nombre reservado con AFP MODELO

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

Proveyendo los escritos folios 11 y 12: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 8 de julio de 2025, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de AFP MODELO S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la Administradora a las solicitudes del recurrente para la devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero en virtud de la Ley N° 18.156, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales amparándose en la exención establecida en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, respecto de las cotizaciones previsionales enteradas por su empleador MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES SPA, correspondientes al período comprendido entre enero de 2021 y mayo de 2025. Para respaldar dicha acción, acompaña, entre otros documentos, una declaración jurada ante notario de fecha 14 de mayo de 2025 y la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). En la mencionada declaración jurada, el recurrente precisa que el Certificado de Constancia de Cotizaciones es generado de forma electrónica con un código de validación, por lo que no forma parte de las tramitaciones que la normativa venezolana permite llevar dentro del proceso de legalización y Apostilla de La Haya.

Cita, para respaldar su acción, las normas contenidas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Carta Fundamental y la Ley N° 18.156.

Pide en definitiva, se dé curso progresivo a los autos, fijando fecha de audiencia, para que pueda haber un pronunciamiento sobre el asunto ventilado.

SEGUNDO: Que, con fecha 17 de julio de 2025, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la solicitud de devolución del recurrente fue rechazada tras el análisis de la documentación. El rechazo se funda, primeramente, en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones o la declaración jurada no cumplen con la normativa vigente, pues no constituyen un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acredite la cobertura para todos los riesgos exigidos por la Ley N° 18.156. En segundo término, señala que el contrato de trabajo y su anexo contienen firma electrónica avanzada y, además, el Anexo de Contrato de 5 de febrero de 2025 contiene manifestaciones de voluntad contradictorias al autorizar el descuento de cotizaciones en Chile y, a la vez, manifestar la voluntad de mantener la afiliación en el país de origen, primando la primera manifestación.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que AFP Modelo ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, organismo que tiene la facultad de fijar la interpretación obligatoria de la legislación. Cita oficios de la Superintendencia que exigen una certificación de afiliación debidamente legalizada o apostillada que acredite la cobertura específica para todos los riesgos durante el servicio en Chile.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la Ley N° 18.156 constituye un régimen de excepción con requisitos copulativos, y la recurrida está obligada a dar estricto cumplimiento al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia. Además, cita fallos de Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema que respaldan la exigencia de legalización o apostilla de los documentos extranjeros y la improcedencia de la devolución ante cláusulas contractuales contradictorias.

Solicita, en definitiva, tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Modelo de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

SEXTO: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y no se encuentra legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. A su vez, la declaración jurada rendida ante notario no reemplaza dicho certificado ni acredita las coberturas mínimas exigidas por la ley -enfermedad, invalidez, vejez y muerte-.

SÉPTIMO: Que la normativa vigente exige también que el contrato de trabajo respectivo contenga de manera expresa e inequívoca la voluntad del trabajador extranjero de mantener su afiliación a un régimen de previsión social extranjero. En el presente caso, si bien se acompañó un anexo de contrato de trabajo, este no se encuentra autorizado notarialmente en los términos requeridos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y por la jurisprudencia administrativa vinculante emitida por la Superintendencia.

OCTAVO: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N° 18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

NOVENO: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

DÉCIMO: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 15573-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro (S) señor Enrique Durán Branchi, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.