Recurso de protección

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación y como padres de GABRIELA, e interponen recurso de protección en contra de don nombre reservado, representante legal de nombre reservado.

Relatan que su hija GABRIELA, fue alumna regular del colegio particular subvencionado nombre reservado desde pre- kinder hasta cuarto básico, que ahí se encuentran sus profesores, sus compañeros, sus amigos, su arraigo estudiantil.

Dan cuenta que durante los años de pandemia la situación económica y emocional de su familia ha sido muy compleja, agravándose dicha situación el año 2021, pues estuvieron sin trabajo estable lo que los llevó a adeudar al establecimiento educacional señalado la suma de $ 664.000, por concepto de las mensualidades impagas.

Exponen que enviaron durante los meses de noviembre y diciembre correos electrónicos al establecimiento para ver si de alguna manera se podía asegurar la matrícula de su hija y solicitaron que se les dieran un plazo para poder pagar la deuda, correos electrónicos que no fueron contestados por el colegio, razón por la cual acudieron presencialmente al establecimiento el día 25 de febrero a matricularla, sin embargo en dicha oportunidad se les indicó que no sería posible y que había quedado sin cupo para cursar el quinto año F durante el año 2022.

Aducen que el colegio nunca les informó sobre la posibilidad de no poder matricular a su hija, habiendo dado las explicaciones, especialmente sobre sus dificultades económicas: Sin embargo, el Director del establecimiento les señaló que no se podía realizar gestión alguna.

Agregan que haciendo un esfuerzo, se pagó la deuda pendiente el día 28 de febrero de 2022, no obstante aún están a la espera de una matrícula para su hija.

Estima vulnerados el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la educación (en particular la libertad de enseñanza), y el derecho de propiedad.

Concluyen solicitando se ordene que se matricule a su hija en 5º año básico F, que se mantenga en su mismo curso, y las demás providencias que se estime adecuadas para el resguardo de los derechos de su niña.

Segundo: Informando por la recurrida, comparece doña nombre reservado, abogada, mandataria judicial de Fundación Educacional Alicante del Rosal, sostenedora del establecimiento escolar nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que muchos de sus apoderados sufrieron mermas en sus ingresos a raíz de la pandemia por lo que el Colegio abrió un fondo solidario y extraordinario de becas, especial y adicional al ya existente.

Refiere que, considerando la situación sanitaria nacional, a partir del año 2020 se implementó un “sistema centralizado de postulación” para que los tutores económicos pudieran, a través de una plataforma de internet, postular a la asignación de becas para el siguiente año escolar, acompañando los documentos y antecedentes que acreditaran y sustentaran su petición.

Precisa que el proceso de postulación y asignación de becas se encuentra completamente regulado en cuanto a los plazos, documentos y formas de asignación; y las postulaciones que se realicen a través de otros medios (fuera del sistema centralizado digital); fuera de plazo; o que se realicen con documentación incompleta, ilegibles, o que no cumplan con los requisitos de autenticidad, no se considerarán válidas, ni serán evaluadas.

Expone que el inicio del período de postulación a becas año 2022 fue abierto e informado con fecha 06 de agosto de 2021, a toda la comunidad escolar a través de la página web institucional que es el medio de comunicación válido de la información oficial del colegio, tal como señala el reglamento de convivencia escolar y contrato de prestación de servicios suscrita por la apoderada y también el Reglamento de Convivencia Escolar correspondiente al 2021, período de postulación que venció irrevocablemente el día 26 de agosto de 2021.

Aduce que los apoderados de la alumna reconocen que no fue hasta febrero del año 2022 que expusieron su situación financiera, cuestión que a todas luces es extemporánea, además de no realizar su solicitud por el canal oficial dispuesto para ello y por lo tanto no pudieron formar parte del proceso de postulación y posterior asignación de becas.

Añade que conforme al Contrato de Prestación de Servicios Educacionales año escolar 2021, folio n° NUM000, celebrado por las partes el 20 de diciembre de 2020, el apoderado o tutor económico se obligó a cumplir con sus compromisos financieros para con el colegio antes del término del mes de diciembre del dicho mismo año, y en caso de incumplimiento de dicha obligación económica su sanción no es otra que la no renovación de la matrícula para el siguiente año escolar, citando el artículo 1545 del Código Civil para ello.

Sostiene que el recurso de protección constituye una acción de última ratio, sin embargo, el actor previamente presentó denuncia a la Superintendencia de Educación Escolar, reconociéndole a dicho organismo competencia para conocer y resolver su situación.

Estima que no se han vulnerado las garantías mencionadas por los recurrentes y que no concurren los requisitos de procedencia de la acción interpuesta, agregando que en definitiva, lo pretendido por los recurrentes es que no se les aplica un contrato válidamente celebrado, en circunstancias que los propios recurrentes no postularon a las becas que otorga el colegio ni solicitaron reprogramar la deuda como en años anteriores, lo que le habría permitido haber matriculado a su pupila sin problemas para el 2022.

