nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA)

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República y el Servicio de Registro Civil y de Identificación solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho frente a la decisión adoptada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de aplicarle la medida disciplinaria de destitución, lo que fue confirmado por la Contraloría General de la República, mediante dictamen E485776/2024 de fecha 9 de mayo de 2024 y notificado con igual fecha, acto que ha privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales previstos por el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes de hecho de su presentación, menciona que se ha desempeñado en el Registro Civil y de Identificación desde el año 2012 a contrata, contando con doce años de servicio, y que posee la calidad de dirigente gremial de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación, ANERICH, habiendo sido electo el 13 de diciembre de 2023 y hasta el 13 de diciembre de 2025.

Menciona que mediante la Resolución Exenta N°943/2023 el Servicio de Registro Civil e Identificación instruyó un sumario administrativo para investigar la responsabilidad que le correspondía por remitir a terceros, mediante su cuenta personal de correo electrónico, información y documentación interna del servicio, la que habría enviado en su calidad de dirigente gremial. Asimismo, que con fecha 9 de mayo de 2024, la Contraloría General de la República habría ratificado la medida disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.296, considerando como conductas reprochadas el envío de un correo electrónico a la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación el día 27 de junio de 2023 (considerando 1°) y la remisión a terceros de información institucional sin autorización de su jefatura y sin respetar el conducto regular (Considerando 11°), desechando la alegación referente a la falta de proporcionalidad de la medida en atención a que la determinación de la mayor o menor gravedad de la falta cometida queda entregada a la Administración activa, sin que en la especie se advierta arbitrariedad o falta de observancia del debido proceso. En cuanto a las atenuantes que solicitó aplicar, las mismas fueron rechazadas al estimarse que se estaba frente a un caso grave de vulneración del principio de probidad que ameritaba la destitución (Considerandos 41 y 42), decisión en relación con la que se habría invocado jurisprudencia obsoleta, lo que debió ser advertido por el ente contralor y que plantearía, asimismo, un trato desigual entre funcionarios, señalando además que ello tendría especial gravedad en su caso atendido su calidad de dirigente gremial, debiendo haberse ponderado la lesión a la garantía fundamental de libertad sindical que ello acarreaba.

Argumenta que, en su entender, no se habría cumplido con el deber de motivación del acto recurrido, lo que constituiría una exigencia del principio de juridicidad, particularmente exigible en relación con el ejercicio de potestades discrecionales. Que esa resolución se opondría, del mismo modo, a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en la misma situación, garantizada por el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Dice que en su caso se habrían vulnerado los mencionados principios, resultando la decisión de desvinculación arbitraria y contraria a las normas constitucionales.

Menciona que la información que envió y que motivó que se le aplicara la sanción más gravosa no era secreta, argumentando que “la destitución se aplica porque la información enviada eran fallas del servicio que afectaban el funcionamiento y a los funcionarios y no debía ser conocida”. Dice que en el Considerando 11° de la resolución se le reprochó que no había cumplido con el conducto regular que deben seguir los dirigentes de asociaciones de funcionarios para requerir y obtener información, la que debe ser solicitada directamente al Director Nacional del Servicio, quien es el interlocutor y contraparte de las asociaciones de funcionarios de la institución en los términos señalados por la Ley N° 19.284 que regula las asociaciones de funcionarios. Señala de esta manera que “el fundamento de la sanción es que el Director Nacional es el único que puede y debe conversar con los dirigentes, sancionando el que hayamos obtenido información de otros colegas del servicio, usando el sumario administrativo como un mecanismo de desviación de poder”.

Argumenta a continuación que en el Considerando 15° de la Resolución Exenta N°1628 del 22 de diciembre de 2023 se sanciona que no se haya pedido autorización a la jefatura para el envío de la información que se realizó como dirigente sindical, con lo que su labor como dirigente se encuentra restringida a lo que determine el servicio.

Señala que las disposiciones que han sido citadas -contenidas en los artículos 22 y 24 de la Ley N° 19.284- no establecen la obligatoriedad de solicitar autorización al jefe del servicio para enviar y requerir información en calidad de dirigentes gremiales.

