nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, ocho de febrero de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 10 de noviembre de 2023, comparece nombre reservado, asistente de enfermos, representada por el abogado Carlos Fernando Troncoso Ortiz, e interpone acción de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada legalmente por su director nombre reservado; por el acto arbitrario e ilegal comunicado mediante correo electrónico el 12 de octubre de 2023, consistente en la negativa a ingresar a trámite reclamo administrativo por despido indirecto en contra de su ex empleadora Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

Expone que mediante la plataforma web interpuso reclamo administrativo por despido en contra de su ex empleador, sin embargo el 12 de octubre de 2023 la recurrida le informó por correo electrónico que no va a admitir a trámite el reclamo por despido contra CAPREDENA, siendo la comunicación del siguiente tenor ““Junto con saludar, en atención a su solicitud de ingreso de reclamo ID AVQYBWBZPNBX, de fecha 01/10/2023 13:59:38, informo a usted que, por instrucciones contenidas en la Circular N° 49 del 14/07/2021, no es factible ingresar su reclamo, ya que el empleador consignado en ese corresponde a un Servicio Público, esto es: CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL RUT RUT reservado. Conforme a las normas, doctrina e instrucciones vigentes, la Dirección del Trabajo no tiene facultades de conocer reclamo o bien fiscalizar a dichas entidades. Por consiguiente, usted puede concurrir a Contraloría General de la República, para entablar una presentación en contra su ex empleador o a los Tribunales.”

Hace presente que trabajó para dicha entidad en la informalidad laboral, sin ninguna calidad jurídica, por lo que se pretende demandar, entre otras cosas, la declaración de reconocimiento de la relación laboral.

Señala que en el presente caso no procede aplicar la Circular N°49, de 14 de julio de 2021, ya que la actora no posee la calidad de funcionaria pública y, además, porque la acción que se pretende ejercer es la de despido indirecto y vulneración de derechos fundamentales. Agrega que la Ley N° 21.280 hace extensivo el procedimiento de tutela laboral a todos los trabajadores, cuestión zanjada por la Excma. Corte Suprema.

Prevé que la recurrida podría argumentar que sólo en materia presupuestaria el Ministerio del Trabajo se relaciona con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, sin embargo, esto demuestra que se niega a ejercer una de las funciones para la que fue creada, que es fiscalizar la ley laboral de personas no sometidas a ningún estatuto, lo que constituiría una inconstitucionalidad por omisión de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.

Denuncia como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 inciso 5° del artículo 19 de la Carta Fundamental, señalando que la negativa de la recurrida implica un perjuicio u obstaculización en el acceso a una actuación de la Administración, cuyo actuar puede acarrear efectos procesales perjudiciales para la actora.

Solicita se acoja el recurso, ordenando a la recurrida admita a trámite el reclamos administrativo por despido interpuesto, disponiendo el correspondiente comparendo de estilo con citación y notificación del ex empleador Caja de Previsión de la Defensa Nacional y que esta Corte adopte cualquier medida que permita la admisión a trámite de dicho reclamo, sin perjuicio de todas las otras medidas de protección, con costas.

Segundo: Que evacúa informe la recurrida Dirección del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica que la recurrente, en el texto del recurso, reconoce que su ex empleador, respecto del cual la Dirección del Trabajo rechazó la presentación de reclamo por carecer de competencia para fiscalizar, es precisamente otro Servicio Público. Atendido lo anterior, analiza si efectivamente la recurrida tendría o no competencia para fiscalizar las actuaciones de CAPREDENA y agrega que si bien de la lectura del artículo 1° del Código del Trabajo y artículo 1° del DFL N°2 de 1967, Estatuto Orgánico de la Dirección del Trabajo, pareciere que no existe impedimento alguno en que efectúe una fiscalización, lo cierto es que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social solo en materia presupuestaria se relaciona con la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Cita los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental, artículo 1° del Decreto N° 2421 de 1964, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, artículo 1° de la Ley N° 18.834, artículo 21 de la Ley N° 18.575, concluyendo que no existe relación alguna entre las facultades que la Dirección del Trabajo posee, respecto de los dependientes o funcionarios que presten servicios en distintos Servicios Públicos, incluido la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y la Ley N° 21.280 señalada por la recurrente, que se refiere únicamente a que determinadas normas del Código del Trabajo son aplicables a funcionarios dependientes de determinados servicios públicos, pero en parte alguna dicha ley establece que a la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral a esos trabajadores, funcionarios públicos.

