nombre reservado con SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR , SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Y SEGURIDAD

Foja: 39 Treinta y Nueve Santiago, veinte de mayo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que don Cristián Cruz Larraguibel, abogado, domiciliado en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en favor de nombre reservado contra el Servicio de Gobierno Interior, Subsecretaria del Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por el señor nombre reservado y nombre reservado, con domicilio en el Palacio de la Moneda, por estimar conculcadas las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en atención a los antecedentes que latamente expone.

2°) Que, fundando el amparo constitucional interpuesto, el recurrente expone, en síntesis, que la señora nombre reservado desempeñó el cargo de Gobernadora de la Provincia Cordillera, durante el período 2010-2014 acompañando al efecto el Decreto N° 277 de 11 de marzo de 2010 firmado por S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique; que el 27 de febrero de 2014 por un facultativo de la Clínica Alemana, se diagnosticó a la señora nombre reservado un embarazo de ocho semanas, lo que ella informó de inmediato al nombre reservado de la época don nombre reservado y al señor nombre reservado, a la sazón, Coordinador Político Ministerial de Gobiernos Regionales y Provinciales; que éste, extraoficialmente y vía correo electrónico le remitió el Dictamen N° 46.065 de la Contraloría General de la República que no hacían aplicable a su situación la disposiciones relacionadas con la protección a la maternidad; que ante esta respuesta informal, la interesada ofició al Sr. nombre reservado ya citado para obtener una respuesta formal y oficial para así ejercer sus derechos maternales y obtener los resguardos y protección que garantizaran su embarazo conforme a las normas constitucionales y legales vigentes; que el 07 de marzo de 2014 ella recepcionó de este funcionario de Gobierno el Memo N° 88 de la Directora Jurídica del Ministerio del Interior, que transcribe íntegramente, en el que se indica que existe reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República en la que se señala que en razón del cargo de rango constitucional que desempeñaba, no era procedente a su respecto, el fuero maternal del artículo 201 del Código del Trabajo y a la consiguiente inamovilidad del empleo que este genera, lo que el recurrente califica como un acto discriminatorio; que la señora nombre reservado, recibió similar respuesta de autoridades del actual Gobierno.

Agrega, que las respuestas de las autoridades de la anterior y actual administración de Gobierno, son superficiales y la interpretación dada es interesada dentro de un proceso complejo como lo es un cambio de Gobierno, pero no considerar la situación de embarazo de la señora nombre reservado, es un atentado a la vida del que está por nacer y una flagrante violación a los derechos de la mujer en estado maternal. No se ha respetado su derecho a su integridad psíquica, su salud mental y a disponer de los recursos económicos para cubrir los requerimientos básicos del hijo que está por nacer vulnerando la garantía de igualdad ante la ley.

Finalmente, el recurrente estima que el cargo de Gobernadora de una provincia tiene el carácter de servidor público y por ello, le es aplicable el artículo 89 inciso 2° del Estatuto Administrativo, que consagra el derecho de los funcionarios a gozar de las prestaciones y beneficios previsionales en conformidad a la ley y Código del Trabajo prevaleciendo sobre cualquier norma el artículo 194 del Código del Trabajo.

Termina pidiendo el recurrente que, en definitiva, esta Corte ordene mantener a la señora nombre reservado, todos los derechos y beneficios correspondiente al cargo de Gobernadora Provincial, hasta el vencimiento de plazos contemplados por la ley para el goce de fuero maternal.

3°.- Que, a fojas 30 y siguientes, el recurrido, en atención a los fundamentos que señala, en definitiva, solicita el rechazo del recurso en estudio, precisando que no se ha infringido el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política, afectando la salud física y psíquica de la señora nombre reservado, que no contaría con los recursos económicos para cubrir los requerimientos básicos del que está por nacer, por cuanto lo que protege la Constitución es un bien jurídico superior y que se refiere, a la amenaza y lesión de la vida por efectos de un aborto; que las normas sobre protección de la maternidad, permiten excepciones a la protección del fuero maternal como ocurre en el caso de designación de cargos de exclusiva confianza de rango constitucional, lo que ha sido reiterado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República que cita; que el Presidente de la República tiene la facultad para designar y remover a los Gobernadores conforme el artículo 32 N°7 de la carta Fundamental y por ende, la protección de fuero maternal no alcanza a las designadas en esos cargos de origen constitucional.

