nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, trabajadora dependiente, patrocinada por el abogado don Mario Andrés Espinosa Valderrama, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por su gerente general don nombre reservado, por haber ordenado unilateralmente y sin notificación previa el descuento de la suma de $154.206 de su remuneración correspondiente al mes de junio de dos mil veinticinco, por concepto de préstamo otorgado mediante pagaré, no obstante existir un juicio ejecutivo en tramitación por el mismo crédito. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que constituye un acto de autotutela abusivo, carente de fundamento, ejecutado sin entregar información previa ni al recurrente ni a su empleador, y que además implica un cobro paralelo a la vía judicial previamente iniciada por la propia recurrida, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados y condenar en costas a la recurrida.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sustentan la presente acción constitucional, la recurrente expone que con fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno suscribió el pagaré número 208COS100065951 a favor de la recurrida, por la suma de $3.114.548 por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en cuarenta y ocho cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $95.953, venciendo la primera de ellas el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, señala que en el referido pagaré se estipuló que el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, se pactó la facultad a su empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía los dividendos correspondientes al referido crédito.

Expone la recurrente que perdió su única fuente de ingresos al terminar la relación laboral con su empleador, quedando sin trabajo y viendo enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Es en razón de lo anteriormente señalado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes la demandó ejecutivamente con fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, iniciándose la causa Rol C-1033-2023, tramitada ante el Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Caja Los Andes con nombre reservado", causa que se encuentra notificada y archivada con fecha nueve de junio de dos mil veintitrés.

Agrega que en el mes de abril del año dos mil veinticinco logró obtener un empleo bajo la dependencia de Help Seguros S.A., lo que significó una gran tranquilidad, comenzando a trabajar con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo a lo pactado con su nuevo empleador. No obstante dicha legítima expectativa de recibir sus remuneraciones de acuerdo a lo pactado contractualmente, y no obstante existir una demanda ejecutiva en curso que la Caja de Compensación Los Andes interpuso en su contra, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de junio de dos mil veinticinco advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $154.206 por concepto "Préstamo CCAF Los Andes", lo que importa un detrimento ilegal y arbitrario de dicha suma a su remuneración mensual.

Señala como aspecto fundamental que jamás fue informada previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual, especialmente considerando que la Caja de Compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrente invoca el artículo 21 de la Ley 18.833, que establece que las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial. Asimismo, cita el artículo 22 de dicho cuerpo legal, que señala que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Sin embargo, sostiene que en el presente caso se advierte un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por la jurisprudencia, toda vez que una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República.

Argumenta que el acto de autotutela efectuado por la Caja de Compensación Los Andes se trata de un descuento ilegal y arbitrario de las remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el porqué ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar. Sobre la arbitrariedad del acto recurrido, recalca que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva ya individualizada, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, cobrando el acreedor recurrido la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por lo anterior, resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la Caja Los Andes ordene la retención de montos similares al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo.

En apoyo de sus argumentos, la recurrente cita abundante jurisprudencia tanto de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago como de la Excelentísima Corte Suprema que ha declarado la arbitrariedad del actuar de la Caja de Compensación Los Andes en casos similares. Específicamente, invoca la causa Rol 31235-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que señaló que cuando la Caja respectiva optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial, resulta arbitrario pretender retomar los descuentos un tiempo después, tratándose de una facultad excepcional que debe ser restrictiva, especialmente considerando que ya cuenta con otras acciones para perseguir el pago de la obligación respectiva que se encuentran actualmente en tramitación. Asimismo, cita la causa Rol 70389-2018 de la misma Corte, que consideró que en el evento que se haya optado por la vía judicial para el cobro de todo el monto del crédito, evidentemente el descuento no puede seguir teniendo lugar, comoquiera que podría materializarse un doble pago que no encuentra sustento jurídico alguno.

Adicionalmente, invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, particularmente la causa Rol número 6118-2018, que estableció que este proceder arbitrario de la recurrida vulnera la legítima expectativa del recurrente en orden a percibir sus remuneraciones de forma íntegra, afectando la esencia de la garantía prevista en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, destaca que la Corte Suprema, en causa Rol de Ingreso 12425-2018, estableció categóricamente que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias e información previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un extenso tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso de una potestad unilateral consignada en la Ley número 18.833, más todavía cuando se ha perseguido judicialmente el pago de la obligación en un proceso que se mantiene vigente.

