nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro.

A los folios 13 y 14: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don José María Hurtado Fernández, abogado, en favor del recurrente nombre reservado, nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, del Presidente de la República y del Ministro del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dar respuesta final, transcurridos más de 13 meses, a su solicitud de nacionalización, vulnerando con ello el derecho de igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 Nº 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, y el principio de celeridad contenido en el artículo 7 de la Ley N°19880, por lo que solicita que se emita pronunciamiento por parte de la recurrida y se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y se condene en costas.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la parte recurrente expone que nombre reservado, venezolano, decidió cambiar su condición migratoria e iniciar el proceso de solicitud de nacionalización el 27 de abril de 2023, solicitud Nº64082569 en trámite, cumpliendo con todos los requisitos legales. Han transcurrido más de 13 meses sin que dicha solicitud tenga una respuesta final, generando una constante preocupación, incertidumbre, inestabilidad emocional y un estado de indefensión a la recurrente.

En cuanto al derecho, la recurrente sostiene que el plazo legal para pronunciarse por parte del órgano recurrido es de 6 meses, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente formalizado por acto administrativo fundado del jefe superior del servicio. Agrega que se han vulnerado los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad que debe seguir la Administración del Estado según la Ley Nº19.880. La dilación en pronunciarse por parte de las recurridas sobre la solicitud de nacionalización, en opinión de la recurrente, constituye una omisión ilegal y arbitraria que vulnera el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Comprobante de envío de la solicitud; 2) Cédula de Identidad del recurrente; 3) Hoja de identificación de pasaporte venezolano; 4) Certificado de antecedentes penales venezolanos; 5) Certificado de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos; 6) Informe de boletas de honorarios de los años 2022 y 2023; y 7) Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado el Servicio Nacional de Migraciones, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que atente contra las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

En cuanto a los hechos, la recurrida expone que el extranjero nombre reservado ingresó a Chile el 20 de octubre de 2017 como turista, posteriormente se le otorgó permanencia definitiva el 29 de octubre de 2019.

Señala que el 27 de abril de 2023 el recurrente solicitó la carta de nacionalización, asignándosele el ID N° 64082569. Posteriormente, el 11 de marzo de 2024 se le comunicó el avance de su solicitud a la siguiente etapa de análisis. Luego, con fecha 11 de abril de 2024, fueron remitidos los antecedentes a Policía de Investigaciones para efectos de que se evacuara el respectivo informe.

Con fecha 19 de abril de 2024, Policía de Investigaciones remitió informe realizado, encontrándose la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, en trámite y en etapa de Análisis.

En cuanto al derecho, la recurrida argumenta que el recurrente cuenta con residencia definitiva vigente, por lo que mantiene una situación migratoria regular en Chile que no se ve afectada por la pendencia de su solicitud.

Explica que la carta de nacionalización es una concesión constitucional que el Estado otorga por gracia, en razón del mérito y previo cumplimiento de requisitos legales. La autoridad competente para resolver la solicitud es el Presidente de la República, por medio de un decreto firmado por delegación por el Ministro del Interior y Seguridad Pública. El Servicio Nacional de Migraciones sólo tiene competencia para la tramitación de la solicitud, no para su resolución.

En cuanto al plazo de tramitación, sostiene que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 permite que sea mayor a 6 meses en caso fortuito o fuerza mayor, como sería el aumento exponencial de solicitudes migratorias. Agrega que dicho plazo no sería fatal, sino meramente referencial para la Administración.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Comunicación electrónica folio N° 54892794, de fecha 11 de marzo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones; e 2) Informe de Extranjero Folio N° 57224220, de fecha 19 de abril de 2024, de Policía de Investigaciones.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública explica que conforme a la Ley N°21.325 es el Servicio Nacional de Migraciones el organismo encargado de tramitar las solicitudes de nacionalización para luego remitirlas al Ministerio del Interior para su resolución, sin que ello haya sido modificado por dicha ley que reconduce la regulación al Decreto Supremo N°5.142 de 1960. En dicho sentido la solicitud aún se encuentra en etapa de análisis por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por lo que el Servicio no está en condiciones aun de analizar ni resolver la solicitud de nacionalización del recurrente.

