INVERSIONES E INMOBILIARIA PEZOA Y GALMEZ LTDA con DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA PONIENTE INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE MAIPU

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

A fojas 85: A lo principal; téngase presente. Al primer otrosí; estése al mérito de lo que se resolverá. Al segundo otrosí: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 14 comparece la abogada Angélica Painemal Pradenas en representación de Inversiones a Inmobiliaria Pezoa y Gálmez Ltda., del giro de su denominación, ambas domiciliadas en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal de Maipú de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al desestimar por extemporáneo el reclamo administrativo que se dedujera contra una resolución de multa y que vulneraría el derecho que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en el N° 2 del artículo 19.

Argumenta la recurrente que el 30 de noviembre del 2015 presentó una solicitud de reconsideración de multa administrativa impuesta según Resolución N° 1724/15/30 de 20 de octubre del mismo año, notificada por carta certificada ingresada a la oficina de correos con fecha 22 de ese mes y finalmente a la empresa el día 28. Posteriormente, sigue el recurso, a través de la Resolución ordinaria N° 00001246 de 2 de diciembre de 2015 se le comunicó que tal solicitud no sería admitida a tramitación por no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Se señala a continuación en el recurso que lo anterior supone aceptar que existiría una disposición legal que tendría requisitos para la interposición de dicha solicitud y que existiría un plazo legal de 30 días corridos consagrados en una ley. A juicio de la recurrente la decisión anterior ha sido adoptada sin ningún fundamento legal y de forma arbitraria y viene a afectar derechamente la garantía de igualdad ante la ley.

Continúa explicando que el día del arbitrario vencimiento de plazo, según la Inspección del Trabajo, esto es, el 28 de noviembre de 2015, corresponde a un día sábado y en dicho día la recurrida no atiende público, tampoco cuenta con un buzón para efectos de cumplir con un supuesto y arbitrario plazo cuyo fundamento es ilegal, pues en parte alguna la ley dice que se trate de días corridos, e inclusive en el evento que dicho plazo pudiera cumplirse enviando la solicitud de reconsideración administrativa por carta certificada, la empresa de Correos de Chile cuenta con un horario de funcionamiento sólo hasta las 21:00 horas; por lo tanto, ni aún en esta hipótesis se resguardaría el cumplimiento de plazos establecido en el inciso primero del artículo 48 del Código Civil.

Pide se acoja el recurso y se ordene a la recurrida admitir a tramitación el reclamo deducido.

Segundo: Que a fojas 41 la recurrida evacúa el informe que le fuera requerido y en primer término plantea la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido. Manifiesta que en autos se ha interpuesto recurso de protección en contra de una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. En estas condiciones, agrega, el recurso de protección se está utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que mediante ellos se protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

En cuanto al fondo del recurso expone la recurrida que respecto del plazo establecido en la ley para solicitar reconsideración administrativa de multas, el artículo 512 del Código del Trabajo no señala si el plazo de 30 días es de días corridos o de días hábiles. Sostiene luego que del análisis de las normas contenidas en el Código del Trabajo, en relación a los plazos, se advierte que por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente y añade que la resolución impugnada sustenta su validez legal no solo en estas consideraciones, sino también en lo resuelto expresamente por la Contraloría General de la República, en su carácter de entidad de control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, y que en uso de su facultad de dictaminar ha emitido el Dictamen N° 64.985, de 20 de noviembre de 2009 y ratificado en 2014, en el cual se establece que el plazo señalado en el artículo 512 es de días corridos.

A mayor abundamiento, sigue el informe, el artículo 22 del Código Civil establece como regla que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera en que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía” y en aplicación de esta norma se debe atender a la regla interpretativa contenida en el inciso tercero del artículo 435 Código del Trabajo, que estatuye que los términos de días que establece el Título I de este Libro se entenderán suspendidos durante los días feriados, por lo que, contrario sensu, la disposición del artículo 512 del mismo cuerpo legal que faculta la interposición de la reconsideración administrativa dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución que aplicó la multa, por encontrarse en el siguiente título del mismo libro, queda fuera del ámbito de aplicación de la regla y, por ende, el plazo que regula no se suspende durante los días feriados, siendo por tanto un plazo de días corridos.

Finalmente se dice en el informe que el sentido de que la Ley N° 19.980 no es conciliable con el procedimiento establecido en el artículo 511 del Código del Trabajo, no puede perderse de vista, por cuanto el propio artículo 25 de la aludida ley señala que se refiere a los plazos de días hábiles son los establecidos “en esta ley”, vale decir, la propia norma excluye su aplicación a plazos establecidos en otros cuerpos legales, como es el caso del Código del Trabajo.

Pide en definitiva el rechazo del recurso.

Tercero: Que, en primer término, corresponde descartar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida, por cuanto el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone en forma expresa que el recurso de protección es “sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda ser valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A mayor abundamiento, la herramienta procesal que la recurrida afirma tendría la sociedad recurrente para procurar corregir al agravio que le causa la decisión que motiva el recurso, esto es, la reclamación judicial prevista en el artículo 420 del Código del Trabajo”, en rigor resulta procedente únicamente en tanto la decisión de la autoridad fiscalizadora se haya hecho cargo del fondo del reclamo planteado, cuestión que evidentemente no ocurre en el caso de la especie.

Cuarto: Que en cuanto a los hechos que motivan el recurso, no existe controversia en orden a que la Resolución de Multa N° 1724/15/30 fue notificada a la recurrente por carta certificada el 28 de octubre de 2015 y que el reclamo ante la Inspección del Trabajo se dedujo el día lunes 30 de noviembre del mismo año.