Adicionalmente, reprocha que en el Considerando 23° de la Resolución Exenta se habría argumentado que el Servicio tampoco acreditó que las actividades realizadas dentro de la jornada de trabajo las haya ejecutado haciendo uso de un permiso gremial solicitado a la autoridad conforme con lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 19.296. Con ello, señala, el servicio habría realizado una interpretación antojadiza de ambas disposiciones, y se habría opuesto a la interpretación administrativa que se habría realizado de ellas tanto por parte de la Contraloría General de la República como de la Dirección del Trabajo.

Agrega que de acuerdo con el dictamen de Contraloría N°37.729 las asociaciones de funcionarios se encontrarían facultadas para remitir correos masivos a todos sus asociados, de manera que no sería ilegal enviar información por correo electrónico a los asociados, concluyendo que sería improcedente que se le haya aplicado la medida disciplinaria de destitución por ese hecho, el que califica de ilegal y arbitrario.

Menciona que de acuerdo con el dictamen N°74.351 de Contraloría tampoco sería un uso indebido de los bienes del servicio el uso de los computadores institucionales, pues el acceso a casillas de correo electrónico privadas desde un terminal o equipo computacional institucional no se encuentra prohibida ni hay constancia de cotidianeidad en este tipo de conducta que pudiera merecer reproche. De esta manera, el uso del equipo institucional accediendo a su correo privado no sería ilegal. Tampoco contraría la normativa interna, porque existiría una instrucción operativa de trabajo para el uso de correo electrónico institucional del año 2015 el que permite el uso de cuentas de correo electrónico externas o gratuitas. Sostiene que el Decreto N°93 que aprueba la norma técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos dispone en su artículo 9° que la utilización de las casillas electrónicas para comunicaciones personales o privadas quedará prohibida cuando así lo ordene la respectiva autoridad o jefe superior del servicio, caso en que se les facultará a los funcionarios para habilitar o acceder a una casilla personal desde el terminal o equipo computacional que tengan asignado en la institución, citando normativa nacional e internacional que dispone que debieran ofrecérsele facilidades apropiadas para el desempeño de las funciones sindicales, dentro de las cuales se cuenta el correo electrónico.

Invoca la garantía del derecho a la libertad sindical consagrada por el artículo 19 N°19 de la Constitución Política de la República, señalando que de acuerdo con la jurisprudencia administrativa se ha entendido como parte de sus derechos desarrollar las actividades que le son propias.

Sostiene que la actuación que reprocha habría vulnerado las garantías constitucionales del N°2 del artículo 19 de la Constitución, igualdad ante la ley, porque se sanciona una conducta que se encuentra amparada por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la Dirección del Trabajo y los Tratados Internacionales suscritos por Chile, además de porque no se habrían aplicado atenuantes a su caso, pese a constituir una práctica común.

Agrega que se habría vulnerado también la garantía del debido proceso consagrada por el artículo 19 N°5 de la Constitución, en particular, en referencia al principio de proporcionalidad que estima infringido en su caso teniendo en cuenta que tenía más de doce años de servicio, y que se le aplicó la más gravosa de las sanciones sin consideración de atenuantes. Asimismo, argumenta que se habría afectado la garantía de libertad sindical, en la medida en que con su destitución y en su calidad de dirigente gremial no solo se lo afecta a él sino que a la organización sindical ANERICH, todo ello sin perjuicio de otras garantías no contempladas en el recurso y que se estiman atingentes al caso.

Sostiene que se cumplen en la especie los requisitos que hacen procedente el recurso de protección pues nos encontramos frente a un acto de la recurrida, consistente en la aplicación de una medida disciplinaria de destitución, que sería arbitraria e ilegal, reiterando que lo que realizó no se encuentra prohibido y que sería contrario a las garantías mencionadas. Asimismo, que dispone de legitimación activa en tanto directamente afectado por los actos impugnados como funcionario del Servicio de Registro Civil y de Identificación afectado por un acto arbitrario e ilegal. Estima que procede el ejercicio de la presente acción de protección como medio de control de legalidad del acto de la Administración, frente a la inexistencia de un procedimiento contencioso administrativo general, reafirmando que habría sido la actuación del Servicio de Registro Civil de Identificación la que le habría ocasionado el agravio a sus garantías constitucionales, lo que se habría reafirmado por la ratificación de esa sanción por parte de la Contraloría General de la República.

