nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio N° 13: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada legalmente por don nombre reservado, gerente general, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado el 19 de junio de 2025, vulnerando —a su juicio— derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente, en calidad de técnica extranjera residente en Chile, efectuó ante AFP Modelo una solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que regula la exención de cotizaciones previsionales a trabajadores extranjeros afiliados a sistemas de seguridad social en su país de origen.

Indica que dicha gestión fue realizada a través del portal institucional de la administradora y acompañada de los antecedentes exigidos por la normativa, en particular, constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y anexo de contrato de trabajo suscrito con la empresa Imelsa S.A., en el cual la trabajadora dejó expresa constancia de mantener su afiliación al régimen previsional venezolano, conforme al artículo 7 de la Ley N°18.156.

Que, no obstante lo anterior, reclama que la AFP recurrida, mediante correo electrónico de 19 de junio de 2025, comunicó el rechazo de la solicitud, fundando su decisión en dos supuestos: primero, que la constancia del IVSS habría perdido vigencia, por haber sido emitida el 8 de febrero de 2023 y contener validez de 120 días; y segundo, que el anexo de contrato de 3 de enero de 2023 expresaría la voluntad de mantener la afiliación al régimen extranjero pero, simultáneamente, de seguir efectuando cotizaciones al sistema chileno, lo que —a juicio de la administradora— impediría autorizar la devolución de fondos.

Sostiene que tales fundamentos carecen de base fáctica y jurídica, toda vez que la constancia de afiliación emanada del IVSS puede ser verificada electrónicamente mediante código alfanumérico en el sitio oficial www.ivss.gob.ve, y que dicha certificación es suficiente para acreditar la vigencia de la afiliación previsional. Explica que la normativa especial no exige legalización ni apostilla, bastando con demostrar la cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la voluntad expresa de mantener dicha afiliación, conforme al tenor del artículo 1 de la Ley N°18.156, requisitos que —asegura— se encuentran plenamente cumplidos.

Agrega que el rechazo impugnado constituye una interpretación formalista y restrictiva de la ley, contraria a su finalidad, que es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus fondos acumulados en Chile una vez acreditado su régimen previsional externo.

En sustento de su pretensión, el actor invoca también el artículo 19 N°26 de la Constitución, en cuanto impide a la autoridad imponer condiciones o requisitos que afecten la esencia de los derechos. En su concepto, la recurrida ha creado exigencias no contempladas por la ley —como la exigencia de vigencia temporal estricta o de legalización diplomática—, configurando con ello un acto arbitrario e ilegal que impide el ejercicio del derecho de propiedad de la recurrente sobre los fondos acumulados en su cuenta individual.

Hace presente, además, la imposibilidad material de obtener documentos apostillados desde Venezuela, dado el contexto político y la inexistencia de representación diplomática activa en Chile, circunstancia que —afirma— constituye un caso fortuito o fuerza mayor, conforme al artículo 45 del Código Civil, y que no puede ser utilizada por la administración para desconocer derechos legalmente reconocidos.

Solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto de la AFP Modelo, ordenando tener por válidos los documentos acompañados, reconocer la afiliación previsional de la trabajadora al sistema venezolano, y disponer que la recurrida emita nuevo pronunciamiento dentro de cinco días, procediendo a efectuar la devolución de los fondos previsionales en conformidad a derecho.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece don Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (en adelante, “AFP Modelo” o la “Administradora”), solicitando el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Indica, como marco fáctico, que la recurrente ingresó cuatro solicitudes: N° 10649 de 27 de febrero de 2023 (cotizaciones IMELSA S.A., mayo de 2016 a febrero de 2023); N° 11376 de 27 de abril de 2023 (mismo empleador y período); N° 24233 de 18 de junio de 2025 (cotizaciones SEYSES Chile SpA, noviembre de 2023 a mayo de 2025); y N° 24232 de 18 de junio de 2025 (nuevamente IMELSA S.A., mayo de 2016 a febrero de 2023).

Aduce que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos, la recurrente acompañó título profesional apostillado, declaración jurada, Constancia Electrónica de Cotizaciones de 30 de junio de 2025, y contratos y anexos suscritos con IMELSA S.A. y SEYSES Chile SpA.

Explica que AFP Modelo analizó los antecedentes conforme a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI: Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y devolución de fondos), y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, emitiendo respuestas formales: Memorándum N° 4832 de 1 de marzo de 2023 (Solicitud 10649), Memorándum N° 5301 de 2 de mayo de 2023 (Solicitud 11376), y Memorándum N° 12972 de 18 de junio de 2025 (Solicitudes 24232 y 24233).

