Protección contra Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 10: a lo principal y segundo otrosí, téngase presente; al primer otrosí, a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados Franco Brunetti Arredondo y don Oscar Fielbaum Villegas, abogados, quienes interponen acción constitucional de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones, argumentando vulneración de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, debido a la negativa de la autoridad a dar tramitación a su solicitud de refugio.

Expone que el protegido se vio forzado a escapar de su país de origen e ingresar a Chile por pasos no inhabilitados, en razón de que su libertad y seguridad habrían sido amenazadas en Venezuela por los conflictos internos y la violencia generalizada, entre otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público, llegando al país el día 10 de mayo de 2022.

Refiere que con el fin de iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado concurrió a las oficinas de la recurrida, oportunidad en que se le facilitó el formulario correspondiente, el cual entregó, recibiéndose su declaración.

No obstante lo anterior, indica que el 9 de junio del año en curso, recibió la Resolución Exenta Nº NUM000, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento, sin realizar, de manera previa, la remisión del proceso a la Secretaría Técnica correspondiente, y entregando como fundamentos de tal declaración que no se habría dado cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 20.430, toda vez que su solicitud excede el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio.

Al respecto argumenta que el protegido realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con fecha 29 de mayo del presente.

Sostiene el recurrente, en cuanto al fundamento de la autoridad que estos carecen de efectiva validez, toda vez que, en primer término, no habría existido un desistimiento de su parte, en el sentido que le atribuye, ya que no consta en el proceso el hecho de que la solicitante haya manifestado de manera expresa su intención o voluntad de abandonar efectivamente la pretensión que motivó la petición.

Asimismo, argumenta, en relación a falta que se le imputa, esto es, el no haber concurrido ante la autoridad migratoria competente en el plazo de 7 días siguientes a su ingreso clandestino o ingreso regular, que la interpretación efectuada no sería correcta, ya que, a su juicio, yerra garrafalmente la autoridad Migratoria recurrida de autos al adoptar para el caso particular del protegido, un criterio basado en una reforma legal surgida mucho después de producido el ingreso al país.

Luego de hacer referencia a la normativa que estima rige al efecto, y de citar jurisprudencia que sustenta su postura, solicita se acoja el recurso incoado, resolviendo que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente, resolviendo además que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de junio de 2025, que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el art. 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

Segundo: Informando comparece el abogado José Ignacio González Troncoso, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo de la acción interpuesta, ya que, a su juicio, no existe acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrida que el extranjero no registra fecha de ingreso al país, por lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos, sin existir constancia de la manifestación de su intención de solicitar refugio en frontera.

No obstante lo anterior, refiere que el 21 de febrero de 2025 se citó al extranjero para que concurriera a dependencias del Departamento de Refugio y Protección Internacional del Servicio, el día 12 de mayo de 2025, a las 11:00 horas, con toda la documentación necesaria, para dar inicio a su solicitud, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada y por abandonado el procedimiento en caso de inasistencia, señalando que dicha audiencia se llevó a efecto, siendo completado el formulario respectivo y realizada la entrevista de rigor, conforme lo establecido en el artículo 28 bis inciso 6º de la Ley Nº 20.430.

Manifiesta la autoridad, que mediante Resolución Exenta Nº NUM001 de 12 de mayo del año en curso notificó al extranjero que no era posible dar curo a su solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que no ha cumplido con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley 20.430, relativo al plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430, otorgándose un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitan subsanar tal situación, trámite que no obstante haber sido realizado, a juicio de la autoridad no resultó con el mérito para desvirtuar la causal.

Finalmente, manifiesta que, a través de la Resolución Exenta Nº NUM000 de 9 de junio de 2025 se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, reservándose al respecto los correspondientes recursos administrativos, los cuales no fueron ejercidos, enfatizando la autoridad en que no existe ninguna sanción dictada en contra del extranjero.

Previa referencia a la normativa que rige la controversia de autos y las etapas del procedimiento, sostiene, en cuanto a las alegaciones que aluden a una supuesta vulneración de garantías constitucionales, que, a su juicio, no existen reales fundamentos que permitan sustentarla, toda vez que se siguió aquel procedimiento indicado en las normas especiales del procedimiento, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo de la acción interpuesta en todas sus partes, por no existir en la especie, según afirma, acto u omisión arbitrario o ilegal de la autoridad, que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales aludidas, no siendo procedente además su condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, por la vía del presente recurso se cuestiona el actuar del Servicio de Migraciones, por tener por desistida su solicitud de reconocimiento, sin realizar, de manera previa, la remisión del proceso a la Secretaría Técnica correspondiente, y entregando como fundamentos de tal declaración que no se habría dado cumplimiento al requisito formal establecido en el artículo 26 de la Ley Nº 20.430, toda vez que su solicitud excede el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio.

Quinto: Que, en razón de lo anterior, y en consideración al mérito de los antecedentes, aparece de manifiesto que la autoridad migratoria ha expresado los fundamentos que conducen a su decisión, haciendo aplicación de la normativa que rige la materia, constatando el incumplimiento de un requisito establecido de manera expresa en la normativa vigente.

Sexto: Que en este escenario no puede atribuirse al Servicio Nacional de Migraciones alguna actuación ilegal o arbitraria al momento de resolver el requerimiento del protegido, por cuanto la autoridad actuó conforme con lo regulado en la Ley Nº 20.430, dentro de la esfera de su competencia y en el marco de discrecionalidad que el mismo cuerpo normativo establece, por lo que no se advierte en este caso una privación, perturbación o amenaza alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15576-2025.

En Santiago, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.