Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos dando una mala interpretación de la norma y desatendiendo su objetivo, y en consecuencia vulnera los derechos fundamentales contemplados en los numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que el 26 de junio del año en curso, fue informada del rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, señalándose que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, no satisface los requisitos que establece la norma.

Sostiene que la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo, dando una mala interpretación de la norma y desatendiendo el objetivo de la misma, argumentando que en el caso en comento se encuentra impedida de obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Fundamenta su alegación en el artículo 45 del Código Civil chileno, explicando que existe una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos a obtener el certificado que anteriormente de obtenía.

Agrega, a mayor abundamiento, y previa referencia a que no resulta pertinente adicionar requisitos adicionales a los establecidos por el legislador para requerir la devolución de fondos, que cualquier interesado puede verificar la existencia de la afiliación de la protegida, puesto que la misma planilla aportada ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Previa referencia a la normativa que rige la materia y el desglose de las garantías que estima conculcadas, afirma dar íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Nº18.156, por lo que la recurrida, al hacer una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador.

Luego de citar jurisprudencia que estima sustenta su postura, solicita que se acoja la acción interpuesta, y en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, emitiendo un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días, o se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece el abogado José Felipe Aguilera Navarro, en representación de AFP Cuprum S.A., quien solicita su rechazo.

Expone sobre el particular que con fecha 26 de junio del año en curso, rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, debido a que el requerimiento no cumplía con el requisito establecido en el artículo 1° letra a) de la Ley N° 18.156, por cuanto no acompañó documentación que acreditara que durante toda su prestación de servicios en Chile se encontró cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgara prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, ella comprendiera las prestaciones médicas y pecuniarias.

Añade que la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de fecha 23 de junio de 2025, que adjuntó la recurrente, no indica que, en caso de enfermedad, este cuente con una cobertura que incluya las prestaciones aludidas en el párrafo anterior.

Hace presente que dicho documento no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, conforme ha expresado reiteradamente la Superintendencia de Pensiones.

Refiere, en cuanto a la alegación de la parte recurrente, que el caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones, mas no puede servir de sustento para el incumplimiento de los requisitos para acceder a un beneficio, aspecto que también ha sido enfatizado por la aludida entidad de control.

Finalmente, aduce que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, pues en el presente caso no se configura ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación y aplicación corresponde a un órgano técnico especializado, correspondiendo que las controversias sobre su aplicación sean conocidas en un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Cuprum S.A de rechazar la solicitud de retiro o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

QUINTO: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

SEXTO: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, y en contra de AFP Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15976-2025.