Argumenta, respecto del Memorándum N° 4832, que el anexo de contrato de 3 de enero de 2023 con IMELSA S.A. contiene manifestaciones de voluntad contradictorias: por una parte la trabajadora expresa mantener su afiliación al IVSS para efectos de Ley N° 18.156, y por otra autoriza el entero de cotizaciones conforme al D.L. N° 3.500, lo que impide tener por clara e inequívoca la voluntad exigida por la letra b) del artículo 1 de la Ley N° 18.156. Cita el Oficio SP N° 12.088 de 03 de julio de 2024 y los Oficios SP N° 27.587/2015 y N° 3.213/2019, que ordenan desestimar devoluciones cuando el contrato o su anexo contienen cláusulas incompatibles (mantener afiliación extranjera y simultáneamente enterar cotizaciones en Chile).

Precisa, en relación con el Memorándum N° 5301, que se solicitó aclarar la vigencia del vínculo laboral al momento de suscribir el anexo que invoca la exención, pues la voluntad de mantenerse afiliado debe constar durante la relación laboral, según Oficio SP N° 16.689 de 25 de julio de 2017 y Oficio SP N° 3.787 de 7 de marzo de 2023; agrega que el título profesional debía presentarse debidamente apostillado o legalizado, exigencia derivada del Libro II, Título XI del Compendio.

Añade, en cuanto al Memorándum N° 12972, que la Constancia de afiliación/constancia de cotizaciones IVSS presentada fue emitida el 8 de febrero de 2023 con validez de 120 días; al momento de las solicitudes de junio de 2025 dicha constancia se encontraba vencida. Reitera que, conforme al Libro II, Título XI del Compendio, la cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, especificando que el trabajador contó efectivamente con dicha protección durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Invoca el Oficio SP N° 3.141 de 20 de febrero de 2024, que descarta suficiencia de documentos genéricos sin firma ni apostilla, y el Oficio SP N° 4.277 de 13 de marzo de 2025, que reafirma la ineficacia probatoria de certificados electrónicos no firmados y no apostillados.

Sostiene que la declaración jurada acompañada no es idónea para acreditar la cobertura exigida por la letra a) del artículo 1 de la Ley N° 18.156, por no emanar de la autoridad previsional extranjera; cita el Oficio SP N° 12.954 de 17 de julio de 2025, que reitera la necesidad de certificación oficial, específica y legalizada/apostillada respecto de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (incluyendo precisión sobre prestaciones pecuniarias y médicas).

Aclara que la Ley N° 18.156 configura un régimen de excepción y de estricta aplicación, en que los requisitos son copulativos: (i) afiliación vigente a régimen extranjero con coberturas al menos en enfermedad, invalidez, vejez y muerte (letra a) del artículo 1), acreditada por certificación oficial legalizada/apostillada y referida al período completo trabajado en Chile; y (ii) manifestación inequívoca en el contrato de mantener tal afiliación (letra b) del artículo 1). Sostiene que ninguno de estos presupuestos se satisfizo íntegramente en el caso sub judice.

Argumenta que AFP Modelo actúa bajo supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones, a la que el D.L. N° 3.500, artículo 94, confiere la interpretación obligatoria de la normativa del sistema y la fiscalización de las Administradoras; añade que los artículos 46 y 47 de la Ley N° 19.882 refuerzan las funciones de interpretación y control del ente regulador. Indica que desatender las instrucciones de la Superintendencia importaría infringir el principio de legalidad (artículos 6 y 7 de la Constitución) y exponerse a sanciones.

Concluye que no se configura acto ilegal ni arbitrario alguno: la Administradora aplicó la Ley N° 18.156, el Compendio y la jurisprudencia administrativa vigente; requirió documentos idóneos y vigentes; detectó cláusulas contractuales contradictorias que impiden tener por cumplida la voluntad inequívoca exigida; y constató la insuficiencia del soporte probatorio para acreditar cobertura extranjera durante todo el período laborado en Chile.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

Cuarto: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, AFP Modelo S.A de rechazar la solicitud de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente.

Quinto: Que, sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7° de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el artículo 1° de la referida normativa establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Sexto: Que, así las cosas, es necesario manifestar que a la luz de los antecedentes que se acompañaron al expediente computacional, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, toda vez que la letra a) del artículo 1° de la ley citada, especifica que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada y vigente el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa en cuestión, sin embargo, el documento aparejado no cumple con tal requisito, lo que descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida, por lo que procede desestimar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, pues debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

Octavo: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15859-2025.