nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, abogada y fundadora del Observatorio Ciudadano De La Corrupción Judicial, (OCCJ), quien interpone acción constitucional de protección por el acto ilegal y arbitrario realizado por la Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo señora nombre reservado, consistente en la exclusión de la audiencia al periodista nombre reservado así como al trabajador demandante nombre reservado.

En primer lugar, señala que es de conocimiento público el escándalo de corrupción que afecta al Estado de Chile, que vincula a su Subsecretaría de Seguridad y al cuerpo de Carabineros de Chile, con la empresa Motorola. En este contexto, se celebró la audiencia de juicio en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, en donde se ventilaban las denuncias del trabajador demandante respecto de las maniobras de Motorola para corromper al Estado de Chile.

Explica que en el procedimiento seguido en el tribunal, bajo el RIT T-1289-2020, tanto la audiencia de juicio como la posterior lectura de la sentencia, fueron secretas, por lo que entiende infringida la garantía de publicidad de los procesos judiciales, consagradas en los artículos 9 del Código Orgánico de Tribunales y 425 del Código del Trabajo en relación a los artículos 8 de la Constitución y 8 del Pacto de San nombre reservado Rica.

Asimismo, señala que se ha discriminado arbitrariamente a un periodista y al trabajador demandante, infringiéndose, en consecuencia, el derecho al igual trato ante la ley y el acceso a la información pública, que cautela el artículo 20 respecto del 19 N° 2 y 12 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, solicita acoger a tramitación esta solicitud de protección constitucional, solicitar informe a la recurrida y, en definitiva, acogerlo dada la gravedad de los hechos denunciados.

SEGUNDO: Que informando la señora nombre reservado, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, señala que efectivamente el día 12 de abril de 2021 a las 12:30 horas presidió la audiencia de juicio fijada en la causa tramitada bajo el Rit Nº T-1289-2020, de conformidad al agendamiento informado semanalmente por la Administración del Tribunal.

Hace presente que la audiencia se inició con la individualización de la fecha y hora de su inicio y del Tribunal, para posteriormente pasar a individualizar a cada una de las partes presentes y sus apoderados, que en este caso correspondía al demandante de dicho proceso don nombre reservado y su abogado patrocinante don Rubén Manuel Antonio Jerez Atenas, el representante legal de la empresa demandada Motorola Chile S.A. don nombre reservado y su abogada patrocinante doña Cecilia Alejandra Recabarren Raby, tal como se desprende del registro de audio de dicha audiencia.

Indica que luego de dicha individualización y mientras proveía escritos pendientes de resolución, tuvo problemas con su conexión a internet en su domicilio, debiendo salir de dicha audiencia por unos segundos y reingresar a través de su teléfono celular, ya que su conexión domiciliaria se encontraba inestable. Agrega que luego de proveer las presentaciones pendientes, procedió a preguntarles a los abogados, harían uso de la prueba confesional solicitada en la audiencia preparatoria respecto de la parte contraria.

Señala que, tal como consta en el registro de audio, que la apoderada de la demandada manifestó su desistimiento de dicho medio de prueba por lo que le pidió al demandante salir de la audiencia atendidos sus problemas de conexión. Refiere que, como una conducta que adopta en todas las audiencias de juicio que preside desde que se dio inicio al trabajo telemático, solicita a ambas partes salir de la audiencia cuando terminan de rendir la prueba confesional, para poder continuar con la rendición de la prueba testimonial rendida por ambas partes. Expone que esto es con el fin de poder tomar el interrogatorio respectivo frente a los abogados de las partes y mantener su visual hacia el testigo respectivo y ambos abogados o más, si comparecen más de un abogado por cada parte, ello para dar mayor certeza al principio de inmediación y evitar comunicaciones entre las partes y sus testigos mientras declaran, sobre todo si estos declaran desde sus domicilios o de un lugar distinto al Tribunal.

Agrega que fue recién en dicha etapa de la audiencia el abogado de la parte demandante solicita al Tribunal que la audiencia fuera publica y, permitiera al demandante y un periodista a quien no individualizó que pudieran presenciar la audiencia de juicio, invocando una serie de normas de la Constitución Política de la República, artículo 425 del Código del Trabajo y artículos 1 y 36 de la Ley de Prensa, procediendo a negar lugar a su solicitud explicándole que la audiencia siempre ha sido pública y, que por la situación de pandemia por Covid-19 y el trabajo telemático, además, de sus problemas de conexión de ese día le impedían acceder a su solicitud, sobre todo la comparecencia de un tercero extraño al juicio, que en tiempos de normalidad y presencialidad en el Tribunal podría haber accedido sin ningún problema a la sala en que se hubiese realizado la respectiva audiencia.

Afirma que le indicó que el trabajo telemático tiene una serie de inconvenientes no solo para las partes y sus abogados, sino que también para el Tribunal y con el fin de asegurar el desarrollo de la audiencia, evitar contactos con testigos, se negaba lugar a su solicitud, reiterando una vez más que, una vez culminada la audiencia de juicio el registro de audio de la misma sería público y podría ser conocido y escuchado por el periodista que le interesaba el conocimiento de la causa. El abogado de la parte demandante hizo uso de recurso de reposición y el Tribunal mantuvo su decisión, tal como se desprende del registro de audio respectivo.

Estima que en ningún caso resulta efectivo lo alegado en el recurso, ya que la audiencia de juicio celebrada con fecha 12 de abril del año en curso, en ningún caso fue celebrada de manera secreta, encontrándose presente los abogados de ambas partes en todo momento de su celebración, encontrándose disponible su registro de audio para el público general a través de la página del nombre reservado Judicial.

Finalmente, respecto a la alegación que habría sido efectuada una nueva audiencia de carácter secreta con el fin de dar lectura a la notificación del fallo, plantea que ello resulta falso, atendido que en materia laboral no existe ninguna norma que ordene dar lectura a los fallos dictados por los jueces a diferencia de lo que ocurre en materia penal.

En consecuencia, estima que no ha existido algún acto arbitrario o ilegal en su actuación.

TERCERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que luego de lo dicho, lo cierto es que no se observa en el procedimiento laboral seguido ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, dado que las decisiones adoptadas con ocasión de la audiencia de juicio, no se sustentaron en el mero capricho de la magistrado que las pronunció, quien por el contrario, las emitió con pleno apego a la normativa que regula cada una de las hipótesis fácticas y jurídicas sometidas a su resolución.

A mayor abundamiento, se debe considerar que siempre asistió al eventual agraviado el derecho de impugnar la decisión de la Juez conforme al sistema recursivo que establece nuestra normativa. Así consta en el registro de audio respectivo que el abogado de la parte demandante interpuso un recurso de reposición contra la resolución del Tribunal, y también se advierte del sistema de tramitación electrónica que en la causa RIT T-1289-2020, que la parte demandante dedujo un recurso de nulidad que se encuentra pendiente de resolución.

QUINTO: Que en razón de lo expuesto y por no configurarse en la especie el supuesto básico que justifica brindar protección constitucional, cual es la existencia de un acto o una omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, el recurso de protección deducido debe ser necesariamente declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por doña nombre reservado.

Regístrese y archívese.

N°Protección-15589-2021.