Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 16026-202415 oct 2024

Protección contra Tesorería General de la República

Fecha
15 de octubre de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 16026-2024, sentencia de 15 de octubre de 2024

Resumen

Se acoge la protección y se ordena a la Tesorería General de la República dejar sin efecto la compensación de la devolución de impuestos, porque la deuda estaba prescrita por sentencia judicial y no era exigible al momento de retener.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 18 de junio de 2024 nombre reservado interpone acción constitucional de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la retención y compensación de una suma de dinero, que debía pagarse al recurrente por concepto de devolución de impuestos con una deuda de financiamiento de estudios de educación superior declarada prescrita, conculcando las garantías del artículo 19 Nros. 1, 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 2 de mayo de 2024 presentó declaración de renta correspondiente a ese año tributario, solicitando una devolución de $446.608, monto que fue retenido y compensado sin causa, fundado en supuesta deuda generada por crédito para financiamiento de estudios de educación superior conforme a la Ley Nro.20.027. El 22 de mayo de 2024 el Servicio de Impuestos Internos autorizó la devolución, sin embargo fue retenida el día 28 de ese mismo mes.

Por otra parte, el 7 de agosto de 2017, fue demandado en procedimiento ejecutivo por el Banco Itaú, con sustento en la misma deuda que generó la compensación, bajo el Rol Nro. C-19.867-2017 del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, deuda que no fue controvertida, pero a cuyo respecto, el 11 de octubre de 2018, fue acogida la excepción de prescripción de la acción ejecutiva. Por lo que el actuar sería arbitrario o ilegal y contrario a las garantías constitucionales enumeradas en un inicio.

Pide que se declare que dicha compensación es ilegal o arbitraria; que se ordene a la recurrida, restituir íntegramente y con reajustes la suma de $446.608 retenida o compensada; que se elimine y descargue los datos personales, sensibles y registros del recurrente que se encuentren incorporados en la Cuenta Única Tributaria de la Nómina de Deudores Morosos, como en toda otra base y registro institucional, mientras no se actúe conforme a derecho, requerimiento y/o notificación que corresponda, con costas.

Segundo: Que el 5 de julio de 2024 evacuó informe nombre reservado, en representación de la Tesorería General de la República expresando que efectuó compensación en virtud de lo comunicado por la Comisión creada y regulada conforme a la Ley Nro.20.027; y, que las obligaciones generadas en beneficio de estudiantes que financian sus estudios son imprescriptibles conforme al artículo 13 inciso segundo de la ley recién citada.

Transcribe el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley Nro.1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que le habilita para efectuar compensación señalando que concurren en la especie sus requisitos de la compensación y no incurriéndose en actuación ilegal o arbitraria.

Alega también la inexistencia de un derecho indubitado del recurrente conforme a los hechos expuestos en su presentación y la no vulneración de las garantías constitucionales enumeradas.

Pide el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de una devolución de impuestos; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Quinto: Que, al efecto, el artículo 6° de dicho estatuto señala que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Sexto: Que tales normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Séptimo: Que debe tenerse también en consideración -como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal- que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad. Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1 ° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

‘La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

Octavo: Que, sin embargo, en este caso, aun cuando se trata de una devolución de impuestos en el sentido del artículo antes transcrito, los requisitos formales para la aplicación por Tesorería de la institución de la compensación como modo de extinguir las obligaciones, conforme establece el artículo 1656 del Código Civil, no se cumplen, dado que la acreedora demandó ejecutivamente el cobro de la deuda CAE ante el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago en el Rol Nro.C-19.867-2017, acción compulsiva que fue declarada prescrita, lo que significa que la acreencia no era actualmente exigible a momento de la retención. Oportunidad en la cual deben examinarse y cumplirse los requisitos de la compensación.

Así las cosas, la actuación de Tesorería se ha apartado de la legalidad al desatender una decisión jurisdiccional que le impedía cobrar al margen de que ese mismo servicio había decidido como vía de recupero, afectando el derecho de propiedad del recurrente protegido por el artículo 9 N°24 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por nombre reservado contra la Tesorería General de la República, solo en cuanto se dispone que esta última debe dejar sin efecto la compensación efectuada con la devolución de impuestos de la declaración renta del año 2024, en favor del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 16.026-2024 (Protección).