Considera, asimismo, que este Tribunal dispone de las atribuciones necesarias para dejar sin efecto el acto administrativo recurrido, de manera que puede adoptar medidas de protección destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Solicita se tenga por interpuesto recurso de protección por lesión a las garantías constitucionales de los N°2, 5, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, a fin de que “ordene al Servicio dejar sin efecto la sanción o bien ajustar la medida disciplinaria a una acorde a la conducta desplegada, condenándolo expresamente al pago de costas personales y procesales, sin perjuicio de otras medidas que adopte”.

Acompañó a su recurso certificado en que consta su calidad de director de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil y de Identificación, la Resolución N°1653 de 25 de diciembre de 2023 del Servicio de Registro Civil de Identificación, la Resolución E485776/2024 de la Contraloría General de la República que ratifica la mencionada medida y dictámenes administrativos de la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo.

Segundo: Evacuando su informe, la Contraloría General de la República solicita rechazar el recurso de protección interpuesto.

Inicia su exposición dando cuenta de los hechos imputados al recurrente, del sumario administrativo y de la sanción de destitución que se le impuso, además de los recursos que dedujo en contra de la resolución, incluida la reclamación que se presentó ante el referido órgano de control, y que fue desestimada por oficio N°E485776 de 9 de mayo de 2024, de la que se repuso, habiéndose abstenido ese servicio de resolver en atención a que la problemática planteada constituía un asunto cuyo conocimiento estaba entregado a los tribunales de justicia a través del presente recurso de protección.

Alega, en primer lugar, falta de legitimación pasiva de la entidad de control, en atención a que considera que lo verdaderamente impugnado sería la Resolución N°5, de 4 de marzo de 2024, que le aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución al término del respectivo sumario administrativo. Así las cosas y teniendo en cuenta que lo que buscaría la acción cautelar es que se revise un procedimiento disciplinario afinado, dejando sin efecto la resolución del Servicio de Registro Civil e Identificación que dispuso la medida disciplinaria de expulsión, considera que nunca debió dirigirse en su contra la acción constitucional de autos.

Señala a continuación que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley N°19.880, una vez agotada la vía administrativa en contra de la resolución que desestimó la reclamación intentada, se reanudó el plazo para el ejercicio de la acción jurisdiccional, la que debió ejercitarse no en contra de ese organismo sino del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien emitió el acto que eventualmente podría ocasionar agravio a la recurrente.

Junto con reiterar que el acto recurrido es la resolución dictada por el Servicio de Registro Civil y de Identificación que impuso la medida de destitución, señala que incluso si se acogiera la acción cautelar impetrada y se dejara sin efecto el Oficio N°E485776 de 2024 ello no tendría el efecto de dejar sin efecto la medida disciplinaria de destitución impuesta por el señalado organismo. De esta manera, agrega “en ningún caso la acción debería dirigirse en contra de este organismo de control, ya que, según se expresó, este no adoptó la decisión de destituir al recurrente, ni tampoco sustanció el procedimiento en el cual se tomó esa determinación, limitándose esta Institución Fiscalizadora, con posterioridad a esa decisión y a solicitud del propio actor, a pronunciarse sobre cada una de las alegaciones formuladas en relación al aludido procedimiento disciplinario”.

Menciona a continuación que el recurso de protección no es la vía para impugnar un sumario administrativo, en tanto acto reglado, en la medida en que las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar la defensa de los inculpados, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos, los plazos dentro de los que tienen que realizar las actuaciones, las formalidades de las declaraciones y testimonios presentados, las notificaciones de los cargos, el emplazamiento, los medios de prueba y la práctica de diligencias probatorias y los diversos medios de defensa de los que se puede hacer uso, como la formulación de descargos y las observaciones ante la autoridad contralora, normativa a la que se ciñó la tramitación del proceso disciplinario que se instruyó en contra del recurrente.

