nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de marzo de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, doña Consuelo Ampuero Moraga, abogada, en representación convencional de nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo autorizar el pago de las licencias médicas válidamente emitidas a su representado, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 18 y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Expone que el recurrente se desempeñaba como operador de camión tolva en la minera El Teniente, y que en el mes de septiembre del año 2022, a raíz de algunos incidentes ocurridos en el túnel donde laboraba, comenzó a presentar secuelas psicológicas, padeciendo un alto nivel de estrés, irritabilidad, ansiedad, tristeza, dificultad para conciliar el sueño, anhedonia, miedo incontrolable a morir y angustia, entre otros síntomas, siendo diagnosticado con trastorno de adaptación, crisis de pánico, ansiedad, depresión, reacción aguda al estrés, trastorno del sueño y episodio depresivo, por lo que se le prescribió una serie de licencias médicas con reposo absoluto.

No obstante lo anterior, y pese a ser extendidas por los mismos padecimientos, varias de estas licencias han sido rechazadas, existiendo una total falta de congruencia en los motivos para denegar o autorizar su pago. Estas circunstancias no sólo han agravado la condición de salud mental del actor, sino que además le han ocasionado un perjuicio económico que lo ha llevado a vivir una precaria situación socioeconómica junto a sus dos hijos, debiendo incluso costear de su propio bolsillo los tratamientos médicos que requiere.

Añade que el recurrente apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de las licencias N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado, N°RUT reservado y N°RUT reservado, confirmándose esta decisión mediante resolución de 5 de octubre de 2023, lo que evidencia la total descoordinación y falta de criterio de las recurridas, más aún considerando que sí se autorizó el pago de otras licencias que presentaban idénticos fundamentos fácticos.

Como argumentos de derecho, el recurrente denuncia la vulneración de su derecho a la vida e integridad física y psíquica, pues el rechazo de las licencias le ha impedido realizar el reposo en la forma indicada por los facultativos, agudizando su sintomatología e incluso gatillando ideas suicidas; su derecho a la igualdad ante la ley, por la falta de fundamentos que justifiquen tal actuación; su derecho a la seguridad social, al verse privado de esta prestación básica; y su derecho de propiedad sobre el dinero correspondiente al subsidio por incapacidad laboral.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y se restablezca el imperio del derecho ordenando el pago íntegro de las licencias médicas rechazadas, con costas.

Segundo: Que, al evacuar el informe que le fue requerido, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicitó el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, argumentando la falta de un acto ilegal o arbitrario cometido por dicha entidad en relación a los hechos expuestos.

Explica en primer término el contexto normativo aplicable, señalando que las Cajas de Compensación son entidades de previsión social y corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, quedando sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social. En el ejercicio de tales atribuciones, dicho organismo impartió el Oficio N° 7.249 de 2019, estableciendo un nuevo modelo de gestión relativo al pago de los subsidios por incapacidad laboral y sus correspondientes cotizaciones previsionales derivados de licencias médicas de origen común. Agrega que para el pago de tales prestaciones, el D.F.L. N° 44 exige como requisitos habilitantes el tener 6 meses de afiliación previsional, reunir en ese lapso a lo menos 3 meses de cotizaciones y contar con una licencia médica autorizada por la COMPIN.

En cuanto a los hechos, informa que Caja Los Andes recibió y tramitó ante la COMPIN Regional Metropolitana y Del Libertador Bernardo O'Higgins las licencias médicas N° 3-66681723-0, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado y 4-RUT reservado del recurrente, por el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2022 y el 2 de mayo de 2023. Posteriormente, dicha entidad autorizó las licencias N° 3-66681723-0, 4-RUT reservado y 4-RUT reservado, procediendo su representada a generar y pagar los subsidios respectivos mediante transferencia bancaria. En cambio, la COMPIN rechazó las licencias N° 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado, 4-RUT reservado y 4-RUT reservado por reposo injustificado.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección incoada en contra de Caja Los Andes.

Tercero: Que, también evacuó informe don Nicolás Velasco Jenschke, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien solicitó el rechazo en todas sus partes del recurso interpuesto en su contra, fundado en que no se configuran los presupuestos que hacen procedente la acción constitucional impetrada y en la ausencia de actos ilegales o arbitrarios de parte de su representada.

