nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, siete de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Camilo González Delgado, abogado, en nombre de don nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en descontar de su remuneraciones y sin su consentimiento, cuotas correspondiente a un crédito social, cuyo cobro fue objeto de un juicio ejecutivo previo, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°s 20 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que en el año 2013 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida denominado “crédito social”, el cual se pactó en cuotas conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833. No obstante, indica que fue desvinculado de su trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos cayendo en mora por varios meses.

Agrega que trató de regularizar su situación, pero la recurrida sólo le permitía repactar la deuda, algo que no era conveniente dadas sus circunstancias.

Así las cosas, refiere que la Caja de Compensación recurrida dedujo demanda ejecutiva en su contra el día 08 de enero de 2014, la cual se siguió ante el 13° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-523-2024.

Pese a ello, expone que el día 20 de octubre de 2023 le informaron de recursos humanos que le sería descontado de su remuneración el monto de $219.532.- por concepto de crédito social mediante descuento intercaja, lo cual constituye más del 50% de su remuneración.

Luego, a su juicio, el actuar de la recurrida lo deja en un estado de total indefensión y es antojadizo, pues revive de manera unilateral el derecho a cobrar el respectivo crédito.

En definitiva, previas citas legales, solicita que se declaren como arbitrarios e ilegales los hechos descritos en su presentación y se ordene restablecer el imperio del derecho, debiendo la recurrida, abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de sus remuneraciones y, a la vez, que reembolse los montos indebidamente descontados en un plazo de 5 días hábiles o el que estime esta Corte, con costas.

Segundo: Que, informando por la recurrida Caja de Compensación Los Andes, la abogada Inés Riquelme Arao, pide el rechazo del presente recurso, por los fundamentos que a continuación se expresan y, por pérdida de oportunidad del mismo.

Respecto del crédito social otorgado al recurrente, indica que con fecha 23 de octubre de 2012 se realizó la operación N° RUT reservado por un capital inicial de $3.465.623 con una tasa de interés de 2.45% pagadero en 48 meses con una cuota inicial de $125.447, con el primer vencimiento el día 30 de noviembre de 2012, de las cuales sólo fueron pagadas las 2 primeras. En cuanto a las restantes cuotas, señala que estas se encuentran en cobranza judicial.

En ese orden de ideas, refiere que el actuar de la Caja de Compensación no ha sido ni arbitrario ni ilegal, toda vez que los descuentos para el pago de las cuotas del crédito social otorgado al recurrente se han efectuado conforme al mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18833, que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, expresa que su representada se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita; por ende, en su parecer, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Ahora bien, en relación con el cese de los descuentos y la restitución de las sumas adeudadas, esgrime que no obstante lo ya señalado y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho del recurrente, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente y también dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros del crédito de emergencia.

Tercero: Que, previo a la vista de la causa se dispuso que la recurrida diera cuenta sobre la efectividad del cese de los descuentos y la devolución que refirió en su informe, lo que fue informado el 08 de febrero de 2024, refiriéndose que se mantiene paralizado todo descuento, y que la devolución de las últimas cuotas se efectuó el 29 de enero de 2024, por un monto de $209.681. Adjunta un certificado de pago del Banco Estado con abono a una cuenta corriente del recurrente por el monto antes indicado.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, constituyendo el recurso de protección una acción cautelar que tiene lugar cuando ha mediado un acto u omisión arbitrario e ilegal que prive, amenace o perturbe alguna de las garantías que se señalan como vulneradas al amparo de lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Constitucional.

Al respecto, hay que decir que el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar, de las remuneraciones del recurrente, cuotas pendientes de pago de un mutuo otorgado a este, cuyo cese de pago aconteció en febrero de 2022.

Sexto: Que, para resolver la presente acción constitucional, es preciso consignar los siguientes antecedentes relevantes acompañados en el expediente de la causa:

1. Copia de un documento denominado “nómina mensual de retenciones previsionales” respecto de la empresa Garibaldi S.A., emitido por la Caja de Compensación Los Andes de 10 de noviembre de 2023, en el cual se menciona el nombre de don nombre reservado, código 37.RUT reservado por un monto de $219.532.

2. Copia de la liquidación de remuneración del mes de diciembre de 2023 del recurrente, observando que el ítem otros descuentos figura uno bajo la glosa “Descuento crédito CCAF Los Andes (cuota 0/0)”, por la suma de $131.316.

3. Copia de la liquidación de remuneración del mes de enero de 2024 del recurrente, observando que el ítem otros descuentos figura uno bajo la glosa “Descuento crédito CCAF Los Andes (cuota 3/48)”, por la suma de $74.585, y 4. Comprobante de abono en una cuenta corriente del recurrente en Banco Estado mediante un depósito por $209.681.-, monto que coincide con lo señalado por el recurrente más no respecto de si se trata de la totalidad del crédito o uno o más de los descuentos efectuados.

óverainistro señor os mil veinticuatroerdia resoluci oncseucencia de decide que se mantiene la medida cautelar que afecta al impSéptimo: Que, atendido el reconocimiento de los hechos por parte de la recurrida en su informe, señalando que, sin reconocer la extinción de la deuda, ha dispuesto el “cese definitivo” de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, indicando posteriormente que los dineros descontados serán restituidos a la recurrente y, en las condiciones señaladas, si bien acompañó como antecedente un comprobante de pago descrito en el numeral 4 del motivo anterior, no es posible de él determinar que efectivamente se hubiera procedido a la devolución de la totalidad de las cuotas descontadas de forma irregular, lo cual se ve reforzado con la liquidación de sueldo del recurrente del mes de enero de 2024, donde consta que se le efectuó un descuento por el crédito materia de autos, por lo que se configura entonces un escenario en el cual es forzoso dar lugar a la pretensión de la parte recurrente, toda vez que ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario que vulneró la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se decide que:

Se ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y dirigido en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, y poniendo pronto remedio al mal que motivaba, se ordena a la recurrida al cese inmediato de los descuentos que efectuaba desde las remuneraciones del recurrente y, consecuentemente, restituirá todas aquellas sumas de dinero que hubiere descontado por este mismo concepto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-15574-2023.