nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGUIRDAD PÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, once de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Claudio Quiroga Hinojosa, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber omitido pronunciarse respecto a la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente hace más de dos años, actuación que considera ilegal y arbitraria, y que la mantiene en un estado de indefensión a pesar de tener una residencia previa en el país, contar con todo su núcleo familiar residiendo de forma regular y tener un trabajo estable, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas. Solicita se oficie a la recurrida para que emita el acto terminal que en derecho corresponde, para que conforme, a sus vínculos y su conducta previa, pueda otorgarse una residencia temporal por reunificación familiar.

Expone que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, se encuentra residiendo en Chile, desde el año 2017, junto a su cónyuge don nombre reservado, y su hijo chileno nombre reservado.

Señala que, desde el año 2017 hasta febrero de 2020, la recurrente se encontraba de forma regular en Chile con estatus migratorio de visa temporaria, trabajando y ejerciendo su profesión de Odontóloga. En febrero de 2020, debido a la enfermedad de su madre, la señora nombre reservado, se vio obligada a abandonar Chile y dirigirse a Venezuela. Con el paso del tiempo y debido a la crisis sanitaria por COVID-19, no pudo regresar a Chile por el cierre de fronteras.

Indica que, en agosto de 2020, decidió entrar por paso no habilitado a Chile, siendo detenida por funcionarios del Ejército de Chile en el paso internacional de Chacalluta. Fue llevada ante la autoridad del Ministerio Público, quienes, en octubre de 2020, comunicaron la decisión de no perseverar en el procedimiento.

Expone que su representada recibió una orden de expulsión número 960/673 con fecha 29 de marzo de 2021, contra la cual se presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Talca, causa ROL 208-2021. Dicho recurso fue acogido, dejándose sin efecto la orden de expulsión, pero manteniéndose la situación de irregularidad migratoria de la recurrente.

Señala que, como consecuencia de lo anterior, con fecha 30 de agosto de 2021, la recurrente envió una carta al nombre reservado y Seguridad Pública, solicitando la autorización para ingresar a un proceso de Regularización Migratoria, fecha desde la cual han transcurrido más de dos años sin obtener respuesta alguna.

Argumenta que la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, constituye una omisión arbitraria e ilegal que vulnera los derechos fundamentales de la recurrente. Sostiene que esta omisión se mantiene hasta el día de hoy, por lo que la interposición del presente recurso de protección se encuentra dentro del plazo establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, invoca los artículos 68, 69 y 70 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, que establecen las definiciones y criterios para el otorgamiento de la residencia temporal. Asimismo, hace referencia al Decreto Supremo N° 177, de 10 de mayo de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece como subcategoría migratoria de residencia temporal el permiso de reunificación familiar.

Sostiene que la recurrente cumple con los requisitos para solicitar el permiso de residencia temporal por reunificación familiar, ya sea por su vínculo con su esposo residente definitivo o con su hijo chileno.

Invoca, además, el artículo 1° de la Constitución Política de la República, que consagra a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y dispone que es deber del Estado darle protección y propender a su fortalecimiento. En el mismo sentido, cita los artículos 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen a la familia como "elemento natural y fundamental de la sociedad" y ordenan su protección a la sociedad y al Estado, haciendo referencia también a la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias, específicamente al artículo 44 numerales 1 y 2, que establecen el deber de los Estados Partes de adoptar medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio y facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges e hijos.

Argumenta que la omisión de pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa vulnera no solo los derechos de la recurrente sino también los de su familia, impidiéndole solicitar una residencia temporal conforme a sus vínculos y obtener una nueva oportunidad considerando su conducta intachable y profesional.

En cuanto a la forma en que se han vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente, el recurso señala que la omisión de pronunciamiento constituye una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al otorgar un trato desigual a la recurrente en relación a los demás ciudadanos extranjeros. Asimismo, sostiene que se ha vulnerado la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, al mantener a la recurrente en un estado de indefensión a pesar de haber cumplido con los requerimientos de la autoridad.

Por lo expuesto, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se oficie a la recurrida para que emita el acto terminal que en derecho corresponde a la solicitud de la recurrente, para que conforme a sus vínculos y su conducta previa pueda otorgarse una residencia temporal por reunificación familiar, todo dentro de un plazo prudente o las medidas que SS. Ilustrísima con su prudente arbitrio considere más pertinentes.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar el informe requerido, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, oponiendo en primer término la excepción de cosa juzgada. Subsidiariamente, solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la excepción de cosa juzgada, la recurrida argumenta que concurren en la especie los requisitos establecidos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Señala que con fecha 28 de diciembre de 2022, nombre reservado interpuso recurso de protección ingreso corte N°12918–2022 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, solicitando se ordene a la autoridad migratoria resolver su solicitud de regularización, recurso fue rechazado mediante sentencia de fecha 13 de junio de 2023.

