Protección contra Tesorería General de la República

C.A. de Santiago Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sebastián Ignacio Sánchez Fernández, en representación de nombre reservado, e interpone acción constitución de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en retención y compensación de suma de dinero pagada al recurrente en virtud de transacción judicial en el contexto de un juicio laboral, conculcando las garantías del artículo 19 Nros. 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el contexto del juicio RIT Nro. 1428-2023 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la recurrente arribó con el Fisco a un avenimiento aprobado el 3 de enero de 2024, obligándose el Fisco a pagar la suma única y total de $3.318.361. Resolución que se encuentra firme y ejecutoriada como consta en certificación de 15 de febrero del presente año.

Agrega que a la fecha del recurso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha remitido el oficio que autoriza el pago conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Adiciona, que la recurrida compensó el crédito con una deuda que registra la recurrente por concepto de crédito universitario, sin causa legal para ello, el 27 de mayo de 2024.

Fundamenta que el actuar de la Tesorería General de la República es contrario al artículo 17 de la Ley Nro. 20.027, que solo autoriza la retención en casos de devolución de impuesto, y no por un crédito que surja del derecho laboral. Además, dice que no hay autorización judicial que permita la retención que la recurrida ha efectuado. Y vincula dicha infracción con la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se declare que la compensación es ilegal o arbitraria, y que la recurrida, restituya íntegramente y con reajustes la suma retenida o compensada de $3.318.361 Segundo: Que evacuando informe nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República, refiere que efectivamente se compensó deuda del recurrente con crédito que tiene la recurrida por el monto indicado en el recurso de protección, la cual se generó por avenimiento celebrado ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo.

Aclara que el crédito a favor del contribuyente fue ordenado pagar por resolución exenta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme al artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, pero que no se verificó el pago, por operar compensación, por deuda que tiene el recurrente por conceto de crédito con aval del estado. Y que la facultad de la Tesorería para compensar deudas de contribuyentes está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, disposición que expresa “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Asevera que concurre en la especie los requisitos de la compensación y no se incurre en actuación ilegal o arbitraria. Afirma que el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027 es un mecanismo de retención y cobro extrajudicial, no teniendo la interpretación que el recurrente acusa. Añade que el recurso es improcedente y no existe derecho indubitado.

Finalmente, pide el rechazo de la acción constitucional con costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Quinto: Que, al efecto, el artículo 6° de dicho estatuto establece que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Sexto: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Séptimo: Que, aun cuando lo hasta aquí argumentado resulta ser suficiente para acceder a la petición del recurrente, debe tenerse también en consideración —como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal— que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1 ° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

‘La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

A lo anterior añade la Corte Suprema que “[…] de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N° 1.263, de 1975 , Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general” (Sentencias Corte Suprema Roles Nros. 150.310-2020 y 12.513-2021), en este mismo sentido se ha pronunciado el máximo Tribunal en las causas Roles Nros. 182.628-2023, 217.727-2023, 178.236-2023 y 175.420-2023.

Octavo: Que en esa dirección y dado que la Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, el actor se vio privados de percibir los montos obtenidos con ocasión de transacción judicial acordada en autos ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

Todo lo anterior conduce a concluir que el recurso intentado debe ser acogido.

Noveno: Que las alegaciones sobre el Crédito con Aval del Estado, a pesar de que corresponden a asuntos de lato conocimiento, no tiene real incidencia desde que el motivo por el cual se establece la improcedencia de la compensación ha discurrido por otra vía.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por Sebastián Ignacio Sánchez Fernández, en representación de nombre reservado, en contra la Tesorería General de la República, disponiéndose que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con los fondos destinados al cumplimiento de la transacción en los RIT Nro. 1428-2023 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, en favor de la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 16.039-2024 (Protección).