nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL

Santiago, uno de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, administrador público, funcionaria de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Central (en adelante el SSMC), interpone recurso de protección en contra de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en abstenerse, mediante Resolución N° 233, de 26 de mayo de 2020, y Resolución N° 624, sin fecha, de resolver los reclamos sometidos a su decisión, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, y los derechos legítimamente adquiridos de seguridad jurídica, confianza legítima y seguridad social.

Sostiene que las resoluciones recurridas fueron notificadas, irregularmente, después de ocho meses por Oficio N°E67765 de 14 de enero de 2021, vía respuesta de solicitud de transparencia Folio N° 132-2021, que reitera Folio N° 6275-2020, en que se constata que en la oportunidad procedimental en que deberían haber sido notificadas, fueron mal dirigidas a un correo que no corresponde a la reclamante “correo reservado”, en circunstancias que el registrado en el sistema de Contraloría, de acceso con clave única del Registro Civil es: correo reservado.

Sostiene que la Contraloría desviando sus fines de órgano autónomo, de control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado, deber constitucional que le atribuyen los artículos 98 y 99 de la Carta Fundamental en relación con el artículo 1°, 10° y 16° de su Ley Orgánica, Decreto 2421, de Hacienda, de 1964, se abstuvo mediante actos administrativos recurridos de resolver las materias reclamadas de ilegalidad por esta parte recurrente referidas a: 1) retención ilegal de remuneraciones, 2) rechazo arbitrario de licencias médicas continuadas y derecho a seguridad social, y 3)Ilegalidad Folios R1341/19, R130/20, R219/20, R220/20 y R405/20, referidos a solicitud de control de legalidad Afirma la recurrente que la Contraloría ha tomado parte en favor del SSMC al desobedecer su deber de control de la legalidad de los actos de la Administración, pues con ello ha validado acciones ilegales, siendo parte en coordinación con la institución que ha cometido los actos delictivos, denunciados en querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, causa RIT O-12683-2020, por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público, tipificados en el artículo 193° del Código Penal, al estampar en un mismo acto dos certificaciones de control de legalidad distintas sobre el mismo documento, una con un timbre de “Toma de Razón”, que supone que habría sido sometido a control previo de legalidad, y otro sobre “el mismo documento”, con un timbre de “Registrado”, que supone que habría sido sometido a control ulterior de legalidad, situación evidentemente irregular, puesto que el control de legalidad se encuentra afecto a toma de razón, o exento, no a ambos, lo que hace presumir fundadamente la existencia de un probable delito que ya se encuentra denunciado.

Las reclamaciones de ilegalidad, cuyo objeto jurídico le compete al Contralor General de fiscalizar el cumplimiento de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo por parte de la institución recurrida, no se encuentran relacionadas ni como causa pedida ni causa de pedir en ninguna acción jurisdiccional de las mencionadas en sus considerandos 4), 5) 6), 7) y 10), como se ilustrará más adelante, cuyas ilegalidades reclamadas conforme al artículo 160° del Estatuto Administrativo sobre derecho a reclamar por los vicios de ilegalidad que afectaren los derechos funcionarios que dicha ley garantiza, se refieren a las siguientes materias y números de folio de ingreso que para cada materia se señala:

a) Recursos de reclamación por vicios de ilegalidad por la retención ilegal de remuneraciones desde el mes de mayo a septiembre de 2020, Folio R1063/20, R1423/20, R1614/20, R2087/20 y R2340/20 (reseñados en Resolución N° 624, sin fecha).

b) Recursos de reclamación por vicios de ilegalidad por el rechazo arbitrario de licencias médicas continuadas y vulneración del derecho a Seguridad Social, reclamos números de Folio: R1139/20, R1361/20, R1726/20, R2102/20, R2474/20, y R2892/20 (reseñados en Resolución N° 624, sin fecha) (el reclamo R2786/20 no se logra identificar su relación).

