nombre reservado, deduciendo acción de protección constitucional en contra de los medios de comunicación La Cuarta, La Tercera, Radio Bio Bio, y el Mostrador, todos en sus respectivas plataformas digitales, para que ordenar la eliminación de la configuración en los motores de búsqueda de internet las publicaciones de links que detalla, esto a propósito de los hechos de la persecución penal, formalización, prisión preventiva y condena dictada en contra de la recurrente, en el proceso seguido ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 1000359843-3, RIT 4484-2010, a raíz del cual tales medios de comunicación recurridos, informaron sobre este hecho en el año 2010.

Pero, habiendo trascurrido más de diez años de su ocurrencia, por los cuales fue condenada, y más de 5 años del cumplimiento de la pena sustitutiva de julio del 2016, dichas publicaciones relativas a los hechos de aquel proceso, siguen vigentes en los motores de búsquedas de internet y, en los medios digitales recurridos. Esto origina que cada vez que alguien le recuerda estos hechos a la recurrente, sufre de enorme angustia, dolor, incluso afecciones corporales, por un hecho que cumplió en cuanto a su responsabilidad penal, y que el Registro Civil ha eliminado esta condena de su extracto de filiación, en cumplimiento de la normativa del Decreto Ley 409. También ha generado conflictos a personas vinculadas a ella.

Esta situación que describe, la considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera los derechos fundamentales consagrados en los artículos 19 de la Constitución Política de la República, derechos de protección a la vida privada y honra, de su integridad psíquica, a la igualdad ante la ley. Por lo que solicita se adopten las medidas pertinentes para asegurar el respeto de las garantías constitucionales vulneradas, restableciendo el imperio del derecho, específicamente en cuanto a la omisión, eliminación y abstención de toda comunicación relacionada con la situación procesal e investigación que afectó a la recurrente; con costas en caso de oposición.

Segundo: Que se evacua el informe el abogado Sebastián Castillo García, en representación de COPESA S.A. razón social de diarios La Tercera Y La Cuarta, solicitando su rechazo en base a los siguientes argumentos:

Primeramente, alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto, de la simple lectura del recurso interpuesto, queda en evidencia que la recurrente tenía conocimiento cierto de estas noticias desde el momento mismo en que fue objeto de un proceso penal seguido en su contra, el cual efectivamente existió, artículos tienen como fecha de emisión el 21 de abril de 2010 tanto por los diarios La Cuarta y La Tercera, por lo que el plazo de 30 días corridos para interponer el recurso se encuentra vencido. Sin embargo, el recurso fue presentado el 14 de noviembre de 2023, esto es, de manera extemporánea.

Por otra parte, aduce que el recurso contiene graves defectos, consistentes en que no identifica la acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de COPESA S.A.; no señala de qué manera podría existir una privación, perturbación o amenaza a los derechos supuestamente afectados y que el recurrente carece de un derecho de carácter preexistente e indubitado.

Refiere que en ningún lugar atribuye a COPESA S.A. un actuar que pudiera circunscribirse ya sea a una acción o una omisión, arbitraria o ilegal, pues el solo hecho de existir dos reportajes que no sean de su agrado, es un aspecto, pero otro muy distinto es la imputación concreta que debe existir sobre un recurrido respecto a dichos antecedentes, los cuáles deben ser ya sea contrarios a una ley en particular o sin razonabilidad ni justificación alguna. Nada de esto se desprende o explica del recurso, el cual solo discurre simplemente en el hecho que a la fecha de hoy habría acceso a las notas materia de autos.

Además, agrega que resulta imposible saber de qué manera se verían vulnerados los derechos descritos, pues no se hace mención alguna a este requisito esencial que toda acción de protección debe incorporar. Igual situación ocurre con la necesidad de la contraria de identificar la privación, perturbación o amenaza a los derechos que señalaría como vulnerados.

Estima que la acción constitucional de protección no es la vía procesal idónea para sustanciar esta controversia, pues debe ser ejercido ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que, en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. Es un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, todo esto sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Así, no se justifica tampoco la solicitud hecha por el Recurrente, consistente en la eliminación por parte de COPESA S.A. de las publicaciones contenidas en sus sitios web, dado que dicha petición implicaría declarar la existencia de un derecho que el actor carece, cual es el denominado “derecho al olvido” que no posee reconocimiento legal ni constitucional, lo que lo priva de un carácter de indubitado.

En segundo término, alega que la recurrida ejerce lícitamente la libertad de informar, sin censura previa, consagrada en el artículo 19 n°12 de la Constitución Política de la República y tratados internacionales, conforme a ello, no existe un acto arbitrario o ilegal que se deba enmendar por esta vía. Cita en particular los artículos 1º y 30 de la ley Nº 19.733 Libertades de Opinión e Información y ejercicio del Periodismo.

