Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Alegó, previo anuncio y relación pública, el abogado don Claudio Villarroel contra el recurso, por el tiempo de 10 minutos respectivamente. Santiago, 3 de julio de 2026. Carla Muñoz Salas, relatora.

Santiago, tres de julio de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°20 y 21: Téngase presente y a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien mediante un formulario y de su puño y letra interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), en razón de haber incurrido en un acción ilegal y arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de diciembre de 2025, por la Superintendencia de Seguridad Social, que denegó el pago las licencias médicas N°s NUM001 y prórrogas, a contar del 29 de enero de 2025, afectando sus derechos constitucionales, por lo que solicita se dejen sin efecto las referidas resoluciones, ordenando el pago de las respectivas licencias médicas.

Segundo: Que, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) evacua informe al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción y alegando, en lo principal, la falta de legitimación pasiva de dicha institución para ser recurrida en autos.

Expone, en primer término, el marco normativo aplicable al Seguro Social de la Ley N°16.744, señalando que la administración del seguro corresponde al Instituto de Seguridad Laboral o a las mutualidades de empleadores, según corresponda, y que el Instituto de Seguridad Laboral se encuentra facultado para celebrar convenios con organismos públicos y privados para el otorgamiento de prestaciones médicas. En este contexto, indica que actualmente existe un convenio vigente entre el Instituto de Seguridad Laboral y la Asociación Chilena de Seguridad, materializado mediante la Resolución N°052, de 23 de enero de 2025.

Respecto del caso concreto, informa que la recurrente, nombre reservado, se encontraba afiliada al Instituto de Seguridad Laboral al momento de sufrir un accidente de trayecto ocurrido el 1 de noviembre de 2021, por lo que comenzó a recibir prestaciones médicas en dependencias del Hospital del Trabajador en virtud del convenio existente entre ambas instituciones. Señala que la recurrente sufrió un esguince grado II de tobillo izquierdo, una fractura cerrada del maléolo peroneo izquierdo y posteriormente un dolor crónico de tobillo izquierdo, patologías que fueron calificadas como de origen laboral por el Instituto de Seguridad Laboral. Agrega que, conforme a dicho convenio, la ACHS ha otorgado a la recurrente todas las prestaciones médicas contempladas en la Ley N°16.744 que su situación clínica ha requerido, manteniéndose actualmente bajo atención en el Hospital del Trabajador. Asimismo, indica que, frente a consultas formuladas por la recurrente relativas a la evaluación de secuelas efectuada por el ISL, ésta fue orientada y derivada al equipo de gestión de pacientes del propio Instituto de Seguridad Laboral existente en la ACHS.

La ACHS sostiene que la recurrente atribuye la vulneración de sus garantías constitucionales al rechazo o falta de pago de prestaciones económicas derivadas de licencias médicas por parte del Instituto de Seguridad Laboral, por lo que alega que la acción ha sido dirigida erróneamente en su contra.

Expone que, conforme a la Ley N°16.744, corresponde al organismo administrador del seguro al cual se encontraba afiliado el trabajador al momento del accidente evaluar los antecedentes médicos y laborales, determinar el origen laboral de la contingencia y otorgar las prestaciones económicas correspondientes.

En consecuencia, afirma que la intervención de la ACHS se limitó exclusivamente al otorgamiento de prestaciones médicas en virtud del convenio celebrado con el ISL, careciendo de atribuciones para pronunciarse sobre la autorización o pago de subsidios por incapacidad laboral, motivo por el cual opone la falta de legitimación pasiva y solicita el rechazo del recurso respecto de dicha institución.

Tercero: Que, comparece la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando, en primer lugar, la improcedencia del recurso de protección, erróneamente individualizada como extemporaneidad, pues la materia sobre la que versa este recurso die relación con un derecho perteneciente a la seguridad social, establecido en el N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar interpuesta, por lo que la presente acción constitucional es improcedente.

En subsidio de la alegación de improcedencia de la acción de protección, la Superintendencia de Seguridad Social informa sobre el fondo del asunto, señalando que la recurrente, en su calidad de trabajadora independiente, dedujo reclamaciones tanto ante la Contraloría General de la República (Folio NUM002, Ref. N°NUM003) como directamente ante la propia Superintendencia, solicitando la reposición de la Resolución Exenta N°NUM004, de 19 de noviembre de 2025, mediante la cual dicho organismo aprobó la cobertura médica otorgada por el Instituto de Seguridad Laboral, a través de su prestador en convenio, la Asociación Chilena de Seguridad, con ocasión del accidente laboral sufrido el 16 de noviembre de 2021.

