Protección contra Servicio de Impuestos Internos

C.A. de Santiago Santiago, once de octubre de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que el 8 de junio de 2024 comparece el abogado Marco Antonio Salas Muñoz, en representación de nombre reservado, interponiendo un recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, por no haber concluido el proceso de fiscalización iniciado para la determinación del impuesto a la herencia quedada al fallecimiento de su padre o la exención en su caso, imputándole haber extraviado la documentación que ingresó para efectos de tasar correctamente los bienes que componen la masa hereditaria y exigirle presentarlos nuevamente. Actuación que considera ilegal, arbitraria y vulneradora de las garantías del artículo 19 Nros. 1, 2, 3, 22 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes del recurso que, fallecido su padre nombre reservado, una de las hermanas tramitó la posesión efectiva, contexto en el cual elaboró un inventario errado de los bienes quedados a su fallecimiento, toda vez que incorporó algunos activos inexistentes y omitió pasivos.

Como consecuencia de ello, indica que en mayo de 2022 fue objeto de la citación Nro. 339 por parte del Servicio de Impuestos Internos, al considerarla subdeclarante del impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones de la Ley Nro. 16.721, en cuya virtud se le requirió dar respuesta y aportar antecedentes. Manifiesta que el 9 de julio de ese año contestó el requerimiento a través de la plataforma; sin embargo, debido a que los documentos no pudieron cargarse, se le permitió acompañarlos en un pendrive.

Expresa que el 8 de mayo de 2024, sorpresivamente, fue notificada por la Tesorería General de la República, oficina Provincial de Angol, del cobro de $ 3.029.326.- por concepto de impuesto a la herencia, pese a que una funcionaria del ente fiscal se habría comprometido, casi un año antes, a suspender la ejecución dado que no se había terminado la revisión de los antecedentes allegados.

Aduce que el abogado a cargo de esa gestión le indicó que realizó averiguaciones durante mayo de 2023 ante dicho organismo, donde le respondieron que los documentos se habían extraviado y que debía ingresar todo nuevamente para iniciar a revisión. Frente a ello, refiere que el 23 de mayo de 2023 se remitieron justificativos para la determinación de la masa partible, proceso del que no ha tenido respuesta.

Argumenta que el actuar del Servicio de Impuestos Internos ha sido ilegal y arbitrario, afectando el patrimonio y salud psíquica de la recurrente, por cuanto se encuentra demandada por Tesorería como consecuencia de haber incumplido la recurrida su obligación legal de revisar los antecedentes aportados que, a su juicio, acreditan la exención en el pago del impuesto referido. Y vincula dicha infracción con la vulneración de las garantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida revisar el escrito de contestación y los datos aportados a la citación Nro. 339 en un plazo razonable; y oficiar a la Tesorería General de la República para que deje sin efecto cualquier acción judicial en su contra mientras no haya pronunciamiento. Lo anterior, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, evacuando informe, el Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo del recurso impetrado.

En cuanto a los antecedentes de hecho, puntualiza que el 21 de septiembre de 2021 se presentó por internet la declaración del impuesto a la herencia a través del formulario 4423, el que fue rectificado el 12 de noviembre de ese año; lo que motivó la emisión de los giros y, además, el inicio de un proceso de fiscalización. Hace presente que, durante su desarrollo, nombre reservado rectificó la posesión efectiva en dos oportunidades, ambas presentadas el 10 de enero del año en curso y, luego, la cónyuge sobreviviente repudió la herencia.

Ahora bien, en relación con la acción cautelar incoada, en primer término, alega la falta de oportunidad de este.

Menciona que por ordinario Nro. 785, de 24 de julio de 2024, se dispuso suspender el procedimiento de cobranza por 180 días -accediéndose a la petición administrativa presentada por la actora- lo cual se comunicó a Tesorería General de la República el 2 de agosto del año en curso. Por consiguiente, estima que se ha satisfecho la pretensión procesal de la recurrente.

Acto seguido, sostiene la extemporaneidad de la acción. Al respecto, enfatiza en que la recurrente habría tomado conocimiento de la eventual pérdida de documentos en mayo de 2023 y, transcurrido un año, entabla el presente recurso, excediendo con creces el plazo de 30 días previsto en el artículo 1 del Auto Acordado de la E. Corte Suprema, del año 2015, sobre tramitación de recurso de protección.

Sin perjuicio de lo expuesto, alega la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuación.

