nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.

A los folios 18, 19, 20, 21, 22 y 23, a todo, téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece el abogado Roberto Aranda Arcos, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar su solicitud de regularización migratoria, imponiéndosele además una orden de abandono del país en el plazo de 5 días, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 14 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que ingresó al país a la edad de 19 años, a inicios del año 2019, de forma regular, con el objetivo de poder encontrar en Chile una mejor oportunidad de vida para sí mismo y para su familia.

Expone que mantiene una relación de pareja con una ciudadana chilena, quien se encuentra en estado de gestación, con dieciséis semanas de embarazo, de modo que será el padre de un niño nacido en Chile, constituyéndose como el principal sostenedor de su hogar. Asimismo manifiesta que obtuvo un premiso de residencia temporaria, que venció el 13 de febrero de 2020, postulando luego al proceso especial de regularización migratoria establecido en el artículo 8° transitorio de la Ley N°21.325, con fecha 02 de octubre de 2021.

Sostiene que el 1 de octubre de 2023, pasados dos años desde su solicitud, recibió una respuesta del Servicio Nacional de Migraciones, mediante la cual el órgano recurrido rechazó su solicitud de regularización migratoria, imponiéndose además la orden de abandono del país en el plazo de 5 días, mediante Resolución N°23374533, cuyo fundamento principal del rechazo se centra en “presentar antecedentes negativos en Chile”, haciendo referencia a la sentencia ejecutoriada de fecha 31 de mayo del año 2023, en causa RUC 2100794719-1 / RIT 5095-2021 del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, que lo condenó a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales y una multa ascendente a un tercio de una Unidad Tributaria Mensual, por el delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades.

Explica que no registra ningún otro tipo de anotación negativa o penal, ni en Chile, ni en su país de origen, por el contrario, ha aprendido y crecido como persona luego de aquel ingrato error que dio lugar a la sanción que le fue impuesta. Agrega que, a partir de entonces, ha mantenido una conducta intachable, respondiendo a su hogar y con su trabajo.

Reprocha que el recurrido no tomara en consideración su arraigo familiar, social y laboral en nuestro pais, denunciando como vulnerado el principio non bis in idem, pues ademas de la condena penal se le esta aplicando una sancion administrativa or los mismos hechos.

Añade que su pareja, de nacionalidad chilena, se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad, de modo que es necesario da aplicación a lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, en en sentido de atender al interes superior del niño que está por nacer.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se deje sin efecto la medida de abandono del país decretada en contra del recurrente y se le otorgue de inmediato y sin mayor demora, el correspondiente permiso de residencia temporaria en nuestro país, ordenando al recurrido tramitar conforme a derecho el permiso de residencia solicitado y se tomen las providencias suficientes y necesarias para proteger los derechos fundamentales y la unión del núcleo familiar conformado por el recurrente, su pareja y su futuro hijo; todo ello con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, compareció por el recurrido, el abogado Javier Muñoz Reyes, instando por el rechazo del recurso, por no existir acto u omisión alguna que pueda reprocharsele y que vulnere aquellas las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política de la República.

Afirma que es efectivo que, mediante Resolución Exenta N° 324.851, de fecha 10 de octubre de 2018, se le otorgó al recurrente una visa temporaria por un año, con vigencia hasta el 13 de febrero de 2020. Ratifica, además, que el 2 de octubre de 2021 solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada, por registrar antecedentes penales en Chile. En particular, refiere que mediante sentencia de fecha 31 de mayo de 2023 del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 5095-2021 / RUC 2100794719–1, se condenó al extranjero a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autor del delito de tráfico de pequeñas cantidades, de modo que se configura a su respecto una causal de rechazo de su solicitud de regularización migratoria y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 21.325, se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos respectivos a la causal de rechazo invocada.

Agrega que, si bien el extranjero remitió antecedentes, éstos no fueron suficientes para desvirtuar los motivos invocados para rechazar su solicitud de regularización migratoria, al no cumplir con los requisitos objetivos para acceder a ella, de modo que se dictó la Resolución Exenta N° 23374533, de fecha 02 de octubre de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones, que rechazó la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el extranjero, y se decretó orden de abandono del país en un plazo de 5 días a contar de la notificación.

