nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Comparece Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República y de la Ilustre Municipalidad de la Granja, por haber sido privada en su garantía constitucional del artículo 19, números 1º, 2º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y 24°.

Señala que el 5 de octubre de 2023, se notificó a la protegida el Dictamen E401283/2023, del Contralor Regional por Orden del Contralor General de la República, que rechaza el reclamo presentado en contra del Decreto Alcaldicio Nº 973/ID DOC 619699 de 16 de noviembre 2022, de la Municipalidad de La Granja, que declara la vacancia de su cargo.

Refiere que la recurrente es técnica en enfermería e ingresó a prestar funciones en la Ilustre Municipalidad de La Granja, el 29 de abril de 2015, en un cargo a contrata Grado 15 hasta el mes de agosto de 2019 que pasa a ocupar un cargo de planta en el municipio, por 44 horas, desempeñándose en el Centro de Salud Familiar Padre Esteban Gumucio.

Indica que en el mes de julio de 2019 a la recurrente le diagnosticaron una hernia discal lumbar L4-L5, recidivada, asociada a una espondilolistesis, con evolución rápida, caracterizada por dolor severo, progresivo e invalidante. El estudio neurológico, arrojó como mejor opción una cirugía de fijación con prótesis, estando en espera de cupo desde 2021. Tiene buen pronóstico funcional, por lo que una vez realizado el tratamiento podría reintegrarse a su trabajo, según afirma el médico nombre reservado., neurocirujano, en informe de 13 de octubre de 2023, así como también documento del Hospital Barros Luco, en donde aparece que la paciente está en lista de espera para su intervención quirúrgica.

Precisa que mediante la Resolución Exenta Nº 137/485 de 28 de octubre de 2022, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente de Santiago, dando curso al proceso de Evaluación de Salud Irrecuperable de Funcionario Público, declaró la salud de la recurrente como recuperable.

Agrega que el 12 de enero de 2023 se notificó a la protegida el Decreto Alcaldicio Nº 973/ID DOC 619699 de 26 de noviembre de 2022, que resolvió poner término a la relación laboral y declaró vacante el cargo por salud incompatible con él de la recurrente, quien registra 719 días de licencia médica por enfermedad o accidente común, desde el 14 de noviembre de 2020 al 14 de noviembre de 2022, presentando un estado de salud recuperable, según la Resolución Exenta Nº 137/485 de COMPIN antes citada Alega que lo único que consideró el decreto alcaldicio, fue el número de días de licencia que ha tenido la recurrente en los dos últimos años, pero no que ella para volver a trabajar se debe intervenir quirúrgicamente, y para ello, debe esperar que corra la lista de espera desde el año 2021 a la fecha de presentación de este recurso.

Arguye que, la forma en que se procedió a ejercer la potestad, aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que la recurrente no ha podido operarse porque el Estado no le ha podido suministrar oportunamente el tratamiento, viendo mermadas sus futuras posibilidades laborales, ya que el recurrido no ha tenido en consideración este antecedente al momento de decláresele vacante su cargo, pero no por su estado de salud actual, sino porque no tiene los medios para acceder a la solución.

Asevera que, tal como indica la resolución que se impugna, se fundamenta en la facultad discrecional que le entrega al Alcalde el artículo 148 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo Municipal.

Alega vulnerados los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 Nºs 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, derecho a la integridad física y psíquica; igualdad ante la ley; libertad de trabajo; y, derecho de propiedad, respectivamente.

