Protección contra Instituto nombre reservado por la actuación que estima arbitraria e ilegal co

C.A. de Santiago Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 8: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, a través de formulario, quien interpone recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra del Instituto nombre reservado por la actuación que estima arbitraria e ilegal consistente en la cancelación de su matrícula.

Relata que su hija comenzó a tener altercados con una compañera, quien al llegar a su límite le tiró el cabello y ella se cayó, siendo citada para informarle que suspenderían a nombre reservado durante 10 días mientras se realizaba una investigación.

Indica que, una vez terminada la suspensión, volvió al colegio; sin embargo, no la dejaron entrar a clases, manteniéndose desde las 14:00 hasta las 20:00 horas en Inspectoría, sin enterarse de dicha situación sino hasta que su hija se lo informó, por lo que acudió al establecimiento educacional, oportunidad en que le indicaron que su hija no podía ingresar a clases, pues tenían que evaluar su apelación a la expulsión.

Alega que pasaron semanas sin respuesta y el 12 de junio pasado, acudió al colegio, siendo atendida por la rectora nombre reservado, quien le informó que su hija estaba expulsada, por lo que apeló en ese momento, accediendo a que terminara el año.

Arguye que le señaló las amenazas que recibe su hija y compañeras, pues hasta la fecha no se tomaron acciones ni activó el protocolo de maltrato entre compañeros, siendo su hija la única perjudicada a pesar de existir antecedentes.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se revoque la cancelación de la matricula.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro en el siguiente tenor.

En cuanto al proceso de expulsión, señala que las actuaciones se enmarcaron estrictamente en las facultades y deberes dispuestos en la Ley N°21.128 o “Aula Segura”, la que Introduce modificaciones a la letra d) del artículo 6º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, la que faculta a los directores a iniciar procedimientos sancionatorios de expulsión o cancelación de matrícula ante conductas graves de violencia que afecten gravemente la convivencia escolar o la integridad física o psíquica de los miembros de la comunidad escolar, garantizándose en todo momento un procedimiento previo, racional y justo.

Sostiene que el proceso sancionatorio se ajustó de manera rigurosa al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del establecimiento, el que se ha elaborado a la luz de la normativa educacional vigente.

Conforme a los hechos, indica que con fecha 30 de abril de 2026, la estudiante de autos agredió físicamente a su compañera nombre reservado, procediendo a tirarle el cabello con tal violencia, resultando lesionada y derribada en el suelo, además de proferirle una serie de insultos, la que se encuentra tipificada expresamente en el apartado 50 del descriptor de faltas contemplado en el artículo 10 del RICE vigente del establecimiento, el cual prescribe como una afectación grave a la convivencia escolar: "Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, sin importar el contexto con resultado de lesiones", asociando a dicha infracción las sanciones de cancelación de matrícula o expulsión.

Señala que el 5 de mayo de 2026 se dio inicio formal a la investigación a la estudiante, notificando personalmente y por escrito, tanto a la estudiante como a su apoderada, detallando la conducta atribuida a la alumna, nombre reservado, su gravedad y su calificación infraccional en el RICE. En esa misma fecha, se le tomó declaración a la apoderada recurrente, reconociendo las acciones de la protegida. Asimismo, se implementó la medida cautelar de suspensión preventiva por 10 días, otorgándole un plazo de 5 días para evacuar descargos.

Menciona que se tomó declaración a testigos que presenciaron la agresión, lo cual fue corroborado por el transportista escolar del establecimiento, quien también fue entrevistado.

Posteriormente, señala que el 18 de mayo pasado se notificó a la apoderada y a la estudiante del término de la investigación y el 12 de mayo (sic), la apoderada envió un correo electrónico con la apelación.

Finalmente, con fecha 12 de junio de 2026, indica que se notificó personalmente y por escrito a la apoderada y a la estudiante de la medida de expulsión, misma ocasión en la que la Rectora del establecimiento consignó que se reconsideró la medida implementada, modificándola a cancelación de matrícula y derivación a plan de acompañamiento.

Arguye que el procedimiento sancionatorio se verificó con cumplimiento de los elementos del debido proceso, realizándose indagaciones, contando con el reconocimiento de la apoderada de la alumna nombre reservado, de las agresiones que se le imputaron.

Respecto a la extensión de la medida de suspensión, esto se debió a la tardanza a la que se vio expuesta la conclusión del procedimiento, sobre la cual, la apoderada realizó diversas consultas, las que le fueron respondidas en cada caso, indicándosele que lo anterior, se debía a circunstancias ajenas a la voluntad de quienes se encontraban a cargo de sustanciar dicho procedimiento disciplinario, y que se debieron principalmente a incidentes de interrupción de clases a que permanentemente se encuentra expuesta la comunidad escolar del Liceo nombre reservado, lo que es de público conocimiento.

