Protección contra Ilustre Municipalidad de Independencia

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 12, 13 y 14; a todo, téngase presente.

Al folio 15; a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, administradora pública, funcionaria a plazo indefinido de la dotación de atención primaria de salud de la Municipalidad de Independencia, y deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación y ejecución del Decreto Alcaldicio Exento N° NUM000, de 22 de mayo de 2026, notificado el 26 de mayo de 2026, que declaró vacante su cargo por salud incompatible con el desempeño del cargo y ordenó el cese de sus funciones, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que se desempeña como funcionaria a plazo indefinido de la dotación de salud de la comuna de Independencia, regida por la Ley N° 19.378, en el cargo de administrativo, categoría E, nivel 8, con funciones efectivas en el Centro de Salud Familiar Juan Antonio Ríos. Señala que, debido a afecciones de salud diagnosticadas, hizo uso de licencias médicas autorizadas que suman 207 días en un lapso discontinuo dentro de los últimos dos años.

Expone que, antes de la notificación del acto, ya se encontraba de alta médica y desempeñando efectivamente sus funciones, pues se reintegró en forma continua y sin interrupciones desde el 19 de enero de 2026 hasta el 26 de mayo de 2026, período en que registró sus marcaciones de asistencia y percibió sus remuneraciones, de modo que la interrupción del servicio público invocada por la administración no existía.

Refiere que la recurrida requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de su estado de salud y que esta, por Resolución de Evaluación de 9 de abril de 2026, resolvió que presenta un estado de salud recuperable, resolución que se encuentra firme y que la Municipalidad no impugnó.

Agrega que, pese a ese dictamen y a que trabajaba en forma regular hacía más de cuatro meses, el Alcalde dictó el decreto impugnado, que le fue notificado personalmente el 26 de mayo de 2026, a las 10:08 horas, en dependencias del Centro de Salud Familiar, mientras ejercía sus labores.

Sostiene que el acto infringe el artículo 48 letra g de la Ley N° 19.378 y el artículo 148 inciso tercero de la Ley N° 18.883, incorporado por la Ley N° 21.050, que obliga al Alcalde a requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. Argumenta, con el voto de la sentencia de la Excma.

Corte Suprema Rol N° 20.957-2025, que las Leyes N° 18.834, N° 18.883, N° 19.070 y N° 19.378 guardan armonía en esta materia y que el legislador radicó la evaluación en un órgano técnico para suprimir la discrecionalidad del Alcalde, de modo que su pronunciamiento es vinculante y, si declara recuperable la salud, no procede la vacancia. Afirma que el Alcalde reconoce en el decreto que la Comisión calificó su salud como recuperable y que, pese a ello, se aparta de ese juicio médico.

Invoca la inexistencia de los motivos de hecho del acto, pues se encontraba de alta y trabajando, la vulneración de la confianza legítima y de la doctrina de los actos propios, porque la Municipalidad aceptó su reintegro, controló su asistencia y le pagó sus remuneraciones durante cuatro meses, y la desviación de poder, porque la potestad del artículo 148 tiene por fin asegurar la continuidad del servicio, que se encontraba satisfecha. Estima vulnerada la igualdad ante la ley, por recibir un trato distinto del que obtiene cualquier funcionario en idénticas circunstancias técnicas, y el derecho de propiedad sobre su cargo y sus remuneraciones, de carácter alimentario.

Pide, en definitiva, que se declare nulo, arbitrario e ilegal el Decreto Alcaldicio Exento N° NUM000, dejando sin efecto la declaración de vacancia de su cargo, que se ordene su reintegro inmediato y sin solución de continuidad a sus funciones, que se ordene el pago íntegro de las remuneraciones, asignaciones, reajustes y demás beneficios estatutarios del período en que permanezca separada de sus funciones, considerándolo como efectivamente trabajado, y que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que comparece la Ilustre Municipalidad de Independencia y evacúa el informe respectivo. Expone como antecedentes que la recurrente mantenía con la Municipalidad una relación estatutaria desde el 1 de abril de 2009 y que, al cesar en sus funciones, se desempeñaba a plazo indefinido en el Centro de Salud Familiar Juan Antonio Ríos como administrativa, categoría E, nivel 8. Señala que, a partir del 19 de enero de 2024, la recurrente hizo uso de 19 licencias médicas discontinuas hasta el 29 de octubre de 2025, que suman 207 días en el período de dos años, todas por enfermedad común y aprobadas.