La recurrida sostiene que existe identidad legal de las personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa de pedir entre el recurso anteriormente rechazado y el presente. Argumenta que en ambos casos se solicita que se ordene a la autoridad migratoria pronunciarse sobre la solicitud de regularización de la condición migratoria de la recurrente, siendo la causa de pedir la supuesta omisión ilegal y arbitraria de la autoridad migratoria al no emitir un pronunciamiento final sobre dicha solicitud.

En subsidio de la excepción de cosa juzgada, la recurrida solicita el rechazo del recurso de protección, exponiendo los siguientes antecedentes de hecho:

Señala que doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, registra como fecha de ingreso al país el 19 de diciembre de 2018, por medio de paso fronterizo habilitado. Con fecha 05 de marzo de 2019, se le otorgó visación de residencia temporal por el periodo de un año en calidad de titular. La recurrida informa que la recurrente registra como último movimiento migratorio un egreso del territorio nacional, de fecha 28 de febrero de 2020, sin que conste su ingreso posterior de forma regular al territorio nacional.

Expone que, mediante Informe Policial N°2356, de fecha 11 de agosto de 2020, de Policía de Investigaciones de Chile, se puso en conocimiento de la autoridad migratoria una denuncia grave por ingreso clandestino. A raíz de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°960 de fecha 29 de marzo de 2021, la otrora Intendencia Regional de Arica y Parinacota dictó la expulsión del territorio nacional en contra de la recurrente. No obstante, mediante sentencia definitiva de fecha 08 de julio de 2021, dictada en causa Amparo Rol 208-2021, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, se dejó sin efecto dicha resolución de expulsión.

La recurrida informa que, con fecha 05 de julio de 2022, la recurrente presentó en la Oficina de Partes de la autoridad migratoria una solicitud formal al Sr. nombre reservado para que ejerciera su facultad de regularizar su condición migratoria establecida en el artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Asimismo, con fecha 16 de agosto de 2023, la recurrente se inscribió voluntariamente en el procedimiento de Empadronamiento Biométrico establecido en la Resolución Exenta N°25425, de fecha 31 de mayo de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone que la facultad de regularización migratoria extraordinaria, cuyo ejercicio fue solicitado por la recurrente, se encuentra regulada en el artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N°21.325, y que dicha facultad debe entenderse como una potestad exclusiva de la autoridad administrativa y de excepcional aplicación, a la que se da lugar siempre que los solicitantes demuestren que le asisten fundamentos calificados para proceder a tal regularización, siendo necesario para ello acompañar documentación suficiente en las distintas instancias en que la autoridad migratoria lo solicite.

Respecto al tiempo de tramitación, la recurrida invoca el artículo 27 de la Ley 19.880, sosteniendo que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, argumenta que el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, ha tenido como consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por la autoridad migratoria, lo cual ha significado un retraso considerable e irresistible que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes realizadas por ciudadanos extranjeros.

Para respaldar su posición, la recurrida cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, específicamente la sentencia de 20 de marzo de 2023, causa Rol N°115064-2022, donde el máximo tribunal habría zanjado la discusión sobre la naturaleza del plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, confirmando que este no es de naturaleza fatal para la Administración.

La recurrida argumenta que la tramitación de la solicitud de la recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal.

En virtud de los antecedentes expuestos, la recurrida solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección, en todas sus partes respecto de los extranjeros recurrentes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Asimismo, solicita el rechazo a la condena en costas al Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que informado por el Servicio recurrido, este asunto ya ha sido resuelto previamente en sentencia de fecha 28 de diciembre de 2022, en recurso de protección, ingreso Corte N°12918-2022, ante la Corte de Apelaciones de Talca, por los mismos hechos que han sido expuesto en estos autos, descartando toda ilegalidad en el acto administrativo que se intenta dejar sin efecto, por lo que habiéndose emitido pronunciamiento mediante sentencia ejecutoriada resulta improcedente, que esta Corte decida sobre hechos ya resueltos por la vía jurisdiccional.

SEXTO: Que atendido lo razonado en el considerando anterior, la acción constitucional en estudio será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en nombre de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-15568-2024.