Respecto a la transgresión al derecho a la educación que refiere, en cuanto a no haber sido ingresada a clases, señala que la alumna se presentó en el establecimiento, una vez terminados los 10 días hábiles dispuestos en la notificación, en circunstancias que el procedimiento disciplinario aún se encontraba vigente, ya que tal como se le informó al apoderada, su tramitación sufrió un retraso debido a las contingencias a que se vio expuesto el Instituto, razón por la cual la alumna no pudo ingresar a clases.

En cuanto al derecho, señala que la cancelación de matrícula adoptada mediante procedimiento previo, racional y justo no constituye vulneración del derecho a la educación.

Asimismo, sostiene que la cancelación de matrícula como sanción moderada es proporcional a la gravedad de la conducta, al ser la menos gravosa de las máximas contempladas en el RICE, sin privar a la estudiante de continuar su trayectoria educativa, en tanto, la derivación a plan de acompañamiento y la gestión de reubicación en otro establecimiento garantizan la continuidad de sus estudios.

Agrega que la no admisión a sala el día del vencimiento de la suspensión no constituyó privación arbitraria del derecho a la educación, pues el procedimiento aún se encontraba vigente.

Concluye que la actuación no es ilegal al fundarse en el procedimiento de la Ley de Aula Segura, la Ley N°20.845 y en el RICE del establecimiento y tampoco es arbitrario, ya que la sanción no es desmotivada ni antojadiza, haciendo presente que la continuidad de la estudiante está garantizada, siendo improcedente la acción respecto de las supuestas amenazadas, al no ser la acción de protección la vía para cautelar lo que arguye amenazado, considerando que el establecimiento se encuentra en conocimiento de dichas alegaciones y cuenta con los protocolos de convivencia escolar aplicables.

TERCERO: Que la acción de protección de garantías constitucionales, establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre y legítimo ejercicio de las garantías fundamentales que allí se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que habrá que señalar, primeramente, que cuando el artículo 20 de la Constitución Política de la República se refiere a actos u omisiones ilegales, no está aludiendo, necesariamente, a una contravención a la ley formal, aquella definida en el artículo 1° del Código Civil, sino que, en realidad, incluye en tal concepto la juridicidad que un determinado organismo se ha dado. Luego, la “ilegalidad” que se denuncia puede consistir en una contravención, por parte de la recurrida, al denominado RICE, esto es al reglamento interno del Instituto nombre reservado.

QUINTO: Que, desde luego, no existe ilegalidad —en los términos señalados en el motivo anterior—ni arbitrariedad en el obrar del Instituto nombre reservado.

Se acreditó durante la investigación que múltiples testigos coincidieron en que nombre reservado se dirigió a la sala de la víctima, la jaló del cabello y la lanzó al suelo. La propia madre de la actora reconoció que su hija actuó de esa manera impulsada por conflictos previos. El relato de un externo confirmó que la víctima llegó llorando y reportó que la habían tirado al suelo, lo que motivó una investigación que se llevó con estricto apego al reglamento interno, estableciéndose, con la prueba aportada, que la alumna había incurrido en el número 50 del descriptor de faltas contemplado en el artículo 10 del RICE vigente del establecimiento, el cual prescribe como una afectación grave a la convivencia escolar: "Agredir físicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, sin importar el contexto con resultado de lesiones", que tiene asociado la cancelación de matrícula o expulsión, verificándose la primera sanción y la derivación a plan de acompañamiento, que permite asegurar la continuidad de la protegida en la trayectoria educativa. SEXTO: Que cabe consignar que esta Corte no constituye una segunda instancia de la decisión adoptada soberanamente por el Instituto nombre reservado, sino que es, a través del medio de impugnación empleado por la parte recurrente, una revisora del apego a la juridicidad de lo obrado y, como se dijo, ninguna falta puede advertirse en el procedimiento empleado respecto de la citada alumna.

SÉPTIMO: Que no ha sido el mero capricho lo que ha llevado al Instituto nombre reservado a disponer la cancelación de la matrícula de nombre reservado, sino su conducta considerada como una falta grave a la que se ha hecho referencia, de modo que también ha de descartarse la arbitrariedad a que se refiere el citado artículo 20 de la carta fundamental.

OCTAVO: Que, entonces, el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-15683-2026.