nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, por interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos arbitrarios e ilegales de su remuneración, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al realizar descuentos intempestivos y unilaterales que afectan íntegramente su remuneración, por lo que solicita que se ordene la suspensión de dichos descuentos y se le reintegren los montos indebidamente descontados.

Como antecedentes de hecho, expone que con fecha 29 de marzo de 2022, solicitó un crédito social a la Caja de Compensación Los Andes, el cual fue pactado en 60 cuotas mensuales, con vencimiento de la primera cuota el 31 de mayo de 2022 y la última el 31 de mayo de 2027. El citado crédito contemplaba su pago conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley N°18.833, esto es, mediante descuentos por planilla.

Sin embargo, en el mes de noviembre de 2023, el recurrente fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, lo que lo llevó a caer en mora desde la cuota con vencimiento el 30 de mayo de 2022, quedando un saldo pendiente de $12.756.622. En diversas ocasiones, el recurrente se dirigió a las sucursales de la recurrida para intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron fue repactar la deuda, lo cual implicaría un incremento artificial del monto adeudado.

Ante la negativa de repactar en los términos propuestos y la amenaza de iniciar acciones judiciales, la Caja de Compensación hizo uso de la cláusula de aceleración contenida en el pagaré, exigiendo la cancelación de todo lo adeudado.

Con fecha 19 de abril de 2024, interpuso una demanda ejecutiva según la causa rol C-1949-2024, seguida ante el Juzgado de Letras de Colina, la cual fue notificada el 30 de mayo de 2024.

El recurrente argumenta que la actuación de la recurrida vulnera abiertamente su derecho de propiedad, específicamente en lo relativo a su remuneración. Sostiene que la Caja de Compensación ha hecho un uso caprichoso del ordenamiento jurídico, contraviniendo circulares de la Superintendencia y haciendo uso abusivo de los derechos que la ley le confiere.

Segundo: Que comparece doña Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, evacuando el informe, solicitando el rechazo del mismo.

En primer término, expone detalladamente los antecedentes de los créditos sociales otorgados al recurrente, dando cuenta que con fecha 30 de noviembre de 2021, la Caja de Compensación concedió al señor nombre reservado un primer crédito código 208COS100078590 por la suma de $10.309.261, pactado a una tasa de 1.1% en 60 meses, con una cuota mensual de $244.547. Las primeras 21 cuotas fueron pagadas regularmente, siendo reprogramado el saldo de capital con fecha 7 de junio de 2024 por un valor de $8.329.402.

Posteriormente, con fecha 29 de marzo de 2022, se otorgó un segundo crédito código 208COS100106347 por $12.756.622, a una tasa de 1.23% en 60 meses, con cuota mensual de $312.915. Igualmente, las primeras 17 cuotas fueron canceladas en tiempo y forma, siendo reprogramado su saldo de capital el 7 de junio de 2024 por un valor de $11.352.233.

Argumenta que el recurrente omitió mencionar en su presentación inicial que realizó una reprogramación de ambos créditos en junio de 2024, con posterioridad al inicio de la demanda ejecutiva, modificando voluntariamente las condiciones de los mismos.

Respecto a la naturaleza jurídica de los créditos sociales, la desarrolla un pormenorizado análisis histórico y legal. Señala que las Cajas de Compensación surgieron originalmente para compensar asignaciones laborales, siendo actualmente reguladas por la Ley N°18.833, que las define como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto es administrar prestaciones de seguridad social.

En este contexto, sostiene que los créditos sociales constituyen una prestación facultativa destinada al bienestar de los trabajadores, con un mecanismo de cobro especial establecido en el artículo 22 de la mencionada ley. Dicha normativa faculta a descontar directamente de la remuneración del trabajador las cuotas adeudadas, siguiendo las mismas normas de las cotizaciones previsionales.

Aduce que este mecanismo de "descuento por planilla" tiene características específicas que esta Ilustrísima Corte debe considerar. Principalmente, se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social, que disminuye el riesgo para la institución y permite un costo crediticio menor. Además, no depende de la voluntad de la Caja de Compensación, sino que está establecido perentoriamente por ley, con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de cotizaciones previsionales.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales alegada por el recurrente, la Caja sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario. Argumenta que el descuento de la remuneración está expresamente autorizado por la ley, sin constituir un traspaso ilegal o expropiación, toda vez que el artículo 22 de la Ley N°18.833 permite expresamente solicitar el descuento de cuotas de un crédito social actualmente exigible.

Adicionalmente, destaca que la prescripción de la deuda debe ser declarada judicialmente, no operando de pleno derecho. Cita al efecto un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma que mientras no exista pronunciamiento judicial, deben continuar practicándose los descuentos.

Como respaldo de su argumentación, la Caja de Compensación acompaña diversos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos de protección similares, confirmando la legalidad de los descuentos por planilla y el carácter social de los créditos otorgados.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye, en definitiva, el descuento que alega el recurrente a través de sus liquidaciones, los cuales no habría autorizado.

Quinto: Que, conforme a la documentación aparejada por la recurrida, en particular, se observa que el actuar de la Caja de Compensación Los Andes se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº18.833, específicamente en su artículo 22, conforme al cual “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, y dada la reprogramación del crédito efectuada por el recurrente con posterioridad a la interposición de la demanda ejecutiva que aduce, no cabe sino concluir que la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra prescrita y es actualmente exigible.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15917-2025.

En Santiago, siete de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.