nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

nombre reservado, veinticuatro de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de octubre de 2019, comparece Daniel Andrés Celis Silva, abogado, en representación de nombre reservado, Cabo 1º de Carabinero, interponiendo acción de protección, por la actuación ilegal y arbitraria, cometida en contra del protegido por parte de nombre reservado C. nombre reservado, en su calidad de Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado, contenido en la Resolución Nº 65, de 16.09.2.019, notificada con fecha 17 de septiembre de 2.019, mediante la cual se ordenó suspender el pago de las remuneraciones a contar del 16 de septiembre de 2.019, fecha desde la cual se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, por un tiempo indeterminado, a raíz de la sentencia a ocho años dictada en su contra, por el delito de tortura, causa RUC 1700492941-1 y RIT 305-2.019, emanada del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado, que no se encuentra ejecutoriada.

Fundando el recurso expone que el protegido mantiene actualmente, pese a la sentencia referida, la calidad de Cabo 1° de Carabineros y la propiedad de su empleo; al no existir resolución administrativa que acredite que haya sido eliminado de las filas de Carabineros de Chile.

Agrega que la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado, no se encuentra firme y ejecutoriada al deducirse recurso de nulidad en su contra, el cual se encuentra pendiente de resolución, por lo cual le asiste al protegido el derecho de percibir sus remuneraciones; a menos que sobre el particular exista una resolución emanada de un Tribunal Especial que disponga tal medida, afectando con ello la garantía consagrada en el Numeral 24º del artículo 19º de la Constitución Política de la República.

Afirma que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la carta fundamental y conforme a lo expuesto se ha configurado el requisito básico de la acción cautelar de protección, esto es, un acto inconstitucional y también arbitrario, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de Constitución Política de la República, dictado por el mero capricho de quien incurre en él y que provocó la situación y el efecto que se han indicado, tal como en la realidad ha sucedido en la especie.

Indica el señor nombre reservado, Coronel nombre reservado C. nombre reservado, como integrante de un órgano del estado, al emitir su resolución N° 65, de la cual recurre, no se sometió a la acción de la Supremacía Constitucional, ya que, se extralimitó en sus facultades al invadir las facultades privativas de un Tribunal de Justicia, agravando su conducta al privar al protegido de recibir oportunamente sus remuneraciones que le corresponden, las que, además, son inembargables conforme lo dispone el artículo 57° del Código del Trabajo.

Indica que el recurrido no actuó dentro de su competencia, y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Justicia Especial; quedando incluso sujeto a responsabilidades y sanciones que la ley señala al respecto.

Agrega que conforme lo dispuesto en la letra b), del artículo 43° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el recurrente mantiene su calidad de funcionario de planta y en servicio activo en Carabineros de Chile e incluso le asiste el beneficio de la Presunción de Inocencia, puesto que con respecto a la condena de primera instancia que lo afecta, existe un recurso procesal que no ha sido conocido aún y menos resuelto, por lo que ante la improbable posibilidad que el fallo de primera instancia sea ratificado, sólo entonces Carabineros de Chile podrá desvincularlo de las filas de la institución y consecuente con ello emitir el cese de remuneraciones, lo que se encuentre reafirmado en lo dispuesto en el letra b), del Numeral 4), del artículo 127° del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, Previas citas legales, solicita se deje sin efecto la Resolución Nº 65, de 16.09.2.019, que suscribiera el recurrido, en la cual se le priva de su remuneración al protegido.

Segundo: Que con fecha 29 de octubre pasado, comparece el Coronel de Carabineros, don nombre reservado, nombre reservado, evacuando el informe requerido.

Expone que el recurrente, Cabo Primero de Carabineros de Chile, de dotación de la 21ª Comisaria Estación Central, fue condenado en causa RUC 1700492941-1, RIT 305-2019, por sentenciada dictada el 14 de septiembre de 2019 emanada del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de nombre reservado, como autor del delito de torturas, previsto y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por ilícito perpetrado en la comuna de Estación Central, el día 6 de mayo de 2017, en la persona de nombre reservado, pena que deberá ser cumplida en forma efectiva, contando con nueve días de abono, que corresponde al período en que permaneció bajo el régimen de arresto domiciliario total, en contra de la cual se dedujo recurso de nulidad.

En cuanto a la Resolución N°65, fue dictada por el informante, teniendo por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 inciso 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, de la cual se concluye que uno de los deberes principales de los funcionarios de Carabineros es cumplir los servicios dispuestos para la labor policial, los que como contraprestación generan entonces el pago de remuneraciones, criterio que ha sido reconocido de manera consistente por la Contraloría General de la Republica en Dictámenes que cita ( N°8310-2012 y N° 2321-2016).

