Protección contra dicho establecimiento educacional

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Daniela Paulina Jara Muñoz, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor del adolescente nombre reservado, alumno de 16 años del 3° año "H" del Instituto nombre reservado, en contra de dicho establecimiento educacional, por haber dictado resolución de expulsión con fecha 3 de junio de 2025, notificada el 19 del mismo mes, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se deje sin efecto la expulsión y se ordene la reincorporación inmediata del estudiante.

Relata que el 19 de mayo de 2025, el Instituto nombre reservado se inició un procedimiento de investigación contra su hijo, imponiéndole suspensión por 10 días hábiles. Posteriormente, el 25 de mayo de 2025, el estudiante presentó descargos negando toda participación en los hechos investigados, solicitando la revisión de registros videográficos y denunciando la vulneración de su derecho a la educación. En este contexto, resulta relevante que durante los hechos objeto de investigación, nombre reservado se encontraba acompañado por su compañero de curso nombre reservado, quien fue testigo presencial de los sucesos y cuya versión resultaba esencial para esclarecer la verdad de los acontecimientos.

No obstante lo anterior, según expone la recurrente, pese a la relevancia del testimonio de nombre reservado, el Inspector General del establecimiento omitió arbitrariamente entrevistarlo y excluyó su declaración del expediente disciplinario, vulnerando así el principio de exhaustividad de la investigación y privando al estudiante de un medio de prueba fundamental para su defensa.

Agrega que el 2 de junio de 2025, la Rectora notificó la resolución final, sancionando al estudiante con la medida más gravosa contemplada en el reglamento, esto es, la expulsión, por supuesta infracción al artículo 33.3 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), sin contar con prueba directa de los hechos imputados, basándose únicamente en su cercanía al zócalo del establecimiento.

Destaca que respecto del testimonio docente, el profesor nombre reservado negó haber interactuado con el estudiante, sin embargo, no se adjuntó acta de su declaración ni se contrastó con posibles testigos del departamento de Historia. Asimismo, en cuanto a los registros videográficos, las imágenes muestran al recurrente sin artefactos incendiarios, y la denominada "coincidencia de vestimenta" consistente en el uso de un polerón negro resulta genérica y no constituye prueba de participación activa en los hechos investigados.

Sostiene además que la sanción se fundamentó en presunciones tales como que el estudiante "emergió del grupo que se desencapuchaba", sin contar con prueba directa de esta afirmación, y en una calificación automática como "falta gravísima" según el artículo 33.3 del RICE, sin demostrar el uso efectivo de artefactos incendiarios por parte del estudiante.

Señala que el 9 de junio de 2025, dentro del plazo legal, la apoderada presentó Solicitud de Reconsideración formal, denunciando la ausencia de pruebas directas, violación del debido proceso, falta de prueba de tenencia o uso de artefactos incendiarios, desproporcionalidad de la sanción y vulneración del derecho a la educación. Sin embargo, el 19 de junio de 2025, la Rectora notificó la resolución final confirmando la expulsión, desestimando la reconsideración sin resolver adecuadamente los argumentos planteados.

Añade la recurrente que el expediente disciplinario que contiene estas irregularidades fue ingresado a la Superintendencia de Educación con fecha 30 de junio de 2025, bajo el N°NUM000, lo que agrava la situación al consolidar un procedimiento viciado en instancias superiores.

