FINNING CHILE SA con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veinticuatro.

A los folios 17, 18 y 19; a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece Diego Felipe Lizama Castro, abogado, en representación de Finning Chile S.A., interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo por la dictación del Ordinario N°334, de fecha 29 de mayo de 2024, que, frente a un requerimiento del Sindicato N°1 de la empresa recurrente respecto a la legalidad de la cláusula cuadragésima segunda del contrato colectivo suscrito entre ambas, se pronunció, en resumen, indicando que dicha cláusula contraviene el artículo 322 del Código del Trabajo y la doctrina de dicha Dirección en la materia, en cuanto exime de pago de la cuota sindical fijada por las partes a los trabajadores no sindicalizados de la empresa que acepten la extensión de beneficios, siempre que se desempeñen en los niveles 5 y superior y; además, señaló que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de dicha cláusula, por tratarse de una materia que, en conformidad con el artículo 1681 y siguientes del Código Civil, corresponde conocer en forma privativa a los tribunales de justicia. Afirma que dicho acto, en cuanto afirma la contravención del artículo 322 del Código del Trabajo, es ilegal y arbitrario, y contrario a sus garantías establecidas en los numerales 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene la ilegalidad del acto en base a que la Dirección del Trabajo habría realizado una interpretación del instrumento colectivo, pronunciándose sobre la validez de una de sus cláusulas, lo que no se encuentra dentro de sus facultades, conforme al Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social del año 1967.

Agrega que el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo dispone, expresamente, que las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores sobre la aplicación e interpretación de contratos individuales o colectivos es de competencia exclusiva de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Afirma que la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ha sido enfática disponiendo que no se puede pronunciar sobre temas que requieran “prueba y ponderación”.

En cuanto a la vulneración de garantías, refiere que se afectaría su derecho a la igualdad ante la ley porque habrían empresas con derecho a que sus contratos sean interpretados por los Tribunales de Justicia, lo que en su caso no se respetaría; su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, por cuanto la Dirección del Trabajo no sería el tribunal dispuesto por la ley para conocer del asunto en cuestión; su derecho de propiedad, por cuanto, de seguir la interpretación de la Dirección del Trabajo, se produciría una deuda patrimonial de la compañía por concepto de cuotas sindicales; y su derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, por cuanto se limitaría injustificadamente el libre desarrollo de la actividad económica de la Empresa.

Pide:

a) Que, se deje sin efecto lo dispuesto en el Ordinario N°334 del 29 de mayo de 2024 emitido por la Dirección del Trabajo disponiendo todas las demás medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los derechos constitucionales comprometidos.

b) Se condene a la Dirección del Trabajo al pago de las costas de la causa en caso de ser totalmente vencida.

Segundo: Que PAULA FRÍAS ESPINOZA, abogada, por la recurrida, la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, evacuó informe, pidiendo el rechazo con costas del recurso.

Primeramente, alega la improcedencia del recurso por ser la vía idónea la reclamación judicial según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 504 del mismo cuerpo legal.

En segundo lugar, sostiene también su improcedencia por la naturaleza del acto recurrido y consecuente falta de legitimación pasiva, por cuanto sólo se ha procedido -por la vía de facultades legales- a interpretar preceptos legales laborales que regulan una relación jurídica de carácter privado, conforme la letra b) del artículo 5° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y a evacuar consultas legales conforme al artículo 11 letra c) del mismo cuerpo normativo.

En tercer lugar, refiere que no existe en el caso concreto un derecho indubitado que proteger en favor del recurrente.

Precisa que el ordinario no interpreta el sentido de una cláusula de un instrumento colectivo, sino que, aplicando doctrina ya existente respecto del artículo 322 del Código del Trabajo constata que su tenor contraviene la ley, sin dejar de señalar que carece de competencia en cuanto a la validez o nulidad de la cláusula.

Precisa también que el Ordinario impugnado no declara invalidez alguna, no instruye, no ordena, ni anula la cláusula y tampoco genera derechos para ninguna de las partes de la relación laboral.

Sostiene que el Ordinario impugnado no atenta contra la igualdad ante la ley, pues dispone expresamente que son los Tribunales de Justicia, los que deben pronunciarse sobre la validez de la cláusula en cuestión, mismo motivo por el cual no se afectaría el derecho a no ser juzgado por Comisiones Especiales.

Refiere que tampoco se vulnera el derecho de propiedad, pues el ordinario impugnado no ha declarado nada respecto de alguna deuda.

Añade que el recurso ni siquiera se señala por qué se estaría limitando el libre desarrollo de la actividad económica del recurrente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el acto impugnado es el Ordinario N°334, del 29 de mayo de 2024, de la Dirección Nacional del Trabajo.

Quinto: Que de la lectura del Ordinario señalado, acompañado por la propia recurrente a estos autos, se desprende que éste manifiesta la opinión de la Institución recurrida frente a la consulta efectuada por el Sindicato N°1 de la empresa recurrente, en torno a la legalidad o ilegalidad de la cláusula cuadragésima segunda del Contrato Colectivo suscrito entre ambas, lo cual es plenamente legal, pues se encuentra dentro de las facultades de la Dirección Nacional del Trabajo, conforme se desprende claramente del artículo 11 letra c) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual versa: “Artículo 11° Corresponderá al Departamento Jurídico: c) Evacuar consultas legales. La respuesta que envuelve el cambio de doctrina o que se refiera a materia sobre las cuales no haya precedente, deberá ser sometida a la aprobación del Director y necesariamente deberá llevar la firma de éste. En los otros casos bastará la firma del Jefe del Departamento Jurídico y se entenderá, no obstante, que el dictamen emana de la Dirección del Trabajo.”

Además, por consistir el dictamen se ha emitido en el ejercicio de una facultad legal de la recurrida, por lo que no puede considerarse dicho dictamen como un acto arbitrario.

Sexto: Que, consistiendo el ordinario impugnado en una mera interpretación de la Dirección del Trabajo, sin que conlleve orden o declaración alguna, no puede afectar ninguna de las garantías invocadas por parte de la empresa recurrente.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, la recurrida señaló expresamente que en el Ordinario impugnado que serán los Tribunales de Justicia a quien le corresponde decidir sobre la validez o invalidez de la cláusula.

Octavo: Que, en consecuencia, solo procede desestimar la acción cautelar que en por no ser necesario emitir pronunciamiento sobre la procedencia de las garantías constitucional del denunciado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que Se Rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por Finning Chile S.A., en contra de la Dirección Nacional del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15817-2024.