nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veinte.

Al folio N° 22: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que comparece don Juan Antonio Castillo Saavedra, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la Resolución Exenta N° 110207/150/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019 de la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, mediante la cual se dispone el término anticipado de contrata por no ser necesarios sus servicios, vulnerando los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°2, 3 inciso cuarto, 4, 16, 22 y 24, de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare como contraria a derecho la actuación recurrida y la perdida de sus remuneraciones, ordenando que se restablezca el imperio del derecho, obligándose a la Dirección Nacional del Personal de Carabineros de Chile, se deje sin efecto la Resolución precitada y, en consecuencia, siga vigente su actual contrato, pagándosele íntegramente las remuneraciones y demás beneficios laborales mes a mes, ordenando su reincorporación, con costas.

Expone que con fecha 11 de septiembre de 2019, fue notificada del contenido de la Resolución Exenta N° 110207/1520/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019, de la Dirección Nacional del Personal, la que dispone el término anticipado de su contrata, teniendo en consideración para ello, que sus funciones como Asesora en la Subdirección de la Red de Atención Médica y Dental, del Hospital de Carabineros, fueron asumidas por la Coronel nombre reservado, razón por la cual no serían necesarios sus servicios.

Señala que en los fundamentos y antecedentes administrativos, se advierte una falsa motivación del acto administrativo decisorio, toda vez que luego de haber trabajado por más de 10 años, con una carrera funcionaria intachable, con una excelente hoja de vida y calificaciones, se procede de manera arbitraria e ilegal a poner término a su contrata, aduciendo como motivo una cuestión que difiere de la realidad, según dispone el documento electrónico N° 103068607 de la Dirección de Salud del Hospital de Carabineros que dispone que se proponga a una profesional dentista con conocimientos en el área y las competencias para que se desempeñe en la red de salud de atención médica y dental de su dependencia, es decir, que la Doctora Dañobeitia no está ejecutando las funciones que realizaba la recurrente antes que fuese separada de sus funciones con fecha 11 de septiembre de 2019, sino que por el contrario se requiere contratar una dentista para cubrir el trabajo que realizaba la recurrente.

Agrega que lo anterior se ve reforzado por lo expresado en el documento electrónico N° 102167304 de fecha 16 de septiembre de 2019, suscrito por el Mayor don nombre reservado, Subdirector de la Red de atención médica y dental, donde se expresa que “esta subdirección de red, no cuenta con profesional alguno que asesore a este mando en el área médica, por lo cual, se solicita a esa superioridad, salvo mejor resolución se estudie la factibilidad de requerir a quien corresponda, se evalúe reconsiderar la decisión de poner término al contrato de la ex C.P.R (dentista) Ivi nombre reservado, quien a juicio del oficial jefe de sanidad que suscribe. Es de vital necesidad en esta dependencia…”.

Lo describe precedentemente difiere de lo declarado en la resolución impugnada, porque su jefatura señala expresamente que no cuenta con profesional alguno para luego indicar que el trabajo desarrollado por la recurrente es de vital necesidad para dicha dependencia, sin embargo, a pesar de ello y estando vigente su contrato, se le ha privado de su trabajo.

Que luego de exponer sobre sus calificaciones y desarrollo profesional, señala que la resolución exenta referida, como acto administrativo, adolece de falta de motivación en los términos d los artículos 11 y 41 de la ley 19.880, toda vez que el puesto de trabajo existe, la recurrente tiene buenas calificaciones y cumple con el perfil, siendo solo el actuar caprichoso de la recurrida el que deriva en el término anticipado.

Refiere que el actuar antes descrito ha vulnerado los derechos consagrados en los artículos 19 N° 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

2°) Que evacuando el informe, la recurrida solicita se rechacen las pretensiones de la recurrente, en tanto, se ha actuado dentro del marco de la legalidad.

Que, respecto a los antecedentes de hecho, refiere que la recurrente sirvió en Carabineros de Chile como Oficial de Sanidad Dental, entre el 12 de diciembre de 1988 y el 01 de marzo de 2017, teniendo actualmente la calidad de Coronel (R) pensionada de Dipreca.

Explica que estando en servicio activo, fue contratada mediante la modalidad por resolución, a través del instrumento emitido por la Alta repartición N° 295 de 28 de agosto de 2008, para cumplir funciones en la Dirección de Sanidad Dental de Carabineros, como dentista en jornada parcial mientras sean necesarios sus servicios, siendo sucesivamente renovada hasta el 9 de septiembre de 2019 cuando por Resolución Exenta N° 110207/1520/2019 de misma fecha y, ya en retiro la recurrente, se ordenó poner término al vínculo, debido a que actualmente no son necesarios los servicios y funciones para los cuales fue contratada la funcionaria, teniendo en consideración que sus funciones fueron asumidas por la Coronel nombre reservado.

Explica que dicha decisión fue adoptada en base a los antecedentes remitidos por la Dirección de Salud de Carabineros, que dan cuenta que, en el marco de un déficit presupuestario, resultaba necesario dejar sin efecto la contratación de la recurrente, máxime de considera que los servicios podría ser cubiertos por personal de planta institucional en servicio activo disponible, incluso, por una jornada más extensa, motivos por los cuales se decidió terminar la contrata de la recurrente.

Luego de exponer los fundamentos de derecho, señala en cuanto al debido proceso, que el aludido acto administrativo hace mención a la normativa que contiene las facultades de mando en relación a determinar la duración de la modalidad contractual, como también de los hechos se logra apreciar la ausencia de un fundamento práctico para mantener y renovar el contrato de la interesada, obedeciendo la medida a un criterio de probidad pública, como tampoco es efectivo que infrinja la igualdad ante la ley, toda vez su representada se ha limitado a actuar como está legalmente dispuesto respecto de todos los funcionarios a contrata.

En lo relativo a la libre contratación indica que la recurrente mantenía un vínculo estatutario con Carabineros que se basó en la sujeción a sus normas especiales, no afectando en ningún caso la norma contemplada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República. En cuanto al derecho de propiedad reitera lo expuesto en cuanto a la fundamentación de la resolución que da origen al término.

3°) Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él – y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

4°) Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley N° 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En este sentido, el artículo 10° de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período lega por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

5°) Que, la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter transitoria que tienen los empleos a contrata, que según señala el artículo 3° de la Ley N° 18.834, contienen implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleo a contrata incluso antes de la fecha máxima de su vigencia. En efecto, la autoridad administrativa puede ponerle término en el momento que estime conveniente, a través de un acto fundado, lo que ha ocurrido en la especie respecto de la recurrente, toda vez, que teniendo a la vista la resolución impugnada, puede constatarse que ella expresa los motivos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustentan.

6°) Que, de todo lo expresado, no es posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permita a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor de la recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al constatarse la inexistencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, lo que resulta suficiente para desestimar la acción de protección.

7°) Que, además de lo expresado, no cabe examinar por esta vía la justificación, mérito o conveniencia en términos de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar o de tutela de urgencia y porque en los términos que viene propuesta la acción constitucional se traduciría en la pretensión de que esta Corte sustituya a la Administración en gestión de sus recursos.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Juan Antonio Castillo Saavedra en favor de doña nombre reservado en contra de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-155907-2019.