Previa alusión a la normativa aplicable, en particular, respecto a las normas que le confieren facultades para la aplicación y fiscalización de la determinación del impuesto que grava las asignaciones hereditarias, subraya que el aludido procedimiento de fiscalización no ha podido finalizarse a la fecha -encontrándose su tramitación dentro de los plazos legales- debido a las continuas modificaciones efectuadas por las herederas a la posesión efectiva, teniendo lugar, como se señaló, la última de ellas, el 13 de junio del año en curso.

Asimismo, aclara que no se han extraviado los antecedentes aportados por la actora, los que se encuentran en su poder y forman parte del proceso de fiscalización en curso.

Finalmente, afirma que no ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y pide que se rechace la acción constitucional interpuesta, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

Cuarto: Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales establece que el plazo fatal de 30 días corridos para interponer el recurso se cuenta "[…] desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos".

Quinto: Que, en la especie, habiéndose interpuesto la acción el 8 de junio de 2024, esto es, más allá de los 30 días corridos desde que la recurrente tomó conocimiento cierto del cobro del impuesto a la herencia por parte de Tesorería, a saber, el 8 de mayo de 2024 -data en que se le notifica del procedimiento ejecutivo seguido en su contra- no cabe sino concluir que la presente acción constitucional ha sido deducida en forma extemporánea.

Sexto: Que, sin perjuicio de ser la anterior razón suficiente para desestimar la acción, cabe precisar que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye entonces una acción de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Séptimo: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso que se analiza, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, q) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Octavo: Que del mérito de los hechos expuestos se advierte que lo que en definitiva impugna la recurrente es la demora del Servicio de Impuestos Internos en concluir el proceso de fiscalización iniciado para determinar el impuesto a la herencia quedado al fallecimiento de su padre.

En este escenario, tratándose de un procedimiento de fiscalización tributaria, el ordenamiento jurídico ha contemplado diversos mecanismos administrativos y jurisdiccionales específicos para impugnar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, entre ellos, el recurso de resguardo o el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos, conforme al procedimiento del párrafo 2° del Título III del Libro Tercero del Código Tributario. Razón por la cual la presente acción cautelar no se configura como la vía idónea para reclamar de la vulneración de las garantías que han sido invocadas, debiendo, además, anotarse que la alegación relativa al extravío de la documentación no se ha justificado Noveno: Que, asimismo, no es posible constatar una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la recurrida que pueda estimarse vulneratoria de las garantías constitucionales denunciadas por la actora.

Al respecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Nro. 16.271 sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, la “[…] aplicación y fiscalización de dicho tributo se encuentra entregada por ley al Servicio de Impuestos Internos. Agrega el artículo 50 que “[…] para estos efectos, presentada la declaración del impuesto, y con el sólo mérito de los antecedentes presentados, el Servicio deberá proceder al giro inmediato del mismo, sin perjuicio de ejercer posteriormente sus facultades de fiscalización.

Asimismo, el artículo 60 del mismo cuerpo legal, en su parte pertinente, establece que "[e]l Servicio de Impuestos Internos establecerá la forma en que se acreditará el pago del impuesto o la circunstancia de resultar exento […]".

Pues bien, en el ejercicio de dichas facultades legales, una vez presentada la declaración del impuesto por los herederos, el órgano fiscal procedió al giro inmediato del mismo, según lo estatuido por el inciso 2° del artículo 50 de la Ley Nro.16.271 y, paralelamente, inició un proceso de fiscalización para determinar la correcta aplicación del tributo, conforme lo autoriza el inciso final del mismo artículo.

Si bien las partes están contestes en que dicho procedimiento no ha concluido, se desprende de sus alegaciones y de los datos aportados que su finalización no ha podido concretarse a la fecha debido a las sucesivas rectificaciones y cambios que las propias herederas -entre ellas la recurrente- han efectuado a la posesión efectiva de la herencia, la última de las cuales tuvo lugar recién el 13 de junio de 2024.

Por consiguiente, no se aprecia una dilación injustificada o una demora inexplicable en la actuación del Servicio que permita calificarla de arbitraria o ilegal, máxime si se considera que han sido las propias interesadas quienes han ido modificando los antecedentes que sirven de base para la correcta determinación del impuesto.

Con todo, además, se ha informado que el giro se encuentra actualmente suspendido.

En consecuencia, el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 15647-2024 (Protección)