Plantea que el mérito que puedan tener los elementos de convicción es un aspecto que debe ser apreciado por quien sustancia el procedimiento disciplinario y por la autoridad sancionadora, correspondiendo a la Contraloría objetar esa decisión únicamente si del examen de los antecedentes se aprecia alguna infracción al debido proceso o a las normas aplicables, o una decisión arbitraria, lo que no se advierte en el presente caso. Aceptar la tesis contraria implicaría que todo sumario en que se sancione deba ser conocido por los tribunales superiores, transformando el recurso de protección en un mecanismo de revisión de los sumarios administrativos.

Agrega que no se advierte ilegalidad en la resolución que se pronuncia sobre el reclamo de ilegalidad del artículo 160 de la Ley N° 18.834 y que ella misma resolvió, en la medida en que el Servicio de Registro Civil e Identificación obró dentro de su competencia y con apego a la normativa vigente. Tampoco arbitrariedad, toda vez que el acto cuestionado no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que lo dictó en base a un estudio acabado de los antecedentes acompañados, la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en ejercicio de una actuación legítima de ese organismo de fiscalización, dando lugar a un procedimiento motivado lo que -en cualquier caso, reitera- no conlleva evaluar aspectos que se refieran al mérito del asunto planteado. Por lo demás, el hecho de que el actor no comparta la decisión no transforma el acto en arbitrario ni ilegal.

En lo que dice relación con el fondo, sin perjuicio de recordar que la calificación de los hechos que constituyen faltas disciplinarias y la imposición de sanciones competentes corresponden a los órganos de la Administración activa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 125 inciso segundo de la Ley N°18.834 la sanción de destitución procede, entre otros casos, cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como ocurrió en el presente caso. Que, en el caso de la especie, la grave infracción a la probidad se produjo cuando el recurrente “envió sin autorización de su jefatura y a través de un correo electrónico personal, utilizando un computador institucional, cuyo “asunto” fue descrito como “datos periodista” documentación interna institucional calificada por el SRCEI como sensible, por los riesgos informáticos y por la reserva propia de la información, en horario en que prestaba funciones”.

Agrega que no se advierte la desproporción alegada y que la autoridad se encuentra plena y expresamente facultada por la ley para imponer la destitución frente a contravenciones de esa envergadura. Además, que al estar determinada por la ley una sanción específica respecto de quienes incurren en esas conductas, la jefatura que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponer la medida de expulsión que se impugna sin que pueda aplicar otra medida ni analizar las condiciones que eventualmente podrían aminorar la responsabilidad funcionaria del recurrente.

Señala que no incurrió en el defecto de no considerar dictámenes en los que había reconsiderado criterios previos, como se le imputó en el recurso deducido, en la medida en que el criterio de aplicación de atenuantes no sería aplicable a este caso en que la infracción cometida está dada por una falta grave a la probidad. En este caso en concreto, se habría infringido el artículo 61 letras g) y h) de la Ley N°18.834, que ordenan observar estrictamente el principio de probidad administrativa y guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales. En este caso, el solo hecho de enviar información interna a terceros sin autorización constituye una conducta que atenta gravemente contra el principio de probidad administrativa, infracción que no requiere que tales antecedentes hayan sido efectivamente recibidos por los terceros ajenos al servicio. Aclara que no se castiga el uso de la casilla de correo personal o externo, sino que las conductas consideradas en su conjunto, infringen los reseñados deberes funcionarios en los términos antes precisados.

