nombre reservado con UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ (VISTA EN POS AMPARO ECONOMICO 1670-2024)

C.A. de Santiago Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, emprendedora, e interpone recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República y contra la Universidad de Tarapacá, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la retención del monto de la devolución de impuestos del año 2024, fundándose en una deuda prescrita, de una data de más de 30 años correspondiente a un crédito universitario fiscal, lo que vulnera precisamente al orden público económico y derecho de propiedad, conculcando así las garantías establecidas en el artículo 19 N° 3, N° 24 y N°2 de la Carta Fundamental.

Expone que durante años estuvo trabajando de forma dependiente, hasta que a inicios del 2023 inició un nuevo giro, de forma independiente, a través de la segunda categoría impositiva, para aplicar sus conocimientos en carpintería y construcción, en el área de las terminaciones.

Indica que tuvo un positivo año 2023, alcanzando en honorarios bruto alcancé la suma de $5.314.037.-, por lo que en la operación renta, con fecha 09/04/2024 efectuó la declaración de renta, mediante Internet, solicitando devolución de impuestos por un monto de $705.316.- siendo con fecha 7 de mayo de 2024 la devolución autorizada por el Servicio de Impuestos Internos.

Explica que, llegado el día del pago de acuerdo a la fecha de declaración, esto es, con fecha 14/05/2024, se registró que la Tesorería General de la República había efectuado compensación, $30.781.- sobre el monto autorizado y una retención de $685.820, sobre el monto autorizado. Se justificó en el SII que dicha compensación y retención había sido por una deuda de crédito universitario.

Alega que fue beneficiaria del denominado “crédito fiscal”, para sus estudios de ingeniería en la Universidad de Tarapacá, habiendo transcurrido más de 30 años. En efecto, estudió ingeniería en la Universidad de Tarapacá, durante los años 1984 a 1986, carrera que lamentablemente y por problemas económicos de la época no pude finalizar, pero la cual llevó a cabo mediante el financiamiento de crédito fiscal.

Aclara que, el régimen relativo a préstamos para la educación superior fue establecido por el D.F.L. Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que establecía normas sobre “crédito fiscal universitario”. Este régimen vino a sustituir el sistema anterior de financiamiento universitario, de “arancel diferenciado” (Decreto Ley N° 3.170), creando un financiamiento mixto de las universidades a través del presupuesto del Estado y de los ingresos propios a título de aranceles y matrículas de los alumnos. El reglamento de esta ley fue el D.S. Nº 720, de 1982, del Ministerio de Educación. Dicho crédito rigió entre los años 1981 y 1986.

Detalla que, la posibilidad que establece el artículo 1 de la Ley N°19.989, para proceder a la referida retención no puede entenderse extensiva a deudas prescritas, de más de 30 años de antigüedad, contraviniendo las reglas generales y vulnerando sus derechos constitucionales. En efecto, se facultó a la Tesorería General de la República para retener las devoluciones de impuestos respecto de quienes fueran deudores conforme a las Leyes números 18.591, 19.287 y 19.848. Sin embargo, su deuda se originó según lo establecido conforme al D.F.L. Nº 4, de 1981, no siendo de aquellas en las cuales se permite la retención, tornando ilegal y sin fundamento la presente retención.

Argumenta que se está frente a un "verdadero proceso" en su contra, impulsado por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Solidario de la Universidad de Tarapacá, en el cual el papel de órgano juzgador estaría radicado en la Tesorería General de la República, que no satisface Los requisitos mínimos exigidos por nuestra Carta Fundamental para considerarlo un procedimiento racional y justo.

Asevera que, dicho “procedimiento” no aplica tampoco a su caso, ya que su deuda se originó según lo establecido conforme al D.F.L. Nº 4, de 1981, no siendo de aquellas en las cuales se permite la retención.

Alega que, existe un acto ilegal o contrario a derecho, pues como lo señala la Carta Fundamental nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de "utilidad pública o el interés nacional", circunstancias ambas que deben ser calificadas por el legislador.

Agrega que el sistema de “crédito fiscal universitario” fue sustituido por el sistema de Fondo Solidario de Crédito Universitario, que se encuentra regulado por la Ley Nº 18.591, de 1987, modificada por las leyes Nºs 19.287 y 19.848, y complementada por el D.S. Nº 938, de 1994, del Ministerio de Educación, pasando las acreencias del mencionado crédito fiscal a ser administradas por este Fondo, conforme al artículo 71, letra a), de la Ley Nº 18.591. Este sistema rige a partir del año 1987.

