Protección contra Instituto Nacional “nombre reservado” por haber dictado la medida de expulsió

C.A. de Santiago Santiago, catorce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Se ha deducido acción de protección constitucional por parte de doña nombre reservado, por sí, en favor de su hijo nombre reservado y en contra del Instituto Nacional “nombre reservado” por haber dictado la medida de expulsión de su hijo, de la cual, según manifiesta, habría tomado conocimiento el 09 de junio de 2025.

Señala que su hijo habría sido acusado falsamente de haberse encapuchado y de haber portado artefactos incendiarios, lo que desmiente debido a que el día en que supuestamente habrían acaecido los hechos no sintió en él ningún olor extraño. Señala como garantía infringida la libertad de enseñanza y solicita como medida para reestablecer el imperio del Derecho que se reintegre a su hijo al establecimiento.

Declarado admisible, asume la representación de la recurrida la Ilustre Municipalidad de Santiago, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional. Solicita el rechazo de la acción constitucional, con costas, por cuanto considera que no se verifican en la especie los requisitos para su procedencia.

Indica en que consistirían los hechos que fundan la medida, detallando el procedimiento seguido a su respecto. En este sentido, narra que los hechos acaecieron el 29 de abril de 2025, en donde el alumno nombre reservado fue identificado como una de las personas que se encapuchó y protagonizó actos de violencia, en donde se sorprendió a 4 estudiantes portando elementos incendiarios y atacando a un taxi. En cuanto al procedimiento, señala que ocurrido el hecho e identificado como uno de los responsables, se notificó del inicio del procedimiento a su apoderada, requiriendo testimonios y las cámaras de control de tránsito. Se le permitió efectuar descargos, aplicándose la medida de expulsión por estimarse la más proporcional a la conducta y por cuanto se acreditó en dicha sede la responsabilidad del alumno, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en reglamento de convivencia, por lo que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar.

Previo a entrar a la vista del asunto, se solicitó el reglamento de convivencia a la recurrida, el que acompañó. Rigiendo el estado de relación, previa vista de la causa, la causa quedó en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección que se constate la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, en cuanto no cumpla con el deber de fundamentación para el caso en concreto, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que conforme a lo dispuesto en el numeral quinto del Auto Acordado respectivo, con los antecedentes aportados por las partes es posible asentar los siguientes hechos: 1. nombre reservado, en abril de 2025, se encontraba cursando cuarto año de enseñanza media en el Instituto Nacional “nombre reservado”; 2. El 29 de abril de 2025 se produjeron graves hechos de violencia tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, en donde sujetos encapuchados premunidos con elementos incendiarios realizaron ataques en contra de la población; 3. Se inició un procedimiento sancionatorio en contra de nombre reservado, toda vez que fue sindicado por testigos como uno de los autores de dichos actos. Se notificó del inicio de la investigación al estudiante el 08 de mayo de 2025, imputándole que el 29 de abril de 2025 a las 09:05 horas habría sido identificado como uno de los cuatro encapuchados que ese día fabricaron bombas incendiarias y las lanzaron en el perímetro de DIRECCION000, como asimismo lanzando estos artefactos en el interior del colegio; 4. En el acto de notificación, se le señalaron los hechos motivos de la investigación, como asimismo se le hizo ver su gravedad, siendo pasibles de dictar la máxima sanción contemplada en el reglamento interno, conforme a lo dispuesto en su artículo 33. En su mérito, se aplica la medida preventiva de suspensión con igual fecha; 5. El 14 de mayo de 2025 la apoderada del alumno nombre reservado, que corresponde a la actora, como asimismo el propio estudiante, efectuaron descargos, dando cuenta de que la versión de su hijo es negar responsabilidad en la imputación, indicando que dos inspectores darían valor a sus dichos; 6. El 19 de mayo de 2025 se notifica que, revisados los descargos del alumno y su apoderada, igualmente se procedió a confirmar los cargos, por haberse acreditado su participación en los hechos, aplicándose en consecuencia la medida de expulsión. 7. Se presenta una solicitud de reconsideración por parte de la madre de la estudiante el 22 de mayo de 2025, la que es revisada por un consejo extraordinario de profesores, siendo confirmada la medida el 06 de junio de 2025; 8. En ese orden de ideas, el procedimiento fue revisado por la Superintendencia de Educación a través del expediente NUM000, que analizando los antecedentes del caso entregados por la Rectoría del colegio, se llega a la conclusión de que “Revisados los antecedentes se observa que la medida aplicada se ajusta en forma general al procedimiento contemplado en el artículo 6 letra d) del DFL 2 de 1998, del Ministerio de educación respecto al procedimiento ejecutado con el estudiante”.

TERCERO: Que, en lo referido a la conducta denunciada como ilegal y arbitraria por parte de la actora, consiste en la expulsión de nombre reservado por parte de la Rectoría del Instituto nombre reservado. Desde el punto de vista de la legalidad, se debe examinar si, al tratarse de un organismo público, la medida fue adoptada dentro del ámbito de sus competencias. Al respecto, se constata que el colegio mantiene un reglamento interno de convivencia escolar, obligación establecida el artículo 46 letra f) de la Ley General de Educación.

Dentro de ese reglamento, el artículo 33.3 describe la conducta que se atribuye al alumno y es de aquellas pasibles de la medida de cancelación de matrícula o expulsión. En el mencionado reglamento se establecen fases del procedimiento, las que fueron seguidas y se permitió la participación del estudiante y su apoderada en todas sus fases.

En este sentido, el artículo 3 letra g) de la Ley General de Educación dispone “el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos”, mientras que el artículo 10 letra a) de la norma mencionada señala “Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.”

En cuanto al examen de legalidad que cabe en esta sede cautelar, no se advierte falta en el acto recurrido.

CUARTO: Que, en lo referido al deber de motivación que pesa sobre todo acto administrativo, es posible advertir que los fundamentos se expresan en él de tal forma que es posible reproducir, sin saltos lógicos, ni vacíos argumentativos, lo razonado por la recurrida.

En efecto, tanto al momento de decidir la aplicación de la medida de expulsión del alumno, como de rechazar el recurso ejercido por la apoderada, se hace cargo de las alegaciones esgrimidas en defensa de la posición de la actora. Además, lo razonado aparece como conforme con el mérito de los antecedentes tenidos a la vista.

Es necesario señalar además que, considerando la naturaleza de la acción deducida, no es posible analizar en profundidad la efectividad o la verosimilitud de las pruebas aportadas durante la investigación, puesto que ello corresponde a un proceso de lato conocimiento, que por lo demás se encuentra radicado en la Superintendencia de Educación, la que conociendo del caso estimó que el procedimiento estuvo apegado a la ley.

QUINTO: Que fue posible establecer que se entregó un plazo al alumno para poder ejercer su defensa, la que se desplegó tanto en la etapa de investigación como al resolver y que los cuestionamientos formulados fueron ponderados por el organismo competente para conocer del asunto, cumpliéndose con el deber de exhaustividad, al practicarse las diligencias probatorias solicitadas por el alumno de forma expresa.

De dicha forma, no es posible atribuir al acto recurrido ilegalidad o arbitrariedad, ni es posible constatar que haya vulnerado alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Por dicho motivo, la acción deducida no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por parte de doña nombre reservado, por sí, en favor de su hijo nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-15711-2025.