Sostiene la recurrente que el actuar de la recurrida constituye un acto arbitrario, antojadizo e ilegal que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador, y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa a la recurrente ni a su empleador. Conforme a lo expuesto, alega que dicho actuar corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y perturbado de su derecho de propiedad sobre $154.206 pesos de su remuneración del mes de junio, situación que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se condene a la recurrida a cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente; se ordene restituir a la recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y se condene en costas a la recurrida. Asimismo, solicita que se decrete orden de no innovar con el objeto de detener el descuento que efectúa la recurrida en sus remuneraciones para los siguientes meses, a partir del mes de junio del presente año, mientras se sustancia y se resuelve el presente recurso de protección.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe ordenado en autos, compareció doña Inés Riquelme Arao, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

En cuanto a los antecedentes fácticos que sustentan el informe, la recurrida señala que con fecha dos de noviembre de dos mil veinte otorgó a la recurrente la operación de crédito código número 08C0S100028792, por un capital inicial de $1.164.505, a una tasa de interés mensual de 1,59%, pagadero en un plazo de treinta y dos meses, con una cuota mensual de $47.722, cuyo primer vencimiento correspondió al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. Expone que las cuotas de los meses de enero de dos mil veintiuno a abril de dos mil veintidós, números 01 a 16, fueron pagadas entre el doce de febrero de dos mil veintiuno y el doce de mayo de dos mil veintidós, y que las mensualidades de mayo y junio de dos mil veintidós, números 17 y 18, fueron diferidas al final del crédito. Posteriormente, producto de la morosidad existente en las mensualidades que van de julio de dos mil veintidós a enero de dos mil veintitrés, números 19 a 25, la titular con fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés solicitó la reprogramación de su deuda por un valor de $1.331.974, a una tasa de interés mensual de 1,59%, pagadero en cuarenta y ocho cuotas de $41.877, donde el primer vencimiento fue el treinta de abril de dos mil veintitrés. De esta operación crediticia, las mensualidades de abril a agosto de dos mil veintitrés, números 01 a 05, fueron pagadas desde el dieciséis de junio de dos mil veintitrés al catorce de julio de dos mil veinticuatro. A la fecha, el crédito se encuentra en mora por las cuotas de los meses de septiembre de dos mil veintitrés a junio de dos mil veinticinco, de la número 06 a la número 27.

Asimismo, indica que con fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno otorgó a la recurrente el Crédito Social número 208COS100065951, por un capital inicial de $3.114.548, a una tasa de interés mensual de 1,59%, pagadero en un plazo de cuarenta y ocho meses, con una cuota mensual de $95.953, cuyo primer vencimiento correspondió al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno. De esa operación crediticia, las cuotas de los meses de octubre de dos mil veintiuno a abril de dos mil veintidós, números 01 a 06, fueron pagadas entre el quince de noviembre de dos mil veintiuno y el trece de mayo de dos mil veintidós, mientras que las mensualidades de mayo y junio de dos mil veintidós, números 07 y 08, fueron diferidas al final del crédito. A continuación, y producto de la morosidad existente en las mensualidades que van de julio de dos mil veintidós a enero de dos mil veintitrés, números 10 a 16, la recurrente el veinte de febrero de dos mil veintitrés solicitó la reprogramación de su deuda por un valor de $3.187.220, a una tasa de interés mensual de 1,59%, pagadero en sesenta cuotas de $87.373, donde el primer vencimiento fue el treinta de abril de dos mil veintitrés. De esta operación crediticia, las mensualidades de abril a agosto de dos mil veintitrés, números 01 a 05, fueron pagadas desde el dieciséis de junio de dos mil veintitrés al catorce de julio de dos mil veinticuatro. A la fecha, el crédito se encuentra en mora por las cuotas de los meses de septiembre de dos mil veintitrés a junio de dos mil veinticinco, de la número 06 a la número 27.

Destaca la recurrida que la recurrente omitió indicar en su presentación que realizó una reprogramación de ambos créditos el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, posterior al inicio de la demanda ejecutiva que menciona en su presentación y que fue ingresada solo respecto del crédito 208COS100065951, demanda que fue notificada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que voluntariamente cambió las condiciones de ambos créditos. En consecuencia, sostiene que en la especie nos encontramos frente a créditos plenamente vigentes, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley número 18.833 es pertinente y oportuna.

En cuanto a las consideraciones contextuales y jurídicas, la recurrida expone el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y el mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley número 18.833. Señala que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, y que actualmente estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley número 18.833. El artículo primero de este cuerpo legal las define como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Entre sus funciones facultativas se encuentran los créditos sociales, que constituyen un beneficio de bienestar social cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Explica que si bien las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley número 18.833 les ha determinado. Las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. Es por ello que el artículo 26 número 3 de la ley expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley número 18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social.

En base a lo anterior, la recurrida destaca varias particularidades del mecanismo del "descuento por planilla": Se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y permite que el costo del crédito sea menor porque el pago se descuenta directamente de la remuneración del trabajador. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales. La obligatoriedad del descuento por planilla recae sobre el empleador y el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según el artículo 22 inciso segundo de la Ley número 18.833, que señala que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja. El trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla, porque la obligatoriedad del mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que la Caja no haga nada o no lo desee, porque no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de créditos sociales.

Respecto de la exigibilidad de la obligación y la prescripción, sostiene la recurrida que está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley número 18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre la Caja y la recurrente. Señala que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende con toda claridad que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la recurrente existe y es plenamente exigible. Agrega que procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que en Dictamen número 2659-2020 de fecha doce de agosto de dos mil veinte señaló que en cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.

