Protección contra Escuela nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en favor de su hija nombre reservado en contra de la Escuela nombre reservado, por el acto de aplicarle a esta última un procedimiento de expulsión el que califica de arbitrario y vulneratorio de sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 Nros. 5, 11, 12 y 15 de la Constitución.

Indica que el 5 de junio pasado alrededor de las 11:00 am la profesora jefe de su hija la llamó para conversar un asunto de prevención de embarazo, debido a que la auxiliar de aseo nombre reservado indicó haber visto a su hija en los baños del segundo y tercer piso respectivamente haciendo lo que ella indica como “cosas” que no especificó, por lo que informó a la profesora jefe nombre reservado, quien entonces la llamó para conversar sobre embarazos no deseados, no existiendo pruebas respecto a que sucedió con su hija.

Señala que se habría aplicado un procedimiento de expulsión de su hija por estos hechos, y que no existen pruebas.

Además denuncia que la citada auxiliar agredió física y verbalmente a su hija.

Solicita se acoja el recurso, de paralice el proceso de expulsión.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece nombre reservado, director de la Escuela nombre reservado, explica que debido a los hechos en los que se vio involucrada la alumna por la cual se recurre se procedió a la activación del Protocolo sobre violencia y acoso escolar, contenido en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), en conformidad con lo dispuesto en la Ley Nro. 21.128, denominada “Ley Aula Segura”, con motivo de una agresión física cometida en contra de una trabajadora del establecimiento educacional, por los hechos ocurridos en el mes de junio de 2025, culminando el 14 de julio del mismo año con la medida de expulsión de la alumna, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. Refiere que el proceso se desarrolló con pleno respeto a las garantías del debido proceso, asegurando el derecho a defensa, el acompañamiento psicosocial y el resguardo de la trayectoria educativa de la estudiante, contando con supervisión del sostenedor y cumpliendo todas las etapas de investigación, medidas cautelares, apelación y revisión interna, conforme al Reglamento y a la citada Ley de Aula Segura. Señala que el procedimiento, pese a su complejidad, fue exhaustivo, transparente y garantista tanto para la estudiante como para la funcionaria afectada. Relata que el 5 de junio de 2025, la dirección de la escuela inició el procedimiento de investigación por posible agresión a una funcionaria, activando el Protocolo de la Ley Nro. 21.128, que se aplica a los miembros de la comunidad escolar incursos en faltas graves o gravísimas susceptibles de sanción con expulsión o cancelación de matrícula. Este procedimiento se desarrolló conforme al artículo 4.5 del Reglamento Interno, que define como faltas gravísimas aquellas actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa o que sean reiteradas en el tiempo. Agrega que el 6 de junio de 2025, se cita a la apoderada de la estudiante a entrevista con el director del establecimiento para informarle oficialmente del inicio de la investigación, así como de la medida cautelar de suspensión por diez días hábiles aplicada a la alumna, y las razones fundadas de dicha decisión.

Posteriormente, el 19 de junio de 2025, la apoderada es nuevamente convocada para ser notificada de la resolución que formaliza el inicio del procedimiento de expulsión, entregándole los antecedentes recabados y comunicándole su derecho a interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días hábiles.

Explica que, considerando que el inicio del receso escolar de invierno se producía inmediatamente después, la escuela resolvió aplazar el cómputo del plazo de apelación hasta el 7 de julio de 2025, con el fin de garantizar efectivamente el derecho a defensa, puesto que durante el período de vacaciones la escuela permanecía cerrada. En dicha oportunidad, la apoderada se negó a firmar el acta de notificación, razón por la cual esta se efectuó mediante carta certificada enviada el mismo día. Expone que la investigación determinó que la estudiante agredió físicamente a una funcionaria de aseo, luego de un diálogo previo con su profesora jefe, quien intentó mediar una situación de conflicto derivada de una observación disciplinaria.

