Protección contra Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Julio César Pizarro Maureira, en representación de don nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 6 de mayo de 2025, y la confirmación de la misma a través de la Resolución Exenta N° NUM001, de 19 de junio de 2025, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la acción se origina en una denuncia por acoso sexual formalizada el 9 de noviembre de 2023 en su contra. Dicha denuncia dio lugar a una investigación sumaria, instruida por Resolución Exenta N° NUM002 de 14 de diciembre de 2023, siendo elevada a sumario administrativo por Resolución Exenta N° NUM003 de 29 de enero de 2024. Señala que, en el transcurso del sumario, se le formularon cinco, por acoso sexual y/o conductas inapropiadas contra tres funcionarias, maltrato en contexto de trabajo a un funcionario, y hostigamiento o menosprecio a su jefatura, pese a que la resolución inicial se limitaba a un solo hecho.

Argumenta que los cargos N° 2 al 5 son nulos, por cuanto no se encontraban descritos en la Resolución Exenta N° NUM002 y tampoco fueron debidamente detallados en la Resolución Exenta N° NUM004, excediéndose la Fiscal largamente de sus facultades de investigar hechos para los cuales no estaba designada. En cuanto a los vicios de forma, alega que no existe Resolución Exenta que ordene instruir el sumario por los hechos de los cargos N° 2 al 5, ni su notificación, contraviniendo el artículo 45 de la Ley N° 19.880 y afectando el debido proceso.

Asimismo, denuncia la falta de pronunciamiento sobre su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), el cual fue citado en sus descargos, lo que considera discriminatorio y un error al momento de ponderar las circunstancias atenuantes.

Respecto a la errónea aplicación de la ley, precisa que la medida de destitución se aplicó ilegalmente invocando normas que entraron en vigencia con la Ley N° 21.643, a partir de agosto de 2024, no siendo aplicable retroactivamente a hechos ocurridos en 2023. Además, sostiene que la transgresión al principio de probidad no fue debidamente fundada en la gravedad requerida por el inciso segundo del artículo 125 para imponer la destitución.

Adicionalmente, señala que se vulneró el principio de doble instancia, al rechazarse el recurso de apelación subsidiario, lo que a su juicio, atenta contra el debido proceso y la garantía de igualdad ante la ley.

Previas citas legales, solicita se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y/o arbitrariedad de los actos recurridos, y se disponga la reincorporación inmediata del recurrente al cargo que tenía antes de la sanción, con el consecuente pago íntegro de todas las remuneraciones y emolumentos dejados de percibir durante la tramitación del recurso, con costas.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado Günther Guzmán Tacla, en representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que, tras la denuncia inicial del 13 de noviembre de 2023, se ordenó instruir investigación sumaria y, posteriormente, se elevó a sumario administrativo por Resolución Exenta N° NUM003 de 29 de enero de 2024, a fin de indagar nuevos hechos. Señala que se formularon cinco cargos que fueron debidamente probados, existiendo abrumadora prueba a través de declaraciones de víctimas, testigos, e incluso el propio recurrente, confirmando la existencia de conductas reprochables, calificables como acoso sexual y laboral, que fueron reiteradas y extendidas en el tiempo. Se acreditó la existencia de acoso sexual en contra de tres funcionarias y maltrato laboral y acoso laboral en contra de dos funcionarios. Indica que se aplicó la medida disciplinaria de destitución mediante Resolución Exenta N° NUM000 de 6 de mayo de 2025, la cual fue ratificada por la Resolución Exenta N° NUM001 de 19 de junio de 2025.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el procedimiento disciplinario cumplió con todas las garantías de un proceso racional y justo, dentro del marco legal. Desestima la supuesta nulidad de los cargos 2 al 5, pues la Fiscal goza de amplias facultades, según la jurisprudencia administrativa (Dictámenes N° 76.991/13 y N° 12.271/15), para extender la indagación a todas las irregularidades que conozca en el transcurso del proceso.

Adiciona que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la medida de destitución procedía plenamente a la fecha de los hechos por constituir una infracción grave al principio de probidad administrativa (Art. 61 letra g) en relación con el Art. 125, inciso 2° antes de la Ley N° 21.643, siendo los hechos fundados en la gravedad y reiteración. Precisa que el acoso laboral vertical ascendente sí era sancionable antes de dicha ley.

Respecto al Trastorno del Espectro Autista (TEA), señala que la supuesta condición carece de mérito, dado que no fue aportado ningún documento formal que la acreditase, ni fue invocada como atenuante en los descargos.

En cuanto a la ponderación de atenuantes, sostiene que la autoridad se encuentra en el imperativo legal de disponer la sanción expulsiva en casos de vulneración grave a la probidad, sin que sea procedente analizar circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad.

Finalmente, hace presente que se rechazó el recurso de apelación subsidiario por improcedente, toda vez que la Directora Nacional es el jefe superior del Servicio, y en servicios descentralizados solo procede la reposición.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se disponga el rechazo del recurso de protección, en todas sus partes, por ser improcedente y por no existir ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal de este Servicio Nacional.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que para la procedencia de la acción de protección se requiere, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -es decir, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que vulnere perturbe o amenace alguna de las garantías provoque que se han indicado en el referido artículo 20.

QUINTO: Que, los actos que se consideran ilegales y arbitrarios son las Resoluciones Exentas dictadas por la recurrida que, por una parte, dispuso la medida disciplinaria de destitución y, la segunda, que confirmó dicha medida, rechazándose la reposición.

SEXTO: Que son hechos acreditados sea con los antecedentes recopilados y con lo expuesto por las partes, los siguientes: a) Por Resolución Exenta N°NUM002 de 14 de diciembre del año 2023 se inició una investigación sumaria en contra del recurrente por denuncias de acoso sexual y laboral. b) Por Resolución Exenta N° NUM003 de 29 de enero del año 2024, se elevó la investigación a sumario administrativo. c) Por Resolución Exenta N° NUM000 de 6 de mayo recién pasado, el recurrente fue sancionado con la la medida disciplinaria de destitución. d) En contra de la decisión anterior, dedujo recurso de reposición y en subsidio apelación. e) Por Resolución Exenta N°NUM001 de 19 de junio último, se ratificó la medida descrita precedentemente rechazándose la reposición y la apelación por improcedente.

SEPTIMO: Que como puede advertirse, el recurrente pretende mediante el presente arbitrio, que nuevamente se discuta y analicen las alegaciones y defensas que se plantearon en el proceso administrativo, el cual se encuentra afinado y en el que se tuvieron por acreditados los cargos, aplicándose la medida de destitución por constituir los hechos una infracción grave a la probidad administrativa.

OCTAVO: Que, en efecto, sostener la nulidad de los cargos del sumario, la existencia de una enfermedad y la procedencia de atenuantes, no son materias que puedan nuevamente ventilarse por esta vía, siendo improcedente, toda vez que, en el sumario, se contestaron los cargos y se ejercieron los recursos administrativos que contempla la ley, con lo que se tiene por cumplido el debido proceso y el derecho de defensa NOVENO: Que, en consecuencia, teniendo en especial consideración que el proceso en que se dictó la medida disciplinaria se encuentra afinado, no cabe sino concluir que el arbitrio en examen no puede prosperar y será desestimado, siendo innecesario analizar la concurrencia de las garantías que se denunciaron como vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firma ministro (S) señor Hernán Gonzalo López Barrientos, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

N°Protección-15578-2025.