Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de octubre de dos mil veinticinco.

A los folios 10; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparecen don nombre reservado en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a dar tramitación a la solicitud de refugio de la recurrente, lo que a su juicio vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2, por lo que pide, previas citas legales, acogerlo en todas sus partes, ordenando que sea dejada sin efecto la Resolución Exenta NUM000 de 5 de julio de 2025, mediante la cual se resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ordenando que se conceda esta y la correspondiente visa temporaria de refugio, mientras espera la evaluación por parte de la comisión calificada de la recurrente.

En los hechos sostiene que el protegido se vio forzado a escapar de Venezuela e ingresar por paso inhabilitado al país, ya que su libertad y seguridad habían sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que son de público conocimiento, arribando el 1 de diciembre del 2021, y luego de recabar información respecto de su situación, acudió el 27 de febrero de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio recurrido, para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, siendo atendida, facilitándole un formulario, procediendo a su llenado y posterior entrega, recibiendo su declaración sobre los hechos en materia de la solicitud.

Indica que la recurrida dictó la Resolución Exenta NUM000 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, sin haber realizado de manera previa, la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la comisión que labora al respecto.

Sostiene que pese a que la Resolución Exenta en su considerando tercero, alega que se habría excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentar ante la autoridad la solicitud, y que ésta mantendría un ingreso irregular señala que se habría subsanado aquellos antecedentes. Sin perjuicio, el argumento esgrimido por la autoridad carece de efectividad, validez, razones de derecho, por lo que constituye el acto ilegal y arbitrario que alega.

Luego de esgrimir antecedentes de derecho, haciendo menciones a sentencias dictadas por Cortes del país, y denunciando vulneración a las garantías constitucionales y a los pactos y acuerdos suscritos por nuestro país, solicita acoger su acción.

SEGUNDO: Que, evacua informe, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, doña nombre reservado, abogada, solicitando el rechazo en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerado como improcedente, toda vez que no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de la recurrente.

Como antecedentes de hecho, indica que no consta registro de ingreso de la recurrente de nacionalidad venezolana, y que el 31 de marzo del 2022, la Policía de Investigaciones de Chile remitió a ese servicio parte NUM001 que la denuncia por ingreso clandestino.

Sostiene que el 4 de septiembre de 2023, solicitó la residencia temporal, la cual fue rechazada por ingreso ilegal.

Adiciona que el 27 de febrero del 2025, se presentó en dependencia del servicio manifestando dar inicio a una solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, llenó el formulario para formalizar la solicitud, declaró que su fecha de ingreso a Chile, fue el 3 de diciembre del 2021, llevándose además a cabo la entrevista de admisibilidad.

Agrega que analizada la solicitud por la autoridad migratoria, mediante resolución NUM002 el 11 de junio del 2025, le notificó que no fue posible dar curso a su solicitud de ingreso a procedimiento de reconocimiento en condición de refugiado por no cumplir los requisitos formales de la ley 20.430; en concreto, haber excedido el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarse ante la autoridad migratoria en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la citada Ley, ingresa al país por paso no habilitado y no presentar antecedentes, por lo que se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para acompañarlos, bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud, no allegando antecedente alguno.

Afirma que, no habiendo subsanado los requisitos formales de la ley 20.430, mediante Resolución Exenta NUM000, el 5 de julio del 2025, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado fue declarada desistido por no haber concurrido ante la autoridad migratoria en el plazo de siete días después de su ingreso al país mantener el ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los plazos.

Pide que disponga el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 20.430 señala que los solicitantes de la condición de refugiado que no hubieran obtenido el estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de permanencia en el país, de conformidad con la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, precepto que debe armonizarse con el inciso final del artículo 50 del Decreto N° 296 de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de Extranjería, conforme al cual no se admitirán a trámite las solicitudes de residencia de extranjeros que hayan sido expulsados, que cuenten con una medida de abandono del país o de prohibición de ingreso vigentes o bien se encuentren en condición migratoria irregular al momento de la solicitud, sin perjuicio de la atribución conferida al Subsecretario del Interior en los N° 8 y 9 del artículo 155 de la Ley Nº 21.325.

QUINTO: Que de la normativa expuesta precedentemente se concluye que la resolución recurrida no resulta ilegal ni arbitraria, puesto que la autoridad se limitó a aplicar la reglamentación vigente a la situación del recurrente, desde que la circunstancia de haber solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, no elimina el ingreso irregular al territorio nacional; y teniendo presente, además, que al rechazarse la solicitud de refugio se produjo la caducidad de la visa especial, en conformidad al artículo 43 del Decreto N° 837 de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley N° 20.430, y, por tanto, su situación migratoria es irregular al haber ingresado al país de manera clandestina, por un paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios.

SEXTO: Que de todo lo que se viene razonando, al no existir el acto arbitrario e ilegal, no se han conculcado las garantías denunciadas, por lo que el arbitrio no puede prosperar y es desestimado.

De esta manera, el extranjero no cumple con aquel requisito para postular al permiso de residencia, razón por la cual corresponde que el recurso sea declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Protección N°15895-2025.