Indica que, por oficio de 30 de enero de 2026, solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez el informe de salud irrecuperable de la recurrente, y que esa Comisión, el 9 de abril de 2026, resolvió que presenta un estado de salud recuperable. Refiere que la Directora del Centro de Salud Familiar y el Encargado del Servicio de Orientación Médico Estadístico, jefatura directa de la recurrente, emitieron un informe de desempeño según el cual la funcionaria realiza labores de agendamiento, confirmación y reagendamiento de horas, con un volumen diario de entre 40 y 100 contactos telefónicos con usuarios, y que sus inasistencias reiteradas, aun por motivos de salud, sobrecargan al equipo, retrasan la gestión de listas de espera, aumentan la inasistencia de los usuarios y, cuando está presente, la intermitencia incrementa los errores de digitación y los reclamos.

Agrega que, por memorando de 5 de mayo de 2026, la Dirección de Salud solicitó al Alcalde declarar la salud incompatible de la recurrente, que el decreto se dictó el 22 de mayo de 2026 y que se le notificó el 26 de mayo de 2026, constando su firma en la notificación. Precisa que el decreto funda la medida en el quiebre de la continuidad del servicio que provocan las ausencias de la funcionaria, la sobrecarga del equipo de trabajo y la necesidad de contar con personal que cumpla el requisito de salud compatible con el cargo del artículo 13 de la Ley N° 19.378, conforme al principio de servicialidad.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el artículo 48 letra g de la Ley N° 19.378 remite a la Ley N° 18.883, cuyo artículo 148 permite al Alcalde considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, previa evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Hace presente que no tiene información de que la recurrente cuente con calificación de discapacidad conforme a la Ley N° 20.422 ni con pensión de invalidez, que las licencias no corresponden a las excluidas del cómputo por la ley y que no ha sido requerida por la Contraloría General de la República con motivo de algún reclamo de la recurrente.

Sostiene que existe una diferencia palmaria entre la salud irrecuperable y la salud incompatible, y que el Alcalde puede declarar la vacancia por salud incompatible únicamente cuando el informe de la Comisión señala que la salud del funcionario es recuperable, pues si la declara irrecuperable rige el artículo 149 de la Ley N° 18.883, con el retiro en el plazo de seis meses y el goce de las remuneraciones durante ese lapso. Añade que la Ley N° 21.050 mantuvo la vacancia como atribución de la autoridad edilicia y solo exigió el examen técnico previo.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que dio pleno cumplimiento a la normativa, el decreto se encuentra motivado en razones técnicas y objetivas, y el reintegro de la recurrente durante cuatro meses no desvirtúa la causal, porque la ley fija un período definido de cómputo de las licencias en los dos años anteriores al inicio de la gestión administrativa.

Concluye que no existe privación, perturbación ni amenaza de las garantías invocadas.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o moleste ese ejercicio. En la especie, corresponde determinar si el Decreto Alcaldicio Exento N° NUM000, de 22 de mayo de 2026, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible con su desempeño, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, para resolver lo anterior, cabe tener presente que el artículo 48 letra g de la Ley N° 19.378 dispone que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella, entre otras causales, por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.883. Este último cuerpo legal contempla en su artículo 147 letra a la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo como causal de declaración de vacancia, distinguiendo con ello dos hipótesis sujetas a reglas diferentes.

Así, cuando la salud del funcionario es declarada irrecuperable, rige el artículo 149 de la Ley N° 18.883, que obliga al funcionario a retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, durante el cual no está obligado a trabajar y goza de todas sus remuneraciones. En cambio, el artículo 148 del mismo cuerpo legal faculta al alcalde para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, exigiéndole su inciso tercero requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud.