Agrega que las Resoluciones N° 233, de 23 de mayo de 2020, y la resolución N° 624, sin fecha, le fueron notificadas irregularmente mediante Oficio N°E67765 con fecha 14 de enero de 2021, vía respuesta a solicitud de transparencia Folio N° 132-2021, que reitera anterior solicitud Folio N° 6275-2020, en que se constata que en la oportunidad procedimental en que debería haber sido notificada, fue mal dirigidas a un correo que no corresponde a la reclamante “correo reservado”, en circunstancias que el registrado en el sistema de Contraloría, de acceso con clave única del Registro Civil es: “correo reservado”, sin una “i” antepuesta, dilatando innecesariamente el ejercicio de derechos de esta recurrente, sumado a la abstención inconstitucional sistemática desde hace dos años, bajo el mismo falso argumento.

En cuanto a las garantías constitucionales quebrantadas señala las del artículo 19 N°3 Constitución Política de la República, esto es, “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, debido a que las resoluciones impugnadas carecen de fundamentos y se encuentran contaminadas por la falta de imparcialidad en que el órgano contralor es juez y parte, rechazando el requerimiento inconstitucionalmente a su beneficio, sin ahondar en las materias claramente mencionadas, cuya falta de pronunciamiento ha provocado múltiples violaciones de derechos fundamentales de esta parte.

Luego, aquella establecida en el N°2 del mismo texto constitucional, referido a la igualdad ante la ley, al haber procedido la autoridad a dar un trato diferenciado, así se ha establecido una discriminación cuando el órgano contralor dilata innecesariamente la resolución de los reclamos por ilegalidad, respecto de sus peticiones formales, siendo favorecida con este abandono el SSMC que ha cometido los actos vulneratorios, por los cuales se recurrió a la Contraloría, bajo argumento inconstitucional y por tanto dolosamente.

Pide se ordene a la Contraloría General de la República emita el pronunciamiento que en derecho corresponda a sus reclamaciones, sin perjuicio de las medidas que esta Corte estime más adecuado atendida la naturaleza del recurso deducido.

Segundo: Que evacua informe la Contraloría General de la República, indicando que la recurrente impugna mediante la acción de autos, las Res. Ex. N° 233 y Res. Ex. N° 624, ambas de 2020, de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago (ICRMS), por las que, frente a las reclamaciones deducidas, en cada caso, por la señora nombre reservado en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), relativas a la destinación dispuesta a su respecto para desempeñarse en el Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria (SAMU); renovación de su contratación para el año 2020; al rechazo en la recepción y pago de diversas licencias médicas, y a la supuesta retención de sus remuneraciones por el período que señalaba, se abstuvo de emitir un pronunciamiento en virtud de lo preceptuado en el artículo 6° inciso tercero de la ley N° 10.336, por cuanto se trataba de materias cuyo conocimiento se encontraba sometido a la justicia ordinaria.

Refiere que el 2 de enero de 2019, la señora nombre reservado -bajo la referencia N° 160.030-, reclamó ante el Ente Fiscalizador en contra de la destinación dispuesta a su respecto por parte del SSMC -a través de su resolución exenta RA N° 116675/385/2018-, para ejercer sus funciones en el SAMU, determinación que, a su juicio, era irregular por cuanto en el lugar donde fue destinada no ejercería las mismas labores por las que había sido contratada. Frente a esa presentación, la ICRMS, a través de su oficio N° 1.485 de 30 de enero de 2019, se abstuvo de conocerla, toda vez que la interesada había interpuesto un recurso de protección con contra de dicha destinación, en autos Rol N° 4.159-2019(SIC) acción que fue rechazada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de 6 de agosto de 2019, que, en lo medular, declaró que la “medida de destinación cuestionada por la recurrente obedece al uso de facultades legales, por lo que no se advierte ilegalidad en dicha resolución, habiéndose fundado aquella en razones de buen servicio”.

Luego, el 29 de marzo de 2019, la señora nombre reservado -a través de la referencia N° 174.788-, reclamó ante esta entidad de control en contra del Subdirector de Gestión y nombre reservado del SSMC, quien, con ocasión de una solicitud de acceso a la información de aquella, por la que requirió que se le proporcionara su relación de servicio, le remitió un documento que contendría datos, a su parecer, falsos, reclamo que nuevamente fue objeto de un oficio de abstención de la ICRMS -N° 7.419 de 4 de junio de 2019-, atendido que sobre la misma problemática la interesada dedujo un amparo ante el Consejo Para la Transparencia (Rol C-1656-19), el que fue rechazado por dicho organismo, decisión que fue objeto de un reclamo “reclamo de ilegalidad y recurso de protección”, ante vuestra judicatura, en autos Rol N° 547-2019 y reingresado bajo el rol 9068-2020, siendo declarado inadmisible.