Añade que, además de la condena descrita, el recurrente registra dos multas impuestas como autor del delito contra la salud pública, consagrada en el artículo 318 del Código Penal y autor de la falta de consumo o porte de drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas en lugares públicos, consagrada en el artículo 50 de la Ley 20.000.

Señala que el rechazo de su solicitud de regularización migratoria se ajusta a derecho, pues el artículo 8° transitorio Ley 21.325 expresamente excluye de este visado a quienes tengan antecedentes penales, de modo que la resolución se encuentra debidamente fundada.

En cuanto a la orden de abandono, expresa que es una disposición imperativa respecto de lo que debe hacer la autoridad migratoria, pero al mismo tiempo, es una orden de carácter voluntario.

Finalmente, expresa que no existe una infracción al principio de non bis in idem, pues la disposición administrativa apunta a razones de bienestar común y de orden social, y en el caso del recurrente, también a razones migratorias, por su situación de residencia irregular en el país, objetivos completamente diversos de aquellos que conllevaron a la sanción penal impuesta.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, el actor mediante este recurso pretende se deje sin efecto el pronunciamiento sobre el rechazo de su solicitud de regularización migratoria, en atención al arraigo familiar y laboral que mantiene en nuestro país, pese a haber sido condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autor del delito de tráfico de pequeñas cantidades, alegando que se vulnera a su respecto el principio non bis in idem.

QUINTO: Que, la procedencia del presente recurso está supeditada a determinar, en primer lugar, si la decisión de la recurrida, de rechazar la solicitud de regularización migratoria formulada por el actor, está determinada sin sustento ni apoyo fáctico, o adoptada con infracción de ley, circunstancias que no se advierten, pues lo resuelto deriva de un procedimiento tramitado con intervención del recurrente y conforme a normas previamente establecidas. Al efecto, consta de los propios dichos del actor y los antecedentes acompañados, que fue condenado por delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, que está tipificado en nuestra normativa penal, como tipo penal que afecta bienes jurídicos principales, como la salud pública, ajustándose la autoridad, de esta manera, en su decisión, a un estándar de proporcionalidad, atendida la entidad del bien jurídico vulnerado.

Por otro lado, es deber del Estado proteger el bienestar común y el orden social, en consecuencia, la medida adoptada no afecta el principio de non bis in idem, puesto que la orden de abandono del país tiene un objeto distinto a la sanción penal, considerando que ésta tiene por finalidad resguardar el bienestar común.

SEXTO: Que, en segundo lugar, el actor alega la concurrencia de circunstancias de arraigo familiar y laboral que son capaces de compensar el disvalor de la condena judicial que funda la decisión de la recurrida. En este punto, si bien el amparado acompaña documentación que da cuenta de la ejecución de un contrato de trabajo, ello abarca apenas cinco meses cercanos a interponer la presente acción, lo que representa un arraigo muy incipiente. De otro lado, no se acreditó tampoco, la futura paternidad que invoca, puesto que si bien acompañó una ecografía que da cuenta de un embarazo de 13 semanas y una copia de cédula de identidad de una mujer, nada que demuestra su relación con la persona embarazada o su vínculo con el nasciturus.

SEPTIMO: Que en estas condiciones, ante la ausencia de elementos de corroboración de lo meramente afirmado por el recurrente, en torno a su arraigo familiar, no se puede tener por configurada ninguna de las hipótesis de reunificación familiar dispuesta en el artículo 19 de la Ley 21.325, por lo que no cabe sino concluir que la fundamentación del acto impugnado resulta ser la adecuada.

OCTAVO: Que, en consecuencia, por provenir el acto impugnado de una autoridad competente, que ha obrado en el marco de sus atribuciones y en un caso previsto por la ley, contando la decisión con la debida razonabilidad, proporcionalidad y motivación, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en la resolución impugnada que amerite la adopción, por parte de esta Corte, de alguna medida.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15726-2023.