De lo anterior se sigue que el pronunciamiento de la Comisión que declara recuperable la salud del funcionario no impide el ejercicio de la facultad del artículo 148, sino que constituye precisamente el presupuesto que la habilita, pues si la salud fuese declarada irrecuperable la autoridad quedaría sujeta al régimen del artículo 149. La evaluación previa de la Comisión es, entonces, un antecedente técnico necesario para el ejercicio de la atribución, cuya decisión final permanece radicada en el alcalde, tal como lo consigna el propio decreto impugnado con referencia al criterio del órgano contralor. Entenderlo de otro modo, como propone la recurrente, confundiría ambas causales y dejaría sin aplicación la hipótesis de salud incompatible que el legislador mantuvo al modificar la norma por la Ley N° 21.050.

QUINTO: Que, en la especie, consta que la Municipalidad de Independencia requirió a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del estado de salud de la recurrente por oficio de 30 de enero de 2026, y que esa Comisión, por resolución de 9 de abril de 2026, resolvió que presenta un estado de salud recuperable. Consta, asimismo, que la recurrente hizo uso de licencias médicas por enfermedad común que suman 207 días entre el 19 de enero de 2024 y el 29 de octubre de 2025, circunstancia que ella misma reconoce en su recurso. Concurren, de este modo, el presupuesto objetivo del uso de licencias por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años y la evaluación previa exigida por la ley, y el decreto fue dictado por el alcalde, autoridad a quien el artículo 148 de la Ley N° 18.883 confiere la facultad. La declaración de vacancia se ajusta, por tanto, a la normativa aplicable y no adolece de ilegalidad.

SEXTO: Que, tampoco puede estimarse que el acto impugnado sea arbitrario. El decreto se encuentra motivado en el quiebre de la continuidad del servicio que provoca la ausencia reiterada de la funcionaria en el Centro de Salud Familiar Juan Antonio Ríos, en la sobrecarga de tareas del resto del equipo y en la necesidad de contar con personal que cumpla el requisito de salud compatible con el cargo. Esa motivación encuentra respaldo en el informe de desempeño de la Directora del establecimiento y de la jefatura directa de la recurrente, que da cuenta de que sus labores de agendamiento, confirmación y reagendamiento de horas suponen un trabajo constante, y de que sus inasistencias han generado retrasos en la gestión de listas de espera, aumento de la inasistencia de los usuarios y un incremento de los errores y reclamos. De este modo, el acto no responde al mero capricho de la autoridad, sino al ejercicio razonado y fundado de una facultad legalmente reconocida.

SÉPTIMO: Que, en estrados, la defensa de la recurrente sostuvo que la facultad de la autoridad habría precluido, por haberse reintegrado la funcionaria a sus labores antes de la declaración de vacancia. Tal alegación no puede prosperar. El artículo 148 de la Ley N° 18.883 no somete el ejercicio de la facultad a un plazo distinto del período de cómputo de las licencias, ni la condiciona a que el funcionario permanezca haciendo uso de ellas al tiempo de la decisión, de modo que el reintegro, consecuencia natural del alta médica, no extingue la atribución ni importa una renuncia a ejercerla. Por lo demás, la autoridad no permaneció inactiva: once días después del reintegro, el 30 de enero de 2026, requirió la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; esta se pronunció el 9 de abril de 2026, y el decreto se dictó el 22 de mayo del mismo año, dentro de una secuencia que corresponde al procedimiento que la propia ley exige y que descarta la existencia de una situación consolidada en favor de la recurrente.

OCTAVO: Que, así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, no resulta posible analizar la afectación de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto la declaración de vacancia es el resultado de la aplicación a la situación de la recurrente de una causal prevista en la ley, conforme al procedimiento que ella establece, lo que descarta un trato discriminatorio y una privación ilegítima del cargo y de las remuneraciones asociadas a él. En consecuencia, la presente acción no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Protección N°15.843-2026.