nombre reservado con nombre reservado CON nombre reservado

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

PRIMERO: Que a folio 1 comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación de sus hijos menores Nicolás y nombre reservado quienes deducen acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado, profesor de lenguaje, por haber mantenido una conducta inapropiada como docente, ideologizando a sus alumnos y traspasando antecedentes de su vida íntima.

Señalan que esta actuación es ilegal y arbitraria, ya que constituye una forma de violencia psicológica contra los menores, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 11 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho a la integridad psíquica y la libertad de enseñanza, por lo que solicitan que el recurrido se abstenga de abordar temas ajenos a su asignatura durante las clases de lenguaje.

Exponen que el señor nombre reservado se desempeña como profesor de lenguaje de séptimo y octavo básico en el Colegio Rayen Mahuida Montessori de la comuna de Colina. Durante el primer semestre del año 2024, el recurrido habría mantenido una conducta inapropiada, compartiendo antecedentes de su vida íntima, incluyendo su preferencia sexual "binaria gay", en el contexto de la sala de clases.

Señalan que el recurrido habría ejecutado actos de violencia psicológica contra nombre reservado durante una clase de lenguaje, al abordar el tema del aborto. Ante la exclamación del menor "qué estupidez", frente al comentario de un proyecto de ley al respecto, el profesor habría reaccionado agresivamente, cuestionándolo frente a sus compañeros y asignándole un trabajo de investigación sobre las razones para no permitir el aborto libre, sin imponer tareas similares al resto del curso.

Indican que el recurrido habría proyectado un video titulado "la democracia representativa opresiva que se vive en Chile" ante el curso de nombre reservado, generando cuestionamientos de varios alumnos. La actitud del profesor habría sido nuevamente la de "exponer" a los niños que no compartían sus ideas.

Argumentan que la ideologización constituye una forma de violencia psicológica contra los alumnos. Invocan el artículo 19 N° 11 de la Constitución Política, que establece que “la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna", y la Convención de los Derechos del Niño, que establece "la obligación de respetar los derechos del niño a la libertad de pensamiento y de conciencia".

Sostienen que la transferencia de información de la vida privada del recurrido ha generado confusión en los menores, incluso en el ámbito de su identidad y preferencia sexual. Además, afirman que Nicolás ha desarrollado un cuadro reactivo angustioso que actualmente se encuentra en tratamiento psicológico, debido a la violencia psicológica desplegada por el recurrido.

Indican que los hechos descritos amenazan y lesionan las garantías constitucionales de sus hijos, amparadas por el artículo 19 numerales 1 y 11 de la Constitución Política de la República, en cuanto dañan y lesionan su salud psicológica producto de una educación impartida de manera coercitiva, altamente ideologizada y orientada a propagar tendencias político-partidistas.

Solicitan en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al recurrido abstenerse en el futuro de abrir debate en sus horarios de clase de lenguaje sobre temas ajenos a su asignatura, como tendencias sexuales, movimiento LGTB, su vida sexual íntima, aborto libre, posiciones políticas y, en general, todo tema que resulte ajeno al plan de estudio para la cátedra de lenguaje de 7° y 8° años básicos aprobados por el Ministerio de Educación. Asimismo, piden que se oficie a la Superintendencia de Educación para que investigue administrativamente la tolerancia de los encargados del establecimiento educacional en la transmisión de esta información a los educandos, y que se condene en costas al recurrido.

SEGUNDO: Que a folio 11 informa don nombre reservado, quien solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

En primer lugar, sostiene que la acción carece de seriedad y plausibilidad, constituyendo un intento de obstruir la libertad de cátedra y el método Montessori, así como un ataque personal por no ajustarse a los cánones de normalidad del recurrente. Afirma que no existe una verdadera vulneración a las garantías fundamentales de los alumnos, sino que, por el contrario, el método Montessori al que suscribe promueve el desarrollo de un pensamiento crítico e integral.