En cuanto a los hechos, expone que las licencias médicas singularizadas por el recurrente fueron rechazadas por la COMPIN y, ante la reposición deducida, tal decisión fue confirmada por Resolución Exenta N° R-01-UNRA-21955-2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar injustificado el reposo, atendida la insuficiencia del informe médico aportado para acreditar una incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado. Sobre este punto, sostiene que la autorización o rechazo de una licencia es una facultad exclusiva de la COMPIN y la SUSESO, constituyendo un requisito previo y necesario para que las Cajas analicen la procedencia del pago del subsidio y determinen su monto, pero en ningún caso pueden modificar lo resuelto por dichos organismos.

En el plano jurídico, explica que la Ley N° 18.833 encomienda a las CCAF la administración del subsidio por incapacidad laboral únicamente respecto de sus afiliados que tengan la calidad de profesionales de la educación, funcionarios de atención primaria de salud o trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Agrega que, a la luz de la normativa aplicable, contenida esencialmente en el D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud y el D.F.L. N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para acceder al pago del subsidio, el trabajador debe contar con una licencia médica autorizada por la COMPIN y reunir un mínimo de 6 meses de afiliación y 3 meses de cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la licencia. Así, atendido que los permisos médicos del recurrente no fueron aprobados por la autoridad competente, su parte se vio impedida de gestionar el pago respectivo, al no verificarse un requisito esencial para ello.

Sobre la base de lo expuesto, alega la manifiesta improcedencia del arbitrio intentado, por cuanto no logra acreditar un actuar ilegal o arbitrario que justifique la intervención de esta Magistratura a través de la presente vía, máxime si el proceder de la recurrida encuentra sustento en la normativa sectorial y las instrucciones del órgano fiscalizador, escapando absolutamente de su ámbito de atribuciones la calificación del reposo prescrito.

Cuarto: Que, la Superintendencia de Seguridad Social, representada por el abogado Tomás Garro Gómez, evacuando el informe solicitado, alega en forma previa la extemporaneidad de la acción constitucional por haber sido ejercido una vez vencido con creces el plazo fatal de 30 días corridos contemplado en el Auto Acordado respectivo, y en subsidio solicita el rechazo íntegro del arbitrio intentado, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

Explica en ese sentido que el recurrente impugnó a través de esta vía la Resolución Exenta N° R-01-IBS-131913-2023, de 5 de octubre de 2023, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, N° RUT reservado, N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 4 de diciembre de 2022, dispuesto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O'Higgins, por estimar injustificado el reposo. Sin embargo, afirma que el actor tuvo conocimiento cierto de tal rechazo a más tardar el 13 de junio de 2023, fecha en que dedujo dos recursos de reconsideración sucesivos ante la Superintendencia, de manera que al interponerse el presente recurso el 3 de noviembre de 2023, lo fue en forma extemporánea.

En cuanto al fondo del asunto, indica que el rechazo de las referidas licencias fue confirmado por Resolución Exenta N° R-01-UNRA-21955-2023, de 17 de febrero de 2023, tras concluir que el informe médico aportado no permitía establecer una incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado, dado que el reclamante no adjuntó un informe psiquiátrico fundado que detallara la evolución cronológica del cuadro, su repercusión funcional, el plan farmacológico, los ajustes terapéuticos y una estimación de alta; ni tampoco constaba su derivación al régimen GES, antecedentes de psicoterapia o algún informe de un psicólogo tratante.

Desde el punto de vista normativo, comenta que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, destinado a justificar la ausencia del trabajador a sus labores y permitir su recuperación, reemplazando la remuneración o renta a través del pago del subsidio por incapacidad laboral, en la medida que se cumplan todos los requisitos legales, dentro de los cuales destaca contar con el permiso autorizado por la entidad competente (COMPIN o ISAPRE). Su rechazo por esta última es reclamable ante la Superintendencia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley N° 16.395.

Descarta seguidamente cualquier actuación ilegal o arbitraria de su parte, por cuanto ha obrado dentro del ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, acatando el mandato constitucional de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18 de nuestra Carta Fundamental.

Aduce también que la acción de protección persigue el amparo de derechos indubitados y preexistentes, presupuesto que no concurre tratándose del pago de un subsidio derivado de una licencia médica rechazada conforme a la normativa aplicable. A mayor abundamiento, arguye que al tratarse de una materia concerniente al derecho a la seguridad social, se encuentra excluida del ámbito de la acción cautelar, cuya procedencia es de carácter excepcional.

Finalmente, acompaña copias de los antecedentes obrantes en los expedientes administrativos relativos al caso del recurrente.