Posteriormente, la actora a través de las referencias Nros. R000357/19, R000485/19, R000564/19, R000731/19, R000948/19, R001055/19, R001170/19, R001295/19, R001391/19, R000019/20, R000024/20, R000072/20, R000112/20, R000195/20 y R000212/20, reclamó nuevamente ante esta CGR en contra del SSMC respecto de la mencionada destinación; la supuesta retención arbitraria e ilegal de sus remuneraciones correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2019; diversas actuaciones irregulares del SAMU que, a su juicio, configuraban presiones indebidas, y el rechazo del SSMC de tramitar las licencias médicas que detalla, agregando que fue objeto de acusaciones falsas de ausentismo laboral e incumplimiento de sus funciones.

Al respecto, la ICRMS nuevamente se abstuvo de conocer dichas alegaciones, por medio de su resolución exenta N° 57, de 19 de febrero de 2020, por cuanto las problemáticas planteadas se encontraban sometidas al conocimiento del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en autos RIT N° T-1987-2019, en el marco de la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales formulada por la señora nombre reservado, con fecha 29 de noviembre de 2019, en contra del SSMC.

A continuación, y frente a las referencias Nos R1341/19, R0362/20, R0130/20, R0405/20, R0219/20, R0452/20, R0220/20, R0538/20, R0282/20, R0572/20, R0354/20, R0849/20 y R0870/20, de la interesada, por las que aducía los mismos asuntos detallados precedentemente, y agregaba que el SAMU Metropolitano dispuso la no renovación de su contratación para el año 2020 -en virtud de su resolución exenta N° 735, de 2019-, la singularizada Contraloría Regional, por medio de su resolución exenta N° 233, de 2020, impugnada en autos, otra vez se abstuvo de conocer tales reclamaciones, en consideración de la aludida causa RIT N° T-1987-2019, además de consignar que los argumentos que sirvieron de fundamento para disponer el cese su contratación guardaban directa relación con las alegaciones que la interesada hizo presente en la pertinente tutela laboral.

Finalmente, la recurrente, mediante las referencias Nos R1063/20, R2087/20, R1139/20, R2102/20, R1361/20, R2340/20, R1423/20, R2474/20, R1614/20, R2786/20, R1726/20 y R2892/20, reiteró las mismas problemáticas antes relatadas, siendo objeto de una nueva abstención, dispuesta el segundo acto impugnado en estos autos, esto es la resolución exenta N° 624, de 2020, de la ICRMS -confirmada por su similar N° 47, de 2021-, en razón de las mismas consideraciones antes expuestas, además de hacer presente, a propósito del recurso de reposición de la interesada, que los supuestos fácticos de este guardaban directa relación con los manifestados en la presente acción de protección.

En virtud de la acción interpuesta en autos, la recurrente estima que lo obrado por la CGR vulneraría los derechos constitucionales contenidos en los numerales 1°, 2°, 3°, 18, 24 y 26, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que esa Iltma. Corte de Apelaciones adopte las providencias que juzgue necesarias que permitan el restablecimiento del imperio del derecho y una debida protección constitucional a la afectada.

Expresa, que el presente recurso de protección carece de objeto y de peticiones concretas respecto de este Organismo de Control, ya que la recurrente solicita que esa Iltma. Corte de Apelaciones adopte las providencias que juzgue necesarias que permitan el restablecimiento del imperio del derecho y otorgue una debida protección constitucional a la afectada, sin señalar una petición concreta que se someta a la resolución de ese Iltmo. Tribunal, siendo éste un presupuesto indispensable para la procedencia de cualquier acción.

Además, corresponde señalar que en el recurso de la especie tampoco se explica la forma en que los actos recurridos -las resoluciones exentas Nos 233 y 624, de 2020, de la ICRMS-, habrían vulnerado los derechos contemplados en el artículo 19 Nos 1, 2, 3, 18, 24 y 26, de la Constitución Política de la República.

