nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y de la Superintendencia de Pensiones, impugnando la decisión de fecha 25 de junio de 2025 que declaró “no ingresada” su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnica extranjera.

Expone que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos conforme a la Ley N°18.156, acompañando los antecedentes necesarios para acreditar su afiliación a un sistema de seguridad social en su país de origen, así como su voluntad de mantener dicha afiliación. No obstante, la AFP rechazó dar curso a la solicitud, fundándose en la falta de legalización o apostilla del certificado de afiliación extranjera.

Sostiene que dicha decisión resulta ilegal y arbitraria, por cuanto la normativa aplicable no exige que el certificado de afiliación se encuentre legalizado o apostillado, bastando con acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que se cumple en la especie mediante certificado electrónico verificable en línea. Agrega que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista, incorporando requisitos no previstos por el legislador, y omitiendo verificar los antecedentes acompañados, pese a existir mecanismos electrónicos idóneos para ello. Asimismo, hace presente la imposibilidad práctica de obtener documentos apostillados desde Venezuela, lo que haría desproporcionada la exigencia impuesta.

Indica que la actuación impugnada vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, al impedirle disponer de sus fondos previsionales, respecto de los cuales tiene dominio, y al otorgarle un trato distinto frente a otros solicitantes en similares condiciones.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso, se deje sin efecto la decisión impugnada y se ordene a las recurridas dar curso a la solicitud de devolución de fondos y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Segundo: Que la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, fundado en que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario al no ingresar la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Expone que, el 17 de junio de 2025, la recurrente presentó, a través del sitio web de la administradora, una solicitud de devolución de fondos al amparo de la Ley N°18.156, acompañando, entre otros documentos, título profesional apostillado, declaración jurada, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo. Revisados los antecedentes, se le requirió complementar la documentación, específicamente mediante la presentación de un certificado de afiliación a un sistema de seguridad social extranjero que acreditara cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado o apostillado.

Señala que la recurrente no dio cumplimiento a dicha exigencia, pues reiteró la presentación de una constancia electrónica de cotizaciones y una declaración jurada, documentos que no constituyen medios idóneos para acreditar la afiliación exigida por la normativa vigente, por carecer de legalización o apostilla, no estar suscritos por autoridad competente y no contener certificación específica de las coberturas previsionales.

Indica que su actuación se ajusta a lo dispuesto en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, las que exigen que la afiliación a un sistema previsional extranjero se acredite mediante certificación emanada de la autoridad competente, debidamente legalizada o apostillada, no siendo suficientes documentos electrónicos no certificados ni declaraciones del propio afiliado.

Agrega que dicha interpretación ha sido reafirmada por la Superintendencia de Pensiones mediante diversos oficios, en los que se descarta valor probatorio a certificados electrónicos no apostillados y a declaraciones juradas, así como por jurisprudencia de tribunales superiores de justicia, que ha validado la exigencia de legalización o apostilla conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.En ese contexto, sostiene que la recurrente no acreditó cumplir con los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, particularmente la afiliación efectiva a un régimen previsional extranjero con las coberturas exigidas, lo que impedía dar curso a la solicitud de devolución de fondos.

Finalmente, concluye que su actuar se enmarca en el principio de legalidad y en las instrucciones obligatorias del órgano fiscalizador, no configurándose vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, la Superintendencia de Pensiones informa en autos solicitando, en lo principal, la improcedencia del recurso por exceder el ámbito del artículo 20 de la Constitución, al existir controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 18.156, lo que requiere un procedimiento de lato conocimiento y no una acción cautelar.

Señala que la recurrente no ha deducido reclamo alguno ante dicha Superintendencia, ni ha individualizado acto administrativo emanado de ésta que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, por lo que no ha existido intervención del organismo en los hechos denunciados. Expone que la devolución de fondos previsionales es un régimen excepcional que exige acreditar copulativamente los requisitos legales, en particular, la afiliación a un sistema previsional extranjero mediante certificación debidamente legalizada o apostillada, lo que no se cumple en la especie.

Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad atribuible a su actuar, ni vulneración de garantías constitucionales, por lo que solicita declarar improcedente el recurso y, en subsidio, rechazarlo.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

Sexto: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Modelo S.A., consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Octavo: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

Noveno: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la AFP recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En efecto, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)”, que se acompañó a su solicitud de devolución de fondos, permite constatar que el recurrente no acompañó la documentación que le permita exigir el retiro de los fondos previsionales conforme con el artículo 7 de la Ley N°18.156, por cuanto tal documento acompañado no se encuentra debidamente apostillado, como tampoco da cuenta del cumplimiento de las exigencias del artículo 1, letra a) de la Ley N°18.156, puesto que no señala que las cotizaciones realizadas en su país de origen, le permiten acceder a prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Décimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la AFP recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, cuestión que determina que la acción de protección deba ser desestimada.

Undécimo: Que, finalmente, en cuanto a la Superintendencia de Pensiones, el arbitrio no precisa actuación alguna atribuible a dicha entidad, ni consta que se haya deducido reclamo ante dicho organismo o que haya tenido intervención en el acto que se pretende impugnar mediante la presente acción cautelar. En consecuencia, no habiendo dictado acto alguno, no puede existir afectación a los derechos denunciados por parte de esta recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, decide que se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrado en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-15942-2025.