Argumenta que el recurrente no invoca acción u omisión alguna que importe una afectación de garantías, señalando vagamente encontrarse en una situación injusta y arbitraria, sin aportar antecedentes sobre algún perjuicio o detrimento particular ni información verificable sobre una desigualdad de trato o actuar discriminatorio. Agrega que al solicitar carta de nacionalización el recurrente debe contar con permanencia definitiva vigente, por lo que mantiene una situación migratoria regular en Chile que no se ve afectada por la pendencia de su solicitud.

En cuanto a la demora en los tiempos de tramitación, sostiene que la jurisprudencia ha concluido que se debe a que se trata de un procedimiento reglado con diversas etapas, sin que ello vulnere derechos. Agrega que el mero vencimiento del plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley N°19.880 no puede considerarse per se cómo vulneratorio de la igualdad ante la ley, siendo necesario aportar antecedentes de por qué esa demora significaría un trato desigual respecto a otros casos especificados.

Cuarto: Que, evacuando el informe solicitado, el Presidente de la Republica informa que, los antecedentes de la solicitud de nacionalización del recurrente, se encuentra en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, en una etapa previa a la remisión de antecedentes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Sostiene que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones, se limita a la tramitación de las solicitudes y no a su resolución, la que compete al Presidente de la República y ha sido delegada por ley, al Ministerio del Interior, en atención a lo dispuesto en el artículo 1° título IV N° 4 de la ley N° 16.436, destacando que el plazo de tramitación es no fatal y debe ser razonable.

En consecuencia, solicita tener por evacuado el informe requerido por este tribunal.

Quinto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Sexto: Que el acto denunciado mediante la interposición del presente recurso de protección corresponde a la demora en la respuesta a la petición de Carta de Nacionalización, efectuada por el recurrente con fecha 27 de abril de 2023.

Consta de autos, que el recurrente fue entrevistado por funcionarios de Policía de Investigaciones y que el informe pertinente fue remitido a la autoridad migratoria con fecha 19 de abril de 2024. Además, con los antecedentes acompañados a la causa se acredita que la solicitud se encuentra actualmente en etapa de Análisis ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Séptimo: Que en el contexto descrito, no se observa en el caso concreto un conflicto de orden constitucional que deba ser resuelto por esta vía cautelar, pues no existe una afectación a las garantías que se dicen conculcadas por cuanto la solicitud ha sido tramitada por la autoridad competente y se encuentra actualmente en Análisis, sin que se advierta una conducta discriminatoria que amague los legítimos intereses del recurrente, sobre todo si su situación migratoria es regular en el país, pues goza de residencia definitiva otorgada por Resolución Exenta N° 288551, de 29 de octubre de 2019.

En efecto, la carta de nacionalización chilena a ciudadanos extranjeros se encuentra regulada en normas constitucionales, legales y reglamentarias, cuya tramitación corresponde a esta fecha al Servicio Nacional de Migraciones, como lo prevé el artículo 84 de la Ley Nº 21.325, remitiéndose al Decreto Supremo Nº 5.142 de 1960, del Ministerio del Interior y solo una vez concluida la total revisión de los antecedentes, el correspondiente decreto que conceda el beneficio será firmado por la Ministra del Interior y Seguridad Publica, lo que en la especie se encuentra pendiente, pues la información y datos de recurrente se encuentran en evaluación.

Octavo: Que este tribunal no desconoce que la Ley N° 19.880, en su artículo 7º dispone que la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión y que por otro lado, el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8º, determina la necesidad de término del procedimiento mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, solo que en este caso, el asunto propuesto -en los términos planteados- excede el ámbito del aplicación del presente arbitrio por no ser esta la vía idónea para agilizar pronunciamientos administrativos, cuando no se ha demostrado afectación de derechos, ni perjuicio al estatus migratorio regular del recurrente, el que puede ingresar y salir del país libremente, sin que le asista un derecho indubitado que deba ser amparado por esta vía.

Noveno: Que por todo lo anterior el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y, en su oportunidad archívese.

N°Protección-15683-2024.