Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de julio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Alejandro Antonio Ibáñez Martínez, abogado, en favor de don nombre reservado, nacional de Venezuela, titular de pasaporte Nro. NUM000, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitraria consistente en no resolver el recurso administrativo presentado con fecha 15 de diciembre de 2025, en contra de la Resolución Exenta Nro.

NUM001, de 11 de diciembre del mismo año, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Expone que, con fecha 19 de noviembre de 2025, manifestó ante el Servicio recurrido su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, solicitud registrada bajo el Nro.

NUM002.

Señala que, posteriormente, la autoridad le requirió subsanar observaciones formales y que, con fecha 11 de diciembre de 2025, dictó la Resolución Exenta Nro. NUM001, mediante la cual tuvo por desistida su solicitud de refugio por no cumplir requisitos formales.

Agrega que, con fecha 15 de diciembre de 2025, presentó recurso administrativo en contra de dicha resolución, solicitando que fuera dejada sin efecto, se tuvieran por subsanadas las observaciones y se reabriera el procedimiento administrativo correspondiente.

Sostiene que, a la fecha de interposición de esta acción, dicho recurso no había sido resuelto, lo que lo mantendría en una situación de incertidumbre jurídica, especialmente atendida la naturaleza del procedimiento de refugio y los principios de protección internacional que lo informan.

Invoca como vulneradas las garantías previstas en los Nros. 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita, en definitiva, que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dictar un pronunciamiento formal, expreso y fundado respecto del recurso administrativo pendiente, dentro de un plazo breve.

Segundo: Que, evacuando informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo del recurso. Expone que don nombre reservado no registra fecha de ingreso al territorio nacional, de lo que desprende su ingreso clandestino al país.

Señala que, con fecha 19 de noviembre de 2025, el recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, requerimiento registrado bajo el ID Nro. NUM002.

Indica que, mediante Resolución Exenta Nro. NUM003, de 3 de diciembre de 2025, se le informó que no era posible dar inicio al procedimiento, por no cumplir los requisitos formales establecidos en la Ley Nro. 20.430 y su reglamento, relativos a haber excedido el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país y a mantener ingreso por paso no habilitado sin acompañar antecedentes suficientes.

Añade que se le otorgó un plazo de 15 días para subsanar dichas faltas; que el recurrente remitió documentación adicional el 4 de diciembre de 2025; y que, al estimarse insuficiente, se dictó la Resolución Exenta Nro.

NUM001, de 11 de diciembre de 2025, que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Finalmente, informa que el 15 de diciembre de 2025 el recurrente presentó recurso administrativo en contra de dicha resolución, el que se encuentra pendiente de tramitación, en etapa de análisis. Agrega que no se ha dictado acto administrativo de expulsión ni sanción administrativa en contra del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éste resulte afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace su ejercicio.

Para su procedencia resulta indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho, que afecte una o más garantías protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la especie, la acción se funda en la falta de resolución del recurso administrativo deducido por el recurrente en contra de la resolución que tuvo por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Sin embargo, del propio informe evacuado por la recurrida aparece que dicha impugnación administrativa no ha sido desatendida ni rechazada de plano, sino que se encuentra pendiente de tramitación y en etapa de análisis.

Quinto: Que, esa existencia de un recurso administrativo pendiente, por sí sola, no basta para configurar una omisión ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por esta vía cautelar, especialmente cuando no consta que la autoridad haya negado resolver, abandonado el procedimiento o dictado un acto posterior que agrave la situación jurídica del recurrente.

En este caso, además, el Servicio Nacional de Migraciones informó que no existe acto administrativo de expulsión ni sanción migratoria dictada en contra del actor.

Sexto: Que tampoco aparece configurada una amenaza actual o inminente a las garantías invocadas. En efecto, el recurrente sostiene que la falta de resolución del recurso administrativo afectaría su situación frente al procedimiento de refugio; sin embargo, mientras dicha impugnación se mantenga pendiente, conserva los efectos que el ordenamiento atribuye a los recursos administrativos deducidos en esta materia.

De este modo, no se advierte una medida actual de devolución, expulsión o ejecución material que haga necesaria la intervención urgente de esta Corte por la vía de protección.

Séptimo: Que acceder a lo pedido importaría sustituir, por esta sede cautelar, la tramitación administrativa que se encuentra actualmente radicada ante el órgano competente, ordenando un pronunciamiento dentro de un plazo judicial respecto de una materia que todavía se encuentra sometida a análisis de la Administración.

La acción de protección no constituye un mecanismo general de dirección o aceleración de procedimientos administrativos, salvo que se verifique una omisión manifiestamente ilegal o arbitraria que produzca una afectación actual de garantías, lo que no ocurre en la especie.

Octavo: Que, en estas condiciones, no se advierte actualmente la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio del deber de la autoridad administrativa de resolver conforme a derecho el recurso pendiente.

Noveno: Que, atendido lo razonado, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 Nros. 1 y 2 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Alejandro Antonio Ibáñez Martínez en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección N°15.533-2026.