En lo que dice relación con su alegación de que obró como dirigente gremial, la Contraloría menciona que tal calidad no fue cuestionada, y que lo que se le reprocha tiene que ver con el incumplimiento de la probidad administrativa y de los conductos regulares por medio de los cuales las asociaciones de funcionarios deben requerir y remitir información al tenor de los artículos 7 letra c) y 25 inciso quinto de la Ley N° 19.296. Que si bien las asociaciones de funcionarios están autorizadas para remitir correos masivos a sus asociados, deben hacerlo en los términos precisados en esa normativa, lo que no fue cumplido por el actor. Agrega que no se acreditó que las actividades realizadas dentro de la jornada de trabajo las haya ejecutado haciendo uso de un permiso gremial solicitado a la autoridad conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley N°19.296 que le permitiera ausentarse de sus labores habituales como funcionario público. Si bien como dirigente sindical goza de fuero, la inamovilidad que le confiere el artículo 25 de la Ley N°19.296 mientras goza de su cargo, lo protege frente a destituciones arbitrarias, pero en caso alguno entorpece la potestad disciplinaria que poseen las autoridades, pudiendo disponer estas la aplicación de una sanción de expulsión en el caso de que se acredite una grave infracción al principio de probidad administrativa. De esta manera, la calidad de dirigente de una asociación no exime al funcionario del cumplimiento de las obligaciones y normas de probidad que le corresponden como tal y, en particular, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación que establece que por la naturaleza de las funciones que le corresponden, su personal debe guardar la debida reserva de los antecedentes y documentos de los cuales tome conocimiento en cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar el Servicio en conformidad a la ley.

Finaliza señalando que no se advierten las pretendidas infracciones a las garantías constitucionales invocadas. En concreto en relación con la del artículo 19 N°2, que no concurre la afectación imputada la que, por lo demás, se ha descrito de manera genérica. Reafirma, por lo demás, que en el procedimiento la recurrente dispuso de todas las garantías reconocidas. En lo que dice relación con el N°5, porque habría sido citada esa garantía sin que se argumentara de qué manera se habría conculcado. En relación con la del N°3, porque no se encuentra protegida por el recurso de protección y que en cualquier caso, tampoco se advierte cómo habría podido afectarse si ella no realizó el procedimiento en que se impuso la sanción; y en cuanto a la garantía consagrada en el N°19, en tanto no se advierte de qué manera la destitución del recurrente pudiera lesionar el derecho de sindicarse, menos aún si se advierte que esa medida se impuso como sanción frente a una grave infracción al deber de probidad, tras un sumario administrativo, y no por ostentar la calidad de dirigente gremial.

Solicita que por las consideraciones precedentes se desestime en todas sus partes el recurso de protección interpuesto.

Acompañó a su presentación el expediente de sumario administrativo, la resolución que se reclama y resoluciones y dictámenes administrativos.

Tercero: Que, informando el recurso de protección deducido, el Servicio de Registro Civil e Identificación solicitó su rechazo, argumentando que la tramitación del referido procedimiento sumarial respetó plenamente el debido proceso, entregando al recurrente la oportunidad de presentar pruebas, decretando diligencias dirigidas a dilucidar la efectiva existencia de hechos que pudiesen configurar algún tipo de infracción que ameritara la imposición de una medida disciplinaria, lo que habría sucedido en la especie.

Da cuenta que los hechos objeto del procedimiento fueron investigados en razón de una denuncia presentada por ANERCICH por conducta indebida del señor nombre reservado, al enviar un correo electrónico desde su casilla de correo personal con el asunto: “datos para periodista” y que incluyó un conjunto de documentos que contenían información interna del servicio y que les habría remitido de manera impropia. Menciona que esos antecedentes contenían información que ordenaba tener presente mejoras en la gestión interna en relación con los usuarios y determinados incidentes que requerían una solución que se encontraba en proceso de afinamiento, tratándose de información sensible del Servicio y propia de la gestión interna emanada de la Dirección Nacional y la Subdirección de Operaciones entre otras. Que la gravedad de esos hechos dio lugar a la orden de que se instruyera sumario, tramitándose este en la etapa de orden de instrucción de sumario, la designación del funcionario fiscal instructor, la petición de recusación del mismo por parte del recurrente, la que fue rechazada; las diligencias destinadas a establecer los hechos, incluida la declaración del señor nombre reservado en que este reconoció haber enviado el correo electrónico, la medida de suspensión que se decretó en su contra tras la referida declaración en que reconoce los hechos y teniendo en cuenta su gravedad, los cargos que se le formularon en base a esos antecedentes, los descargos que presentó, el informe de la Subdirección Jurídica y la resolución en que se le aplica la medida disciplinaria de destitución, resolución fundada que se hace cargo de las defensas invocadas por el señor nombre reservado. Menciona la reposición deducida y rechazada y luego la resolución que tiene por afinado el procedimiento sumario disponiendo la sanción de destitución, que fue remitida a la Contraloría General de la República y tomada razón por esta. Finalmente, da cuenta del reclamo presentado por el recurrente ante la Contraloría, el que también fue rechazado.

