nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Comparece nombre reservado, por sí, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, continuadora de la ex Caja de Compensación Gabriela Mistral, por haber reactivado e instruido de forma intempestiva, unilateral y sin notificación alguna, el cobro por la vía administrativa de supuestos saldos pendientes de un crédito social otorgado hace más de 20 años, mediante descuento por planilla de su remuneración.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que la recurrida pretende forzar unilateralmente el pago de una operación del año 2006 cuyas acciones de cobro se encuentran latamente prescritas, sin previa notificación y eludiendo los tribunales ordinarios de justicia, en una especie de autotutela.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en particular, el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social N° 549834 mediante descuentos de sus remuneraciones, debiendo canalizar cualquier pretensión civil en la sede jurisdiccional declarativa correspondiente, y restituir, dentro de quinto día de ejecutoriada la sentencia, la suma de $66.292 descontada en mayo de 2026 y cualquier otro monto retenido durante la tramitación del recurso, con costas.

En cuanto a los hechos, expone que el 7 de febrero de 2006 suscribió con la entonces Caja de Compensación Gabriela Mistral la operación de crédito social N° 549834, por 48 cuotas mensuales de $66.292, con una tasa de interés mensual de 1,85%.

A continuación, refiere que, transcurridos más de 20 años desde el otorgamiento del mutuo y vencidas todas las cuotas hace más de una década, la recurrida se abstuvo de realizar gestiones oportunas de cobro judicial o de notificar válidamente deuda alguna, lo que generó la legítima expectativa del cese permanente de la facultad administrativa de descuento.

Luego, indica que en su liquidación de remuneraciones de mayo de 2026 se materializó por primera vez el descuento de $66.292 bajo el ítem Caja de Compensación Préstamo / Cuota / Valor, sin justificación ni aviso previo, en circunstancias que la liquidación de abril de 2026 no registraba descuento alguno, lo que demuestra que la recurrida rompió de forma súbita una inactividad de cobro de más de una década.

Asimismo, precisa que trabaja como vendedora de atención de público para Elian y Compañía Limitada, en un local de la comuna de Santiago, donde se produce la afectación patrimonial.

Por último, relata que el 16 de junio de 2026 interpuso presencialmente un reclamo ante la recurrida, registrado bajo el N° de Caso 801710234, oportunidad en que recién se le entregó el documento denominado Pronóstico de Liquidación de Deuda Castigada Voluntaria, del que consta que la recurrida pretende cobrar $2.023.541, correspondiendo $1.177.294 a capital y $846.247 a intereses, instruyendo directamente al empleador la afectación de sus remuneraciones.

En cuanto al derecho, sostiene que, si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833 faculta a las Cajas de Compensación para requerir a los empleadores la deducción de las cuotas de crédito social de las remuneraciones, dicha potestad supone un ejercicio oportuno y no puede utilizarse para revivir unilateralmente créditos extintos, prescritos o inactivos por lapsos prolongados.

A continuación, invoca la sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 17.433-2025, de 6 de noviembre de 2025, que confirma lo resuelto en los Roles N° 71.519-2021, 1.791-2022 y 20.756-2022, según la cual acudir al mecanismo de retención de la Ley N° 18.833 tras años de inactividad de la acreedora constituye un acto arbitrario y caprichoso que deviene en una especie de autotutela, debiendo zanjarse la cobranza en sede jurisdiccional.

Luego, afirma que las acciones de cobro se encuentran latamente prescritas, conforme a los artículos 2492 y 2515 del Código Civil.

Por último, sostiene que aplicar primero el descuento y entregar la información solo ante el reclamo presencial agrava la arbitrariedad, pues sitúa a la trabajadora en total indefensión frente a cobros carentes de un título ejecutivo vigente y válido.

