nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de AFP PROVIDA S.A., por el rechazo a la solicitud de retiro de fondos para extranjero realizada por el recurrente.

Señala que nombre reservado solicitó la devolución de sus fondos previsionales de forma presencial ante AFP Provida, amparándose en la Ley N° 18.156, que exime de cotizaciones a técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo ciertas condiciones. La solicitud fue presentada el 3 de diciembre de 2024, con el número 1260780. El 2 de julio de 2025, AFP Provida comunicó por correo electrónico el rechazo, argumentando que "no fue posible validar el timbre del oficial de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, estampado en la Constancia de Afiliación en el IVSS".

Expresa que el recurrente presentó la siguiente documentación: contratos y anexos de trabajo, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el título profesional debidamente apostillado. Indica que la AFP Provida ha obstaculizado injustificadamente el proceso" y pretende desconocer documentos válidos.

Menciona que la declaración de afiliación fue emitida por la embajada de Venezuela en Chile mientras estaba operativa y luego autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, acto que la recurrida busca desconocer. Añade que el Código de Procedimiento Civil chileno, en el artículo 345 N° 3, establece que la autenticidad de las firmas de estos funcionarios se puede comprobar en Chile con el atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país donde se otorgó el instrumento, y su firma certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que la recurrida da una mala interpretación de la norma, y que existe una imposibilidad técnica y material de obtener una nueva certificación consular actualizada de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el IVSS, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que dejó a los nacionales venezolanos sin representación consular o diplomática.

Asevera que el Código Civil, en el artículo 45, define la fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto al que no es posible resistir. Expone que la ausencia de representación diplomática constituye un hecho público y notorio que impide a los nacionales venezolanos obtener una nueva declaración jurada de inscripción en el IVSS.

Alega que el legislador ya estableció los requisitos para la devolución de fondos y que las administradoras no deben establecer requisitos adicionales, buscando solo corroborar la afiliación del trabajador a un sistema de previsión social, más allá del formalismo documental. Añade que cualquier interesado puede verificar la existencia de su afiliación, ya que la planilla aportada ofrece un código de verificación para comprobar la autenticidad del documento en la página oficial del IVSS. Esto se ilustra con la búsqueda en Google de "CERTIFICADO DE AFILIACIÓN IVSS VENEZUELA" y las capturas de pantalla de la plataforma oficial. La interfaz del portal oficial del IVSS permite acceder al documento original digital al ingresar el código único que posee cada planilla de afiliación. Si la intención de la recurrida es la verificación real de la afiliación, basta con realizar el ejercicio señalado.

Sostiene que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley, ya que la recurrida ha dado un trato desigual al recurrente respecto a otros solicitantes que, estando en iguales circunstancias, han recibido respuestas favorables. A él se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplada en la Ley N° 18.156 y modificada Ley N° 18.726, ni en su portal oficial, a pesar de que cumplió con lo establecido en la Circular N° 553. También se vulnera el derecho a la propiedad privada sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de devolución de fondos previsionales, conforme a derecho, dentro del plazo de 5 días.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP Provida S.A. solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que la materia reclamada por el recurrente no es propia de una acción cautelar, haciendo improcedente el recurso de protección. Señala que lo pedido por el recurrente (una modificación de cuerpos normativos del sistema de pensiones) excede la finalidad del Recurso de Protección, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia. Añade que en estos autos no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido, por lo cual no puede solucionarse vía recurso de protección.

Expone que ProVida rechazó, el 2 de julio de 2025, la solicitud de devolución de fondos de nombre reservado, en su calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N° 18.156. Indica que la Ley N° 18.156 permite a técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales solo si cumplen con todos los requisitos establecidos, siendo una norma de carácter excepcionalísima. Se rechazó la solicitud debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones establece que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónicas de Cotizaciones) emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana, y que no señalen las coberturas con que cuenta el afiliado o permitan inferir un período de cobertura, no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la Ley N° 18.156. A contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile (siendo Venezuela también Estado Parte), se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, en conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1 del Convenio de la Apostilla. Añade que antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al IVSS emitida por la delegación consular de ese país en Chile era útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero. Por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, ProVida debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Asevera que la Ley N° 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones regulan la exención de cotizar a los técnicos extranjeros que cumplan con los requisitos prescritos en su artículo 1. El artículo 7 de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros afiliados a una AFP, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1. Agrega que los requisitos para estar exentos de cotizar son: a) detentar la calidad de técnicos (trabajadores con conocimientos de una ciencia o arte acreditados con documentos legalizados y, si es el caso, traducidos); b) estar afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile (con anterioridad a su contrato en Chile), que otorgue prestaciones a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (acreditado mediante certificación legalizada de la institución); y c) que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de su país de origen.

Afirma la recurrida que el actuar de AFP ProVida no es ilegal ni arbitrario, pues para la devolución de fondos solo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos de la normativa vigente.

Cita jurisprudencia en apoyo de sus alegaciones.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnen las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744”.

A su turno, el artículo 7 agrega: “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Quinto: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en el mensaje enviado por la recurrida, vía aplicación “WhatsApp”, el 2 de julio de 2025, en el cual se comunica que la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor fue rechazada dado que “no fue posible validar el timbre del oficial de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, estampado en la Constancia de Afiliación en el IVSS”.

Sexto: Que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos que la recurrida echa en falta, el recurrente acompaña “Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de pensiones (AFP), del 25 de julio de 2024 y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile el 31 de julio del mismo año.

Séptimo: Que, en relación a la objeción expresada por la recurrida, que se vincula directamente con las exigencias del artículo 1 de la Ley N° 18.156, cabe referir que AFP PROVIDA S.A. se ha limitado a verificar, con el debido celo, el cumplimiento de las exigencias que impone a la petición del recurrente la norma legal referida, dando para ello cumplimiento a la normativa -vinculante a su respecto- que ha emitido la Superintendencia de Pensiones; la que, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, relativo a la “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”, estableció que el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley nro. 18156, “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”; y que “[p]ara la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Octavo: Que, de esta manera, atendido el carácter imperativo y excepcional de las exigencias establecidas en el artículo 1 de la Ley nro. 18.156, de interpretación, por ende, restrictiva, no puede sino concluirse que la entidad recurrida, al limitarse a velar por su cumplimiento y, en concreto, a exigir que el peticionario acredite suficientemente, mediante documentación legalizada, que se encuentra “afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”, ciñéndose para estos efectos a la normativa de la Superintendencia del ramo; ajustó su actuar a la normativa legal y reglamentaria que gobierna la materia, por lo que el mismo no puede ser tildado de arbitrario o ilegal, conclusión que no se desvirtúa por las dificultades que ha aducido para obtener la documentación que la AFP echa en falta, toda vez que tal circunstancia no puede justificar el incumplimiento por su parte de una exigencia imperativa que la ley especialmente establece para la procedencia de su solicitud de devolución de fondos previsionales, los que, en su condición de tales, no pueden ser entendidos meramente como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios, sino como un especial resguardo legalmente obligatorio para asegurar la cobertura previsional del cotizante, sea nacional o extranjero.

En estas circunstancias, no encontrándonos ante un acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales del recurrente, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar.

En consecuencia y visto además dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de AFP PROVIDA S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15632-2025.