nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco.

A los folios 23 y 24: téngase presnete.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la nombre reservado, representada por su Director, don nombre reservado, impugnando la legalidad de la Resolución TRA N° 872/1/2025, de 18 de junio de 2025, mediante la cual se declaró vacante el cargo que desempeñaba como funcionaria a contrata, grado 17°, del estamento administrativo, fundándose dicha decisión en una supuesta incompatibilidad de salud. Sostiene la recurrente que dicho acto administrativo es ilegal y arbitrario, por cuanto fue dictado desconociendo el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que declaró su salud recuperable, carece de fundamentación suficiente y vulnera diversas garantías constitucionales.

Solicita que se acoja la presente acción constitucional, se deje sin efecto la Resolución TRA N° 872/1/2025, de 18 de junio de 2025, y se ordene a la recurrida restituirla en el cargo que desempeñaba como funcionaria a contrata, grado 17°, del estamento administrativo, con todos los derechos y prerrogativas inherentes a dicho cargo, disponiendo además las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales conculcadas.

SEGUNDO: Que, evacuado el informe por la recurrida, esta solicita el rechazo íntegro de la acción constitucional, sosteniendo que la Resolución TRA N° 872/1/2025 fue dictada conforme a derecho, en ejercicio de una potestad legal expresamente reconocida por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, y dentro del marco de las atribuciones propias del Jefe de Servicio. Expone que la recurrente acumuló un número de licencias médicas superior a seis meses dentro de un período de dos años, circunstancia que habilita legalmente a la autoridad a declarar la incompatibilidad de salud con el desempeño del cargo, aun cuando la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez haya determinado que la condición es recuperable. Señala que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, tanto en los antecedentes fácticos —particularmente la prolongada e ininterrumpida ausencia laboral— como en las normas jurídicas aplicables, y que no existe vulneración de garantías constitucionales, pues la decisión se ajusta a la legalidad vigente, responde a necesidades objetivas del servicio y no importa discriminación ni afectación arbitraria de derechos fundamentales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en el caso en análisis aparece palmario que lo que subyace a la impugnación que se efectúa a la Resolución TRA N° 872/1/2025, de 18 de junio de 2025, dictada por el Jefe del Servicio, de la nombre reservado, que declaró vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, es la aplicación a su situación en particular del inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo que, como se sabe, dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Lo decidido por el Jefe del Servicio, de la nombre reservado, se sustenta no en la salud irrecuperable de la actora si no en el hecho de ser ella incompatible con el desempeño de su cargo de Administrativo de Oficina de Partes;

QUINTO: Que, enseguida, para dilucidar el asunto en examen, aparece pertinente recordar, también, el tenor del artículo 146 letra c) del Estatuto Administrativo, en cuanto establece: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:…

c) Declaración de vacancia”.

Por su parte, el artículo 150 letra a) del mismo ordenamiento prevé: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales:… a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

A su turno, el inciso tercero del citado artículo 151 estatuye: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”;

SEXTO: Que es precisamente la exégesis del referido tercer acápite del citado artículo 151, incorporado a dicha norma por el artículo 63 de la Ley 21.050, el que genera el cuestionamiento que funda el presente arbitrio.

En razón de lo dicho, resulta interesante rememorar que la aludida ley, publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2015, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede los aguinaldos que señala, confiere otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales, contiene sesenta y siete artículos que tratan distintas materias, lo que la clasifica entre aquellas a las que se acostumbra a denominar “leyes misceláneas”.

Ahora bien, los motivos por los cuales el legislador decidió agregar un inciso tercero nuevo al artículo 151 del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no constan en la historia de la Ley 21.050, la que se limitó a señalar que se establece la nueva obligación, sin expresar sus razones, las que, no obstante, parecen tener su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2012, pronunciada en la causa rol 2.024, en que se resolvió un requerimiento de inaplicabilidad en contra de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, por supuestamente vulnerar diversos artículos de la Carta Fundamental.

Pese a que el requerimiento fue rechazado, dicho fallo fijó parámetros sobre la materia que nos convoca, replicados posteriormente por la jurisprudencia del Máximo Tribunal, entre los cuales, se afirmaba, que no podían ser considerados para el cómputo del plazo, determinados tipos de licencias médicas; que no era tolerable el abuso de una potestad pública; y que tampoco bastaba para declarar la incompatibilidad de la salud de un funcionario respecto de su cargo, el mero transcurso del lapso señalado en el mentado artículo 151, sino que las licencias médicas presentadas por él debían, además, ser indicativas de que no podría recuperar su estado de salud, exigencia ésta última que confundía, los conceptos de “salud incompatible” con “salud irrecuperable” e incorporaba, de facto, una derogación tácita del citado precepto, al eliminar del todo la facultad del Jefe superior del Servicio de declarar incompatible la salud de un funcionario en relación a su cargo, ya que en la hipótesis de ser ella recuperable, se le hacía imposible asentar dicha incompatibilidad para, consecuentemente, proceder a declarar la respectiva vacancia y, en el evento de ser irrecuperable, le imponía, por su parte, acatar el procedimiento previsto en el artículo 152 del referido cuerpo legal.