En cuanto al derecho, señala que se vulneró el derecho a defensa, señalando que esta garantía incluye la facultad de solicitar y presentar pruebas para contrarrestar las acusaciones, derecho que se ve menoscabado cuando la autoridad administrativa omite diligenciar pruebas relevantes, como el testimonio de un testigo presencial. Del mismo modo, considera infringido el principio de exhaustividad establecido en el artículo 160 de la Ley General de Educación, argumentando que los procedimientos disciplinarios en establecimientos educacionales deben respetar el debido proceso, lo que implica agotar todas las pruebas necesarias para un fallo justo. Sostiene que la omisión del testimonio clave constituye una arbitrariedad que impide una valoración integral de los hechos, violando el artículo 63 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Finalmente, alega la vulneración de garantías procesales como el derecho a un procedimiento racional y justo, al denegar la incorporación de un elemento probatorio sin justificación válida, afectando la igualdad de armas en el proceso, vulnerándose así la igualdad ante la ley, su integridad psíquica y su derecho a la educación.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, se deje sin efecto la expulsión aplicada al estudiante nombre reservado, se ordene su reincorporación inmediata garantizando su derecho a la educación completa, se disponga que el Instituto garantice el respeto al debido proceso y se abstenga de incurrir en prácticas discriminatorias o arbitrarias, y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuando informe la Ilustre Municipalidad de Santiago señala que, en cuanto a los hechos, el 16 de mayo de 2025, a las 9:08 horas, se produjo una "salida de encapuchados" al interior del establecimiento educacional Instituto nombre reservado, conformada por un total de 9 individuos vistiendo overoles blancos y portando material incendiario, quienes se dirigieron hasta el sector de acceso de DIRECCION000, lugar en el cual fabricaron bombas molotov para posteriormente abandonar las dependencias del establecimiento avanzando hacia avenida Libertador Bernardo O'Higgins.

Agrega que ante la falta de respuesta de personal de Carabineros y al disminuir la masa de estudiantes, los "encapuchados" decidieron retroceder e ingresar al establecimiento educacional, generando en el sector de la cancha central denominado "patio de honor" un incendio, al hacer explotar las bombas molotov. Señala que la ocurrencia de estos hechos violentos fue determinante para decidir la evacuación de la jornada de clases a las 9:25 horas, según el protocolo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Educativa del Instituto nombre reservado.

Sostiene que luego de culminar con las prácticas descritas, el grupo de "encapuchados" se dirigió hacia el sector del "zócalo", lugar donde decidieron realizar el "destape" y posteriormente abandonar el establecimiento por la salida de DIRECCION001.

Precisa que, en ese instante, en el sector del "zócalo", el estudiante nombre reservado fue identificado por funcionarios del colegio como uno de los "encapuchados".

Respecto de la investigación realizada, indica que posterior a esta identificación se denunció al establecimiento educacional el actuar del estudiante, por lo cual se inició un proceso de investigación que incluyó revisión de cámaras de la unidad de seguridad de la Ilustre Municipalidad de Santiago "Santiago Seguro". Como resultado de esta exhaustiva revisión de videos, se pudo observar de manera clara a los estudiantes que, posterior al "destape", salieron por DIRECCION001, observándose como el estudiante nombre reservado abandonó el establecimiento luego del destape, siendo coincidente tanto en sus vestimentas como en la hora del destape con los relatos de los funcionarios que lo identificaron.

En cuanto a los descargos del estudiante, señala que mencionó haber estado con el docente nombre reservado durante los hechos. Sin embargo, al entrevistar al mencionado docente, este habría negado dicha versión.

Fundamenta la recurrida que el debido proceso fue respetado íntegramente, toda vez que se contactó con la apoderada el día 19 de mayo para notificar presencialmente en Inspectoría General los hechos ocurridos, se resguardaron todos los derechos del estudiante entregando los plazos para sus descargos, y se proporcionó material pedagógico durante la suspensión preventiva de 10 días.

En cuanto a las pruebas que fundamentaron la medida de expulsión, señala que se consideró la constatación de identidad del estudiante por parte de la encargada de convivencia educativa señora nombre reservado y el Inspector General nombre reservado, tras la visualización en el destape y posterior revisión de cámaras de seguridad, siendo coincidentes las vestimentas y la ocurrencia cronológica de los hechos. Asimismo, se tomó declaración al profesor nombre reservado respecto a la supuesta conversación que el estudiante alegaba haber tenido con el docente durante la ocurrencia de los hechos violentos, testimonio que sirvió para desestimar la versión del estudiante. Finalmente, se realizó revisión de cámaras de la Ilustre Municipalidad de Santiago "Santiago Seguro", en donde se visualizó al estudiante sindicado.

