Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Al folio 11: a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que con fecha 12 de julio de 2025, recurre de protección doña nombre reservado, haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 12 de junio de 2025, mediante la cual se dio por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por no cumplir con el requisito del artículo 8 del Decreto Supremo, actuación que considera ilegal, arbitraria y contraria a sus garantías establecidas en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto dicha resolución, permitiendo a la recurrente ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Indica que decidió salir de su país por haber sido víctima de delitos violentos por bandas de crimen organizado. Señala que ingresó a Chile por un paso no habilitado cercano a Colchane el 24 de julio de 2023.

Indica que, con anterioridad a su ingreso al país, el 28 de junio de 2023, realizó una declaración voluntaria de ingreso clandestino a través de la página web de la Policía de Investigaciones (PDI). Sin embargo, al no tener conocimiento del procedimiento de refugio y tras acercarse presencialmente a la PDI, se le indicó que debía solicitar cita por internet.

Luego, un año después de su ingreso, el 6 de mayo de 2024, obtuvo la cita para la tarjeta de extranjero infractor, siendo notificada en la misma instancia del inicio del procedimiento sancionatorio de expulsión. A pesar de haber manifestado anteriormente su intención de protección, solo pudo formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 26 de febrero de 2025 ante la Oficina de Refugio del Servicio Nacional de Migraciones.

Posteriormente, el 27 de mayo de 2025, la autoridad recurrida solicitó subsanar antecedentes adicionales, a lo que la amparada respondió diligentemente con una carta explicativa.

Finalmente, el 12 de julio de 2025, se le notificó el desistimiento de su solicitud de refugio, mediante la Resolución Exenta N°NUM000, que es la resolución que se impugna por la presente vía.

Sostiene que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones es ilegal y arbitraria por contravenir la Ley N° 20.430, la Ley N° 19.880 y diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Enfatiza que, al momento de su ingreso a Chile, en julio de 2023, la Ley N° 20.430 no establecía un plazo para solicitar refugio, y que el requisito de 7 días, introducido por la Ley N° 21.655 en febrero de 2024, no le es aplicable.

Cuestiona el fundamento de la autoridad para el desistimiento, que se basó en el incumplimiento del artículo 8 del Decreto Supremo N° 837 (Reglamento de la Ley N° 20.430), el cual exige presentarse ante la autoridad migratoria en un plazo de 10 días tras un ingreso irregular. Sostiene que esta disposición no constituye un requisito de admisibilidad para el procedimiento de refugio, sino una carga cuyo incumplimiento solo acarrea la posibilidad de sanciones migratorias en caso de rechazo del refugio, no la inadmisión de la solicitud.

Además, recalca que el artículo 8 del Reglamento, al estar en el Capítulo III de Principios Fundamentales de la Protección, debe interpretarse con flexibilidad y no de manera estricta como una regla.

En esta línea, añade que el desistimiento de la solicitud, basado en una norma reglamentaria para limitar un derecho fundamental, transgrede el principio de Supremacía Constitucional establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de la República.

Acusa infracciones a la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Alega la vulneración de los Principios de Celeridad, de Imparcialidad, y Conclusivo.

Afirma que el desistimiento, conforme al artículo 52 del Reglamento y el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430, así como al artículo 42 de la Ley N° 19.880 y la definición de la RAE, implica una inactividad negligente o renuncia voluntaria del solicitante, lo cual no ocurrió en su caso, ya que presentó antecedentes y una carta explicativa, demostrando su interés en el procedimiento.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo en todas sus partes del recurso.

Indica que el 26 de febrero de 2025 la extranjera manifestó su intención ante el Servicio Nacional de Migraciones de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, indicando que su fecha de ingreso a territorio nacional por paso no habilitado fue el 24 de julio de 2023.

Señala que, por medio de la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 27 de mayo de dos mil 2025, se dio a conocer a la extranjera que no cumplía con los requisitos formales y se solicitaron nuevos antecedentes bajo apercibimiento del artículo 31 de la Ley 19.880, en cuanto debía desvirtuar las siguientes circunstancias: a) Exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430. b) Mantener ingreso al país por paso no habilitado, y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 20.430 de 2010.

Refiere que se le otorgó un plazo de quince días desde la notificación del acto administrativo para acompañar los documentos que sirvan a su pretensión, bajo apercibimiento legal de tener por desistida su solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Agrega que la extranjera no acompañó antecedentes que permitieran subsanar la falta, toda vez que acompañó una carta explicativa reconociendo no cumplir con los requisitos, y una tarjeta de infractor de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, excediendo con creces el plazo otorgado por la legislación.

Añade que mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 12 de junio de 2025 se tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no acompañó documentación alguna que permitiese subsanar su solicitud, no dando cumplimiento a los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley 20.430; según lo establecido en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 20.430 de 2010. Precisa que no ha dictado sanción administrativa, orden de abandono, expulsión u otra sanción de ninguna naturaleza que se haya adoptado en contra del recurrente.

Indica que la resolución Impugnada reservó a la recurrente los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880. Así, la extranjera interpuso recurso administrativo en contra de la Resolución antes mencionada, el cual a la fecha se encuentra en análisis.

Alega falta de legitimación activa de la recurrente para acudir a la vía judicial, por aplicación del artículo 54 de la Ley N°19.880. El recurso de protección interpuesto por la extranjera comparte el mismo objeto que el recurso administrativo interpuesto, a saber, dejar sin efecto el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. El artículo 54 de la Ley N°19.880 establece la imposibilidad del actor de presentar una acción jurisdiccional si es que éste ya ha presentado una reclamación ante la Administración con idéntica pretensión, siempre y cuando la reclamación administrativa no haya sido resuelta o desestimada.

Finalmente, arguye que lo que se pretende a través de la acción constitucional es que se le reconozca a la extranjera la calidad de refugiada por la vía judicial, materia que la propia Ley 20.430 determina como órgano competente a la Secretaría Técnica, previa observancia de una serie de requisitos de forma y fondo, que claramente no son cumplidos por la recurrente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que como se advierte de la mera lectura del presente arbitrio, el se interpone en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 12 de junio de 2025, que la tuvo por desistida de su petición de refugio, por no haberse presentado ante la autoridad migratoria en el plazo de 10 días contados desde su ingreso irregular al territorio nacional a efectuar dicho requerimiento, de conformidad a la exigencia prevista en el artículo 8 del Decreto N° 837, del Ministerio del Interior;

QUINTO: Que, ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, estos magistrados consideran necesario señalar, que habiéndose comunicado por la entidad recurrida que se encuentra actualmente pendiente de resolución un recurso de reconsideración formulado, precisamente, respecto de la decisión impugnada ante la autoridad recurrida, de conformidad a lo previsto en el artículo 54 de la Ley 19.880, no ha podido la recurrente deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla reclamación no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada;

SEXTO: Que atendido lo anterior, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza al recurso de protección deducido por doña nombre reservado, haitiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15955-2025.