nombre reservado con COMUNIDAD EDIFICIO GRAN SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

Al folio 22; téngase presente.

Al folio 23; atendida la naturaleza cautelar del recurso, no ha lugar a lo solicitado por improcedente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Con fecha 16 de mayo de 2024, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, representante de la Comunidad Edificio Gran Santiago, por haber cursado dos multas gravísimas de forma arbitraria e ilegal, porque no existirían fundamentos fácticos ni jurídicos que las justifiquen, vulnerando los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, respeto y protección a la vida privada y honra, libertad de emitir opinión y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República, garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se acojan el recurso, declarando las multas como arbitrarias e improcedentes y ordenando su anulación total.

Señala que mi representada es una mujer transgénero, propietaria de un departamento en el edificio, quien debido a la discriminación que enfrenta la comunidad trans, no ha podido encontrar trabajo estable. Por ello, durante la pandemia, se reinventó dedicándose al rubro del espectáculo como influencer y generadora de contenidos para la comunidad LGTBIQA+. Además, colabora con la ONG Redoss realizando talleres de prevención del VIH en su departamento, por ser considerado un lugar seguro.

Agrega que desde su llegada al edificio, ha sido una residente cooperadora y participativa, sin tener reclamos en su contra. No obstante, el 12 de julio de 2023 se le cursó una multa de 50 UF por supuestamente ejercer el comercio sexual en su departamento, cuestión que fue probada, según la administración, en virtud de la cantidad de visitas de hombres que recibe. Frente a ello, la recurrente no quiso continuar reclamando por miedo a represalias basadas en prejuicios machistas y transodiantes.

Posteriormente, en un grupo de Whatsapp de vecinos del Edificio, la recurrente manifestó su opinión respecto a que la Administración no estaba haciendo bien su labor. A raíz de ello, con fecha 24 de abril de 2024, recibió dos notificaciones por haber proferido supuestamente injurias y calumnias contra el personal de la Administración. Finalmente, el 7 de mayo de 2024, recibió una nueva multa de 50 UF por este mismo motivo, lo que a su juicio afecta gravemente su derecho a emitir opinión.

En cuanto al derecho, la recurrente alega, en primer lugar, la vulneración de la igualdad ante la ley, ya que, a su juicio, no se le está aplicando el Reglamento de multas en forma igualitaria como a los demás residentes, estableciendo diferencias arbitrarias basadas en prejuicios discriminatorios. Esto porque no existen reclamos de vecinos en su contra ni pruebas de la falta, sino solo una apreciación subjetiva y prejuiciosa de la administración.

En segundo término, estima conculcado su derecho a la vida privada y honra, desde el momento en que, sin existir denuncias ni pruebas tangibles, se le imputa el cargo de ejercer el comercio sexual, dejando constancia de ello en un libro de acceso público, exponiendo de manera indebida su honra y reputación.

Como tercera alegación, aduce la infracción a la libertad de emitir opinión, por cuanto se le cursó una multa por supuestas injurias y calumnias contra el personal de la administración, sin tener ningún fundamento fáctico, sólo por haber manifestado en un grupo su disconformidad con el actuar de la administración, en términos respetuosos.

Finalmente, considera transgredido su derecho de propiedad, desde que sin causa justificada se le restringe el derecho a recibir visitas, por el temor de exponerse a una nueva multa por comercio sexual, negándole así el libre goce de las facultades del dominio.

En síntesis, la recurrente estima que los actos de la recurrida, al multarla, en dos ocasiones, de manera injustificada, basándose en prejuicios discriminatorios y sin fundamentos fácticos, han vulnerado sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, vida privada y honra, libertad de opinión y propiedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que nombre reservado es responsable de actos arbitrarios e ilegales que privan, perturban y amenazan el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la recurrente, disponiendo el cese total de éstos. Asimismo, pide que se declaren las multas cursadas como arbitrarias e improcedentes, ordenando su anulación total.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, comparece don Gustavo Díaz García, abogado, en representación de la Comunidad Edificio Gran Santiago, representada legalmente por don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

Expone que el recurso se interpuso a raíz de una supuesta conducta arbitraria e ilegal desplegada por la recurrida al cursar una multa a la recurrente por proferir injurias y calumnias contra la Administración, a través de un grupo de mensajería en la aplicación WhatsApp, en razón de lo establecido en el Reglamento de Multas de la Comunidad.