En cuanto a la supuesta vulneración de garantías constitucionales, sostiene la recurrida que respecto a la alegada vulneración al artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una Caja de Compensación solo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor de la recurrente.

Enfatiza que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación. Mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de Cajas de Compensación, sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, pues dicha institución de seguridad social solo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello.

En apoyo de sus argumentos, la recurrida cita jurisprudencia tanto de Ilustrísimas Cortes de Apelaciones como de la Excelentísima Corte Suprema. Menciona la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel en el recurso de protección rol 131-2024, que indicó que la Caja actúa de acuerdo a la Ley 18.833, que los descuentos por medio de la remuneración no es un acto ilegal o arbitrario desde que se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, habiéndose frustrado la acción civil intentada por la recurrida ya que la actora carece de bienes con cargo a los cuales satisfacer el pago de lo adeudado, no existiendo por ello doble cobro. Asimismo, cita una sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticinco de esta Ilustrísima Corte que rechazó un recurso de protección de similar naturaleza, señalando que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la realización de descuentos efectuados a la remuneración, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley número 18.833, y que de los antecedentes se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo antedicho, pues no está discutido que el recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida. Finalmente, menciona que la Excelentísima Corte Suprema en recurso Rol 6890-2024 confirmó la sentencia que rechazó un recurso similar, y en recurso Rol 87663-2023 confirmó aquella dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de Caja Los Andes.

Por tanto, solicita a S.S. Ilustrísima tener por evacuado el informe solicitado y, en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por esta última en relación con los hechos expuestos, acompañando el expediente de crédito correspondiente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente, consiste en que la recurrida efectúa descuentos mensuales en su remuneración respecto a un crédito social mediante el mecanismo de descuento por planilla sin haber sido informada previamente, de manera motivada y racional.

QUINTO: Que, el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece que "Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales." Esta disposición consagra un mecanismo legal de cobro para los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, que revisten un carácter especial dado su fin de seguridad social y su naturaleza no lucrativa.

Este mecanismo no es una facultad discrecional de la Caja, sino una obligación impuesta por ley al empleador, una vez que la deuda es informada.

SEXTO: Que, la alegación de la recurrente de que los descuentos son arbitrarios e ilegales por falta de información o por revivir una deuda antigua, debe ser analizada a la luz de los hechos acreditados en autos. En primer lugar, la documental acompañada por la recurrida desvirtúa la afirmación de la recurrente sobre la falta de información, toda vez que en los contratos de crédito y solicitud, suscritos por ella, se establece claramente la forma de pago mediante descuento por planilla. En segundo lugar, y en cuanto al carácter "arbitrario" o "ilegal" del cobro, es crucial diferenciar los hechos del presente caso de la jurisprudencia invocada por la recurrente. Los fallos citados por la parte recurrente se refieren a situaciones en que las Cajas de Compensación reactivaron unilateralmente el cobro de deudas a través de descuentos por planilla después de lapsos extremadamente prolongados (de cuatro a diez años) de inactividad, lo que fue calificado como un ejercicio caprichoso e injustificado de la potestad legal.

SÉPTIMO: Que, en el presente caso, los antecedentes revelan que el crédito fue reprogramado el 12 de septiembre de 2024. Si bien existieron pagos intermitentes, la tabla de pagos del "Información de Crédito" y el informe de la recurrida indican que las cuotas comenzaron a caer en mora a partir de abril de 2025 y mayo de 2025.

La recurrente alega que los descuentos se iniciaron en junio de 2025. Este lapso temporal entre el inicio de la mora respecto de los créditos reprogramados en febrero de 2023 y el inicio de los descuentos impugnados (junio 2025) es notoriamente breve y no constituye un "extenso lapso" de inactividad que permita configurar un acto caprichoso o antojadizo por parte de la C.C.A.F. Los Andes. Por el contrario, la actuación de la recurrida se enmarca dentro de la gestión ordinaria de cobro de un crédito vigente y exigible, conforme al mandato legal y contractual.

A lo anterior se debe sumar que la acción civil deducida por la recurrida no diría relación con el crédito cuyo descuento se realiza de las remuneraciones sino que corresponde a un crédito social diverso solicitado por el actor.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se advierte en el actuar de la C.C.A.F. Los Andes la arbitrariedad o ilegalidad necesaria para configurar la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto, ha ejercido una facultad de cobro autorizada por la ley y consentida por la recurrente en el respectivo contrato de crédito social, en relación con una obligación actual y exigible. La remuneración, si bien constituye parte del patrimonio del trabajador, puede ser objeto de descuentos autorizados por ley o por contrato, como ocurre en este caso con los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, cuya naturaleza y régimen de cobro se encuentran específicamente regulados. La posibilidad de que el descuento por planilla constituya un acto "arbitrario" o "ilegal" está supeditada a circunstancias excepcionales, como la inobservancia de plazos de prescripción o un actuar intempestivo tras prolongada inacción, lo que no ha ocurrido en la especie.

Que por estas razones, al no configurarse un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, perturbe o prive las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección deducido carece de fundamento, debiendo ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-15909-2025.