Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, treinta de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Mayra Alejandra Aguilar Herrera, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión arbitraria e ilegal en que habría incurrido al no resolver oportunamente su solicitud de residencia temporal, lo que vulneraría la garantía prevista en el artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente formuló su petición ante la autoridad administrativa el 02 de septiembre de 2024, sin embargo, la recurrida no ha dado respuesta a su solicitud.

Cita los artículos 4°, 7°, 9° y 27 de Ley N°19.880, y precisa que, de acuerdo con esta última norma, el plazo para emitir una decisión final es de 6 meses. Denuncia como ilegal y arbitraria, en consecuencia, la omisión de la autoridad recurrida consistente en la falta de resolución de la petición de residencia temporal del recurrente.

Solicita se ordene a la parte recurrida emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, sin más trámite, acerca de la solicitud de residencia temporal formulada por el recurrente, dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo de la acción por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que la petición del recurrente -ingresada el 02 de septiembre de 2024- se encuentra en etapa de “Revisión de análisis jurídico” desde el 16 de diciembre de 2024.

Afirma que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 es uno que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo, lo que ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, y aduce que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en primer término, cabe abordar la solicitud de inadmisibilidad formulada por la recurrida, así como la alegación de falta de legitimación pasiva, que, en síntesis, se fundan en la circunstancia que, conforme a las sentencias que cita, no existe vulneración que pueda ser cautelada por esta vía y los efectos desfavorables que el recurrente atribuye a la falta de pronunciamiento de su petición, en realidad, son imputables a terceros, que no han observado la Ley vigente en la materia.

Que, ambas alegaciones deben ser desestimadas, teniendo únicamente presente que, en el presente arbitrio, se identifica claramente una conducta omisiva, que es directamente atribuida a la recurrida, que efectivamente, según reconoce en su informe, persiste al tiempo de la dictación de esta sentencia.

Quinto: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la excesiva demora en el pronunciamiento de la solicitud de permiso de residencia definitiva presentada por la recurrente con fecha 22 de abril de 2021, sin que a la fecha se haya emitido alguna decisión a su respecto; conducta omisiva que la recurrente considera ilegal y arbitraria.

Sexto: Que desde la fecha en que se dedujo la solicitud de residencia definitiva de la recurrente ha transcurrido casi cuatro años sin resolución por parte del Servicio Nacional de Migraciones.

Séptimo: Que, para resolver, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880, atendido que, en su carácter de ley de bases, tiene aplicación supletoria de los procedimientos administrativos.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Octavo: Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la administración en la tramitación de la solicitud de la protegida, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de residencia definitiva, excediendo en demasía el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Noveno: Que, por lo anterior, la dilación del recurrido en el pronunciamiento de la solicitud estudiada en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes con una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Décimo: Que en ese sentido, se advierte que la demora en la tramitación de la solicitud deviene en un acto arbitrario que debe ser subsanado, por lo que se acogerá la presente acción constitucional en la forma en que será dispuesta en la parte resolutiva de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida, emitir el pronunciamiento, que en derecho corresponda, sobre la solicitud de residencia temporal que tiene pendiente, ello, dentro del plazo de noventa días hábiles contados desde que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del ministro suplente señor Fernando Guzmán Fuenzalida, quien estuvo por rechazar la acción constitucional de protección, teniendo presente que el término de seis meses consagrado en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no tiene un carácter fatal, no es un plazo de caducidad y puede sobrepasarse por caso de fuerza mayor, como lo es el hecho público y notorio del creciente aumento de los flujos migratorios, por lo que una demora en la tramitación de la solicitud por parte del Servicio, no da cuenta de un acto ilegal o arbitrario que lesione o perturbe la garantía constitucional de igualdad ante la ley invocada por la parte recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15896-2025.