nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que José Manuel Simons Domínguez, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar que el acto consistente en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, registrada bajo el número 1275647, vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Expone que la solicitud fue presentada el día 9 de enero de 2025 al amparo de la Ley N° 18.156, modificada por la Ley N° 726, y que fue acompañada con el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), contrato de trabajo con manifestación de voluntad de mantener dicha afiliación, y título profesional apostillado.

Añade que, con posterioridad, mediante la plataforma de consultas de WhatsApp de AFP Provida, se le comunicó que su solicitud fue rechazada por considerar que el certificado de afiliación se encontraba vencido, por exceder un supuesto límite de vigencia de 120 días. Sin embargo, alega no haber sido notificada formalmente por carta certificada de dicha decisión. Estima que tal exigencia no se encuentra contemplada ni en la Ley N° 18.156, ni en la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, ni en la Ley N° 20.255, constituyendo una condición ilegal y arbitraria. Agrega que existen dificultades notorias para renovar documentación en su país de origen desde Chile, dada la falta de representación consular venezolana.

Invoca además jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, que han ordenado la devolución de fondos en situaciones similares, y sostiene que ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios establecidos. Fundamenta jurídicamente su pretensión en los artículos 19 N° 2 y 24, en relación con el artículo 20 de la Constitución, los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, así como en la Circular N° 553 de la Superintendencia de Pensiones, solicitando que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el acto impugnado y disponer la devolución íntegra de los fondos previsionales acumulados, en el plazo de 30 días hábiles, con costas.

Segundo: Que Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., evacuó informe en estos autos, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, por estimar que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para debatir materias de derecho controvertido, y que no existe acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada. Expone que la solicitud de la recurrente fue rechazada por no cumplir con los requisitos que exige la Ley N° 18.156, toda vez que el certificado de afiliación al IVSS presentado se encontraba vencido, no estaba legalizado ni apostillado, y su contenido era genérico, sin acreditar cobertura efectiva en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que la normativa vigente, incluyendo el Convenio de La Haya sobre la Apostilla, el Código de Procedimiento Civil y las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, exige que la documentación extranjera se encuentre debidamente apostillada, lo que no se cumplió en el presente caso. Alega además que el Decreto Ley N° 3.500 establece que los fondos previsionales solo pueden destinarse a pensiones, salvo excepciones legales estrictas como la Ley N° 18.156, cuya aplicación debe ceñirse estrictamente a los requisitos legales, sin que la administradora esté facultada para flexibilizarlos.

Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema que ha reconocido la legalidad del rechazo de solicitudes que no cumplen con los requisitos formales exigidos, y sostiene que no se configura ninguna de las condiciones exigidas por el artículo 20 de la Constitución para la procedencia de la acción, por cuanto no existe privación ni perturbación de derechos, en especial del derecho de propiedad.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. PROVIDA, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento: “Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” vigente y con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

Sexto: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Parada, quien fue partidario de acoger la acción de protección impetrada, debido a que en su concepto sí se dan los presupuestos exigidos en la norma para la entrega de los fondos previsionales del actor.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15897-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Cristián Parada Bustamante.

En Santiago, veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.