Expresa que su último año de estudio fue 1986, por lo que, de acuerdo a la normativa, 2 años después, es decir desde 1989 dicho crédito le era exigible. Es del caso que han trascurrido más de 30 años de haber cursado los estudios en la Universidad de Tarapacá, periodo en el cual no ha sido notificada de acción judicial de cobro alguna.

Menciona que si bien existen normas especiales que regulan lo relacionado con el crédito fondo solidario, estas son en lo relativo a la época en que la obligación se hace exigible, pero no se hace cargo dicha ley de la prescripción, razón por la cual es norma supletoria la contenida en el artículo 2515, que establece un periodo de prescripción ordinaria de la acción de 5 años, mientras que para la acción cambiaria debemos regirnos por la Ley N° 18.092 sobre Letras de Cambio y Pagaré, que establece 1 año.

Afirma que se ha efectuado un uso abusivo de la facultad de retención por parte de la Tesorería General de la República, previa información de parte de la U. de Tarapacá, dado que su deuda se originó según lo establecido conforme al D.F.L. Nº 4, de 1981, no siendo de aquellas en las cuales se permite la retención.

Solicita que se acoja el presente recurso y se ordena la devolución de los fondos retenidos, total o parcialmente, según mejor estime esta Corte, en subsidio, que se fije un plazo prudente y suficiente, de un mes o lo que estime para que se resuelva su situación, devolviendo los fondos retenidos a su cuenta y en subsidio, se disponga por esta. Corte lo que juzgue conveniente para los fines constitucionales esgrimidos.

SEGUNDO: Que evacua informe la Tesorería General de la República, sustentando que no existe ilegalidad ni arbitrariedad alguna de parte de su parte ni de la Universidad.

Señala que de acuerdo a los comprobantes, con respecto al año tributario 2024, efectivamente la declaración de impuesto a la renta, presentada por la recurrente, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma (reajustada) de $ 685.820.- Indica que, tal devolución no se verificó, puesto que por un lado, con fecha 08 de mayo de 2024 operó compensación de parte de esa devolución con una deuda por concepto de impuesto al valor agregado de que daba cuenta el formulario 21, folio 2556421, ascendente a la suma de $30.781; y por otro lado, el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Tarapacá, solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, y su reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, entre los cuales se encuentra el recurrente, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda.

Explicita que, el Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de ese mandato legal y a lo informado por la entidad acreedora, procedió a retener la devolución de renta del recurrente, como ya ha señalado, y a remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Tarapacá, lo que se realizó con fecha 09 de abril de 2024.

Asevera que, se realizó de acuerdo al mandato legal que le impone a Tesorería el artículo 1° de la ley N° 19.989, y en segundo término, también la recurrente considera que el hecho de haber compensado su devolución de impuesto a la renta, año tributario 2024, con deuda tributaria, de acuerdo a la facultad que le otorga a Tesorería el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, afectaría igualmente sus derechos.

Aclara que en virtud al artículo 20 de la ley N° 19.287, a los Fondos Solidarios de Crédito Universitario y sus Administradores Generales, se les asignó la calidad de “sucesores y continuadores legales de los fondos de crédito universitario y sus administradores, tanto en el dominio de todos sus bienes como en los derechos y obligaciones derivados de todo acto o contrato que estos últimos hubieren celebrado.” Se desprende de la disposición transcrita en el numeral anterior que toda deuda para con algún Fondo de Crédito Universitario, contraída con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 19.287, esto es, el 04 de febrero de 1994, se entiende regida por esta última ley y administrada por los nuevos Fondos Solidarios de Crédito Universitarios.

Adiciona que, con fecha 31 de Diciembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 19.989, la cual, en su artículo 1°, facultó a la Tesorería General de la República “para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora (…) e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

Sostiene que, se colige que las Universidades sólo pueden informar la existencia de deudas de crédito solidario universitario que se encuentren vigentes, es decir, las que no han sido pagadas y respecto de las cuales no ha sido declarada judicialmente la prescripción extintiva, ni ha operado cualquier otro modo de extinguir las obligaciones.