En relación a la situación de informalidad laboral de la recurrente, entiende que su reclamación no es únicamente por cobro de prestaciones e indemnizaciones derivadas del término de la relación, sino que, además, necesitan que se declare la existencia del vínculo laboral, por lo que decidió recurrir al Organismo de fiscalización laboral más ágil en la ejecución de procedimientos administrativos, aun cuando estaban en conocimiento que no se podía fiscalizar a instituciones públicas.

Hace presente que recepcionada la solicitud, se efectuó el respectivo examen de admisibilidad por el Coordinador de Relaciones Laborales de la Dirección Regional Metropolitana Poniente, de conformidad a lo dispuesto por la Circular N° 38, de 17 de junio de 2022, del Departamento de Relaciones Laborales, declarándose inadmisibles, en atención a lo dispuesto por el Dictamen N°000358, de 06 de enero de 2020, de la Contraloría General del República.

Refiere que en razón de lo señalado y de conformidad a lo dispuesto por el Órgano de Control, la Dirección del Trabajo, se encuentra impedida de conocer la reclamación administrativa efectuada al tenor del artículo 497 del Código del Trabajo, en atención a que la parte reclamada es un servicio público descentralizado, sujeto a la supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional.

Alega la improcedencia del recurso, ya que en el caso de autos, no hay ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Dirección del Trabajo, así como tampoco una conculcación de garantías constitucionales.

Tercero: Que previamente es necesario hacer presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que el acto arbitrario e ilegal en que la recurrente funda la acción cautelar es la negativa a ingresar a trámite reclamo administrativo por despido indirecto en contra de su ex empleadora Caja de Previsión de la Defensa Nacional, lo que le fue comunicado el 12 de octubre de 2023.

Pues bien, este recurso fue interpuesto el 10 de noviembre de 2023 a favor de nombre reservado, representada por el abogado Carlos Fernando Troncoso Ortiz indicando que el reclamo lo interpuso por cuanto pretende demandar, entre otras cosas, la declaración de reconocimiento de la relación laboral con CAPREDENA.

Sin embargo, con anterioridad, el 2 de octubre de 2023, el abogado Carlos Fernando Troncoso Ortiz, por la demandante nombre reservado, dedujo ante el 2° Juzgado del Trabajo de esta ciudad acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto y durante la relación laboral, declaración de existencia de relación laboral, nulidad del despido, daño moral, y cobro de prestaciones laborales, en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional; a la que se le dio curso el 3 de octubre de 2023, originándose la causa RIT T-2359-2023 RUC 23- 4-RUT reservado.

Luego, el 15 de diciembre de 2023, se celebró la audiencia preparatoria, a la que asistió el abogado Carlos Fernando Troncoso Ortiz por la demandante y el apoderado de la demandada.

En dicha audiencia se arribó a una conciliación total, en los siguientes términos, según consta en el acta respectiva:

“1. La parte demandada Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Rut RUT reservado, con el solo ánimo de poner término al presente juicio y sin reconocer los fundamentos de la demanda, se obliga a pagar a la demandante doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, la suma única y total de $14.175.000 (catorce millones ciento setenta y cinco mil pesos), monto que se pagará en una sola cuota a más tardar el día 8 de enero de 2024, mediante transferencia electrónica o depósito a la cuenta corriente del Banco de Chile N° [cuenta reservada], del abogado patrocinante de la parte demandante, don Carlos Troncoso Ortiz, cédula de identidad RUT reservado, correo electrónico correo reservado. La parte demandada deberá dar cuenta del pago realizado acompañando el respectivo comprobante al Tribunal, dentro de xxx (sic) día de efectuado.

