nombre reservado con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO ¿ MET. ORIENTE

C.A. de Santiago Santiago, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, fundado en la falta de tramitación y resolución de una investigación administrativa iniciada en su contra con ocasión de una denuncia de acoso laboral presentada el 8 de agosto de 2024, al amparo de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”.

Sostiene que, pese al transcurso de más de 11 meses desde el ingreso de la denuncia, la autoridad recurrida no ha efectuado actos útiles para la investigación, no lo ha citado a declarar ni ha solicitado antecedentes, manteniendo el procedimiento paralizado sin resolución que lo suspenda. Indica que la única actuación conocida corresponde a un correo electrónico de febrero de 2025, dirigido a la empresa, informando una reasignación interna del caso, sin notificación al recurrente.

Afirma que dicha inactividad ha derivado en su alejamiento de sus funciones habituales, generándole un estado de estigmatización, incertidumbre y aislamiento profesional. Alega que la omisión es ilegal por infringir el artículo 211-C del Código del Trabajo, que establece un plazo máximo de treinta días para concluir la investigación, así como los principios de celeridad y debido proceso consagrados en el Decreto Supremo N° 21.

Añade que la conducta resulta arbitraria al carecer de fundamento racional o justificación excepcional, vulnerando las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2°, 3° y 4° de la Constitución Política de la República, de igualdad ante la ley, debido proceso, derecho a defensa y a ser juzgado en un plazo razonable, además del derecho a la honra, al mantenerse indefinidamente una situación de sospecha sin esclarecimiento.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare ilegal y arbitraria la omisión denunciada y se ordene a la recurrida poner término inmediato a la investigación, comunicar formalmente su resultado y revisar o levantar las medidas de resguardo vigentes.

Segundo: Que al evacuar informe la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la denuncia que motiva el presente arbitrio fue interpuesta el 8 de agosto de 2024 mediante la plataforma SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana de la Dirección del Trabajo), en el marco de la Ley N° 21.643, denunciándose conductas de acoso laboral atribuibles al recurrente, consistentes en trato hostil, burlas, gritos, uso de groserías, obstrucción de labores y diversos episodios ocurridos en el lugar de trabajo, los cuales habrían provocado afectaciones físicas y emocionales en la trabajadora denunciante.

Indica que el empleador adoptó inicialmente medidas de resguardo, las que posteriormente fueron modificadas. Señala que el recurso de protección se funda en la supuesta infracción al plazo máximo de 30 días previsto en el artículo 211-C del Código del Trabajo, alegando el recurrente una afectación a su honra y derecho a defensa producto de la demora en la investigación.

Al respecto, la recurrida sostuvo que no existe una inactividad arbitraria, sino un retraso justificado por el alto volumen de denuncias ingresadas tras la entrada en vigencia de la denominada “Ley Karin” y por la insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, detallando que el caso fue asignado, se notificó el inicio de la investigación, se tomaron declaraciones y se evacuó el informe respectivo en agosto de 2025.

Agrega que la demora afecta a todas las causas de manera general y no implica un trato discriminatorio, descartando la vulneración de la honra del recurrente, la que —afirma— se origina en conflictos internos de la empresa y no en la actuación administrativa. Añadió que el actor contaba con mecanismos idóneos para reclamar la demora, como el silencio administrativo positivo y los recursos previstos en la Ley N°19.880, los que no ejerció.

Finalmente, sostuvo que el recurso de protección no puede sustituir los procedimientos administrativos ordinarios, que los plazos de la Administración no son fatales, conforme a jurisprudencia administrativa y judicial, y que la investigación se encuentra actualmente afinada, por lo que el recurso ha perdido oportunidad y objeto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que los hechos que motivan el presente recurso se relacionan con la demora en la investigación a cargo de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente y, asimismo, con la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud formulada por el actor en el marco de un procedimiento tramitado conforme a la Ley N° 21.643, referida a la vigencia de las medidas de resguardo adoptadas por dicho organismo con fecha 5 de marzo de 2025.

Quinto: Que, al informar, la recurrida no controvirtió los supuestos de hecho expuestos en el libelo, reconociendo que la demora en el inicio de la investigación no es arbitraria, sino que constituye un retraso justificado por el alto volumen de denuncias ingresadas tras la entrada en vigencia de la denominada “Ley Karin” y por la insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios, detallando que el caso fue asignado, se notificó el inicio de la investigación, se tomaron declaraciones y se evacuó el informe respectivo, y que la investigación se encuentra afinada.

Sexto: Que para la adecuada resolución del presente arbitrio cabe tener presente que la Ley N° 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otras normas en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, incorporó el artículo 211-B al citado cuerpo legal, estableciendo expresamente que los procedimientos de investigación deben sujetarse, entre otros, a los principios de celeridad y perspectiva de género.

Asimismo, el artículo 211-C del mismo Código dispone de manera expresa que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, exigencia que encuentra su fundamento en la especial gravedad de las conductas denunciadas en materia de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo.

Séptimo: Que en cuanto a la alegación de la recurrente con relación a haberse transgredido el artículo 27 de la Ley N° 19.880 al haber transcurrido más de 6 meses sin que la Dirección del Trabajo recurrida emita pronunciamiento, debe aclararse que este plazo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable, a fin de no mantener en la incertidumbre a los peticionarios.

Octavo: Que, igualmente, esto sentenciadores advierten que la demora del Servicio recurrido en tramitar el requerimiento del recurrente de protección resulta explicable y justificable por el aumento significativo de denuncias tras la entrada en vigencia de la denominada “Ley Karin” y la insuficiencia de recursos del servicio y, además, a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas, y que dicha tramitación no ha vulnerado los derechos denunciados por el recurrente, sin perjuicio que el recurrido deberá emitir pronunciamiento a la brevedad posible, atendido que el procedimiento propiamente tal se encuentra concluido.

Noveno: Que, en mérito de las consideraciones precedentes, la presente acción cautelar será rechazada en la forma que se indicará en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida N°Protección-15914-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones d Santiago, presidida por el ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.