Arguye que, en conformidad a la ley, la certificación del Administrador General del respectivo Fondo Solidario tiene el mérito legal suficiente para establecer tanto la existencia de la obligación como la situación de morosidad.

Adiciona que, conforme a lo anterior, es posible concluir que el mérito legal suficiente de la certificación de la calidad de deudor moroso del requirente y del monto de la deuda no se sustenta exclusivamente en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, y de los preceptos legales del artículo 14 y 15 de la Ley N° 19.287.

Alega la falta de legitimación pasiva en relación a la retención del crédito solidario universitario, dado que las Tesorerías en cumplimiento de un deber legal proceden a retener la devolución de impuesto a la renta de la recurrente correspondiente al año tributario 2024, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora.

Refiere en cuanto la alegación de la recurrente fundada en que las deudas se encontrarían prescritas. Sobre esta materia cabe señalar que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2493 del Código Civil, para que opere la prescripción es necesario que el deudor la alegue y que sea declarada judicialmente. Así, sólo una vez declarada la prescripción, la obligación civil se transforma en natural, no pudiendo desde ese momento exigirse compulsivamente, alegación que debe plantearse en un juicio de lato conocimiento no siendo el recurso de protección la vía para formular esa petición.

Concluye que la aplicación del precepto legal que autoriza la retención no vulnera garantía constitucional alguna, toda vez que la actuación de la Tesorería General de la República se funda en una facultad legal, que determina, además, las condiciones y requisitos que deben seguirse para realizarla. La recurrente ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Tarapacá en la forma dispuesta en el reglamento de la ley 19.989, contenido en el decreto N° 297, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 19 de noviembre de 2009, que fija el procedimiento para retener la devolución del impuesto a la renta a los deudores del crédito solidario universitario, aún más no ha tenido ningún impedimento para accionar en sede jurisdiccional para reclamar de la existencia de la deuda.

Agrega que, la propia Ley n°19.989 es la que autoriza expresamente la retención de la devolución de impuestos a los deudores del crédito solidario universitario, para imputar la suma retenida al pago de la deuda; en otros términos, es la propia ley la que regula la privación de dicho bien y su imputación a un fin determinado, constituyéndose en una modalidad de pago de una obligación morosa, contraída con un fondo generado con recursos públicos.

Menciona que la facultad legal de compensar que detenta la Tesorería General de la República tampoco vulnera los derechos constitucionales de la recurrente, ya que asiste a Tesorería para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, lo que está contemplada en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

Afirma que, la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención y/o compensación, limitándose la Tesorería General de la República a cumplir sus funciones dentro de las competencias que le otorga la ley.

TERCERO: Que comparece la Universidad de Tarapacá en orden a evacuar informe acompañando todos los antecedentes que dicen relación con el recurso de protección de autos, solicitando su rechazo.

Afirma que la Universidad de Tarapacá es una corporación de Derecho Público, autónoma y con patrimonio propio, la que se rige por su estatuto orgánico, aprobado por Decreto con Fuerza de Ley N° 150 del 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación Pública.

Alega la falta de legitimación pasiva de la Universidad de Tarapacá como parte recurrida. El motivo de la acción dice relación con la retención de la devolución del impuesto a la renta que la Tesorería General de la República efectúa por deuda a favor de dicha casa de estudios superiores, no cabiendo participación a dicha entidad educacional en dicho acto, no siendo la Universidad quien retiene el monto de devolución de impuestos, y en lo que refiere a la prescripción de la deuda, no constando sentencia firme y ejecutoriada promovida en un juicio de lato conocimiento o recurso alguno.

Plantea la caducidad del recurso porque el plazo venció el jueves 13 de junio del presente año, y la actora presenta su recurso con fecha 14 de junio, al haber sostenido el acto recurrido ocurrido con fecha 14 de mayo de 2024, en cuanto se señala que la Tesorería General de la República ha efectuado compensación, y una retención.

Explica que en cumplimiento al Decreto Supremo N° 297 de 2009 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que fija el procedimiento para la retención de la devolución de impuesto a la renta por parte de Tesorería General de la República, según el cual, la ley Nº 19.989 faculta en su artículo primero a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la ley Nº 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora.

Detalla el procedimiento, en los siguientes términos:

“1 Se confeccionó la nómina de deudores el día 17 de enero del presente año, y esta quedó a disposición del público en dependencias de la Administración FSCU, de acuerdo al artículo 4 del Decreto 297 del 19-11-2OO9, conteniendo todas las indicaciones debidas.