Considera que resulta evidente que los hechos que fueron materia de las notas publicadas el 21 de abril de 2010 no pertenecen a la espera privada, sino que a la esfera pública a la que todo ciudadano tiene derecho a ser informado. Dichos acontecimientos fueron llevados a cabo en audiencias abiertas en las que se ventiló la acusación penal que tenía el Ministerio Público en contra de la recurrente, por un delito grave de tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos en calidad de autora, con la agravante circunstancial de tratarse de una profesional que trabaja como abogada, y cuyos vínculos familiares eran una pareja, un hermano y su madre condenados por el mismo delito.

Finalmente, destaca que en caso de colisión de garantías, entre el derecho al honor y la libertad de opinión sobre hechos de interés público o general, se debe inclinar a favor de la libertad de información, de manera tal que aquella cede ante ésta.

Y como tercer grupo de alegación, señala que, respecto al derecho al olvido, la contraria está equivocada, y lo anterior se deriva de una serie de elementos que resultan claros, y que ciertamente deben ser considerados como principios rectores en esta discusión: (i) No existe ninguna norma legal en el ordenamiento jurídico chileno que limite la permanencia de las informaciones a un determinado período de tiempo; (ii) No existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico que reconozca y establezca el denominado “derecho al olvido”; (iii) Nuestra legislación promueve la mantención de archivos de prensa para que persistan en el tiempo, indefinidamente, a fin de permitir su conservación y consulta por el público en los términos de la Ley N°19.733, incluso a través de medios electrónicos como los de autos.

Cita al efecto el artículo 14 de la norma antes citada, que establece el denominado “depósito legal”, obligando a los medios de prensa a remitir cierta cantidad de ejemplares a la Biblioteca Nacional, dentro de cierto plazo, para su conservación y mantención en el tiempo, lo cual incluso puede realizarse por medios físicos o electrónicos.

De forma subsidiaria, alega que de accederse a la petición del recurrente se estaría excediendo completamente el marco constitucional y legal, pues se estaría afectando el derecho de propiedad que COPESA S.A. posee sobre sus reportajes y notas periodísticas, sin que exista una ley expropiatoria que lo faculte.

Motivos todos, por los cuales solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que se evacua el informe requerido previamente, por don nombre reservado, abogado, representando de Bio-bio Comunicaciones S. A., razón social de Radio Bio-Bio, alegando la extemporaneidad del recurso, pues se presenta 13 años después de ocurridos los hechos.

Enseguida, expone que BioBio Comunicaciones S.A. ejerce legítimamente la libertad de informar, sin censura previa, consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución Política de la República, Tratados Internacionales ratificados por Chile y la ley nacional. Señala que los medios de comunicación social, en razón de la libertad de expresión e información, tienen un deber con la sociedad, en orden a mantenerla informada y, en caso de ser necesario, permitirles amplificar las informaciones que los ciudadanos individualmente no serían capaces de enviar a un mayor número de personas. En estos hechos, afirma que Radio Bio Bio ha ejercido legítimamente esta libertad fundamental por tres motivos: los hechos informados son verdaderos; los hechos informados son de relevancia pública; y por último, son hechos públicos de acuerdo a la ley.

Explica que los tres criterios identificados -verdad de los hechos, relevancia pública y publicidad- se mantienen vigentes al día de hoy.

Destaca que la recurrente no discute que ha sido condenada, pues ella misma lo confirma, pero además, explica que es de profesión abogada, cuestión que tiene consecuencias.

Esto pues la ley ha puesto atención en los abogados que se dedican a causas por delitos de drogas. Conforme al artículo 61 inciso final de la Ley 20.000, los jueces tienen el deber de informar a la Contraloría General de la República el nombre de los abogados que patrocinen a imputados en causas relativas a tráfico de estupefacientes. Si hay necesidad de informar a los abogados patrocinantes de narcotraficantes, con mayor razón se debe saber si un abogado es condenado por delitos de tráfico de drogas.

Pero, además, destaca que la condena de cualquier abogado constituye una falta ética, en particular, al honor y dignidad de la profesión, como al cuidado de las instituciones, tal como dispone el Código de Ética del Colegio de Abogados en sus artículos 1° y 2°.

Los eventuales y potenciales clientes de todo abogado tienen derecho a saber si quien los representará ha sido condenado por algún delito, en particular, por delitos graves como lo son los asociados a drogas.

Por estas consideraciones la relevancia pública de la información está reforzada y la noticia de Radio Bio Bio cumple con el deber de informar a la ciudadanía.

Agrega enseguida que partiendo de la base de que el la noticia publicada hace referencia a un hecho público en los términos del artículo 30 de la ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, el actuar de su representada no es suficiente para vulnerar la vida privada y la intimidad de la recurrente, explicando que fue el tribunal quien por resolución judicial, ordeno la prisión preventiva, siendo esto un acto procesal, y en virtud del artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, estos actos son necesariamente públicos, salvo un precepto legal que excepcionalmente disponga lo contrario. Así, la comisión de delitos no pertenece a la esfera privada.