En lo que toca a la garantía invocada, sostiene que el descuento ejecutado directamente sobre sus haberes mensuales lesiona su derecho de propiedad, del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto constituye una privación ilegal de una parte sustancial de su remuneración líquida, sobre la cual detenta un dominio pleno e indubitado, reduciendo la contraprestación de su fuerza de trabajo mediante el ejercicio extemporáneo y abusivo de potestades convencionales ejercidas a destiempo.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita el rechazo del recurso, con costas, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario que le sea imputable ni vulneración de garantía constitucional alguna.

En cuanto a los hechos, señala que la recurrente reconoce haber contratado con la entonces Caja de Compensación Gabriela Mistral, hoy continuada por la recurrida, la operación de crédito social N° 549834, cursada el 7 de febrero de 2006, por lo que no existe controversia sobre el origen de la obligación ni sobre su calidad de acreedora. Añade que el listado de plan de pagos original registra 22 cuotas y un capital de $1.177.294, con la primera cuota pagada el 25 de junio de 2026 y las restantes en mora.

A continuación, afirma que es objetivamente incorrecta la alegada falta de aviso previo, pues el 22 de mayo de 2026 remitió al correo electrónico de la recurrente una comunicación individualizada del crédito, que indicó 22 cuotas impagas, el monto otorgado de $1.177.294, el valor referencial de la cuota de $66.292, la tasa de 1,85% mensual y los canales de atención, advirtiendo que, si dentro de quince días no se regularizaba la situación ni se recibía una aclaración satisfactoria, podría reanudar el descuento de las remuneraciones.

Luego, sostiene que el plazo venció el 6 de junio de 2026 sin regularización ni aclaración, y que solo entonces se procesó la reanudación del descuento, cuya primera recaudación se registra el 25 de junio de 2026, 34 días después del aviso, por lo que no hubo actuación sorpresiva o intempestiva.

Asimismo, expone que la recurrente formuló un requerimiento presencial el 16 de junio de 2026, vencido ya el plazo, al que respondió formalmente el 24 de junio de 2026.

En cuanto al derecho, sostiene que cumplió el numeral 3.1.17.3 del Título I del Libro III del Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, conforme al cual, cuando no haya sido posible descontar regularmente las cuotas durante los últimos seis meses, la Caja debe avisar previamente al deudor, individualizar la deuda y otorgarle al menos quince días corridos para regularizar o aclarar su situación antes de informar el descuento al empleador. Invoca, además, el Dictamen SUSESO N° 168.365-2025, según el cual, si la Caja puede remitir copia de esa notificación, se entiende cumplida la normativa.

A continuación, afirma que el crédito social es una prestación de seguridad social sujeta a un régimen legal especial, pues el artículo 22 de la Ley N° 18.833 ordena que lo adeudado sea deducido de la remuneración por el empleador, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. Por ello, el descuento no depende de una nueva autorización del deudor ni de una resolución judicial previa.

Luego, explica que la Caja de Compensación 18 de Septiembre intervino como entidad recaudadora, atendida la afiliación del empleador, y que canalizar el descuento por el Sistema Intercajas/SINACAF no altera el título ni transforma el cobro en una actuación de hecho, pues la Superintendencia de Seguridad Social lo ha reconocido como un procedimiento válido y legal, entre otros, en el Dictamen N° 63.768-2026.

Continúa señalando que la recurrente confunde el transcurso de un plazo con una declaración judicial de prescripción, que conforme al artículo 2493 del Código Civil debe alegarse y no puede declararse de oficio. Agrega que ello exige establecer la exigibilidad de cada cuota y la existencia de pagos, reconocimientos o interrupciones, lo que requiere bilateralidad, prueba y decisión jurisdiccional, de modo que, mientras no exista sentencia firme, la obligación subsiste y puede descontarse, con el límite de una cuota mensual, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Asimismo, alega que la acción de protección, de naturaleza cautelar, urgente y extraordinaria, no es la vía idónea para declarar la prescripción de una deuda, liquidar saldos o resolver controversias contractuales que exigen un procedimiento de lato conocimiento.