Conforme a lo señalado un criterio similar debe aplicarse entonces en el caso de la medida cautelar que desde el 6 de septiembre de este año afecta al protegido, pues siendo su arresto domiciliario de carácter total, ello implica que desde esa fecha y hasta el presente se encuentra imposibilitado para concurrir a sus servicios y así cumplir con sus deberes como funcionario de Carabineros de Chile.

Precisa que la suspensión de las remuneraciones de un funcionario proviene del ya citado artículo 33 inciso 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el cual correlaciona el derecho a remuneraciones como una retribución por los servicios efectuados, por lo que al no haber realizado el protegido sus servicios por encontrarse sujeto a una media cautelar que en la práctica se lo impide, no puede decirse que la actuación haya sido ilegal y arbitraria, puesto que la suspensión de sus remuneraciones resulta ser una consecuencia lógica ante el incumplimiento de sus labores. Lo anterior, se encuentra reconocido por la Contraloría General de la Republica, entre otros, en sus dictámenes números 37.491 de 2013, y 2321 de 2016.

Respecto de la extralimitación en sus facultades del recurrido, señala que la medida adoptada se encuentra dentro de las facultades de la Administración, con el objeto de proteger el interés fiscal ante el incumplimiento de labores.

En cuanto a la referencia del artículo 57 del Código del Trabajo, aclarar que la suspensión de remuneraciones no constituye un embargo de las mismas, cuestión sobre la cual también se ha pronunciado el Órgano Contralor en su dictamen N° 2321 de 2016.

Citando lo dispuesto en el artículo 43 letra b) de la Ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, señala que es correcto lo afirmado por el peticionario en cuanto sostiene que el recurrente no ha sido desvinculado de Carabineros de Chile, y por eso mismo, la norma antes citada no resulta aplicable al caso en que se encuentra actualmente dicho servidor, pues el retiro temporal supone que un funcionario dejo de serlo.

Por su parte conforme lo dispone el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, citado en su favor el recurrente el N° 4 letra b) del Reglamento en comento, no obstante, reitera que la sentencia que condenó penalmente al protegido haya sido recurrida de nulidad, que no se encuentre firme o ejecutoriada a su respecto, y por lo tanto, que aún no sea posible desvincularlo de la Institución, no impide adoptar las medidas necesarias para proteger el interés fiscal que significa el pago de remuneraciones sin que exista una causa para ello, o sea, un servicio o trabajo efectivamente cumplido.

Tercero: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta, debiendo interponer dicha acción en el plazo que establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto: Que en el caso de autos se impugna aquella parte de la Resolución Nº65, de 16 de septiembre de 2019, por la cual se dispone suspender el pago de las remuneraciones del actor, a contar de esa fecha, data desde la que se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, por tiempo indeterminado, a raíz de la sentencia a ocho años dictada en su contra, en causa por delito de tortura, RIT 305-2019 del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de nombre reservado, que no se encuentra ejecutoriada.

Sexto: Que artículo 33 inciso 1º de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan.”.

Por otro lado, la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo. Sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida coercitiva, como la de autos, se produce la desvinculación inmediata de sus labores, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza.

Séptimo: Que dicho criterio, queda reflejado en los Dictámenes Nros. 8310- 2012, 20996-2012, 80152-2013 y 2321 de 2016 de la Contraloría General de la República –citados expresamente por el recurrido-, pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6 y 9 inciso cuarto de su ley orgánica son obligatorios para la institución, de manera que al haber denegado el pago de las remuneraciones de que se viene tratando, actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprochársele ilegalidad ni tampoco arbitrariedad a su actuar.

Octavo: Que a mayor abundamiento, y tal como quedó establecido por el propio recurrente en su libelo, la medida de arresto domicialiario total impuesta en la causa criminal que se le siguió, ha tenido como consecuencia inmediata, la circunstancia de dejar de prestar los servicios que debe, conforme a su calidad de funcionario policial, de manera que si la sentencia condenatoria es dejada sin efecto, lo inmediato será revisar su situación funcionaria, evetualmente, ordenar su reincorporación a la institución, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio.

Noveno: Que, en consecuencia, ha de concluirse que la conducta de la recurrida no existe acto arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, por lo que resulta innecesario hacerse cargo de las garantías invocadas como vulneradas por el actor.

Y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido en representación de nombre reservado y, en contra de nombre reservado, en su calidad de Coronel de Carabineros y Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra señora María Soledad Melo Labra.

Protección N° 158766-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por la Ministro señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Rieloff Fuentes, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por encontrarse ausente.