Ahora bien, en la tesis sostenida por la recurrida el plazo de 30 días que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y, por tanto, vencía para el reclamante el sábado 28 de noviembre.

En este escenario, como medida para mejor resolver se dispuso a fojas 59 que informara la Inspección del Trabajo respecto de las medidas que hubiere adoptado a fin de recibir las presentaciones que eventualmente formularen los interesados en sus oficinas los días sábados, domingos y efectivos. En cumplimiento de lo anterior, a fojas 75 se informó citando la Circular N° 46 del Departamento de Inspección de la Dirección Nacional del Trabajo, de 2 de mayo de 2012, que modifica el Anexo 10 “Normas y Criterios para resolver solicitudes de reconsideración de multas” y, específicamente, la letra a. del punto 4, conforme a la cual el estudio e informe por parte del fiscalizador comienza con un examen de admisibilidad de la presentación a fin de determinar si se cumplen o no tres requisitos, uno de los cuales es “que se haya presentado dentro del plazo legal de los 30 días corridos de la notificación”. Agrega la regla administrativa que “este es un plazo fatal, es decir, para que se entienda válidamente interpuesta la solicitud de reconsideración debe presentarse antes de la medianoche en que termina el último día del plazo. Lo anterior -añade- se entenderá cumplido si el empleador acredita haber ingresado su reconsideración vía correo certificado hasta el último día del plazo de 30 que tiene para ello”.

Precisó el informe que “en este sentido, se entiende que si el día 30 de vencimiento del plazo recayere en día sábado, domingo o festivo y se deposita la solicitud de reconsideración en alguna oficina de correo habilitada, se entenderá que ha sido ingresada dentro de plazo legal, acogiéndose su tramitación”.

Quinto: Que, como puede apreciarse, la recurrida reconoce que el plazo de 30 días, independientemente que se estime es de días hábiles o corridos, vence a la medianoche del último día del plazo y no podía en rigor ser de otro modo, por cuanto esta es la regla que prevé el inciso primero del artículo 48 del Código Civil, aplicable en la especie a falta de norma especial diversa.

Pues bien, no obstante no reconocérselo de manera explícita en el informe y sin perjuicio de ser un hecho notorio, las oficina de la Inspección del Trabajo no funcionan los días sábados, los domingos ni los festivos, de manera tal que en tanto en la postura de la Inspección los plazos son de días corridos y pueden por tanto vencer uno de estos días, lo cierto es que lo mínimo exigible es que las oficinas de esta repartición cuenten con un mecanismo que permita la presentación de escritos hasta la medianoche de éstos y de cualesquiera otros días. Dicho mecanismo no se informa que exista, pese a haber sido requerida la Inspección en tal sentido, desprendiéndose que la solicitud de reconsideración, en concepto de la autoridad, debería entregarse en “alguna oficina de correo habilitado”.

Sin embargo, la duda persiste: si el plazo de treinta días (incluso si se cumple un día hábil) vence a la media noche del último día del plazo, hora en que tampoco están abiertas las oficinas de correo”, ¿cómo puede presentarse oportunamente la solicitud de reconsideración? Esta pregunta no tiene respuesta satisfactoria.

Sexto: Que en razón de lo anterior, independientemente, se insiste, que el término del artículo 512 aludido sea de días hábiles o corridos y sin perjuicio que en parte alguna la ley dispone que la solicitud de reconsideración de multa deba presentarse en una “oficina de correo habilitada”, lo cierto es que en tanto el plazo se cumpla un día sábado, domingo o festivo, en que la autoridad no está en condiciones de recibir la presentación en sus dependencias, las más elementales reglas de respeto al debido proceso imponen que deba entenderse que el plazo de reclamación vence al día siguiente hábil, como por lo demás se prevé en numerosas disposiciones legales y reglamentarias.

En este contexto, la reclamación de la recurrente, ingresada, como se dijo, el lunes 30 de noviembre de 2015, esto es, al primer día en que la autoridad fiscalizadora se encontraba en situación de recibir las presentaciones de los fiscalizados después de aquél que ésta estimaba era el último del plazo, debió haberse considerado oportunamente presentado y, por lo mismo, haberse admitido a tramitación.

Séptimo: Que en consideración a lo antes expuesto no cabe sino concluir que la actuación de la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de Maipú no solo resulta contraria a la ley, sino que además carece de sustento racional, y que ha vulnerado el legítimo ejercicio del derecho que la Constitución Política reconoce a la sociedad recurrente en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, pues no obstante haber deducido su reclamo en forma oportuna, éste fue declarado inadmisible en razón de una inexistente extemporaneidad.

En tales condiciones, corresponde que la acción de protección sea acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso de protección deducido por Angélica Painemal Pradenas en representación de Inversiones a Inmobiliaria Pezoa y Gálmez Ltda. y a fin de restablecer el imperio del derecho, se deja sin efecto el Ordinario N° 00001246 de 2 de diciembre de 2015 de la Inspectora Comunal del Trabajo de Maipú y se ordena dar la tramitación de rigor a la “Solicitud de reconsideración administrativa de multa N° 1724/15/30” formulada por la mencionada compañía.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

No firma la abogada integrante señora Candiani, quien concurrió a la vista del recurso y al acuerdo, por ausencia.

N° Protección 156-2016.

Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz e integrada por la Ministra (s) señora Elsa Barrientos Guerrero y la Abogada Integrante señora Claudia Candiani Vidal.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.