Sostiene que la expulsión del estudiante se produjo por la falta contemplada en el número 33.3 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Instituto nombre reservado, que sanciona el "uso, porte y posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios", considerando que la participación en hechos de violencia afecta gravemente la convivencia escolar al generar miedo y ansiedad, interrupción del aprendizaje, deterioro del clima escolar, daño a la infraestructura, riesgo para la seguridad, vulneración del ambiente escolar, impacto en estudiantes menores y vulneración del derecho a la educación de la comunidad educativa.

Respecto de la proporcionalidad de la medida, argumenta que se justifica la aplicación de la medida disciplinaria máxima reconociéndose diversas conductas agravantes, tales como el incumplimiento de medidas disciplinarias formativas, haber realizado una acción con la intención de causar perjuicio a otro miembro de la comunidad educativa, haber actuado con premeditación y haber generado un grave daño a la integridad psicológica de los estudiantes, afectando gravemente la convivencia escolar.

Añade que la medida de expulsión se encuentra justificada conforme al reglamento interno de convivencia escolar, el cual establece que no se requerirá haber representado previamente a los apoderados la inconveniencia de las conductas cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo específicamente el uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios.

Finalmente, indica la recurrida que se respetaron los plazos procesales, otorgándose al estudiante y su apoderado 5 días hábiles para la entrega de descargos y 5 días hábiles de apelación a la medida de expulsión desde la notificación, aplicándose medida cautelar de suspensión desde el 19 de junio de 2025 y enviándose material pedagógico vía correo electrónico para continuar el proceso educativo.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección que se constate la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, en cuanto no cumpla con el deber de fundamentación para el caso en concreto, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, conforme a lo dispuesto en el numeral quinto del Auto Acordado respectivo, con los antecedentes aportados por las partes es posible asentar los siguientes hechos: 1.- El 16 de mayo de 2025, a las 9:08 horas, salen del recinto del Instituto nombre reservado, ubicado en DIRECCION000, comuna y ciudad de Santiago, nueve personas habrían realizado hechos de violencia, fabricando y utilizando bombas incendiarias de manufactura artesanal, la que ejercieron en la Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins; 2.- Durante el desarrollo de dichos hechos, el grupo vuelve a ingresar al recinto educacional, haciendo explotar artefactos incendiarios en el sector denominado “Patio de Honor”, razón por la cual la dirección del establecimiento decide la suspensión de clases a las 09:25 horas; 3.- El grupo de encapuchados se dirige, posteriormente, al sector “zócalo”, en donde habrían descubierto sus rostros para poder abandonar el recinto por la salida de DIRECCION001. Es en este momento cuando un grupo de funcionarios del Instituto nombre reservado habrían identificado al adolescente nombre reservado; 4.- Debido a lo anterior, el 19 de mayo de 2025 el colegio inició un procedimiento sancionatorio en contra del adolescente, por atribuírsele participación en los hechos descritos, lo que constituiría una infracción gravísima a las normas contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, otorgándosele al protegido un plazo de 10 días hábiles para contestar los cargos formulados en su contra; 5.- El 25 de mayo de 2025 nombre reservado efectúa descargos, negando toda participación en los hechos. Reconoce su permanencia en el lugar, pero insiste en que no intervino en los actos de violencia que se le atribuyen. Para apoyar sus dichos, acude al testimonio de un profesor del colegio, de nombre nombre reservado, quien corroboraría que en el día y hora de los hechos no cometió los actos que se le imputan. Solicita además que se revisen los registros audiovisuales, pues su análisis demostraría su total inocencia; 6.- El 02 de junio de 2025 la Rectoría del Instituto nombre reservado notifica el término de la investigación.