Así pues, el objetivo del legislador habría sido enfrentar correctamente el problema social que la aludida sentencia del Tribunal Constitucional intentó visibilizar, mediante la incorporación de un nuevo requisito previo a la declaración de salud incompatible de un funcionario, al exigírsele al Jefe superior del Servicio que, con antelación a la manifestación de tal dictamen, solicite la evaluación a la COMPIN respecto de la eventual irrecuperabilidad de la salud de aquel, procurando con ello evitar que se declare la salud incompatible de un servidor público por otro funcionario no experto en el área médica, cuando, en realidad, su salud es irrecuperable, dado que esta última constatación técnica lo torna en sujeto de mayor protección de parte del Estado, al serle, en ese caso, aplicable el procedimiento del artículo 152 del Estatuto Administrativo;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho, esta Corte considera necesario asentar que los conceptos de “salud incompatible” y de “salud irrecuperable”, aluden en el Estatuto Administrativo a situaciones personales diferentes, vinculadas a la vida y subsistencia de los seres humanos y a las aptitudes con las que se encuentran en capacidad de obrar.

Tales circunstancias, propias de la existencia que, en lo que interesa, pueden afectar a un funcionario público durante el desempeño de un cargo de tal naturaleza, difieren para ser declaradas por la autoridad superior del Servicio en el que aquel se desenvuelve, en cuanto a los requisitos legales que las hacen procedentes y, también, respecto de la finalidad y de los efectos que su reconocimiento estatal conlleva.

En este orden de ideas, el artículo 150 letra a) del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, menciona que, entre otras, son causales de declaración de vacancia de un empleo público, tanto la salud irrecuperable, como la salud incompatible con el desempeño del cargo.

Luego, el artículo 151 reglamenta la declaración de salud incompatible y al efecto impone las siguientes exigencias de procedencia: Debe ser declarada por el Jefe superior del Servicio; el funcionario en cuestión tiene que haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses, continuos o discontinuos, dentro de los últimos dos años; no puede haberse declarado previamente su salud irrecuperable; no puede tratarse de licencias extendidas por las circunstancias previstas en el artículo 115 del Estatuto Administrativo o por el Título II, del Libro II del Código del Trabajo; debe haber sido requerida previamente a la COMPIN, por el Jefe superior del Servicio, la evaluación del funcionario respecto a la eventual irrecuperabilidad de su salud.

Por su parte, conforme se colige del artículo 152 del mismo ordenamiento, la declaración de salud irrecuperable que hace procedente la declaración de vacancia del cargo, exige que tal irrecuperabilidad haya sido determinada por el correspondiente órgano técnico facultado legalmente al efecto, esto es, por la pertinente Comisión Médica;

OCTAVO: Que en la misma línea de lo que se viene razonando, esta Corte entiende que la declaración de salud incompatible tiene por finalidad mantener la continuidad del Servicio y se justifica en el interés superior de la colectividad, que requiere que el Estado no cese ni suspenda su actividad de satisfacción de las necesidades públicas. El resguardo de la continuidad del buen servicio se traduce en la aplicación del principio de servicialidad, que obliga al Estado a contar con el personal necesario para satisfacer las necesidades colectivas. Es en aplicación de dicho principio, que la misión de velar por la continuidad en la prestación de los servicios públicos se irgue como un deber de todos los jefes superiores a cargo de estos.

Dado que la incompatibilidad de la salud es expresión de que una persona no posee, en un momento especifico de su vida, la aptitud necesaria que el desempeño de un determinado empleo requiere, su declaración no produce efectos generales, puesto que, precisamente, por tratarse de un estado o condición “recuperable”, resulta viable su futura empleabilidad en otro cargo del Servicio Público para cuyo desempeño su salud no sea o no se mantenga incompatible.

La declaración de salud irrecuperable tiene, en cambio, un objetivo distinto ya que, si bien, conlleva igualmente a la desvinculación laboral del funcionario respecto de la Administración, el Estado ha pretendido a través de dicho mecanismo, al mismo tiempo en que procura la continuidad del Servicio, otorgar protección al servidor, al conferirle un plazo previo a su retiro formal -seis meses-, durante el cual continuará recibiendo íntegramente su remuneración y no se encontrará obligado a trabajar.

Los efectos de la declaración de irrecuperabilidad de la salud son generales, por cuanto afectará a todos los empleos compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración del Estado;

NOVENO: Que, como se ha dicho, para que prospere la acción constitucional deducida en estos antecedentes resulta indispensable que la recurrida haya desplegado una conducta ilegal o arbitraria.

Ahora bien, ciertamente no existe ilegalidad alguna en el caso en análisis, pues la resolución impugnada, pronunciada por el Jefe del Servicio de la nombre reservado, ha atendido a que la recurrente se vio comprendida en la hipótesis prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al haber hecho uso de licencias médicas de carácter común en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años -357 días-, sin mediar declaración de salud irrecuperable, dado que tras su evaluación la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, mediante Resolución de Evaluación Folio N° 18880425, de 22 de mayo del año 2025, declaró que la recurrente “presenta un estado de salud RECUPERABLE”.

Tampoco se advierte arbitrariedad en el acto que se impugna, por cuanto no ha sido el capricho el motivo de él, sino precisamente el cabal apego de la recurrida a la normativa precedentemente analizada;

DÉCIMO: Que por todas las razones expuestas en los motivos anteriores se desestimará el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15748-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y la Abogado Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.

En Santiago, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.