Termina pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

4°) Que, es preciso consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto precisado en el artículo 1° del Código Civil - o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que es materia de estos antecedentes.

5°) Que, del precepto citado deriva una cuestión que constituye un requisito indispensable para que la Corte pueda acoger un recurso de cautela de derechos constitucionales, cual es, el que resulte posible aplicar las medidas de protección que se piden o las que se estimen pertinentes, lo cual presupone que los efectos del acto u omisión denunciados, efectivamente constituyan una infracción respecto de algunas de las garantías constitucionales amparadas en la norma en estudio.

6°) Que, es un hecho de la causa que la persona por quien se recurre, mediante Decreto N° 277 de 11 de marzo de 2010 de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, suscrito por el S.E. el Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique, fue designada como Gobernadora Provincial titular de la Provincia de Cordillera, cargo que ostentaba a la finalización de su mandato constitucional. Esta designación, se efectuó por el citado ex Primer Mandatario, en uso de la atribución especial consignada en el numeral 7° del artículo 32 de la Constitución Política de la República, esto es, “nombrar y remover a su voluntad a los Ministros de Estado, subsecretarios, intendente y Gobernadores” y acorde con lo dispuesto en el artículo 116 de la Carta Magna que indica que “ En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente descentralizado del Intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República”.

7°).- Que, consecuente con lo anterior, el cargo desempeñado por quien se recurre, tuvo su origen en disposiciones constitucionales y cuando se produce su cese, por ejemplo, por petición de renuncia, declaración de vacancia u otra circunstancia, como lo fue en este caso, el cambio de mando de la Nación con el correspondiente reemplazo de las autoridades a que se refiere el artículo 32 N° 7 de la Constitución Política de la República, siguiendo una práctica republicana siempre respetada, debe entenderse que priman las normas de la Carta Magna por sobre las referidas a la protección de la maternidad, debiendo respetarse el fuero en aquellos casos en que se trate de cargo en que la exclusiva confianza emane de la ley. Por otra parte, no resulta procedente considerar aplicable a la ex Gobernadora, las disposiciones del Estatuto Administrativo en cuanto dice relación con los beneficios laborales y previsionales, asimilando su condición a la de los funcionarios públicos de planta o contrata, por no revestir esta condición 8°) Que, a juicio de estos sentenciadores, luego de examinar los antecedentes proporcionados y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, es dable concluir que la recurrida no ha incurrido en arbitrariedad o ilegalidad, en los términos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando las autoridades del Gobierno saliente y del entrante dieron respuesta a la interesada sobre el derecho que demandaba, esto es, el reconocimiento del fuero maternal para seguir gozando de las prestaciones que le correspondían cuando ejercía el cargo de Gobernadora de la provincia Cordillera hasta el cumplimiento del período de post natal, por lo que se excluye la posibilidad que se haya actuado al margen de la Constitución y la Ley.

9°) Que, por no haberse constatado, en este caso particular, los presupuestos de la acción de protección -arbitrariedad y/o ilegalidad del acto-, resulta inoficioso referirse más detalladamente acerca de si se conculcaron las garantías constitucionales mencionadas como vulneradas. La acción cautelar intentada, no puede prosperar y, debe ser rechazada sin perjuicio de hacer constar que, según reconocimiento en estrados del abogado recurrente, las prestaciones a las que se alude en el petitorio del presente recurso y que el recurrente pide que esta Corte ordene que se sigan pagando a la ex Gobernadora, se encuentran demandadas por ésta ante la justicia laboral.

Y de acuerdo, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, 1, 3 y 5 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en lo principal del escrito de fojas 11 y siguientes interpuesto en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección 15.805-2014.

Redacción del Abogado Integrante señor Guerrero Pavez.

No firma la Ministra señora Jenny Book Reyes, no obstante haber concurrido a la vista y a acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.