Alega que el recurso está plagado de tintes discriminatorios, formando parte de una persecución en su contra por sus decisiones personales, estilo de vida, orientación sexual e identidad de género. Argumenta que son los recurrentes quienes han vulnerado sus garantías fundamentales, especialmente el derecho a la integridad psíquica, a la honra, a la libertad de conciencia y a la no discriminación.

Expone que la acción no cumple con los requisitos formales ni de fondo para su procedencia. Respecto a la forma, señala que no se ha acreditado el cumplimiento del plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado. En cuanto al fondo, argumenta que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para acoger la acción, a saber: (i) acción u omisión ilegal o arbitraria; (ii) afectación del legítimo ejercicio de derechos fundamentales; (iii) relación de causalidad; y (iv) posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección.

Niega la existencia de una vulneración a las garantías fundamentales invocadas. Explica que la clase sobre género argumentativo tenía por objeto promover el pensamiento crítico y la discusión respetuosa entre pares, sin constituir un acto de proselitismo político.

Argumenta que la acción es abusiva y pretende restringir la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Sostiene que el recurso busca inmiscuirse en un programa educativo privado al que los recurrentes adhirieron libremente, prohibiendo al profesor emitir opiniones y alterando el contenido de la cátedra.

Alega que los hechos demuestran un sentir discriminatorio por parte de don nombre reservado hacia su persona. Afirma que la acción tiene por objetivo producir escarnio público y temor, careciendo de sustento plausible y constituyendo un ataque personal basado en su estilo de vida y orientación sexual.

En virtud de lo expuesto, el recurrido solicita a esta Ilustrísima Corte que rechace íntegramente el recurso de protección intentado, con expresa condena en costas a los recurrentes.

TERCERO: Se trajeron los autos en relación, y, se procedió a su conocimiento en la audiencia respectiva, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes. Con lo anterior, la causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

CUARTO: Que, los recurrentes que representan a los menores han sostenido que la actuación del recurrido sería ilegal y arbitraria, ya que constituye una forma de violencia psicológica contra los menores, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 11 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas el derecho a la integridad psíquica y la libertad de enseñanza, Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a esta garantía constitucional, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata.

QUINTO: Que, asimismo, el recurso de protección, contemplado en la Constitución Política de la República, se creó con el propósito de cautelar, debidamente, los derechos fundamentales de rango constitucional indicados en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, frente a situaciones que, de no mediar una pronta acción, provocarían un detrimento en las garantías constitucionales de quien lo deduce; por ello es que cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, para perseguir su amparo cuando crea que sus derechos constitucionales o los de otro, son amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros y, por consiguiente, la Corte de Apelaciones competente deberá adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado y el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

SEXTO: Que, como se desprende de lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

SÉPTIMO: Que, concordante con lo anterior, lo que se pretende con la interposición de un recurso de protección, es provocar la intervención jurisdiccional de la Corte de Apelaciones respectiva, en resguardo de la observancia de los derechos constitucionales conculcados.

OCTAVO: Que, de lo expuesto por los recurrentes, en los fundamentos que preceden, se desprende que de la actuación de don nombre reservado no es posible apreciar la existencia de un acto u omisión ilegal, ni una vulneración de derechos fundamentales, sino más bien, posturas contrapuestas, que evidencian una crítica de fondo por parte de los recurrentes, respecto de la conducta del recurrido, en relación a su labor profesional, que excede el objeto del recurso interpuesto.

NOVENO: Que, en las condiciones anotadas, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar y debe ser desestimada, resultando innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

DÉCIMO: Que, estimando estos sentenciadores que la parte recurrente ha tenido motivo plausible para accionar, no será condenado al pago de las costas del recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara: Que, se RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación de sus hijos menores Nicolás y nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado integrante señor Waldo Parra Pizarro.

Protección N° 16.047-2024.- No firma la ministra señora Marisol Rojas Moya, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.