nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA)

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO. Que, comparece Sebastián Andrés Pizarro Contreras, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, por haber dictado la Resolución Exenta N° 6404/2024 de 7 de mayo de 2024, que rechazó los recursos administrativos presentados por su representada en contra de la Resolución Exenta N° NC-00720/2023 de la Subsecretaría del Deporte, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que validó un proceso de calificación funcionaria irregular que culminó con su desvinculación, vulnerando con ello las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Como antecedentes, expone que se desempeñaba en la Subsecretaría del Deporte desde el año 2012, siendo objeto de diversas situaciones de hostigamiento laboral que motivaron la interposición de una primera acción de tutela laboral (RIT T-2121-2019) que fue acogida, y posteriormente una segunda acción (RIT T-1-2023) que se encuentra en tramitación. En este contexto, señala que en septiembre de 2023 fue precalificada con nota 1 en todos los ítems de evaluación, siendo notificada el 29 de septiembre de 2023 que se encontraba en lista 4 para desvinculación.

Sostiene que la apelación presentada por su representada contra la resolución de la Junta Calificadora fue interpuesta dentro de plazo, considerando que la notificación por carta certificada se realizó los días 2 y 3 de noviembre de 2023, debiendo aplicarse el artículo 46 de la Ley N° 19.880 y la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N° 34.319 de 2007 y N° 29.008 de 2019 de la Contraloría General de la República.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, alega que la resolución impugnada vulnera el principio de confianza legítima, la debida motivación de los actos administrativos y las garantías del debido proceso administrativo, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que extiende las garantías del debido proceso al ámbito administrativo sancionador.

Arguye que se han vulnerado los derechos constitucionales de propiedad, al afectar su patrimonio y estabilidad laboral; la garantía del debido proceso, al validar una sanción administrativa sin un procedimiento previo que cumpla los estándares constitucionales; y el derecho a la igualdad ante la ley, al aplicar un trato discriminatorio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se anule el acto ilegal y arbitrario de la recurrida, se determine como interpuesto dentro de plazo el recurso de fecha 13 de noviembre de 2023 contra la resolución de la Junta Precalificadora de la Subsecretaría del Deporte, y se ordene el pago de las remuneraciones desde su separación ilegal hasta su reincorporación en funciones, con costas.

SEGUNDO. Que en su informe, la I Contraloría Regiona Metropolitana De Santiago solicita el rechazo del recurso de protección fundamentalmente en dos defensas: primero, que en virtud del artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, el órgano contralor se encuentra impedido de intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, y segundo, que el recurso de protección ha perdido oportunidad y carece actualmente de objeto, al haberse dejado sin efecto el acto administrativo impugnado.

En cuanto a la primera defensa, el órgano contralor expone que tomó conocimiento de la existencia de la causa Rol N° T-469-2024, sobre tutela laboral, seguida ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, iniciada por la propia recurrente contra la Subsecretaría del Deporte. Señala que, al advertir la estrecha vinculación entre dicha causa judicial y el reclamo administrativo pendiente ante la Contraloría, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, mediante resolución exenta N° 9.205, de 21 de junio de 2024, se abstuvo de pronunciarse sobre la nueva presentación efectuada por la señora nombre reservado y dejó sin efecto las resoluciones exentas N°s 3.981 y 6.404, ambas de 2024. Fundamenta esta decisión en que la demanda laboral fue interpuesta el 20 de febrero de 2024 y notificada el 8 de marzo del mismo año, es decir, con anterioridad a la dictación de las resoluciones impugnadas.

Respecto a la segunda defensa, la recurrida argumenta que, habiéndose dejado sin efecto el acto recurrido en estos autos -la resolución exenta N° 6.404, de 7 de mayo de 2024-, la acción constitucional se ha tornado innecesaria, perdiendo su oportunidad y careciendo actualmente de objeto. Lo anterior, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la causa laboral en que la actora ha demandado a su entidad empleadora.

Como antecedentes adicionales, el órgano contralor expone que la recurrente interpuso un reclamo de ilegalidad conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834, contra la resolución exenta N° 720 de 2023 de la Subsecretaría del Deporte, que desestimó por extemporánea su apelación contra sus calificaciones del periodo 2022-2023, en virtud de la cual quedó en Lista N° 4, de Eliminación. Dicho reclamo fue rechazado mediante resolución exenta N° 3.981, de 20 de marzo de 2024, y el posterior recurso de reposición fue desestimado por resolución exenta N° 6.404, de 7 de mayo de 2024, siendo esta última la resolución impugnada mediante la presente acción constitucional.

En virtud de los antecedentes expuestos, la Contraloría General de la República solicita a esta Corte que se desestime la acción cautelar presentada en su contra, acompañando al efecto diversos documentos que acreditan tanto la tramitación administrativa como la existencia de la causa laboral pendiente.

TERCERO. Que, según consta del informe evacuado por la Contraloría General de la República, el órgano contralor ha comparecido dando cuenta que la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ya había emitido previamente el informe solicitado en estos autos mediante oficio N° E505403/2024, con fecha 26 de junio de 2024, el cual fue debidamente suscrito por don nombre reservado, en su calidad de Contralor Regional de la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, documento que ya se encuentra incorporado a fojas 9 de la causa en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.

Que, asimismo, el órgano contralor acompaña a su presentación la resolución exenta N° 2.567 de 2023, que delega la facultad de firmar "por orden del Contralor General" al Fiscal respecto de los actos que indica, así como la resolución exenta RA N° 290 de 2024, que designa a doña Carolina Requena Duschner como Fiscal Suplente por el período que en dicha resolución se señala.

Que, en virtud de las facultades delegadas por la Contralora General (S), la Fiscal (S) de la Contraloría General de la República, doña Carolina Requena Duschner, ha evacuado el informe requerido por esta Corte mediante correo electrónico de fecha 2 de julio de 2024, en el marco de la presente causa rol N° 15.587-2024, caratulada "nombre reservado/CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA)".

En consecuencia, el órgano contralor solicita se tenga por evacuado el informe requerido, haciendo presente que la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ya había dado respuesta mediante el oficio antes individualizado, el cual se encuentra debidamente agregado a los autos.

CUARTO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO. Que luego de lo dicho, atendido que la recurrida Contraloría General de la República ha informado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, mediante resolución exenta N° 9.205, de 21 de junio de 2024, se abstuvo de pronunciarse sobre la nueva presentación efectuada por la señora nombre reservado y dejó sin efecto las resoluciones exentas N°s 3.981 y 6.404, ambas de 2024, ésta última correspondiente al acto que se recurre por esta vía, que como se ha dicho, ha sido dejado sin efecto, esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se denuncian amagados, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar a través del presente arbitrio para restablecer el imperio del derecho en favor del recurrente.

SEXTO. Que atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de amparo, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida en estos antecedentes.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de Abogado Integrante señor Hernández Olmedo N°Protección-15587-2024.

No firma el Ministro señor Carreño Ortega, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.