Respecto de la afectación a la integridad psíquica y a la igualdad ante la ley, aduce que no existe verdaderamente un nexo causal entre el actuar de la recurrida y el quebrantamiento de este derecho alegado. Destaca que, el impugnante afirma en su recurso haber sido vulnerado su derecho a su integridad síquica; dado que la exposición al escarnio público no resiste un análisis lógico y lo inserta en un clima de inseguridad y desconfianza. Si la recurrente estima que ha sido expuesta al “escarnio público”, eso es consecuencia de sus actos propios: ella fue detenida y condenada por el delito de tráfico de drogas. De ser efectiva la afectación que alega, no hay nexo causal entre la noticia publicada y esta supuesta afectación.

Sobre la vulneración de la igualdad ante la ley, considera que no existe, desde que la diferencia de la recurrente con otros imputados, es que ella es abogada, una auxiliar en la administración de justicia y es aún más reprochable su actuar delictivo, lo que justifica la difusión de la información.

En relación con el denominado “derecho al olvido”, señalar que no existe ninguna norma legal en el ordenamiento jurídico chileno que limite la permanencia de las informaciones a un determinado periodo de tiempo y que no existe ninguna norma que reconozca y establezca el denominado derecho al olvido.

Hace presente que nuestro ordenamiento jurídico promueve la mantención de archivos de prensa y su mantención en el tiempo, a fin de permitir su consulta y conservación en los términos de la ley 19.733.

Expone también que la nota periodística publicada el día 21 de Abril de 2010 fue el resultado de trabajo y recursos de Radio Bio-Bio, por lo que ingresó al patrimonio de su representada, siendo objeto de protección jurídica, conforme lo dispone el artículo 19 N°25 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, respecto de la alegación de encontrarse interpuesto el recurso, fuera del plazo legal, ha de tenerse presente que, la situación que se describe como atentatoria o vulneradora de derechos, consistiría en que se mantiene vigente la posibilidad para que cualquier persona pueda acceder y revisar en la plataforma digital de los medios de comunicación recurridos, la noticia sobre el proceso penal dirigido en contra de la recurrente, por lo que el efecto del acto sería permanente en el tiempo, lo que lleva a rechazar esta pretensión.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, resulta necesario considerar que, el denominado derecho al olvido, invocado como uno de sus argumentos por el recurrente, no se encuentra en nuestra actual legislación, por lo que a su respecto otorgar la cautela jurisdiccional que se invoca en autos, solo debe referirse a los derechos que se pueden ver afectados, el de la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la honra y la libertad de información.

Séptimo: Que, llevada a su contenido esencial, se alega por el recurrente que al mantenerse al acceso público a la noticia de la condena de su representada, se configura la vulneración de derechos, sin que detalle la forma en que ello se produce. Así entonces, lo relevante para este caso, será determinar si el derecho a informar y publicar de modo permanente este suceso, puede causar tal vulneración.

En el presente caso, consta que la recurrente nombre reservado, fue formalizada, sometida a prisión preventiva, en el proceso seguido ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 1000359843-3, RIT 4484-2010 y luego el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la condena por el delito consumado de Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 3, de la ley 20.000.Resultó además relevante, que la condenada fuese abogada.

De este modo, tratándose de información sobre delitos, el interés público se asimila a la relevancia pública, por lo que desde ya, prevalece la libertad de información sobre los derechos indicados por la recurrente.

Octavo: Que, viene a reafirmar lo a razonado, lo dispuesto en el artículo 30 inciso 2° letra f) de la denominada Ley de Prensa, en cuanto establece que se consideran como hechos de interés público de una persona, los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos, razón por la cual es factible derivar que la información que el recurrente solicita eliminar, en cuanto dice relación con su participación en delito de tráfico de estupefaciente, se vincula con un hecho de interés público.

Noveno: Que, en lo referente a la alegación relativa a que conforme lo preceptuado en el Decreto Ley N° 409, al haber sido eliminada de los antecedentes penales de la protegida la condena que le fuere impuesta, basta con señalar para su rechazo, que de la lectura del precepto en cuestión surge que lo único que se prohíbe es la expedición de certificados en que conste que personas respecto de quienes se pueda obtener el beneficio de eliminación de antecedentes, los efectos de la condena hayan sido suprimidos, aspecto que no dice relación alguna con la materia discutida en autos y que conduce a rechazarla.

Décimo: Que, entonces, las empresas periodísticas recurridas, se han limitado a cumplir con su deber de informar, lo que en este caso es un hecho público, de relevancia periodística, el proceso penal contra la recurrida, sin que pueda observarse algún atisbo de vulneración a los derechos que se alegan, pues actuaron conforme a la normativa legal aplicable.

Por lo demás, no describe el recurso alguna omisión o modificación de los hechos informados, en relación a los que efectivamente acontecieron.

Undécimo: Que, por lo antes razonado, no se han configurado los actos ilegales y arbitrarios que se atribuyen por la recurrente a las recurridas de autos, lo que conlleva al rechazo de la acción constitucional deducida en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don Rodrigo Lezana Toledo a favor de doña nombre reservado, en contra de los medios de comunicación La Cuarta, La Tercera, Radio Bio Bio, y el Mostrador.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.

Nº Protección-16067-2023.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.