2. Se envió carta certificada a los domicilios de los deudores a través de la empresa Equifax Ltda., el día 01de Febrero del presente año.

3. Además se realizó una notificación a todos los deudores a través del diario electrónico "avisos legales", http://diarigavisosleealgrel publicados el día 01 de febrero del presente año.

4. Desde las notificaciones, los deudores notificados tuvieron 10 días hábiles para solicitar aclaraciones al Administrador en caso de que alguien considerara que operaba un modo de extinción de las obligaciones o que el monto no era correcto.

5. Respecto al punto anterior no se recibieron solicitudes de aclaración.”

Sustenta que, bajo estas consideraciones, consta entonces que la recurrente se encuentra en conocimiento de que adeuda el citado monto y que se procedería a su retención por Tesorería General de la República desde mucho antes de que la retención reclamada como supuesto acto arbitrario e ilegal se hubiese cumplido, sin que, hubiese reclamado respecto de ello, antecedente que la recurrente omite para favorecer su pretensión de quedar eximida del cumplimiento de sus obligaciones asociadas al crédito universitario con el cual estudió por una vía que no es la dispuesta por el legislador para ese efecto.

Precisa que, tal como lo relata la recurrente, no es un hecho controvertido por ella que, efectivamente cursó estudios de pregrado en la Universidad de Tarapacá, ni que, en razón de aquello, al día de hoy la recurrente, mantiene una deuda con Universidad de Tarapacá por la suma total de $25.213.906.-, lo que se acredita según estado de deuda que se acompaña.

Más aún en el presente año 2024, se ha llevado a cabo y como todos los años, el proceso de informar a los deudores de crédito solidario –entre aquellos a la Sra. nombre reservado- de la retención a practicar por la Tesorería General de la República, lo que se acredita, acompañando como documentos a este informe: del Registro que da cuenta de reporte de entrega de carta certificada a la recurrente con fecha 21 de febrero de 2024 (en su domicilio domicilio reservado); Carta DAFSCU N°0032/2024 que informa Proceso TGR 2024 en cumplimiento al Decreto N° 297 de 2009. Y Certificado de Conformidad MINEDUC de abril 2024.

Dado lo anterior, al no haber reclamado la recurrente dentro del plazo de diez días conforme a los artículos 6 a 9 del Decreto 297 de 2009, y no habiendo seguido ante Tribunales Ordinarios de Justicia su alegación sobre la prescripción, la actuación impugnada no es arbitraria e ilegal y el fundamento sostenido para desvirtuarla por esta parte se ajusta a derecho, por cuanto se ha actuado conforme mandato legal en relación con la Tesorería General de la República y en relación a la Universidad, se trata del cobro de una obligación cuya regulación es, asimismo, establecida por ley especial.

CUARTO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que lo motiva, que la recurrente no precisa; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por las partes presentación existe una fecha cierta que correspondería al día de reporte de entrega de carta certificada a la recurrente de fecha 21 de febrero de 2024 en su domicilio, y habiendo presentado el recurso actual con fecha 14 de junio de 2024, esto es, largamente vencido el plazo fatal ya indicado, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo expresado, en relación al fondo debe tenerse presente que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que no siendo la Universidad el ente encargado de perseguir el pago de los montos adeudados por la protegida no resulta ser persona legitimada para ser perseguida en esta instancia, por lo que el recurso a su respecto no puede de modo alguno prosperar.

SEPTIMO: Que, en cuanto a la Tesorería General de la República, lo cierto es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.989 se facultó a esta entidad pública “para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora (…) e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”, siendo esta precisamente la situación de la recurrente, pues no discute ser deudora del crédito universitario, basando sus argumentaciones en la circunstancia de hallarse – según afirma – prescrita la expresada deuda.

OCTAVO: Que así las cosas, no correspondiendo que en esta sede sea resuelta una materia como la prescripción de la deuda, pretendida alegar por la protegida, y no revistiendo la actuación de la Tesorería General de la República ilegalidad ni arbitrariedad alguna, se procederá a rechazar el presente recurso.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado en la materia, de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Universidad de Tarapacá y la Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción: Ministro Dobra Lusic N°Protección-15955-2024.

No firma la Ministra señora Lusic, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.