Por último, niega la vulneración del derecho de propiedad, pues la deducción corresponde al pago de una obligación previamente contraída y prevista en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, y la garantía no convierte en intangibles las sumas que la ley ordena retener y remesar. Añade que se informó una sola cuota, que no consta que $66.292 exceda los límites aplicables a la remuneración líquida de la recurrente y que no se acredita una actuación discriminatoria, desproporcionada o carente de fundamento.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que se impugna consiste en la reanudación, por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, del cobro del crédito social N° 549834, otorgado el 7 de febrero de 2006, mediante descuento por planilla de la remuneración de la recurrente. Esta lo estima ilegal y arbitrario, por recaer sobre una obligación cuyas acciones de cobro estarían prescritas y por haberse practicado sin aviso previo, lo que vulneraría su derecho de propiedad, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, la recurrida no niega el descuento, sino que lo justifica en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 y en las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. Afirma, además, haber remitido el aviso previo exigido, y sostiene que la prescripción no ha sido declarada judicialmente y que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia.

QUINTO: Que, como se advierte, el fundamento central del recurso es la extinción, por prescripción, de las acciones de cobro derivadas del crédito social. En efecto, la ilegalidad y la arbitrariedad que se reprochan descansan en la premisa de que la recurrida ya no puede exigir el pago, por haber transcurrido los plazos de los artículos 2492 y 2515 del Código Civil.

Sin embargo, la prescripción extintiva no opera de pleno derecho. Conforme al artículo 2493 del mismo Código, quien quiera aprovecharse de ella debe alegarla, y el juez no puede declararla de oficio. A ello se suma que su establecimiento exige determinar la exigibilidad de cada cuota, el cómputo del plazo y la eventual concurrencia de interrupción, suspensión o renuncia, materias que la recurrida controvierte expresamente.

SEXTO: Que, en consecuencia, lo que en verdad se persigue es que esta Corte declare extinguidas las acciones para exigir la obligación y, sobre esa base, prohíba su cobro y ordene restituir lo descontado. Tal pretensión excede la naturaleza cautelar de la acción descrita en el considerando tercero, que no tiene por objeto declarar derechos ni resolver conflictos de orden patrimonial o contractual, sino amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes e indubitados.

Luego, el derecho que invoca la recurrente, esto es, percibir su remuneración libre del descuento, no reviste ese carácter. Su existencia depende, precisamente, de la declaración previa de la prescripción, cuestión propia de un juicio de lato conocimiento, con bilateralidad de la audiencia y etapa de prueba, que no puede ser sustituido por esta acción de urgencia.

SÉPTIMO: Que, asimismo, los hechos en que se funda el reproche de falta de aviso se encuentran controvertidos. La recurrente afirma que el descuento se practicó por primera vez en su liquidación de mayo de 2026, sin aviso alguno. La recurrida, en cambio, acompaña una comunicación electrónica de 22 de mayo de 2026, que individualiza el crédito y advierte la reanudación del descuento si la situación no se regulariza dentro de quince días, y afirma que la primera recaudación se registró el 25 de junio de 2026.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el descuento por planilla de las prestaciones de crédito social tiene sustento en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, y su reanudación se encuentra reglada por las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social. De este modo, la actuación de la recurrida no aparece desprovista de fundamento ni producto del mero capricho, y lo que en definitiva se discute es si concurrían, en el caso concreto, los presupuestos para ejercer esa facultad.

NOVENO: Que, por otra parte, la recurrente dispone de las vías ordinarias para hacer valer sus pretensiones, sea alegando la prescripción por vía de acción o de excepción ante el tribunal competente, sea formulando el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo encargado de fiscalizar a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

DÉCIMO: Que, por último, en tales circunstancias no es posible calificar el acto impugnado como ilegal o arbitrario en esta sede, y el recurso debe ser rechazado, sin perjuicio de los demás derechos que la recurrente pueda hacer valer por la vía y ante la autoridad que corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-15798-2026.