Señala que los hechos que fundaron la medida disciplinaria fueron efectivamente acreditados y revisten la gravedad suficiente para la adopción de la medida de destitución, no advirtiéndose la afectación de ningún derecho fundamental del ex funcionario durante su tramitación ni con la emisión de la resolución que la impone.

Da cuenta que el funcionario no se encontraba facultado para extraer información desde las bases digitales del Servicio, de manera que al hacerlo vulneró diversos cuerpos normativos, resaltando la importancia del resguardo de la protección de información digital, refiriéndose a aquella que fue extraída y remitida por el funcionario, la que se encuentra referida a asuntos de gestión interna del Servicio que son particularmente sensibles. Menciona que si ciudadanos quieren acceder a información existe un sistema de transparencia activa y transparencia pasiva, y que este último se realiza previo requerimiento y en relación con la que se toman resguardos si se trata de información sensible. De esta manera, estima que la extracción de información digitalizada contenida en los sistemas informáticos del servicio de manera unilateral, sin contar con previa autorización e infringiendo disposiciones regulatorias sobre el uso de medios informáticos al interior del servicio revista gravedad suficiente para disponer la medida disciplinaria en cuestión, mas aun cuando aquello se realiza utilizando el correo personal del funcionario en los equipos computacionales del Servicio. Señala que debe tenerse en cuenta que no solo es grave la extracción de información de los sistemas informáticos del servicio y su almacenamiento en la cuenta personal del funcionario, sino que la extracción tiene una finalidad de divulgación respecto de terceros, habiéndose remitido a una asociación de funcionarios que dio aviso de recepción de esta a la Dirección del Servicio. Señala que si bien el recurrente habría señalado que ese no sería el destinatario, no habría acompañado ningún antecedente que controvierta lo anterior; y en todo caso, que en el correo se menciona en el asunto “datos para periodista” sin que el recurrente entregara ningún antecedente que desvirtuara esa finalidad.

Controvierte la pretendida facultad del funcionario amparada por la ley de asociaciones de funcionarios, así como la invocación de la libertad sindical, pues si bien existe un derecho a solicitar información por parte de los sindicatos, estos deben ejercerlo por las vías legales y formales idóneas, no consagrándose un derecho de autotutela informativa ni de los funcionarios individualmente considerados ni de las asociaciones de funcionarios. Se refiere en extenso a los mecanismos diseñados por el Código del Trabajo para el acceso a la información en el título II del libro IV, artículos 315 y siguientes. Agrega que en este caso no se ha lesionado de manera alguna la libertad sindical, no habiendo demostrado el recurrente que esa fuera la finalidad de acceso a la información, pero dando cuenta que, incluso que si así fuera, no es admisible un derecho a autotutela para la extracción de información o documentación digital, y que tales conductas se encuentran tipificadas penalmente.