Tercero: En el folio 6, la Superintendencia de Educación informé mediante ORD.: Nº NUM001 mediante el cual, se pronuncia respecto de la denuncia N° NUM002, interpuesta por los recurrentes en contra del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, de comuna de Maipú, por motivo del Proceso de Admisión, que le habría afectado a la estudiante GABRIELA, ex alumna de 4° Básico del establecimiento denunciado.

Cita el artículo 11 inciso 3° y 4°, del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, conforme a los cuales, los establecimientos educacionales no pueden cancelar la matrícula de los estudiantes por no pago de las obligaciones económicas durante la vigencia del año escolar, sin embargo, nada señala acerca de la aplicación de medidas al término del año escolar, por lo que los establecimientos educacionales no se encuentran obligados a renovar la matrícula de aquellos estudiantes que, al momento del proceso de matrícula, presenten incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por sus padres o apoderados.

En mérito de lo anterior, señala que no se logra establecer una eventual vulneración de la normativa educacional, y en consecuencia, se procedió al cierre de la denuncia.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Como puede deducirse de la parte expositiva de esta sentencia, el conflicto sometido a la decisión de esta Corte dice relación con el acto que se considera arbitrario e ilegal, consistente en la imposibilidad de matricular a su hija en el establecimiento educacional al adeudar parte de la colegiatura del año.

Sexto: A efectos de resolver la controversia planteada en autos, orienta tener presente lo dispuesto en el artículo 11 del D.F.L. N° 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del D.F.L. Nº 1, que establece en sus incisos 3° y 4° que “durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”.

Séptimo: Como puede inferirse de lo expuesto por las partes, no ha resultado controvertida la circunstancia que la alumna en cuyo favor se ha recurrido, así como la propia recurrente, formaban parte de la comunidad educativa del establecimiento recurrido, hasta el año 2021, para lo cual el apoderado firmó un contrato de prestación de servicios educacionales y un pagaré, en el que se comprometió a pagar la colegiatura correspondiente. De la misma forma, no ha sido discutido que el apoderado recurrente incurrió en morosidad en el pago de la colegiatura de su hija, el que finalmente realizó el 28 de febrero de 2022, luego de ser informada que la alumna no contaba con matrícula disponible debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por su parte, la recurrida aseguró que se les informó a los apoderados del establecimiento educacional el procedimiento para optar a becas y beneficios para el pago del arancel correspondiente, en las fechas señaladas en su informe, sin que el recurrente haya postulado a ellos, informando su situación económica tan solo en febrero de 2022.

Octavo: En consecuencia, la controversia constitucional radica en determinar si el establecimiento educacional recurrido se encontraba autorizado para disponer de la matrícula de una alumna antigua del establecimiento, por registrar morosidades en el pago de la colegiatura del año anterior.

Noveno: Sobre el particular, la Superintendencia de Educación ha señalado que los establecimientos educacionales no se encuentran obligados a renovar la matrícula de aquellos estudiantes que, al momento del proceso de matrícula, presenten incumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por sus padres o apoderados, por no encontrarse esa situación expresamente regulada por la ley.

Décimo: Conforme a los hechos asentados, el establecimiento educacional otorgó la posibilidad a los padres y apoderados de optar a un sistema de becas y de financiamiento en el caso que no pudieran satisfacer el monto de sus obligaciones, sin que el recurrente haya postulado a ellos, limitándose a manifestar su situación económica al momento de matricular a su hija, por lo que ya se habían agotado los plazos para dar una solución a la situación del incumplimiento del pago total del arancel convenido.

Undécimo: Debe tenerse presente que el recurrente suscribió un contrato con el recurrido, que, entre sus obligaciones, establecía el pago de una suma de dinero por los servicios educacionales prestados, regulándose por el legislador la imposibilidad de poner término a esa relación contractual durante la vigencia del año escolar, precisamente para impedir que la enseñanza del alumno se vea interrumpida.

Sin embargo, luego de terminado ese período, no existe la imposibilidad de poner término a la relación contractual, pudiendo un contratante, atendido el incumplimiento de las obligaciones por parte del otro, darle término al contrato, y, en consecuencia, en este caso, el Colegio se halla facultado para no disponer de una matrícula para el año siguiente al del respectivo incumplimiento.

Duodécimo: En consecuencia, el actuar de la recurrida no constituye un acto arbitrario e ilegal, por lo que se desestima el recurso de protección deducido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y doña nombre reservado, en representación y como padres de GABRIELA, en contra de don nombre reservado, representante legal del nombre reservado.

Redacción del ministro suplente señor Pedro Advis.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1565-2022.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, por la ministra señora María Paula Merino Verdugo y el ministro (S) señor Pedro Advis Moncada. No firma el ministro (S) señor Advis, por no encontrarse al momento de hacerlo.