Afirma que el acto impugnado se funda en la facultad privativa y discrecional que el Estatuto Administrativo Municipal entrega al Alcalde, de manera que se trata de un acto dictado por autoridad competente y en el marco de sus potestades legales; que efectivamente la protegida hizo uso de licencias médicas por lapso superior a seis meses en los últimos dos años, excediendo el plazo fijado en el Estatuto Administrativo para que el cargo pueda ser declarado vacante por salud incompatible, sin embargo, la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza y carente de fundamento.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, y que se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas, contenidas en el Dictamen E401283/2023 del Contralor Regional por Orden del Contralor General de la República y en el Decreto Alcaldicio Nº 973/ID DOC 616699 de 16 de noviembre de 2022 de la I. Municipalidad de La Granja, decretando los actos que se estimen pertinentes para el restablecimiento del derecho, disponiendo la reincorporación a su cargo de la protegida, con pago íntegro de las remuneraciones y demás estipendios y beneficios que dejó de recibir mientras estuvo separada de su cargo, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe, la Contraloría General de la República, alega en primer término la falta de legitimación pasiva de dicha entidad pues, de los términos del libelo, es posible constatar que la actuación que eventualmente pudo haber causado el agravio alegado, es el Decreto Alcaldicio Nº 973/ID DOC 619699, de 16 de noviembre de 2022, que puso término a su relación laboral por declaración de vacancia del cargo por salud incompatible por parte de la Municipalidad de La Granja. Indica que en este contexto, de ser procedente la impugnación de la referida calificación por la vía del recurso de protección, éste debió dirigirse únicamente en contra de la Municipalidad de La Granja.

En segundo término alega que el artículo 54 de la ley N° 19.880 establece que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Luego, el inciso 2º de ese artículo dispone que, planteada una reclamación ante la Administración, se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional.

En ese sentido, arguye que la Contraloría desestimó el reclamo presentado por la actora en contra del citado Decreto Alcaldicio N° 973/ID DOC 619699, de 2022, que puso término a su relación laboral por declaración de vacancia del cargo por salud incompatible, mediante Resolución Nº E401283, de 2023, lo que determinó la interrupción del plazo para interponer la presente acción cautelar en contra de esa última decisión.

Por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, estima que se reanudó el plazo para que la señora nombre reservado interpusiera ante los Tribunales de Justicia la acción jurisdiccional de que se trata, mas no en contra de la Contraloría, sino que en contra de la Municipalidad de La Granja, la que resolvió terminar la relación laboral con la recurrente por la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo dispuesta en el artículo 148 de la Ley Nº 18.883.

A continuación, argumenta que de la sola lectura de las peticiones del recurso, se advierte que ellas en ningún caso podrían ser satisfechas por alguna actuación de la Contraloría General, pues el dejar sin efecto la medida de declaración de vacancia del cargo, ordenar su eventual reincorporación, así como el pago de sus remuneraciones, corresponden a actuaciones que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la Municipalidad de La Granja y no de la Entidad Fiscalizadora.

Asevera además, la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad por parte del Organismo de Control al emitir un pronunciamiento en el contexto del reclamo contemplado en el artículo 156 de la Ley N° 18.883, toda vez que fue emitido al amparo de las competencias asignadas a la Contraloría General de la República por los artículos 98 de la Constitución Política, y 9°, 10° y 16º de la Ley N° 10.336, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

Tampoco la actuación recurrida puede ser arbitraria, puesto que constituye un pronunciamiento debidamente motivado, resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, a requerimiento del mismo actor, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor, llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de la Entidad Fiscalizadora.

En cuanto al fondo, refiere que el cese de funciones dispuesto por la Municipalidad de La Granja cumple con los requisitos del artículo 148 de la Ley Nº 18.883. Así, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, como aconteció en la especie, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causa.

En la situación opuesta, indica, esto es, si la COMPIN informa que la salud es irrecuperable, no resulta procedente recurrir a esa causal para declarar la referida incompatibilidad, por cuanto en dicha hipótesis deberá invocarse la causal de salud irrecuperable, previa constatación que se cumplen los supuestos establecidos por el legislador para su procedencia.

En ese contexto, asevera que en el marco de la reclamación que la señora nombre reservado realizó ante la Contraloría Regional Metropolitana, atendida por la Resolución Nº E401283, de 2023, se concluyó que se ajustó a derecho lo actuado por parte de la Municipalidad de La Granja, al poner término a su relación laboral por la concurrencia de la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo, por cuanto del examen de la documentación aportada, se pudo advertir que, en su caso, se dio cumplimiento a los requisitos previamente señalados.

Refiere que la declaración de vacancia del cargo por salud incompatible requiere requisitos taxativos, sin que proceda invocar otros no previstos por el legislador. Resalta que ningún sistema de salud público puede operar con funcionarios que tengan más de setecientos días con licencia médica en un período de tiempo de dos años, y descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por la actora, pidiendo se desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos.