Asimismo, la acción deducida carece de objeto, puesto que no existe en este caso omisión alguna, ni incumplimiento de algún deber que asista a esta Sede de Control, toda vez que los actos administrativos impugnados fueron emitidos en conformidad a lo prevenido en el artículo 6° de la ley N° 10.336 y artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Explica la recurrida que está vedado a su representada intervenir al tenor de lo preceptuado en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336 y debe abstenerse de emitir los pronunciamientos requeridos por la recurrente -que motivan la interposición de la presente acción- actuó en estricto cumplimiento del deber de abstención que le impone el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, conforme al cual a esta Contraloría General no le corresponde intervenir ni informar en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia.

Así las cosas, dicha Sede Regional, se abstuvo de emitir los pronunciamientos requeridos, al constatar que los asuntos reclamados estaban bajo el conocimiento de los Tribunales de Justicia, conforme a las causas roles Nos 547-2019, 9.068-2020 y 4.159-2019, seguidas ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago y RIT N° T-1987-2019, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, la cual se encuentra actualmente pendiente de resolución.

Las materias de que trata el presente recurso fueron objeto de resoluciones firmes y ejecutoriadas de la Iltma. Corte de Apelaciones, en autos roles Nos 178.780-2019 y 118-2020.

Asimismo, informa que el 27 de noviembre de 2019, la señora nombre reservado dedujo ante esa Iltma. Corte de Apelaciones un recurso de protección en contra de esta Contraloría General por la decisión de rechazar una solicitud de audiencia amparada por la ley N° 20.730 y la tramitación de un sumario interno, y de abstenerse de conocer, entre otros asuntos, la supuesta falsificación de la aludida resolución exenta RA N° 116675/385/2018, de 2018 del SSMC, acto que dispuso la destinación de la que reclama, y por el no pago de sus remuneraciones correspondiente al periodo abril-septiembre de 2019, acción cautelar que, en lo pertinente, fue redactada en similares términos a los del presente recurso, en la que se fundamentó, además, en la falta de pronunciamiento e investigación de este Ente de Control de las materias sometidas a su evaluación, determinación que, a juicio de la recurrente, habría sido ilegal y arbitraria.

Asimismo, la I. Corte de Apelaciones de Santiago por resolución firme y ejecutoriada de 20 de noviembre de 2019, declaró inadmisible dicho recurso de protección, expresando en su visto segundo: “Que los hechos descritos en la presentación de folio 1, sobrepasan los márgenes del recurso de protección, teniendo en consideración según señala la propia recurrente, aún existe un procedimiento administrativo pendiente y los hechos denunciados aún no han sido resueltos y respecto de los cuáles la recurrida pueda pronunciarse, condiciones en las que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el Nº 2 del auto acordado respectivo”. (el destacado es nuestro).

Por otro lado, es dable destacar que la interesada el 28 de febrero de 2020, interpuso ante la misma Corte de Apelaciones un “recurso de ilegalidad” en contra de esta Entidad de Fiscalización por la dictación de la mencionada resolución exenta N° 57, de 2020, la cual se abstuvo de conocer las denuncias formuladas en su oportunidad por la recurrente, acción que fue desestimada por vuestra judicatura, conforme a la resolución del 13 de julio de 2020, estableciendo en su visto cuarto: “Que, en tal sentido, en el extenso escrito deducido, no existe referencia alguna a la norma legal que contemple el recurso incoado ni tampoco se observa el mismo dentro de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, de tal suerte que la petición en que se reprocha el actuar del señor Contralor General de la República, tan solo es el contraste de la visión que sobre lo sucedido mantiene la recurrente pero, en concreto, carece de un sustento legal que le permita concluir a esta Corte que mantiene competencia respecto de lo solicitado, de allí que no puede sino decidirse no dar curso a la solicitud planteada”.

En cuanto, a la falta de legitimación pasiva, señala que la existencia de actuaciones que, eventualmente, hubieren tenido el mérito de irrogar agravio a la recurrente, ellas no serían en modo alguno las abstenciones de que dan cuenta las precitadas resoluciones exentas de la ICRMS, sino las actuaciones del SSMC y del SAMU.