Por tanto, solicita, en lo principal, el rechazo del recurso por extemporáneo, y en subsidio, por improcedente, con costas Quinto: Que, finalmente, evacuó informe el señor Presidente de (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, señalando que, durante los años 2022 y 203, el recurrente presentó 8 licencias médicas, 3 de ellas autorizadas con un total de 37 días de reposo y 5 rechazadas por carecer de causa médica que justifique el reposo, en atención a los antecedentes aportados.

Indicia que dicho organismo solicitó antecedentes médicos al usuario, de manera de dictaminar con fundamento y rigurosidad si el reposo otorgado era justificado. Sin embargo, al ser estudiados por la contraloría médica del servicio, estos fueron considerados insuficientes para respaldar el tiempo que se ha mantenido con licencia médica.

Sexto: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

Séptimo: Que por esta vía se busca la protección de las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 1 y 24 de la Carta Fundamental, las que se según la recurrente han sido vulneradas al desestimar el pago de 5 licencias médicas extendidas por su médico tratante, por 30 días cada una, reclamando particularmente contra la Resolución Exenta N° R-01-IBS-131913-2023 de 5 de octubre de 2023.

Octavo: Que baste para desestimar la extemporaneidad, atender a la fecha en que se dedujo el recurso de protección -3 de noviembre de 2023- y la data de la resolución recurrida -5 de octubre de 2023-, de lo que se desprende que no ha transcurrido el término de 30 días previstos al afecto.

Noveno: Que, asimismo, debe descartarse la improcedencia de conocerse por la vía de la acción de protección este asunto, por tratarse de uno que atañe al derecho a la seguridad social –no tutelado por el artículo 20 de la Carta Política-, pues la situación que afecta a la actora puede vulnerar también otros derechos fundamentales que sí son protegidos por esta acción constitucional, como se alega en la especie.

Décimo: Que de los antecedentes de la causa consta en la SUCESO, a través de sus profesionales estudió los antecedentes médicos adjuntados al expediente, para concluir que no existen elementos que justifiquen reposo más allá del otorgado previamente, indicando en cada resolución los motivos que justifican la decisión. En efecto, la entidad técnica señala “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 60 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista. Que, para futuras presentaciones, se sugiere presentar un informe médico detallando la psicopatología, su evolución, la asociación de esta con estresores específicos, las necesidades de ajuste de tratamiento farmacológico y el plan integral de psicoterapia, a fin de contextualizar el reposo médico indicado con fines terapéuticos. Al recurrente en forma previa se le autorizaron licencias por un total de 60 días”.

Undécimo: Lo anterior evidencia el incumplimiento de los requisitos para la emisión de licencias médicas de patologías mentales exigidos en el Decreto Supremo N° 7, de 2013 y, por otro lado, los informes médicos aportados por el recurrente omiten consignar antecedentes relevantes para justificar el reposo por el diagnóstico de la patología que lo aquejaba, requeridos por la normativa vigente.

Duodécimo: Que la licencia médica da cuenta de un impedimento, amparado por la ley, en virtud del cual el trabajador se encuentra excusado de trabajar mientras dure el reposo, terminado el cual debe reintegrarse a sus labores. Sin embargo, en el caso de autos la autoridad técnica en la materia, de conformidad a lo que disponen los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3, de 1984 del Ministerio de Salud y los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo N° 7 de 2013, determinó que las licencias reclamadas, sobre la base de los antecedentes tenidos a la vista, junto a los informes de su médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo de reposo previamente autorizado -309 días- por falta de elementos que las justifiquen.

Con los documentos acompañados a la causa se acredita que la decisión objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas. En efecto, la Superintendencia del ramo, en cuanto organismo técnico en la materia, actuó en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos.

Decimotercero: Que de lo que se viene razonando, ha quedado de manifiesto que el acto impugnado se emite por la recurrida -Superintendencia- en virtud de sus atribuciones y dentro de sus competencias legales, además, aparece apoyado en motivaciones suficientes que resultan idóneas, como asimismo dotadas de justificación y legitimidad, por lo que la acción de protección no podrá prosperar.

Decimocuarto: Que respecto a la Caja de Compensación de la Asignación Familiar La Araucana, la acción será desestimada a su respecto por cuanto ninguna incidencia tiene en el acto impugnado, en tanto solo asume la obligación de pagar las licencias médicas una vez autorizadas por los organismos técnicos.

Y de conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-16045-2023.