La agresión fue interrumpida por la docente, quien se encontraba presente en el intento de diálogo y debió intervenir físicamente para evitar mayores daños. La víctima de la agresión, funcionaria recientemente operada de sus riñones, sufrió lesiones que fueron constatadas, generando gran conmoción dentro de la comunidad educativa. Destaca que este hecho representó un quiebre grave en la convivencia escolar, reintroduciendo prácticas de violencia que la comunidad había logrado disminuir en los dos años anteriores mediante programas de contención y formación socioemocional. En cuanto al rol garante de derechos y de protección de trayectorias educativas, la escuela expone que la estudiante recibió apoyos psicosociales y pedagógicos constantes desde su ingreso durante el año 2025. Se implementaron estrategias dentro del modelo de “Aulas del Bienestar”, con tutorías individuales, intervenciones de la profesora jefe, asistencia de la psicóloga institucional, coordinación con el Programa de Integración Escolar (PIE), orientación pedagógica diferenciada en Lenguaje, Matemáticas, Historia e Inglés, y activación de la Red Lazos para apoyo psicosocial familiar. Observa que el 8 de julio de 2025, la apoderada nombre reservado presentó formalmente una apelación frente a la medida sancionatoria, acompañando en un pendrive su carta de apelación, un audio de WhatsApp y dos imágenes. En atención a ello, la Dirección del establecimiento puso el asunto en tabla del Consejo de Profesores, convocado para el 9 de julio de 2025, con el fin de revisar la apelación y deliberar sobre eventuales alternativas pedagógicas o sancionatorias. Adiciona que, durante el Consejo, integrado por 45 docentes y asistentes de la educación, se desarrolló un proceso reflexivo en torno a la trayectoria educativa de la alumna, los antecedentes de apoyo brindados y la gravedad de los hechos ocurridos, sin embargo, pese a que se consideraron distintas alternativas formativas, el Consejo coincidió de forma unánime en mantener la sanción de expulsión, por estimar que los hechos constituían una falta gravísima incompatible con los valores y normas de convivencia institucional. Se enfatizó la necesidad de entregar señales claras a la comunidad escolar, reforzando el compromiso del establecimiento con la seguridad de todos sus miembros y la coherencia con su Proyecto Educativo Institucional. En virtud de lo anterior, la dirección resolvió mantener la medida de expulsión, considerando que la apelación no aportaba elementos nuevos ni atenuantes relevantes y que los hechos encuadraban plenamente en las causales previstas en la normativa escolar y legal vigente, decisión fue comunicada a la apoderada y a la estudiante el 14 de julio de 2025, asegurando la continuidad educativa mediante la coordinación con la Corporación de Educación y Salud de Renca, la cual gestionó una nueva matrícula. Subraya que, tres días después, se confirmó que la estudiante había sido matriculada en la Escuela nombre reservado, optando posteriormente la familia por un establecimiento particular subvencionado. Finalmente, se hace constar que el expediente completo del procedimiento de Aula Segura fue remitido a la Superintendencia de Educación dentro del plazo legal de diez días hábiles desde la resolución final, conforme lo exige la Ley Nro. 21.128, en cumplimiento de los estándares administrativos y de fiscalización que dicha norma establece.

Tercero: Que, en cumplimiento del trámite decretado por esta Corte, consistente en pedir informe al establecimiento nombre reservado a fin de que señale si la niña se encontraba matriculada en dicha escuela, el abogado de la Corporación Municipal de Renca, Jorge Díaz Silva, informó que actualmente la niña se encuentra matriculada en la Escuela nombre reservado, de la comuna de Renca, cursando 7° básico.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, es menester que concurra una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Es decir, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y, ciertamente, motivar el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Sexto: Que, a partir de lo expuesto en el libelo se infiere que el acto arbitrario imputado consiste en la aplicación de un procedimiento de expulsión, que se denuncia como arbitrario, en contra de la alumna, hija de la recurrente.

Séptimo: Que, de lo informado por la Corporación Municipal de Renca consta que la adolescente por la que se recurre se encuentra matriculada, cursando 7° básico, en un establecimiento educacional distinto al recurrido, la Escuela nombre reservado, de la comuna de Renca.

Octavo: Que en este orden de ideas, no existe una medida que esta Corte pueda adoptar en el presente caso, toda vez que ha sido la propia recurrente la que ha optado por cambiarse de establecimiento educacional, pese a haberse dictado una orden de no innovar en esta causa, motivo por el cual el presente arbitrio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 1 por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-15579-2025.