Fue llevada a cabo por el Inspector General nombre reservado. Conforme a los descargos que efectuó el estudiante, se entrevistó al profesor nombre reservado, quien, conforme a lo que se expone en ese documento, negó la versión dada por el adolescente. Respecto de la revisión del registro audiovisual, indica que se pudo establecer la participación de nombre reservado en los hechos. Por lo anterior, se consideró que se configuró una falta gravísima, que constituía causal de expulsión. Se le indicó que dentro de cinco días hábiles podía ejercer recurso de reconsideración ante la misma dirección del colegio, el que es ejercido por la apoderada del estudiante. 7.- El 19 de junio de 2025 la decisión adoptada se confirmó por el Consejo de Profesores del establecimiento, por diecinueve votos a favor y una abstención, fundando la medida en la gravedad de la falta cometida, daño a la integridad física y psíquica de la comunidad, afectación grave al clima escolar y percepción de seguridad, incompatibilidad de la conducta con la permanencia en el establecimiento, confirmación del cargo mediante pruebas directas y testimonios coherentes, infracción a la normativa legal sobre convivencia escolar, necesidad de proteger a la comunidad y prevenir la reincidencia, como asimismo la existencia de medidas formativas y preventivas institucionales; 8.- El expediente disciplinario fue ingresado a la Superintendencia de Educación el 30 de junio de 2025, bajo el número NUM000.

QUINTO: Que, en lo referido a la conducta denunciada como ilegal y arbitraria por parte de la actora, consiste en la expulsión de nombre reservado por parte de la Rectoría del Instituto nombre reservado. Desde el punto de vista de la legalidad, se debe examinar si, al tratarse de un organismo público, la medida fue adoptada dentro del ámbito de sus competencias. Al respecto, se constata que el colegio mantiene un reglamento interno de convivencia escolar, obligación establecida el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación.

Dentro de ese reglamento, el artículo 33.3 describe la conducta que se atribuye al alumno y es de aquellas pasibles de la medida de cancelación de matrícula o expulsión. En el mencionado reglamento se establecen fases del procedimiento, las que fueron seguidas y se permitió la participación del estudiante y su apoderada en todas sus fases. En este sentido, el artículo 3 letra g) de la Ley General de Educación dispone “el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos”, mientras que el artículo 10 letra a) de la norma mencionada señala “Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento”.

Adicionalmente, de las propias alegaciones de la actora es posible ver que no desconoce las facultades que le asisten a la dirección del establecimiento educacional para dictar la expulsión, sino que le atribuye infracciones al debido proceso y vicios de fundamentación, los que serán revisados al momento de analizar si la conducta es arbitraria. De esta manera, la medida aplicada al hijo de la actora, consistente en la aplicación de la medida de expulsión, se adoptó en concordancia a su Reglamento Interno, esto es, mediante la aplicación de un procedimiento previo, racional y justo, garantizándole al investigado un efectivo derecho al debido proceso.

SEXTO: Que, asimismo consta que la decisión de la recurrida fue adoptada dentro de sus facultades y se encuentra debidamente fundamentada, en el mérito de la investigación llevada a cabo, sin que se advierta alguna ilegalidad o arbitrariedad en ello, toda vez que la expulsión dispuesta está prevista para la conducta llevada adelante por el recurrente. En efecto, tanto al momento de decidir la aplicación de la medida de expulsión del alumno, como de rechazar el recurso ejercido por la apoderada, se hace cargo de las alegaciones esgrimidas en defensa de la posición de la actora.

SÉPTIMO: Que, respecto a la garantía que se denuncia conculcada, fue posible establecer que se entregó un plazo al alumno para poder ejercer su defensa, la que se desplegó tanto en la etapa de investigación como al resolver y que los cuestionamientos formulados fueron ponderados por el organismo competente para conocer del asunto, cumpliéndose con el deber de exhaustividad, al practicarse las diligencias probatorias solicitadas por el alumno de forma expresa. De dicha forma, no es posible atribuir al acto recurrido ilegalidad o arbitrariedad, ni es posible constatar que haya vulnerado alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Por dicho motivo, la acción deducida no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por en favor de nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Cristián Parada Bustamante.

No firma el ministro señor Astudillo Contreras, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado en su cargo en esta Corte de Apelaciones.

N°Protección-15890-2025.