En efecto, se advierte del extenso y abusivo ejercicio del accionar judicial de la recurrente, que su pretensión es que se deje sin efecto la determinación del SSMC que dispuso destinarla a ejercer funciones en el SAMU, que se le paguen las remuneraciones y las licencias médicas presentadas por aquella por el período que indica y que quede sin efecto la decisión del último organismo de salud de no renovarle su contratación para el año 2020, por lo que es posible constatar que no hay actuación de este organismo de control que eventualmente pudiere haber causado el supuesto agravio alegado por la recurrente.

En este sentido, en el evento que se acogiera la presente acción cautelar y se dejaran sin efecto las resoluciones impugnadas, ello no tendría incidencia alguna en los aspectos de fondo alegados por la señora nombre reservado, por cuanto las determinaciones que la afectan fueron adoptadas por el Servicio de Salud Metropolitano Central y el SAMU y no por la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, instituciones que por lo demás no han sido emplazadas en estos autos.

Por último, alega la extemporaneidad del recurso, pues si bien la recurrente en el presente recurso impugna las resoluciones exentas Nos 233 y 624, ambas de 2020, de la ICRMS, lo que se reprocha en definitiva, es la decisión de esta Contraloría General de abstenerse de conocer las alegaciones formuladas en contra del SSMC antes señaladas, la cual quedó constatada con la dictación de los oficios Nos 1.485 y 7.419, ambos de 2019 (30 de enero y 4 de junio, respectivamente), y de la resolución exenta N° 57, de 19 de febrero 2020, siendo deducida la acción de autos recién el 9 de febrero de 2021, por lo que aparece de manera inequívoca que el plazo fatal de treinta días corridos para su interposición, se encontraba a esa data vencido.

Tercero: Que se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, amague o amenace ese atributo, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de los derechos y garantías protegidas.

Quinto: Que, como primera cuestión, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida Contraloría General de la República, lo cierto es que, se sostiene por la recurrente que tomó conocimiento de la existencia de las Resoluciones Exentas N° 233 de 26 de mayo de 2020, y Resolución N° 624, sin fecha, recién el 14 de enero de 2021, pues aquellas le fueron notificadas, irregularmente, después de ocho meses por Oficio N°E67765.

No obstante, lo dicho, lo cierto es que, revisado el sistema de administración de causas de la Corte, éste da cuenta de sendos recursos de protección e ilegalidad, de los años 2020 y 2021, respecto de las mismas resoluciones impugnadas, y ahora, otra vez, se recurre de protección en contra de aquellas, resultando no creíble que pasados más de ocho meses recién ha tomado conocimiento de su existencia.

De lo anterior, resulta que el recurso de protección impetrado es extemporáneo, pues ha sido interpuesto fuera del plazo señalado en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, por lo que la presente acción debe ser desestimada.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo, no puede sostenerse que la actuación de la recurrida sea ilegal, puesto que su conducta se apoya en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N° 10.336, ley que establece la Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que le impone el deber de abstención, conforme al cual no le corresponde a la entidad contralora intervenir ni informar en aquellos asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia.

Cuestión que acontece en el caso de marras, pues se encuentra actualmente pendiente de resolución el proceso RIT N° T-1987-2019, seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que se refiere a un procedimiento de tutela laboral sobre el cual no existe un derecho indubitado.

Así las cosas, la controversia de autos es ajena a la naturaleza de este recurso, pues no se trata de una materia propia de este expediente de emergencia.

Séptimo: Que, en consecuencia, atendido el mérito de los antecedentes, no se divisa la ilegalidad que se reprocha en el proceder de la autoridad recurrida, desde como ya se ha dicho la Contraloría General de la República se ha limitado a actuar conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, sin que se advierta tampoco arbitrariedad en su conducta, por lo que al no concurrir en la especie el presupuesto básico que hace procedente la vía constitucional elegida, la presente acción será desestimada, sin que sea necesario pronunciarse respecto de las demás alegaciones planteadas en la instancia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA CON COSTAS, el recurso intentado por nombre reservado en contra de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante sra. Herrera.

Rol N°1581-2021(protección).