Señala luego que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del recurrente. Descarta que falte fundamentación en la resolución recurrida, dando cuenta de cuáles son los requisitos y la estructura de una resolución y la manera en que tales exigencias se cumplen en aquella dictada. Desestima, del mismo modo, una pretendida afectación de la igualdad ante la ley, dando cuenta cómo se han aplicado en este caso las normas generales aplicables a todo funcionario público, de manera imparcial y transparente. Niega que existan otros casos de extracción de documentación digital del Servicio con remisión a terceros a través de un correo personal con el que corresponda advertir algún tratamiento diferente. En lo que dice relación con la pretendida falta de proporción, señala que la sanción corresponde determinarla teniendo en cuenta la trascendencia de las faltas cometidas y las circunstancias modificatorias de responsabilidad que se encuentren demostradas en la indagación de que se trata, dando cuenta que la medida disciplinaria de destitución que se acordó aplicar se encuentra ajustada a derecho y es proporcional a la gravedad del comportamiento funcionario que fue acreditado. En lo que dice relación con la pretendida afectación al debido proceso, sostiene que el recurso de protección presentado es incoherente pues al fundarla cita una norma diferente; sin perjuicio de que niega que concurra tal infracción.

Descarta la existencia de un acto arbitrario e ilegal, estimando que el recurso adolece de manifiesta falta de fundamentación en lo que dice relación con las garantías fundamentales supuestamente afectadas; y descartando en todo caso su concurrencia en la especie. Dice que lo pretendido por la recurrente sería una reevaluación del mérito del sumario, impugnando la apreciación en conciencia que realiza el Director del Servicio en la determinación de la sanción aplicada; dando cuenta que “lo que pretende argumentar la contraria es en realidad una apreciación diversa de los medios que fueron acompañados en el respectivo procedimiento sumario, lo cual no es posible de alcanzar mediante la interposición del presente recurso”, razón por la que habiéndose tramitado el presente sumario administrativo conforme a derecho y por funcionarios competentes, habiéndose apreciado las pruebas en su mérito, no procede sino rechazar el recurso interpuesto. Alude, asimismo, a la improcedencia de que una cuestión de mérito referida a la procedencia de la sanción impuesta sea revisada en un recurso de protección.

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas solicita se rechace el recurso de protección deducido.

Acompaña a su informe copia del correo electrónico enviado por el recurrente, copia de las piezas del sumario administrativo, resoluciones de nombramiento y prórroga en el cargo, instructivo presidencial en materias de ciberseguridad, Ley N° 21.459 sobre delitos informáticos y Ley N° 21.663 que establece marco de ciberseguridad, dictámenes y un comentario de jurisprudencia y hoja de vida del recurrente, además de instrumentos normativos internos de medios tecnológicos, entre otros, solicitando la reserva de esos antecedentes.

Cuarto: Por escrito de 10 de julio de 2024 la recurrida Servicio de Registro Civil y de Identificación acompañó documentos complementando su informe, en que constan procedimientos para el acceso y tratamiento de la información dispuestos por el Servicio de Registro Civil y de Identificación.

Quinto: Que el recurso de protección es una acción cautelar prevista por el artículo 20 de la Constitución Política de la República destinada a amparar las garantías constitucionales que ella misma prevé frente a actos ilegales o arbitrarios que ocasionen su lesión o puesta en peligro. Son requisitos indispensables para que ella sea acogida la existencia de un acto ilegal o arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías constitucionales amparadas, y que la Corte se encuentre en la situación material y jurídica de brindar protección cautelar.

De esta manera, es un requisito indispensable de toda acción de protección, por un lado, la existencia de un acto u omisión contraria a la ley o producto del mero capricho o de la voluntad de quien incurre en él y que provoque alguna de las afectaciones a las garantías constitucionales antes mencionadas.

Sexto: Para efectos de resolver el presente recurso de protección debe determinarse primero si las recurridas, Servicio de Registro Civil y de Identificación y Contraloría General de la República han incurrido en un acto arbitrario o ilegal que ha lesionado o puesto en peligro garantías constitucionales del recurrente.

El acto impugnado en el presente recurso, como queda en evidencia de las consideraciones señaladas con precedencia y de los documentos acompañados, es la resolución dictada por la Contraloría General de la República que rechaza una reposición que el recurrente dedujo en contra de la resolución del Servicio de Registro Civil y de Identificación que le impuso la sanción de destitución.