Asimismo, indica que la recurrente reclamó del rechazo de la licencia médica N°NUM001 y de sus respectivas prórrogas, mediante las cuales se le prescribió reposo a contar del 29 de enero de 2025.

En relación con la cobertura médica otorgada a la recurrente, la Superintendencia señala que ya había emitido pronunciamientos previos mediante las Resoluciones Exentas N°NUM005, N°NUM006 y N°NUM004, resoluciones en las cuales se aprobó la cobertura médica brindada por el Instituto de Seguridad Laboral a través de la Asociación Chilena de Seguridad, concluyendo que las prestaciones médicas otorgadas se ajustaban a la normativa aplicable, razón por la cual manifiesta que, a la fecha del informe, no mantiene observaciones adicionales respecto de dicha cobertura asistencial.

En cuanto al rechazo de las licencias médicas reclamadas, la Superintendencia informa que el Instituto de Seguridad Laboral comunicó que la recurrente, en su calidad de trabajadora independiente, no reunía los requisitos legales necesarios para acceder a la cobertura económica del Seguro Social de la Ley N°16.744, toda vez que no se encontraba al día en el pago de las cotizaciones correspondientes.

Precisa que la recurrente registraba únicamente cinco cotizaciones durante el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, y que además no registraba cotizaciones en el mes inmediatamente anterior al inicio del reposo médico prescrito.

Sobre la base de lo dispuesto en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, particularmente en el Libro VI, Título II, Letra E, concluye que los trabajadores independientes sólo pueden acceder a los beneficios del seguro cuando se encuentran al día en el pago de sus cotizaciones, razón por la cual determinó que no procedía otorgar cobertura económica respecto de las licencias médicas reclamadas, criterio que fue formalizado mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de 19 de diciembre de 2025.

La Superintendencia agrega que el régimen establecido en la Ley N°16.744 distingue entre prestaciones médicas, destinadas a otorgar atención, tratamiento y rehabilitación al trabajador, y prestaciones económicas, cuya procedencia depende del cumplimiento de los requisitos legales y previsionales establecidos para acceder a la cobertura del seguro.

Asimismo, recuerda que el artículo 77 de dicha ley contempla un procedimiento especial de reclamación respecto de las decisiones adoptadas por los organismos administradores del seguro, correspondiendo a la propia Superintendencia resolver dichas reclamaciones con competencia exclusiva y conforme a las facultades que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, sostiene que su actuación se ajustó estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan sus atribuciones fiscalizadoras y decisorias, descartando la existencia de arbitrariedad o ilegalidad.

Afirma que la resolución cuestionada fue dictada previa revisión y ponderación de los antecedentes médicos, previsionales y normativos pertinentes, dentro del ámbito de competencia de la institución, por lo que estima que no se ha producido vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, solicitando, en consecuencia, el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas.

Cuarto: El Instituto de Seguridad Laboral (ISL), evacua informe al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción por estimar que no ha existido actuación ilegal o arbitraria que haya vulnerado o amenazado derechos constitucionalmente garantizados de la recurrente.

Precisa que el recurso se funda en la solicitud de pago de las licencias médicas emitidas entre enero y marzo de 2025, argumentando la recurrente que existiría cobertura del Seguro de la Ley N°16.744 atendido el reconocimiento de la cobertura médica y la calificación del accidente laboral.

Expone el marco normativo aplicable al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, señalando que el ISL es un organismo público descentralizado encargado de administrar el Seguro de la Ley N°16.744 y que, al no contar con establecimientos propios de salud, se encuentra facultado para otorgar prestaciones médicas a través de convenios celebrados con servicios de salud, mutualidades y otros establecimientos públicos o privados, manteniendo la obligación de otorgar tanto prestaciones médicas como económicas en los casos que corresponda conforme a la ley.

Respecto de los antecedentes médicos de la recurrente, informa que ésta corresponde a una trabajadora independiente voluntaria que registra un primer siniestro laboral ocurrido en el año 2021, por el cual recibió atención traumatológica hasta obtener el alta técnica el 3 de septiembre de 2025, debido a la ausencia de acciones terapéuticas pendientes.