Indica que, en virtud del artículo 17 de la Ley N°21.442, sobre Copropiedad Inmobiliaria, el Comité de Administración, en conjunto con los Administradores dictan los Reglamentos Internos del Condominio, entre ellos, el Reglamento de Multas, el cual ha sido refrendado por diversas sentencias judiciales que individualiza. Agrega que dicho Reglamento, será ratificado en la Asamblea de Copropietarios, a realizarse el 25 de julio de 2024, y cuyo objetivo principal es regular la actividad dentro del Condominio y mantener una buena convivencia.

En cuanto a los hechos, señala que el artículo 2° del Reglamento de Multas permite aplicar sanciones no sólo ante reclamos o denuncias de residentes, sino también cuando el propio personal de seguridad o la administración constaten infracciones, como ocurrió en este caso con los dichos de la recurrente en el grupo de WhatsApp. Añade que el artículo 4° establece el procedimiento para cursar las multas, el cual se habría respetado íntegramente, aplicándose de igual forma para todos los residentes, por lo que no existiría ilegalidad ni diferencias arbitrarias.

Respecto a las alegaciones de vulneración de derechos constitucionales, argumenta, en primer término, que no se ha afectado el derecho a la vida privada de la recurrente, por cuanto sus opiniones fueron vertidas en un grupo comunitario con participación de múltiples residentes, y no en una conversación privada. En segundo lugar, aduce que tampoco se ha coartado su libertad de opinión, ya que nadie ha censurado o impedido a la recurrente emitir sus opiniones en la aplicación de mensajería. No obstante, el ejercicio de dicha libertad la hace responsable de los abusos que cometa, como el proferir expresiones injuriosas en los términos del artículo 416 del Código Penal.

A mayor abundamiento, sostiene que los comentarios de la recurrente sólo buscan desacreditar la labor realizada por la actual administración desde el año 2021, la que con un trabajo dedicado ha logrado erradicar las incivilidades que aquejaban al edificio, para transformarlo en un lugar seguro, tranquilo y con mayor plusvalía para sus propietarios.

Por otra parte, advierte que conforme a los artículos 44 y siguientes de la Ley 21.442, las contiendas relativas a la administración o funcionamiento del condominio entre copropietarios y los órganos administrativos, son de competencia de los Juzgados de Policía Local, instancia que la recurrente no agotó previamente.

En subsidio, alega la naturaleza cautelar y no declarativa del recurso de protección, citando jurisprudencia en tal sentido. Afirma que la recurrente pretende que se declare la responsabilidad del administrador y la nulidad de una multa, en circunstancias que no existe necesidad de cautela urgente de un derecho fundamental, pues éste no se ha visto amenazado, sino que la multa es consecuencia del legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Por ende, concluye que el recurso ha perdido oportunidad.

En virtud de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar el recurso de protección deducido en estos autos.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en cuanto al fondo de la acción, como es posible advertir del mérito de los antecedentes, en la especie, los hechos que motivan el presente arbitrio constitucional han sido expresamente controvertidos por la recurrida en su informe, quien ha referido que las multas impuestas se han ajustado al Reglamento de Copropiedad que rige la Comunidad en la que habita la recurrente.

QUINTO: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, éste solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado, puesto que constituye la base fundamental para la adopción de las medidas de resguardo o cautela que se solicitan. De este modo, el recurrente debe demostrar en forma clara, precisa e indubitada la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que originen una privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales protegidas por esta vía, lo que no se logra en la especie, por las razones ya indicadas.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el artículo 44 de la ley N° 21.442 establece un procedimiento ante los Juzgados de Policía Local podrá conocer de las controversias que se susciten entre las partes derivada de la aplicación de Reglamentos de Copropiedad, por lo que no resulta posible a esta Corte dirimir el presente arbitrio, desde que ello requeriría emitir pronunciamientos propios de un juicio declarativo de lato conocimiento, con un procedimiento de estudio y prueba que permita ponderar debidamente los diversos antecedentes de la controversia, lo que excede los límites de la acción cautelar intentada. Por consiguiente, la discrepancia que se advierte entre las partes, en torno a la aplicación de multas por supuestas faltas al Reglamento de Copropiedad, deben ser resueltas en la sede jurisdiccional correspondiente, impidiendo que éstos puedan ser calificados de arbitrarios o ilegales, presupuesto básico para la procedencia del recurso de protección, atendido especialmente que la multa impuesta está contemplada en el artículo 2° del Reglamento de Multas, de acuerdo lo faculta el artículo 8 letra k) de la ley de copropiedad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado, representante de la Comunidad Edificio Gran Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°15585-2024.