Examinada la resolución en cuestión ella aparece dictada por órgano administrativo competente y tras la sustanciación de un sumario administrativo en que el recurrente ejerció sus derechos.

En efecto, al revisar copia del sumario se advierte que el recurrente fue emplazado por: “haber enviado a la Anercich el día 27 de junio de 2023 a las 11:06 horas correo personal desde computador institucional señalando expresamente como asunto: ‘datos periodista’ que contiene documentación interna institucional, en horario que prestaba funciones para el servicio, sin autorización de su jefatura (…)” estimándose que esa conducta constituye un incumplimiento grave a las obligaciones del funcionario de acuerdo con el texto refundido de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo en relación con el artículo 61, y los artículos 13, 5 y 7 de la Ley N° 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado. Asimismo, se le atribuyó inobservancia de las obligaciones señaladas en los artículos 61 letras a), b), c), d), f), g) y h) de la misma ley.

Se advierte, asimismo, que en tal procedimiento el recurrente presentó sus descargos; se emitió la vista fiscal en que se propuso la sanción de destitución, la que fue evaluada por la subdirección jurídica, y luego se dictó la resolución que aplica la mencionada sanción, la que se fundó tanto en los hechos como el derecho, haciéndose cargo además de las alegaciones efectuadas por el recurrente y descartándolas. De la revisión de esos antecedentes resulta, asimismo, que el recurrente dispuso y ejerció efectivamente su derecho al recurso en relación con la mencionada decisión.

Así las cosas, no se advierten los vicios de legalidad y de arbitrariedad que atribuye la recurrente y que fundan su arbitrio, lo que justifica que sea rechazado.

Séptimo: Que a mayor abundamiento debe tenerse en consideración que del mismo recurso intentado queda en evidencia que el recurrente no ha cuestionado ni la competencia ni el procedimiento incoados, sino que impugnado el mérito de la decisión adoptada, pretendiendo que esta Corte sustituya a Servicio de Registro Civil e Identificación en la ponderación de los hechos establecidos, así como en la determinación de la gravedad de la sanción que correspondía imponer al recurrente.

La mencionada pretensión no es propia de un recurso de protección, pues este persigue -como su propio nombre dice- la tutela de bienes o derechos indubitados, no así de aquellos que no hayan sido declarados previamente, para lo cual deberá el recurrente acudir a otros mecanismos de impugnación previstos por el ordenamiento jurídico.

Así lo ha entendido la jurisprudencia que ha descartado la procedencia de acciones de protección por medio de las cuales se cuestiona el mérito de sumarios administrativos, señalando que “lo solicitado por el recurrente no se enmarca dentro de los fines del recurso de protección y no está dentro de las medidas remediales que esta Corte puede adoptar para evitar que se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales invocadas en la presente acción. Lo anterior, por cuanto el recurrente intenta a través de la presente acción de protección, que la Corte se pronuncie sobre el contenido y procedencia de la sanción aplicada en un procedimiento administrativo interno (…) lo que claramente excede de las atribuciones de este tribunal de alzada”. (Corte de Apelaciones de Puerto Montt rol 737- 2024, confirmada por la Corte Suprema rol 49.643-2024).

En el mismo sentido ha consignado que “la acción de protección no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, regulados conforme al procedimiento del Estatuto Administrativo, pues esta es una acción cautelar de protección y no de revisión administrativa, pues el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Así las cosas, no es pertinente lo sustentado por el reclamante en orden a intentar que por esta vía constitucional de emergencia se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma, y finalmente la medida terminal adoptada”. (Corte de Apelaciones de Santiago, rol 13789- 2023, confirmado por resolución de la Corte Suprema, rol 10664- 2024).

Octavo: Que faltando la acción ilegal y arbitraria que se denuncia resulta improcedente que este tribunal se pronuncie sobre las pretendidas afectaciones a las garantías constitucionales que denuncia el recurso.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza sin costas el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil y de Identificación y la Contraloría General de la República.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz.

No firma la Ministra señora González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

Protección Rol N°15.631-2024