Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago.

Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mayra Aguilar Herrera, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que estima constituye un actuar ilegal y arbitrario, al no resolver oportunamente su solicitud de residencia temporal, lo que vulneraría la garantía prevista en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa 24 de agosto de 2024, sin embargo, la recurrida no ha dado respuesta a su petición.

Solicita se ordene a la recurrida a que se pronuncie sobre la petición de residencia temporal del actor, y se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, opone excepción de litispendencia, solicitando sea acogida, con costas.

Señala que en Ingreso Corte N° Protección-15831-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago, se interpuso acción de protección en favor de nombre reservado “por la omisión ilegal y arbitraria en la falta de respuesta sobre la solicitud de residencia temporal para extranjeros”. Agrega que desde el 4 de septiembre de 2025 dichos autos se encuentran “En Relación”, de manera que los hechos que se verificaron en el recurso de autos están aún pendientes de su resolución en causa rol 15831-2025, existiendo dos acciones constitucionales vigentes, verificándose, en la práctica, la excepción de litispendencia.

En subsidio, informa el recurso solicitando igualmente su rechazo, ya que no existe un acto ilegal o arbitrario que haya de ser enmendado por la vía cautelar. Señala que con fecha 24 de agosto de 2024 el actor solicitó el beneficio de residencia temporal para extranjeros dentro de Chile, por reunificación familiar al mantener un vínculo familiar con extranjero con residencia definitiva, y que la petición del recurrente se encuentra en etapa de “Resolución” desde el 21 de octubre de 2024.

Afirma que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 es uno que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, lo que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, y aduce que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Tercero: Que evacuando traslado, el recurrente señala que en el recurso de protección Rol N°15831-2025 presentó escrito de desistimiento, y solicita se disponga lo que en derecho corresponda.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, respecto de la excepción de litispendencia, deberá ser desestimada, teniendo presente para ello que de la revisión del Ingreso Corte N° Protección-15831-2025 en el sistema Sitcorte, consta que con fecha 26 de septiembre de 2025 se resolvió el desistimiento de dicha acción de protección, de manera que no concurren los presupuestos legales para su procedencia.

Sexto: Que aparece del petitorio de la presente acción constitucional que el recurrente busca que el Servicio recurrido resuelva su solicitud de residencia temporal que se encuentra pendiente. Para estos efectos, cabe considerar que el actor presentó su petición el 24 de agosto de 2024, encontrándose la misma en etapa de “Resolución” desde el 21 de octubre de 2024.

En consecuencia, al observar la tramitación de la petición es posible colegir que la autoridad migratoria recurrida ha dado curso a la solicitud de la parte recurrente, conforme al procedimiento vigente, gozando aquella de los derechos que la Ley N°21.325 reconoce a quien mantenga una solicitud en trámite.

Séptimo: Que, si bien de los antecedentes que obran en la causa, es posible desprender que el Servicio recurrido no se ha pronunciado aún sobre la solicitud de residencia temporal, lo cierto es que ha resultado acreditado que tal requerimiento se encuentra sometido a un procedimiento uniforme y previamente establecido, para el conocimiento, tramitación y resolución del asunto.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, al haber transcurrido más de seis meses sin que el Servicio recurrido emita pronunciamiento, es dable aclarar que dicho plazo no es fatal y que debe interpretarse la norma en el sentido que obliga a la Administración a pronunciarse o concluir un procedimiento en un plazo razonable a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios, sin que la fecha de presentación de la solicitud baste para acoger el recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada la decisión anterior con el voto en contra del ministro señor Tomás Gray Gariazzo, quien fue del parecer de acoger el recurso, teniendo presente para ello: 1°. Que, para resolver el asunto se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 2°. Que, de acuerdo a lo informado por la autoridad recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de residencia temporal, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880. 3°. Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-15905-2025.