TERCERO: Que por su parte, la Municipalidad de la Granja informa solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, alegando en primer lugar, la extemporaneidad de la acción, pues el acto que recurre, materializado en el Decreto Alcaldicio N° 973/ID.DOC N°619.699 de fecha 16 de noviembre del año 2022, fue notificado personalmente a nombre reservado el 12 de enero del 2023, y la presente acción cautelar ha sido ingresada el 4 de noviembre de 2023, excediendo con largueza el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado N° 95-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En cuanto al fondo, sostiene que la facultad de declarar vacante un cargo por salud incompatible, requería previamente la evaluación por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, organismo, que, según consta en la Resolución Exenta Nº 137/485/2022 de fecha 28 de octubre del año 2022, informó a la Municipalidad de La Granja, que la recurrente nombre reservado, presentaba un estado de salud recuperable.

Arguye que los seis meses que exige el artículo 148 de la Ley 18.883, que equivalen a 180 días, se computaron hacia atrás, desde la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 973 de 16 de noviembre de 2022, que dispuso la vacancia del cargo por Declaración de Salud Incompatible, es decir se contabilizó el período comprendido entre el 14 de noviembre del año 2022, al 14 de noviembre del año 2020, arrojando 719 días de licencias médicas por enfermedad común.

Agrega que, en mérito de todas estas consideraciones, el número de licencias médicas que la ex funcionaria nombre reservado registraba al momento de hacer efectiva la medida de término de relación laboral, por salud incompatible, ascendían 719 días de licencias médicas por enfermedad común, entre el período comprendido entre el 14 de noviembre del año 2022 al 14 de noviembre del año del año 2020.

Añade que en el caso específico de la recurrente, en el período comprendido entre el 14 de noviembre del año 2020 al 14 de noviembre del año 2018, registra 465 días de licencia médica por enfermedad común, por lo que sus reclamos no pueden ser objeto de ninguna consideración. En efecto, en los últimos cuatro años, registra 1.184 días con licencia médica por enfermedad común.

Arguye que la actuación de la Municipalidad de La Granja, a través del Decreto Alcaldicio Nº 973 de 16 de noviembre de 2022, se encuentra ajustada a derecho, según informe de la Contraloría General de la República, lo que descarta la ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, o que haya conculcado alguna garantía constitucional invocada por la actora.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que la recurrente reclama como ilegal y arbitrario el actuar de la Contraloría General de la República, consistente en la emisión del Dictamen E401283/2023, del Contralor Regional por Orden del Contralor General de la República, que rechaza el reclamo presentado por la recurrente en contra del también impugnado como ilegal Decreto Alcaldicio Nº973/ID DOC 619699 de 16 de noviembre 2022, de la Municipalidad de La Granja, que declara la vacancia de su cargo.

SEXTO: Que el artículo 148 de la Ley Nº 18.883 establece que "El alcalde podrá considerar como salud Incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabllidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." SÉPTIMO: Que existiendo acuerdo entre las partes en torno a los hechos, particularmente los días de licencia de que ha gozado la funcionaria, y período en que dichas licencias han operado, como también en las normas legales aplicables a la materia, no es posible advertir la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de ninguna de las recurridas, puesto que la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 973/ID DOC 619699, de 16 de noviembre de 2022, se encuentra debida y correctamente fundamentada, en tanto que el pronunciamiento sobre su legalidad, formulado por la Contraloría General de la República a través de la Resolución Nº E401283 de 5 de octubre de 2023, se ajustan a las normas constitucionales y legales atinentes al caso, lo que importa que no existe privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que denuncia la recurrente.

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto, además, por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República, y de la Ilustre Municipalidad de la Granja.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado señor Euclides Ortega Duclercq N°Protección-15817-2023.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por el Ministro (S) señor José Santos Pérez Anker y por el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq. No firma el Ministro (S) señor Pérez por haber terminado su suplencia ni el Abogado Integrante señor Ortega por haber cesado sus funciones.