2. La parte demandante acepta la suma ofrecida y la forma en que se efectuará el pago.

3. Las partes se otorgan el más amplio, completo y recíproco finiquito, declarando que nada se adeudan por concepto alguno, salvo las obligaciones que emanan de la presente conciliación.

4. La parte demandada se obliga además al pago del 20% del monto señalado en el numeral primero en caso de incumplimiento del presente acuerdo, por concepto de cláusula penal. La cláusula penal antes señalada se hará efectiva solo una vez que sean remitidos los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

5. Cada parte pagará sus costas.

El Tribunal tiene presente el acuerdo conciliatorio, otorgándole el carácter de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Regístrese y archívese los autos en su oportunidad.

Téngase a las partes por notificadas de las resoluciones precedentemente dictadas.

Se deja constancia que la presente acta se firmará solamente por la Jueza que dirige la audiencia, en atención a que la audiencia ha sido realizada vía plataforma Zoom, siendo físicamente imposible la firma de las partes que asistieron a la misma.

Dirigió doña nombre reservado, Jueza Suplente del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.”

El 8 de enero de este año, el apoderado de la demandada Caja de Previsión de la Defensa Nacional, dio cuenta que depositó la suma de $14.175.000 (catorce millones ciento setenta y cinco mil pesos), en la cuenta corriente N° [cuenta reservada] del Banco de Chile del abogado de la demandante, Carlos Fernando Troncoso Ortiz, cédula de identidad N° RUT reservado, según consta del comprobante de depósito bancario que acompaña en el otrosí, pagando así, el monto íntegro al que se obligó en el acuerdo conciliatorio alcanzado en la audiencia preparatoria desarrollada en su oportunidad.

A dicha presentación, el 9 de enero pasado, el tribunal proveyó: “A todo: téngase presente el pago informado por la parte denunciada respecto al cumplimiento de lo acordado por un monto de $14.175.000.- y, a su vez, téngase por digitalizado comprobante de depósito bancario. Téngase por cumplido por la parte denunciada con el pago total de lo convenido. Póngase en conocimiento de la parte denunciante.

Atendido el estado de tramitación de la presente causa, se ordena su Archivo”.

Sexto: Que conforme a lo antes dicho, antes de interponerse la presente acción cautelar la recurrente ya había accionado en la justicia laboral por tutela laboral buscando la misma finalidad que pretende -en definitiva- con la presente acción, esto es, demandar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional a fin de obtener el pago de prestaciones y reconocimiento de la relación laboral.

Es más, en sede de tutela laboral el 15 de diciembre de 2023 arribó a una conciliación, recibiendo el pago acordado y entregándose las partes un finiquito total y completo.

Son todos estos antecedentes los que impiden a esta Corte adoptar medida alguna en favor de la solicitante con relación al acto denunciado como fundamento de la acción cautelar, al haber perdido oportunidad.

Séptimo: Que en razón de lo dicho, habiendo la recurrente obtenido en sede laboral -con mucha anterioridad a la vista de esta causa-, el mismo fin que pretendía con esta acción cautelar, no existe conducta u omisión que vulnere los derechos fundamentales que nuestra Carta Fundamental reconoce a la recurrente, y que sea susceptible de ser subsanado por medio del recurso interpuesto, por lo que éste deberá ser rechazado, sin ser necesario cualquier mayor análisis en relación a las alegaciones vertidas por los intervinientes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, con costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, representada legalmente por su director nombre reservado, por haber perdido oportunidad.

Redacción de la ministra (S) doña Erika Villegas Pavlich.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

N°Protección-15969-2023.