nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGUIRDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, trece de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al folio 10; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, ecuatoriano, casado, cirujano dentista, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional don Luis Eduardo Thayer Correa, por la demora excesiva en su proceso de nacionalización. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulneraría su derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, y con ello el derecho a la igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene a la recurrida pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización.

Expone haber residido legalmente en Chile por más de catorce años, período durante el cual ha formado una familia y consolidado una carrera profesional como dentista. Señala que su hija y otros parientes cercanos son el pilar fundamental de su existencia en Santiago, destacando que su hijo, nombre reservado, es ciudadano chileno, lo que fortalece su legítimo derecho a la nacionalidad por vínculos familiares. Asimismo, refiere tener otra hija de dieciséis años que cursa estudios en Santiago.

Indica que el 20 de julio de 2019, presentó su solicitud para obtener la nacionalidad chilena, registrada bajo el código 2017, la cual ha permanecido en estado pendiente ante la Subsecretaría del Interior desde diciembre de 2023, sin que hasta la fecha se haya emitido dictamen alguno. Ante esta situación, inició un nuevo procedimiento en agosto de 2022, identificado con el código de trámite 53586512, cumpliendo con todos los requisitos estipulados por la legislación vigente. Sin embargo, este segundo procedimiento no ha logrado progresar debido a que la solicitud original sigue en curso.

Arguye que la falta de transparencia y la dilación en la tramitación de su solicitud de nacionalidad han provocado confusión y han repercutido de manera adversa en su vida cotidiana, restringiendo su capacidad para ejercer los derechos y asumir las responsabilidades inherentes a un ciudadano chileno.

Manifiesta que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, al no proporcionar una respuesta oportuna a su solicitud de nacionalización, generando una situación de incertidumbre jurídica que afecta su integridad psíquica y emocional, así como su arraigo emocional y laboral en el país.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y se declare ilegal y arbitrario el actuar del Servicio Nacional de Migraciones, ordenando a la recurrida pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la Subsecretaría del Interior, representada por el abogado Felipe Cerda Sepúlveda, solicitó el rechazo de la acción constitucional, fundando su petición en la inexistencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal que afecte los derechos del recurrente.

En primer término, sostiene que la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de nombre reservado, se encuentra actualmente en las últimas etapas de tramitación en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, luego de haber sido analizada por el Servicio Nacional de Migraciones, y que el recurrente, actualmente cuenta con un permiso de permanencia definitiva vigente, manteniendo una situación migratoria regular en el país, lo que descarta cualquier perjuicio en el ejercicio de sus derechos mientras se tramita su solicitud de nacionalización.

Expresa que la acción de protección, dada su naturaleza cautelar, autónoma, excepcional y de urgencia, se limita a aquellos casos que requieren la adopción de medidas de emergencia para subsanar manifiestas amenazas, violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, circunstancias que no se verifican en la especie, toda vez que el recurrente no ha invocado acción u omisión alguna que importe una afectación a sus garantías constitucionalmente protegidas, limitándose a afirmar genéricamente una situación de desventaja o desigualdad, sin aportar antecedentes que respalden tal afirmación o den cuenta de un trato discriminatorio.

Por otra parte, indica que la eventual demora en los tiempos de tramitación de los procedimientos de solicitudes migratorias no constituye, por sí misma, una vulneración de derechos constitucionales, según lo ha establecido reiteradamente la Corte Suprema, y en este contexto, argumenta que el mero vencimiento del plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la ley N° 19.880 no puede ser considerado vulneratorio al derecho a la igualdad ante la ley, siendo necesario aportar antecedentes que permitan comprender por qué esa eventual demora significaría un trato desigual.

Finalmente, advierte sobre la improcedencia de utilizar acciones constitucionales como la de autos, para acelerar trámites administrativos, debido a que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley respecto de quienes tramitan sus solicitudes mediante los conductos regulares.

En virtud de lo expuesto, la Subsecretaría del Interior solicita tener por evacuado su informe requerido y, en definitiva, se rechace la acción constitucional interpuesta.

Tercero: Que, evacuando su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, fundamentando su petición en tres argumentos principales: la inexistencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal, la falta de legitimación pasiva del Servicio, y la ausencia de vulneración a las garantías constitucionales del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En primer lugar, informa que el recurrente ingresó al país el 8 de febrero de 2011 como turista, obteniendo posteriormente una visa temporal, y finalmente, mediante Resolución Exenta N° 131423 de 25 de octubre de 2013, se le otorgó el permiso de permanencia definitiva, el cual se encuentra actualmente vigente.

Respecto a la solicitud de carta de nacionalización, indica que fue realizada por el recurrente el 14 de mayo de 2019 y que como institución pública, cumplieron con todos los trámites pertinentes, incluyendo la comunicación a la Policía de Investigaciones de Chile para la entrevista correspondiente. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2023, el Servicio remitió al Subsecretario del Interior acompañó el expediente del procedimiento administrativo, la calificación positiva respecto de la solicitud, y el proyecto de decreto respectivo.

En segundo lugar, argumenta su falta de legitimación pasiva, expresando que la concesión de la carta de nacionalización es una atribución del Presidente de la República, delegada al Ministro del Interior y Seguridad Pública, de conformidad con el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960 y el artículo 1°, Título IV, N°4, de la Ley 16.436 de 1966 y su labor en la tramitación de dichas solicitudes concluye con la remisión de la calificación y los antecedentes al Gabinete de la Subsecretaría del Interior, lo cual ya fue realizado.

En tercer lugar, arguye que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio que vulnere las garantías constitucionales del recurrente y que la situación de pendencia de la solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno al estatus migratorio del señor nombre reservado, ni al ejercicio de sus derechos o su desenvolvimiento en territorio nacional, dado que cuenta con un permiso de permanencia definitiva vigente.

Finalmente, solicita se tenga por evacuado el informe requerido y se rechace la acción constitucional en todas sus partes, no condenando en costas al Servicio.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en la especie, la omisión que se califica de ilegal y arbitraria, que motiva el ejercicio de esta acción constitucional, corresponde a la circunstancia de que la autoridad recurrida no ha resuelto ni ha emitido su pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización formulada por el recurrente.

Sexto: Que, consta de los antecedentes acompañados a los autos por las partes que: a) el 20 de julio de 2019, el recurrente ingresó solicitud de carta de nacionalización; b) Informando el recurso el Servicio Nacional de Migraciones señala que la solicitud del extranjero se encuentra en trámite ante luego de la remisión del Oficio Ordinario N° 101825, al Subsecretario del Interior contenido el expediente completo de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, indicándole que se cumplían todos los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 5.142 y que no existían impedimentos para su otorgamiento.

Séptimo: Que, en el escenario descrito es posible advertir que la solicitud de carta de nacionalización se encuentra aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

Octavo: Que, además, cabe tener presente que, la Corte Suprema con fecha veinte de marzo de este año en los autos rol N° 115.064-2022, previa vista de la causa -forma de conocimiento que se adoptó por dicha Corte ‘‘dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares”-, y luego de un “acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión”, concluyó que “la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas”, y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales Noveno: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora supuestamente excesiva en la conclusión del trámite de la solicitud de carta de nacionalización, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos, ha de descartarse arbitrariedad, pues la demora es razonable y también debe ser desechada una actuación ilegal, como quiera que los plazos que se confieren a la administración no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el servicio de migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

Décimo: Que, finalmente tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues el solicitante de carta de nacionalización se encuentra regular en el territorio nacional gozando de permanencia definitiva.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15576-2024.