Señala que la patología evolucionó hacia un cuadro de dolor crónico de tobillo izquierdo, precisando el especialista tratante que la paciente presenta dolor desproporcionado a los hallazgos clínicos y radiológicos, sin existir actualmente indicación de procedimientos reconstructivos o quirúrgicos. Asimismo, indica que las patologías de depresión, escoliosis y gastritis fueron calificadas como de origen común, debiendo ser tratadas a través del sistema previsional común de salud.

Agrega que se dispuso el cese de las prestaciones pecuniarias, al no proceder la emisión de nuevas licencias médicas tipo 5 ni el pago de subsidios, debido a la pérdida de la calidad de trabajadora protegida y al alta médica otorgada por la especialidad tratante. No obstante, atendida la persistencia del dolor crónico residual derivado del accidente de 2021, se dispuso remitir los antecedentes a la Comisión Evaluadora de Incapacidades de la Asociación Chilena de Seguridad, a fin de determinar la eventual procedencia de una indemnización o pensión conforme a la Ley N°16.744.

En cuanto a los siniestros registrados, informa que el accidente laboral ocurrido el 16 de noviembre de 2021 generó la emisión de trece licencias médicas, de las cuales las licencias N°NUM001, NUM007 y NUM008 fueron rechazadas por Contraloría Médica debido a que el reposo fue considerado injustificado y porque la trabajadora no mantenía cotizaciones suficientes ni continuidad en el reposo.

Asimismo, señala que respecto del segundo accidente laboral ocurrido el 24 de junio de 2025, correspondiente al siniestro N°NUM009, se emitieron tres licencias médicas, rechazándose la licencia N°NUM010 por estimarse que la trabajadora no se encontraba protegida por el seguro.

En relación con la cobertura del Seguro de la Ley N°16.744, el ISL señala que la recurrente no figura como trabajadora independiente obligada por Operación Renta y que, en su calidad de trabajadora independiente voluntaria, debía enterar cotizaciones mensuales para acceder a la cobertura del seguro.

Expone que, de la revisión efectuada a los antecedentes previsionales, se constató que la recurrente mantenía cotizaciones pagadas de manera intermitente y que, para el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025, sólo registraba cinco cotizaciones, sin contar con la cotización del mes anteprecedente al siniestro enterada oportunamente. Precisa que las únicas cotizaciones válidamente pagadas con anterioridad al siniestro correspondían a los meses de junio, agosto y septiembre de 2024 y enero de 2025, totalizando sólo cuatro cotizaciones válidas, cantidad insuficiente para acceder a la cobertura del seguro. En consecuencia, concluye que la recurrente no contaba con cobertura del Seguro de la Ley N°16.744 a la fecha del siniestro, ratificando el rechazo de las licencias médicas reclamadas por incumplimiento de los requisitos de cotización y por discontinuidad del reposo.

Asimismo, informa que la recurrente había deducido previamente reclamaciones ante la Superintendencia de Seguridad Social, las que fueron rechazadas mediante la Resolución N°NUM006, al estimarse que el organismo administrador había otorgado las evaluaciones médicas, tratamientos y prestaciones correspondientes y que el término de las prestaciones traumatológicas obedeció a la consolidación de la lesión base.

Finalmente, sostiene que el ISL ha actuado siempre dentro del ámbito de sus competencias legales, otorgando las prestaciones médicas que correspondían y proporcionando a la recurrente información respecto de los recursos administrativos procedentes.

Añade que el recurso de protección no constituye una vía idónea para impugnar decisiones adoptadas por los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, por existir procedimientos específicos de reclamación establecidos en la ley.

Asimismo, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, sosteniendo que la recurrente recibió el mismo trato y prestaciones otorgadas a cualquier otro beneficiario del sistema, razón por la cual solicita el rechazo del recurso, con costas.

Quinto: Que para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte de los recurridos, que provoquen la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio, exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Séptimo: Que conforme se advierte del mérito de los antecedentes, la recurrente no cumple con los requisitos legales que establece el Compendio Normativo sobre el seguro de la Ley N°16.744, al ser trabajadora independiente voluntaria, y no contar con cotizaciones el mes anterior precedente al segundo siniestro del mes de junio de 2025, posteriores al alta técnica otorgada por la Asociación Chilena de Seguridad, por lo que no se advierte ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la recurrida motivo por el cual la presente acción cautelar será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°1564-2026 Protección.